LA POSICIÓN JURÍDICA DE LOS CIUDADANOS (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 3º curso
Asignatura RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 27/10/2014
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TEMA 11 : LA POSICIÓN JURÍDICA DE LOS CIUDADANOS 1. EL CIUDADANO 1.1 CONCEPTO.
Administrado se asocia al sujeto destinatario del ejercicio de las potestades administrativas, es decir, a la persona que se sitúa en una relación jurídico- administrativa como contraparte de la administración pública y que suele coincidir con el termino de particular.
El administrado desde un punto de vista técnico no es siempre la de un mero sujeto pasivo sino que también puede ser la de un titular de situaciones jurídicas activas frente a la administración pública.
Según la Declaración de los derechos del ciudadano, el termino ciudadano es sujeto de derechos frente al Estado. Sin embargo en sentido técnico-estricto el estatus de la ciudadanía se limita a las personas físicas y en ocasiones nacionales.
1.2 LAS SITUACIONES JURÍDICAS DE LOS ADMINISTRADOS.
El administrado se encuentra frente la administración en dos tipos de situaciones jurídicas: 1. Situaciones jurídicas activas - Los derechos subjetivos: es un poder basado en un titulo jurídico especifico que permite a su titular, en su propio interés, exigir una conducta, positiva o negativa, a un tercero en este caso a una administración pública.
En todo caso, los derechos subjetivos, desde el momento en que nacen, son accionables ante los jueces y tribunales.
Por razón de origen podemos distinguir: - Derechos subjetivos atribuidos directamente por una norma jurídica, ya sea propia de constitución o cualquiera otra norma.
- Derechos que tienen su fuente en otros actos y hechos jurídicos, como los derechos subjetivos nacidos de un contrato o convenio administrativo, en virtud del cual la administración ha asumido determinadas obligaciones.
- Los intereses legítimos: consiste en una situación que se da por efecto reflejo o indirecto de una norma: cuando esta protege de modo inmediato el interés publico, pero a la vez de modo indirecto protege también intereses individuales del administrado. La jurisprudencia dice que consiste en una posición individualizada en relación con la actuación administrativa, que se produce porque el acto que puede resultar del procedimiento afecte a su “circulo vital” de manera positiva y cierta, ya por implicar una ventaja ya un prejuicio.
- Interés simple: es el interés de cualquier ciudadano a que tanto el resto de los ciudadanos como la propia Administración cumplan las normas de ordenamiento y que normalmente carece de protección jurisdiccional.
1 2. Situaciones jurídicas pasivas. Suponen una posición desfavorable o de gravamen para el administrado, y también hay diversas clases.
- El deber y la obligación. Dentro de las situaciones de subordinación es tradicional distinguir el deber en sentido estricto de la obligación; mientras el primero nacería directamente de una norma.
- La carga. Es una condición que el ordenamiento impone a los ciudadanos para que estos puedan ejercitar sus derechos.
2. DERECHOS GENERALES DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LAS ADMINSTRACIONES PÚBLICAS 2.1 EL DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS La publicidad o transparencia de las Administraciones Públicas se considera hoy en día como un corolario ineludible de todo Estado democrático, en el cual los ciudadanos deben poder controlar el ejercicio del poder público, lo que requiere el acceso a las fuentes de información públicas. La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos.
(Constituye un derecho constitucional).
2.1.2 Sujetos del derecho de acceso.
Reconocen estos derechos a los vecinos entre los cuales debe considerarse que este derecho puede ser ejercitado por los extranjeros. La jurisprudencia ha admitido expresamente la titularidad de este derecho por parte de las personas jurídicas. Puede afirmarse que este derecho informativo es de titularidad universal, pues corresponde a toda persona física o jurídica. No obstante en el caso de que la información sea solicitada por una Administración Pública el Supremo entiende que es de aplicación el deber de información entre administraciones.
2.1.3 Objeto de derecho de acceso.
El objeto de este derecho son los documentos administrativos. Respecto al contenido del documento, este puede plasmar cualquier acto de la administración, ya sean actos administrativos propiamente dichos, definitivos o en trámite.
Clases de documentos Doc.
No nominativos relativos a procedimientos terminados Doc. Relativos a procedimientos en curso de tramitación Doc.
Nominativos relativos a procedimientos abiertos o terminados Doc. Que contengan datos personales que afecten a la intimidad Legitimación para acceder Cualquier ciudadano Sujetos que tengan la consideración de interesado en el procedimiento Sujetos que acrediten un interés legítimo directo Personas titulares de los datos 2.1.4 Límites del derecho de acceso.
No es ilimitado, sino que está sujeto a ciertos límites justificados en la necesidad de protección de determinados derechos y principios constitucionales. Ahora bien el principio general debe ser la publicidad y los límites a ésta deben constituir excepciones a esa regla general.
2 - - Límites por razones de interés público: Aquí destacan los documentos que contengan informaciones cuya divulgación puedan comprometer a la Defensa Nacional o a la Seguridad del Estado. Estos documentos tendrán carácter de materias clasificadas.
Limites por razones de interés privado: Estos límites tienen su fundamento en la protección de determinados derechos constitucionales: el derecho a la intimidad y el secreto empresarial.
2.1.5 Ejercicio del derecho de acceso.
Formular una petición individualizada de los documentos que desee consultar. Asimismo el derecho de acceso a los documentos administrativos puede satisfacerse tanto mediante la consulta directa sobre los documentos como mediante la obtención de copias o certificados de los documentos.
2.2 EL DERECHO A PARTICIPAR EN LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 2.2.1 Configuración y límites.
Según el cual los ciudadanos tienen el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2.2.2 Las modalidades de participación funcional.
- Las iniciativas populares: En la línea enunciada de impulso de los mecanismos de participación ciudadana. Es un derecho de ejercicio colectivo, pues la iniciativa popular dese estar suscrita al menos por un porcentaje de vecinos del municipio que varía en función de una tabla. Estos pueden ser o no acogidos en todo caso y en sus justos términos por el ayuntamiento.
- Las consultas populares: Reconoce a los vecinos el derecho a pedir consulta popular.
Establece algunas condiciones, la consulta debe versar sobre asuntos de competencia propia municipal, y que sean de especial trascendencia para los vecinos, lo que debe interpretarse en el sentido de asuntos en relación con los cales exista una posibilidad licita de elección.
La iniciativa para someter a los ciudadanos a la consulta popular local puede partir tanto de oficio del ayuntamiento o de los propios ciudadanos, empleando para ello mecanismos antes tratado de la iniciativa popular. La consulta debe ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento mediante mayoría absoluta y autorizada por el Gobierno de la Nación.
Solo podrá ser anulada por el Ayuntamiento si ésta adolece de alguno de los requisitos legales.
La ley no determina que vecinos pueden participar en la consulta, siempre que sean vecinos mayores de edad.
2.2.3 La participación orgánica.
Consiste en la creación de órganos colegiados integrados no solo por representantes de la administración sino parcial o exclusivamente por representantes de determinadas organizaciones sociales.
En ésta participan exclusivamente determinados sujetos que actúan en representación de una concreta organización social. Estos defienden los intereses de esos colectivos relacionados con las organizaciones sociales que representan. Buscan la concertación y aceptación de las medidas públicas con los principales agentes sociales de cada sector.
3 En general estos órganos de composición participativa desempeñan funciones consultivas, de propuestas y asesoramiento.
2.3 EL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS: - El derecho a la creación y mantenimiento de los servicios públicos.
Generalmente no existe un derecho subjetivo a la implantación de los servicios públicos, ya que se suele reconocer a la Administración una potestad discrecional, para decidir sobre la implantación o supresión de un centro público, por razones presupuestarias y de distribución en el territorio de los recursos y equipamientos públicos.
- El derecho de acceso a los servicios y prestaciones públicas.
En la delimitación del derecho de acceso al servicio pueden surgir dos problemas: 1. El servicio puede tener un destinatario universal o puede reservarse a determinados colectivos. Las normas que regulan el derecho de acceder a los centros públicos deben ser igualitarias, no pueden ser discriminatorias por sexo, raza, religión… Pero si existe una discriminación positiva para algunos colectivos que debe realizarse atendiendo a criterios razonables y objetivos (personas mayores, discapacitadas…) 2. Que el servicio tenga una capacidad de admisión o respuesta limitada. Es preciso definir los criterios que van a determinar la preferencia o prioridad en el acceso al servicio. El criterio más objetivo es el temporal, pero este criterio no es necesariamente el más idóneo para la asignación de los recursos públicos, por lo que puede ser sustituido por otros criterios más equitativos, como el grado de necesidad objetiva del servicio, la situación sociofamiliar y económica del solicitante.
- La posición del usuario de los servicios públicos.
Cuando el usuario accede finalmente a los servicios públicos, la Administración debe establecer técnicas de participación de los usuarios en la prestación del servicio con la finalidad de garantizar su correcto funcionamiento y su mejora. También debe destacar el derecho a la calidad de las prestaciones.
2.4 EL DERECHO DE PETICIÓN: Artículo 29 de la CE: Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. La titularidad de este derecho corresponde a toda persona natural o jurídica, sin tener en cuenta la nacionalidad.
Los sujetos destinatarios de tal petición son las Administraciones públicas y otras instituciones públicas, como las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos.
Las peticiones pueden tratar de cualquier asunto o materia en el ámbito de competencias del sujeto destinatario. No son objeto del mismo aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento establezca un procedimiento especifico.
El derecho de petición puede ejercitarse de forma individual o colectiva, este último esta excluido para los miembros de las Fuerzas o instituciones armadas o cuerpos militares, los cuales solo pueden ejercer este derecho individualmente. La petición debe formularse por escrito, indicando el nombre y domicilio del peticionario, incluyendo su identidad, nacionalidad y el motivo de la petición.
4 La Administración esta obligada a resolver las peticiones, ya sea estimándolas o denegándolas en un periodo de como máximo 3 meses. La contestación debe recoger los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no. En caso de no contestación en el plazo dictado, se entenderá desestimado. Pero el Tribunal Constitucional valoró la pasividad del órgano destinatario que no contesta a la petición como vulneradora del derecho fundamental. Por esta razón, la ley no le atribuye ningún significado a la no respuesta en el plazo estimado, y se limita a declarar que el solicitante podrá solicitar la protección jurisdiccional en caso de no respuesta.
2.5 EL DERECHO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN: Consiste en el derecho a que las Administraciones públicas de la comunidad autónoma traten los asuntos que le corresponde a los ciudadanos de modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable.
Derecho a que la actuación de los poderes públicos sea proporcionada a las finalidades que la justifican; derecho a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz.
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