Tema 5 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Internacional Público
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 17/06/2017
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Tema 5. La subjetividad internacional del estado

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Tema 5. La subjetividad internacional del estado 1. La subjetividad internacional del estado Hoy en día se puede hablar de una pluralidad de sujetos del D.I.
Los únicos 4 sujetos por los cuales el D.I. les reconoce personalidad son los estados, las O.I, la santa sede y la ciudad del vaticano.
Ahora bien, tienen cierta personalidad transitoria los beligerantes, los insurrectos, entre otros.
No obstante, no se les reconoce personalidad ni a la humanidad ni a las personas físicas ni a las personas jurídicas (las ONG – las empresas transnacionales) Se ha producido, en definitiva, debido al propio acontecer social internacional, una diversificación de los sujetos del D.I., conservando, no obstante, los Estados su carácter de sujetos originarios de este orden jurídico.
Ahora bien, la existencia en la actualidad de entidades no estatales aceptadas como sujetos del D.I. nos obliga a preguntarnos cuáles son los requisitos que deben concurrir para ser considerado sujeto de este ordenamiento y cuáles son las formas de atribuirse la subjetividad internacional.
Si se entiende por sujeto de Derecho aquel que es destinatario de las normas jurídicas, aquel a quien estas normas atribuyen derechos y obligaciones, sujeto del D.I. lo es el titular de derechos y obligaciones conferidos por nomas jurídicas internacionales.
Conviene citar los criterios para averiguar el grado de subjetividad: -Treaty making power -> la capacidad de obligarte. Es el criterio más importante -Ius legationis (activa y pasiva) -Responsabilidad internacional (activa y pasiva) -Ius standi -Participación en O.I y Conferencias internacionales -Reconocimiento -Toma de decisiones Es importante señalar el principio de efectividad, en virtud del cual se establece que un Estado existe como sujeto del D.I. desde que reúne los requisitos que lo caracterizan como tal, y a la vez una consecuencia del hecho histórico de que el D.I. ha surgido como un Derecho entre Estados; resultando difícil, si no imposible, la aplicación de dicha supuesta norma a sujetos del D.I. distintos de los Estados, como los beligerantes o la Santa Sede.
Finalmente, como advirtió Diez de Velasco, el otorgamiento de la subjetividad internacional lleva aparejadas una serie de consecuencias, en la medida en que quien esté en posesión del estatuto de sujeto del D.I. se convierte en destinatario de sus normas y queda sujeto a las obligaciones que éstas le impongan, a la vez que queda revestido de una amplia esfera de libertad que, no obstante, encuentra sus limitaciones en esas propias normas, dirigidas a respetar la existencia y libertad de los demás sujetos.
2. Concepto y elementos constitutivos del Estado El Estado es el sujeto originario del D.I. El Estado reúne en su plenitud todas las características que se derivan de ser sujeto del D.I: es un sujeto pleno de este orden jurídico.
Sus 3 elementos son: la población, el territorio y la organización política (gobierno), abrigados bajo la idea global y básica de la soberanía; lo que permite calificar al Estado como una organización de poder independiente sobre una base territorial.
La población -> es el conjunto de personas que de modo permanente habitan en el territorio del Estado y están en general unidas a éste por el vínculo de la nacionalidad.
Cabe añadir que al caracterizar a la población como permanente se está haciendo referencia a su estabilidad relativa sobre el territorio del Estado.
El territorio -> es el espacio físico dentro del cual la organización estatal ejercita en plenitud la propia potestad de gobierno, excluyendo en él cualquier pretensión de ejercicio de análogos poderes por parte de otros Estados.
El territorio abarca un conjunto de espacios (la superficie terrestre, ciertos espacios marítimos próximos a ella, el espacio aéreo subyacente) en los cuales el Estado despliega con el máximo de intensidad sus poderes soberanos Cabe mencionar que el territorio estatal está delimitado por las fronteras, pero no es imprescindible que éstas aparezcan fijadas con absoluta precisión Existen territorios que, sin pertenecer a la soberanía de un Estado, están administrados por éste.
Tal es el caso de los territorios bajo dominación colonial.
El gobierno -> es la expresión de la organización política del Estado.
Esta organización, según Diez de Velasco manifiesta, en concreto, a través de los órganos encargados de llevar a cabo la actividad social del Estado, tanto en el interior como en el exterior, a través de la creación de normas jurídicas que se impongan a la población y a la propia organización gubernamental en general dentro del territorio del Estado.
En definitiva, el gobierno debe ser efectivo, en el sentido de estar en condiciones de desarrollar las funciones estatales en la esfera interna y de hacer frente a los compromisos del Estado con otros sujetos del D.I. en la esfera externa.
3. El principio de la igualdad soberana El Estado soberano se caracteriza por no depender de ningún otro orden jurídico estatal ni de ningún otro sujeto del D.I., dependiendo sólo del D.I. En definitiva, el Estado no tiene sobre sí ninguna otra autoridad, salvo la del Derecho internacional.
Ahora bien, conviene mencionar el principio de la igualdad soberana de los Estados, la cual está recogida en la Carta de las N.U. como uno de los principios rectores de la Organización Mundial.
En virtud de dicho principio todos los Estados tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole.
Tratase, pues, de una igualdad jurídica, de una igualdad ante el D.I., que garantiza el respeto de la integridad territorial y la independencia política de cada Estado y, en particular, de su derecho a elegir y a llevar adelante en plena libertad su sistema político y socioeconómico.
La vigencia del principio formal de la igualdad soberana de los Estados, en el sentido de una igualdad de todos los Estados ante el D.I., no excluye que éste, por una parte, dé traducción jurídica a ciertas desigualdades de hecho que puedan dar lugar a diferencias en cuanto al contenido de los derechos y obligaciones de los distintos Estados en función de sus respectivas situaciones.
Por último, decir que de este principio se derivan: el principio de no intervención, el principio de prohibición de la amenaza o el uso de fuerza, y el respeto a la integridad territorial.
4. Las inmunidades del Estado La inmunidad del Estado o inmunidad soberana hace referencia a que los Estados, en determinadas circunstancias, no están sometidos a los tribunales u órganos administrativos de otro Estado.
Cabe resaltar que es a partir de comienzos del siglo XIX cuando empieza a admitirse la inmunidad de los Estados en cuanto tales.
“La inmunidad” es un derecho que tiene alguien (persona o Estado) frente a otro (autoridad o Estado) que no puede ejercer su poder. La inmunidad significa la falta de poder, o la necesidad de no ejercerlo o suspenderlo, en determinados casos.
En el orden internacional y en relación con los Estados extranjeros, la inmunidad presenta 2 modalidades:  La inmunidad de jurisdicción -> en virtud de la cual el Estado extranjero no puede ser demandado ni sometido a juicio ante los tribunales de otros Estados.
 La inmunidad de ejecución -> en virtud de la cual el Estado extranjero y sus bienes no pueden ser objeto de medidas coercitivas.
Ahora bien, la inmunidad del Estado no es absoluta dado que, como todo derecho, puede ser objeto de renuncia y tiene límites según la naturaleza del asunto. En definitiva, la inmunidad soberana es un derecho del Estado extranjero y , en consecuencia, puede ser objeto de renuncia expresa o tácita a favor de la jurisdicción de los órganos judiciales del Estado territorial.
La inmunidad existe únicamente respecto a la jurisdicción de los órganos judiciales y administrativos del Estado territorial.
Cabe señalar que las normas internacionales sobre la inmunidad del Estado son esencialmente consuetudinarias.
La inmunidad del Estado hace referencia al Estado, al Gobierno y a todos los órganos superiores de la Administraciones estatal.
Por último, decir que la práctica internacional no es muy clara sobre si la inmunidad del Estado se extiende a los Estados miembros de una federación, regiones, Comunidades Autónomas, etc.
Si se consideran parte del Estado deberían reconocérseles la inmunidad de que goza éste; si, por el contrario, se estima que carecen de poder político propio y no participan de funciones soberanas del Estado, debería negárseles la inmunidad.
5. El principio de la no intervención Uno de los principios derivados de la noción de soberanía es el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Este principio pertenece sin duda al D.I. consuetudinario y es corolario del principio de igualdad soberana de los estados.
Aparece recogido en la Resolución 2625 de la A.G. de las N.U, en la cual se define en el sentido de que “ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro”, por lo cual “no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza”, quedando prohibidos, en concreto, el recurso a medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado y el uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional.
Cabe añadir que la propia resolución incluye dentro de la descripción de este principio de no intervención, una referencia a lo que constituye su verdadero fundamento, el cual es el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural sin injerencia de ninguna clase por parte de ningún Estado.
Conviene señalar que la prohibición de la intervención no opera sólo frente a los Estados, sino también frente a las organizaciones internacionales. En este sentido, la Carta de las N.U.
establece que “ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”.
Por último, decir que en la práctica internacional anterior a la Carta eran frecuentes las intervenciones militares de las principales potencias justificadas por la protección de sus ciudadanos y de sus intereses económicos amenazados por la actuación de gobiernos extranjeros xenófobos o incapaces de garantizar una mínima seguridad a la población. Así pues, en este derecho de intervención, lo único que cabe discutir son los límites de dicho derecho.
6. El reconocimiento de Estados La aparición de un Estado en la escena internacional puede producirse sin que otros Estados se vean afectados (caso de la creación de un Estado sobre un territorio no ocupado), o bien a partir de Estados preexistentes, ya sea a resultas de su modificación (caso de la secesión de una parte del conjunto estatal o de la integración de varios Estados en uno solo) o de su extinción (caso de la desintegración del Estado originario y la consiguiente creación a sus expensas de varios Estados nuevos).
Muchos Estados, en fin, han surgido a la vida internacional a consecuencia de los procesos de descolonización de territorios.
Una vez que un Estado creado por cualquiera de estas vías reúne de hecho los elementos que lo caracterizan como tal puede decirse que existe como sujeto pleno del D.I. Desde entonces, los otros Estados están en condiciones de verificar su existencia real, prestándole su reconocimiento. La práctica internacional nos muestra cómo por el reconocimiento se constata la realidad del nuevo Estado, iniciándose el trato con él en cuanto su existencia pueda darse por asegurada.
El Instituto de Derecho Internacional asigna al reconocimiento de Estado un valor declarativo, definiéndolo como “el acto libre por el cual uno o varios Estados constatan la existencia sobre un territorio determinado de una sociedad humana políticamente organizada, independiente de cualquier otro Estado existente, capaz de observar las prescripciones del Derecho internacional.
Si bien el nuevo Estado es sujeto de D.I. desde que nace, no puede ejercitar plenamente ciertos derechos hasta que haya sido reconocido.
Aunque la falta de reconocimiento no impide en principio los contactos de algún tipo con el Estado no reconocido –por ejemplo, relaciones comerciales o consulares, acuerdos limitados -, tales contactos, no obstante, tienen un carácter aislado, fragmentario, no oficial.
El reconocimiento es, por otra parte, un verdadero acto jurídico y no un puro gesto político.
En cuanto a las formas que puede revertir el reconocimiento, cabe distinguir por una parte entre un reconocimiento individual y un reconocimiento colectivo, y por otra entre un reconocimiento expreso y un reconocimiento tácito o implícito (deducido, éste, de hechos concluyentes como el intercambio de agentes diplomáticos, la celebración de un tratado con el nuevo Estado o la adhesión de éste a un tratado en vigor) Desde el punto de vista del modus operandi, se ha distinguido entre un reconocimiento provisional y un reconocimiento definitivo.
Por último, decir que la forma más frecuente es la del reconocimiento individual expreso, que habitualmente se hace mediante un acto unilateral (nota diplomática, declaración), aunque a veces puede efectuarse a través de un tratado bilateral con el Estado al que se pretende reconocer o de un comunicado conjunto ad hoc.
7. El reconocimiento de gobiernos Las alternaciones que puedan producirse en la organización política interna de un Estado no afectan en principio a la condición internacional de éste, salvo en el caso de la desaparición de todo gobierno que conllevaría la extinción del Estado a falta de uno de sus elementos básicos.
Ello quiere decir que, con base en el principio de la seguridad jurídica que debe presidir las relaciones internacionales, cualesquiera cambios sobrevenidos en el régimen político de un Estado dejan inalteradas sus obligaciones internacionales frente a terceros.
Ello no significa, no obstante, que los cambios internos en un Estado carezcan de toda relevancia en el plano jurídico internacional. Es cierto que el D.I., es en principio neutro frente a los eventos políticos internos, lo que se expresa, entre otras cosas, en el principio según el cual cada Estado tiene “el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural”.
Pero, esos cambios internos pueden influir en el sentido de que un nuevo gobierno surgido en un Estado por las vías de hecho (golpe de Estado, revolución, etc.) en contradicción con el orden constitucional establecido puede verse en dificultades para ejercer en plenitud sus funciones en el plano internacional si no se ve respaldado por el reconocimiento de los gobiernos de otros Estados; reconocimiento que le permitirá desarrollar relaciones diplomáticas plenas.
Mediante el reconocimiento de gobiernos se declara la voluntad de mantener relaciones con un gobierno que ha venido a sustituir a otro de forma irregular, esto es, contrariando la legalidad constitucional vigente. En este sentido se ha podido conceptuar el reconocimiento de gobiernos como “un acto por el cual se da la conformidad para continuar las relaciones habituales de intercambio con el nuevo régimen, cuando este nuevo régimen ha surgido de manera diferente a la sucesión pacífica y normal de autoridades de un país, de modo diverso a la sucesión de gobiernos constitucionalmente establecida” Es cierto que sin el reconocimiento de un gobierno así surgido podrán darse ciertos tipos de relaciones entre dos Estados, pero en ningún caso plenas (relaciones diplomáticas), de modo que el reconocimiento aparece como una actividad estatal “que decide la existencia y la amplitud de las relaciones internacionales” entre quienes se reconocen mutuamente.
Cabe resaltar que aun no existiendo en el D.I. general una regla que establezca la obligación de no reconocer o dejas de reconocer a gobiernos “ilegales” en ciertos casos, podría llegar a establecerse por vía convencional una obligación de romper relaciones diplomáticas o no reconocer como legítimo a un gobierno que viole obligaciones internacionales básicas.
Teniendo en cuenta los principios de efectividad y de no intervención, no parece posible mantener indefinidamente el reconocimiento de un “gobierno en el exilio” Ahora bien, cabe distinguir entre un reconocimiento expreso, que suele realizarse a través de un acto unilateral o a veces a través de una declaración conjunta o incluso de un tratado ad hoc, y un reconocimiento implícito, deducido de ciertos hechos como el intercambio de agentes diplomáticos.
Por lo que respecta a la distinción entre un reconocimiento individual y un reconocimiento colectivo, y en relación precisamente con este último, procede advertir que la participación de un gobierno en conferencias internacionales o su admisión en organizaciones internacionales no implica necesariamente su reconocimiento por parte de los Estados participantes en la conferencia o integrantes de la organización.
8. La representación exterior de los Estados: órganos centrales, misiones diplomáticas, relaciones consulares, otras formas de diplomacia Mirar de los apuntes del manual y del esquema en clase ...

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