LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 3º curso
Asignatura RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 27/10/2014
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TEMA 14. LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN: 1. EL DEBER LEGAL DE DICTAR RESOLUCIÓN EXPRESA.
1.1. ASPECTOS GENERALES DEL DEBER LEGAL DE RESOLVER Y NOTIFICAR: Una de las principales garantías administrativas del procedimiento es el deber legal de resolver el procedimiento en plazo. La administración debe dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, bien a solicitud de persona interesada o de oficio.
Existen dos tipos de resolución: 1. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud y desaparición sobrevenida del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Es decir, la resolución en estos supuestos no tiene otro objeto que certificar oficialmente la terminación del procedimiento para evitar situaciones de incertidumbre.
2. Cuando no concurra ninguna de las situaciones nombradas anteriormente, el deber legal de resolver le obliga a la administración a decidir sobre el fondo del asunto.
En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio y el supuesto referido a los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la administración, están exentos del deber de dictar resolución expresa.
1.2. EL PLAZO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR: No existe plazo mínimo para dictar resolución, ya que el plazo dependerá de la complejidad y transcendencia del objeto de cada procedimiento. Ahora bien, tanto como para el interesado como para el interés público el objetivo debe ser que la administración resuelva expresamente en unas condiciones de funcionamiento razonables, es decir, que el plazo del procedimiento ha de ser el mínimo necesario.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca un plazo mayor.
En caso de que no se fijen los plazos máximos, la ley establece como garantía adicional para los ciudadanos, un plazo máximo de tres meses.
La ley flexibiliza el plazo máximo cuando el número de solicitudes formuladas impidan un cumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver podrá excepcionalmente acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación. Esta ampliación no podrá ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento.
1.3. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR: La fecha de inicio puede variar según sea: - Procedimientos iniciados de oficio. La fecha de iniciación es la fecha de comienzo del procedimiento.
1 - Procedimientos iniciados a solicitud de interesado. La fecha de iniciación es desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
Las administraciones están obligadas a comunicar a los interesados, en un plazo de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud, el plazo del procedimiento y la fecha en que la solicitud ha sido recibida.
La ley admite la suspensión del plazo máximo legal para resolver un procedimiento en los casos siguientes: - Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o el transcurso del plazo concedido para ello.
- Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Comunidad Europea, por el tiempo que medie entre la petición y la notificación del pronunciamiento a la administración instructora.
- Cuando deban solicitarse informes que sean obligatorios y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. Ambas circunstancias deben comunicarse a los interesados. La suspensión no podrá exceder de tres meses.
- Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
La fecha final del plazo de caducidad del procedimiento es el de notificación de la resolución del procedimiento.
1.4. LA CADUCIDAD POR INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN O PERENCIÓN: Esta caducidad se aplica a los procedimientos iniciados de oficio por la administración susceptibles de producir efectos desfavorables o graves a los ciudadanos (sanciones). En estos casos la caducidad del procedimiento beneficia al interesado.
Para que no se produzca tal caducidad se requiere que el procedimiento se haya paralizado por causa no imputable al interesado, ya que de lo contrario la paralización únicamente interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar el procedimiento.
Esta caducidad se produce de manera automática por el simple transcurso del tiempo. Si una vez caducado el procedimiento, la administración dicta una resolución sobre el fondo del asunto, tal resolución será inválida.
2. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO: CONFIGURACIÓN: El silencio se da cuando vence el plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento sin que la administración cumpla su deber legal, y sin que tal circunstancia sea imputable al interesado.
Cuando se trata de procedimientos iniciados de oficio por la administración susceptibles de producir efectos desfavorables o graves a los ciudadanos, la ley prevé la técnica de la 2 caducidad por inactividad de la administración, por lo que se entiende por terminado el procedimiento.
Cuando se trata de procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el legislador considera que no es suficiente con dar por concluido el procedimiento, sino que es preciso articular una técnica que permita ofrecer una respuesta. Esta técnica es el silencio administrativo.
2.2. CLASES DE SILENCIO ADMINISTRATIVO: 2.2.1. Silencio administrativo desestimatorio o negativo.
La solicitud del interesado ha sido desestimada.
2.2.2. Silencio administrativo estimatorio o positivo.
La estimación por silencio administrativo tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
Si no se dice nada, significa que el silencio es positivo. En cambio, si la administración quiere que el silencio sea negativo tendrá que declararlo por ley.
3. SUPUESTOS DE SILENCIO ESTIMATORIO Y DESESTIMATORIO: 3.1. PROCEDIMIENTOS INICIADOS A SOLICITUD DE INTERESADO: 3.1.2. Supuestos de silencio administrativo desestimatorio.
- Supuestos generales. Ordena el silencio negativo para los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia la transferencia al solicitante o a terceros, bienes y actividades propias de la administración. En estos casos siempre se aplica el silencio desestimatorio.
- Supuestos específicos. Únicamente mediante norma con rango de ley puede fijarse el silencio desestimatorio para un procedimiento.
Se aplicará también el silencio desestimatorio cuando así se establezca en norma de Derecho Comunitario Europeo.
3.1.3. Supuestos de silencio administrativo estimatorio.
- Supuestos específicos. Las normas que ordenan los procedimientos administrativos, incluidas las normas reglamentarias, pueden fijar expresamente el silencio estimatorio de sus procedimientos.
- Cláusula supletoria. A falta de determinación en contra, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes.
3.2. PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO POR LA ADMINISTRACIÓN: En los casos de procedimientos iniciados de oficio por la administración la ley impone necesariamente la aplicación del silencio administrativo negativo, es decir, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes.
3.3. LA INFORMACIÓN SOBRE EL SENTIDO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO: La ley impone a las administraciones públicas dos deberes de información: 3 - De carácter general. Dirigido a los ciudadanos. Las administraciones están obligadas a publicar y mantener actualizadas las relaciones de procedimientos con indicación de los plazos máximos de duración, así como los efectos que produzca el silencio administrativo. Esta publicación debe tener lugar en el boletín oficial correspondiente.
- De carácter particular. Dirigido a los interesados en un concreto procedimiento. Las administraciones deben informar a los interesados los plazos máximos establecidos para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Esta información debe facilitarse en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que la administración debe dirigir a los interesados dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud.
4. PERFECCIONAMIENTO Y ACREDITACIÓN DEL SILENCIO: 4.1. PERFECCIONAMIENTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO: Según sea: - Silencio estimatorio. Los actos administrativos producen sus efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido. Este silencio se perfecciona por el simple vencimiento del plazo para resolver sin que sea preciso que el interesado realice actuación alguna.
- Silencio desestimatorio. No tiene un carácter automático por el simple transcurso del plazo legal para resolver y notificar, sino que debe entenderse como una posibilidad que la norma ofrece al interesado y de la que podrá o no hacer uso. El interesado podrá esperar a que la administración dicte una resolución tardía, reiterar su solicitud, abriendo un nuevo plazo de resolución, o dar por desestimada su solicitud.
4.2. LA CERTIFICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO ESTIMATORIO: Una vez el interesado a obtenido un acto administrativo por vía silencio estimatorio, éste podrá reclamar un certificado acreditativo del silencio. Este certificado se limita a hacer constar la existencia del acto presunto ya perfeccionado, de modo que la certificación no es condición de eficacia del silencio sino simple medio de prueba del mismo. El certificado debe emitirse en un plazo de quince días.
5. LAS RESOLUCIONES TARDÍAS: RESOLUCIONES TARDÍAS ESTIMATORIAS (+) RESOLUCIONES TARDÍAS DENEGATORIAS (-) SILENCIO ADMINISTRATIVO DESESTIMATORIO (-) LÍCITA LÍCITA SILENCIO ADMINISTRATIVO ESTIMATORIO (+) LÍCITA ILEGAL 4 5.1. SILENCIO ADMINISTRATIVO DESESTIMATORIO: Aun cuando el plazo para resolver haya vencido, la administración puede dictar tanto una resolución estimatoria como desestimatoria de la solicitud.
- Resolución tardía estimatoria. Si la resolución es estimatoria, el solicitante obtiene lo pretendido.
- Resolución tardía desestimatoria. El interesado dispondrá de una notificación con el contenido de la resolución y su motivación, así como la información relativa a los recursos procedentes.
5.2. SILENCIO ADMINISTRATIVO ESTIMATORIO: - Resolución tardía estimatoria. Tiene el carácter de acto confirmatorio de dicho silencio de modo que no reabre plazo para impugnación del acto estimatorio original por parte de un tercero.
- Resolución tardía desestimatoria. En el caso de silencio estimatorio, la resolución tardía desestimatoria es ilegal, incluso nula de pleno derecho.
6. SILENCIO ADMNISTRATIVO DESESTIMATORIO E IMPUGNACIÓN: En los casos de silencio desestimatorio si el interesado no interpone en dicho plazo el recurso procedente la administración podrá entender que el particular ha consentido la desestimación de su pretensión por silencio.
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