Tema 7 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Jaume I (UJI)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Introducción al derecho procesal
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 03/05/2016
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Capítulo II. La organización administrativa.
TEMA 7: GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
El apoderamiento del Poder Judicial por el ejecutivo, y su conversión en Administración de Justicia, llevó a que se pensara que el mejor modo de garantizar la independencia personal de los jueces era establecer el autogobierno de los mismos, que durante décadas ha aparecido como la meta a alcanzar. La Constitución no pretendió establecer un sistema de autogobierno en sentido estricto, en el que los jueces se gobernaran a sí mismos, pero sí pretendió establecer un sistema de gobierno autónomo, es decir, separado de los otros poderes y no condicionado por ellos. El art.
104.2 LOPJ establece los órganos de gobierno del Poder Judicial.
2. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL La LO 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial, promulgada durante el Gobierno de Unión de Centro Democrático, dio un primer paso hacia la creación de un verdadero Poder Judicial, atribuyendo al Consejo buena parte de las que habían sido competencias del Ministerio de Justicia.
La LOPJ de 1985 es el segundo desarrollo legal en la configuración del Consejo y fue promulgada con un Gobierno y una mayoría absoluta socialista en las Cortes. Son manifiestas dos aspiraciones políticas: 1º. Reducir las atribuciones del Consejo a aquello que de modo directo e indubitado se desprende literalmente de la Constitución, con lo que el Gobierno recupera buena parte de sus competencias tradicionales.
2º. Concentrar el poder en manos del Gobierno, estableciendo un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo en el que el partido mayoritario designa a la mayor parte de ellos, si bien a través de su mayoría absoluta en las Cortes.
A. ATRIBUCIONES: a. Decisorias: Art. 560 LOPJ, cabe destacar: i. Propuesta para el nombramiento de Presidente del propio Consejo y del Tribunal Supremo.
ii. Propuesta para el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional.
iii. Nombra al Vicepresidente del Tribunal Supremo.
iv. Inspección de juzgados y tribunales.
v. Todo lo relativo al estatuto personal de jueces y magistrados, incluida la selección.
vi. Nombramiento de jueces, magistrados, presidentes y magistrados del Tribunal Supremo, en unos casos de modo reglado y en otros discrecional.
vii. Sobre el centro de selección y formación de jueces y magistrados, nombrando a los profesores y director.
viii. Elaborar, dirigir la ejecución y controlar el cumplimiento del presupuesto del Consejo.
ix. Potestad reglamentaria interna, es decir, relativa al mismo Consejo.
x. Potestad reglamentaria externa, esto es, de desarrollo de la LOPJ, si bien “para establecer regulaciones de carácter secundario y auxiliar”.
b. De informe o audiencia: Limitada a que las Cortes, el Gobierno y las Comunidades Autónomas oigan al Consejo: i. Informe sobre los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten al poder judicial, sus miembros, personal no judicial, juzgados, tribunales, normas procesales, leyes penales y normas de régimen penitenciario.
ii. Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los órganos jurisdiccionales, a elevar anualmente a las Cortes.
iii. Audiencia para el nombramiento por el Gobierno del Fiscal General del Estado.
B. COMPOSICIÓN: El consejo se integra por el presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, y por 20 vocales, nombrados por un periodo de cinco años (art. 566 y ss. LOPJ).
a) Cada una de las Cámaras legislativas elegirá a cuatro vocales entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio de su profesión.
b) Cada Cámara elegirá seis vocales de entre jueces y magistrados de todas las categorías y en servicio activo.
Una vez elegidos debe distinguirse entre vocales que integran la Comisión Permanente y los demás; estos segundos no tienen dedicación exclusiva, debiendo seguir en el ejercicio de su respectiva profesión.
C. ORGANIZACIÓN: Los órganos del Consejo son los siguientes, incluidos los técnicos: a. Presidente: lo es al mismo tiempo del Consejo y del Tribunal Supremos, siendo la primera autoridad judicial de la Nación, por lo que su categoría y honores son los propios del titular de uno de los tres poderes del Estado. Es nombrado por el Rey a propuesta del propio Consejo, por mayoría de 3/5, entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia, con más de 25 años de ejercicio de la profesión.
b. Pleno: lo constituyen el presidente y los vocales. En principio los acuerdos se toman por mayoría simple de los miembros presentes y con voto de calidad del presidente.
c. Comisión permanente: la designa el Pleno anualmente y la integran el presidente y siete vocales, de los cuales cuatro han de pertenecer a la carrera judicial y tres no formar parte de ella. Se debe turnar entre los vocales le integración en esta Comisión.
d. Comisión disciplinaria: la designan el Pleno anualmente y la integran siete vocales, cuatro elegidos entre los procedentes de la carrera judicial y tres entre los que no forman parte de la misma; su presidente es el vocal de origen judicial con mayor categoría y antigüedad.
e. Comisión de Asuntos Económicos: nombrada por el Pleno anualmente con tres vocales.
f. Comisión de igualdad: la integran tres vocales. Le corresponde asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial y, en particular, le corresponderá elaborar los informes previos sobre impacto de género de los reglamentos y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial.
La LO 4/2013, de 28 e3 junio, desarrolló, además, todo lo relativo a los órganos técnicos y al personal del Consejo.
3. EL PSEUDOGOBIERNO AUTÓNOMO MÍNIMO: La concepción dela Constitución fue desvirtuada por la LOPJ de 1985, que supuso un retroceso a la vieja idea de la Administración de Justicia controlada por el poder político. En efecto: 1º. El Consejo no ha impedido la injerencia del poder ejecutivo en los juzgados y tribunales.
2º. El propio Consejo no se ha desvinculado de los otros poderes, sino que está claramente determinado en su actuación por los mismos, especialmente por el ejecutivo.
3º. El consejo no tiene autonomía para decidir la política judicial.
En síntesis, el Consejo no gobierna al Poder Judicial y ha quedado reducido a una oficina ejecutiva de personal relativa a jueces y magistrados.
4. LAS SALAS DE GOBIERNO: Su composición no atiende a los criterios de inamovilidad y a la manera de nombrar a sus miembros.
A. COMPOSICIÓN: es distinta según el órgano colegiado a que se refiere, atendidas las circunstancias del caso.
a. Del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional: la componen el presidente del tribunal, los presidentes de salas de justicia y un número de magistrados igual al de éstos y elegidos por todos los magistrados que integran cada uno de estos tribunales.
b. De los Tribunales Superiores de Justicia: la integran el presidente del Tribunal, los presidentes de las salas de justicia, los presidentes de las Audiencias Provinciales de la comunidad y un número de magistrados y jueces igual al de éstos, elegidos por todos los miembros de la carrera judicial en servicio activo destinados en los órganos judiciales radicados en el territorio de la comunidad autónoma. A partir de aquí las normas de composición son iguales para todas las Salas de Gobierno, y así: i. Los miembros natos son permanentes; los miembros electivos se renovarán cada cinco años en su totalidad (art. 150) ii. La elección se efectúa mediante un complicado sistema, desarrollado en el Reglamento 1/2000, de 26 de julio, del Consejo General. Como el número de miembros de la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia puede ser muy elevado, se distingue entre Pleno y Comisión. Esta última existirá cuando el número de miembros del Pleno exceda de diez, y se integrará por seis miembros, tres natos y tres de los elegidos, designados por el Pleno y renovándose anualmente.
B. FUNCIONES: a. En general todas las Salas de Gobierno asumen las atribuciones gubernativas propias de sus respectivos tribunales, y así puede verse lo que se les atribuye en el art. 152 LOPJ.
b. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia tienen, además, atribuciones complementarias de las anteriores, también en el art. 152 LOPJ.
Estas salas de Gobierno pueden actuar en Pleno o Comisión y, por extraño que pueda parecer, la Comisión asume todas las facultades del Pleno.
C. FUNCIONAMIENTO: Se regula en los art. 153 a 159 de la LOPJ y en el Reglamento 1/2000, de 26 de julio, debiendo en último caso aplicarse supletoriamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Para cada uno de los asuntos que la Sala debe resolver se nombrará un ponente, que formulará propuesta de acuerdo, sometiéndose a votación. Contra ellos cabe recurso de alzada ante el Consejo General, siendo competente la Comisión Permanente del mismo y después cabe contencioso-administrativo.
La LO 19/2003, de 23 de diciembre, dio nueva regulación a los Secretarios de Gobierno, propio del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, que ejercerá como secretario de la Sala de Gobierno; y ha creado la figura del Secretario Coordinador Provincial.
5. LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES Y DE LAS AUDIENCIAS: El presidente del órgano complejo que son el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y cada uno de los 17 Tribunales Superiores de Justicia no goza de inamovilidad absoluta, sino que se nombra por el Consejo General por un período de tiempo de cinco años. Cada presidente tiene las funciones que le atribuye el art. 160 LOPJ.
Con referencia ahora a los presidentes de las Audiencias Provinciales debe tenerse en cuenta que en las mismas no hay Sala de Gobierno y que las funciones del presidente del Tribunal Superior se extienden a todo el territorio de la comunidad autónoma correspondiente, por lo que se comprende también a estas Audiencias. Los presidentes de éstas tienen muy reducidas sus funciones gubernativas, tanto que el art. 164 se limita a establecer fórmulas genéricas y además las matiza con el “sin perjuicio” de las facultades de los órganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
Por último, todos los presidentes, pueden dirigir a los Juzgado y Tribuales, dentro del ámbito de sus competencias gubernativas, las prevenciones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de aquellos, dando cuenta sin dilación al Tribunal Supremo, en su caso, y directamente al Consejo General.
6. LOS PRESIDENTES DE SALA DE JUSTICIA: Estos presidentes asumen la dirección administrativa de cada Sala de Justicia, y a ello se refiere el art. 165 cuando dice que tienen la dirección e inspección de todos los asuntos, debiendo adoptar, en su ámbito competencial, las resoluciones que la buena marcha de la Administración de Justicia aconseje; darán cuenta a los Presidentes de los respectivos Tribunales y Audiencias de las anomalías o faltas que observen y ejercerán las funciones disciplinarias que les reconozcan las leyes procesales sobre los profesionales que se relacionen con el tribunal.
7. LOS JUECES: Los jueces son titulares de potestad jurisdiccional. El art. 165 se refiere también a los jueces respecto de su Juzgado y les atribuye lo mismo que hemos dicho para los presidentes de Sala de Justicia.
8. LOS JUECES DECANOS Y LAS JUNTAS DE JUECES: Dentro de cada Juzgado el juez asume también las funciones gubernativas, pero ello no impide que existan problemas administrativos comunes a todos los Juzgados de una misma población.
Sus funciones son principalmente gubernativas:  Velar por la buena utilización de los locales judiciales y de los medios materiales.
 Cuidar de que el servicio de guardia se preste continuamente.
 Resolver los recursos contra las decisiones de los secretarios judiciales en esta materia del reparto.
En la LOPJ se ha tendido a democratizar la figura del juez decano y por eso para su designación distingue (art. 166): a) En las poblaciones donde haya diez o más Juzgados: será elegido por los jueces por mayoría de 3/5 en la primera votación; en la segunda votación basta la mayoría simple, resolviéndose los empates en favor del que ocupe mejor puesto en el escalafón. La elección lo es por cuatro años.
b) En las poblaciones con menos de diez Juzgados: no hay elección, siendo nombrado el juez con mejor puesto en el escalafón.
El juez decano está íntimamente unido a las Juntas de Jueces, reguladas en los arts. 169 y 170 de la LOPJ y en el Reglamento 1/2000. En realidad las juntas son tres: 1. Junta de Jueces general: comprende a todos los jueces de una misma población; la preside el decano y habrá de ser convocada también cuando lo pida la ¼ parte de sus miembros.
En ella habrán de tratarse asuntos de interés común que afecten a los titulares de todos o de alguno de los Juzgados.
2. Junta de Jueces sectorial: Comprende a los jueces de una misma población y de un orden jurisdiccional; la preside el decano y también debe ser convocada cuando lo solicite la ¼ parte de sus miembros. En ella pueden proponerse:  Las normas de reparto entre los mismos.
 Unificar criterios y prácticas.
 Tratar asuntos comunes o sobre los que estimen conveniente elevar exposición a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior correspondiente o al Consejo General, por conducto del presidente del Tribunal Superior, o aquél les solicite.
3. Junta de jueces provincial o de comunidad autónoma: La integran todos los jueces de carrera de una provincia o de una comunidad autónoma, debiendo ser convocada por el presidente del Tribunal Superior correspondiente pero presidida por el juez más antiguo.
10. LA INSPECCIÓN DE TRIBUNALES: El art. 176 LOPJ delimita lo que comprende la inspección, y lo hace de manera positiva y negativa.
 Positivamente: comprende el examen de cuanto resulte necesario para conocer el funcionamiento del Juzgado o Tribunal y el cumplimiento de los deberes del personal judicial.
 Negativamente: la inspección no puede referirse a la interpretación y aplicación de las leyes hechas por los jueces y tribunales cuando imparten justicia. Se distingue asó entre actuaciones administrativas y jurisdiccionales.
Los órganos de la inspección están regulados en la LOPJ, más el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General con evidente confusión; ello proviene posiblemente de que son demasiados los órganos con misiones inspectoras. Cabe así distinguir tres niveles de inspección: a) Inspección superior: es la atribuida al Consejo General y comprende todos los órganos judiciales incluidos en o que venimos llamando Poder Judicial organización. Este servicio de Inspección es uno de los órganos técnicos del Consejo General y bajo la dependencia del Pleno y la supervisión directa del presidente o el vicepresidente, ejerce la comprobación y control del funcionamiento de los servicios del Poder Judicial, mediante la realización de las actuaciones y visitas que le sean ordenadas por el Pleno o su presidente, sin perjuicio de la competencia de los órganos de gobierno de los Tribunales.
b) Inspección ordinaria: es atribución del presidente del Tribunal Supremo, sobre las Salas y Secciones de este Tribunal.
c) Inspección interna: Corresponde a los jueces y presidentes de Secciones y Salas.
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