LECCIÓN SEXTA. LA RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Dret Processal
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 04/09/2014
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LECCIÓN SEXTA. LA RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.
1. Responsabilidad patrimonial del Estado.
La conducta de los jueces i magistrados más la colaboración de profesionales puede generar daños en el patrimonio de alguien.
Además, el ordenamiento jurídico quiere que en ciertos supuestos responda el Estado como persona jurídica.
Los daños causados por error judicial darán derecho a un resarcimiento a cargo del Estado de conformidad con la ley.
Aspectos fundamentales de la responsabilidad: a) Ha de haberse producido un daño efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
b) El Estado no responde en los supuestos de fuerza mayor.
c) Se trata de una responsabilidad directa.
d) Cubre los daños atribuïbles a los Jueces y Magistrados y también al personal auxiliar o dependiente de los Tribunales. De los daños causados por el Ministerio Fiscal también responde el Estado.
e) La responsabilidad patrimonial del Estado surge en los casos siguientes: - Error judicial. Puede tratarse tanto de un error de hecho como de Derecho.
La existencia del error ha de haber sido declarada por sentencia.
- Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Debe ser declarado por el Ministerio de Justicia.
- Prisión provisional seguida de absolución.
- Daños producidos por dolo o culpa grave de los Jueces y Magistrados. El Estado puede accionar contra el Juez o Magistrado causante del daño para exigirle el pago de las cantidades desembolsadas al perjudicado.
f) Procedimiento. En los casos de funcionamiento anormal, error y prisión provisional es necesario formular la solicitud indemnizatoria al Ministerio de Justicia.
2. Responsabilidad judicial.
I.
Responsabilidad civil de los Jueces y Magistrados Es cuando los jueces y magistrados han causado daños actuando con dolo o culpa. El perjudicado puede exigir esta responsabilidad mediante el proceso declarativo civil que corresponda contra el juez o magistrado de que se trate.
Hay que tener en cuenta lo siguiente: a) Para interponer la demanda de responsabilidad es preciso que haya finalizado con resolución firme el proceso en que se haya producido el daño.
b) El interesado debe previamente intentar reclamar el daño en el transcurso de aquel proceso.
c) La sentencia recaída en el proceso sobre la responsabilidad no puede modificar la sentencia firme dictada en el proceso en que se causó el daño.
II.
Responsabilidad penal de los Jueces y Magistrados Los delitos cometidos en el ejercicio de la jurisdicción se pueden perseguir mediante el correspondiente procedimiento penal, que presenta las siguientes particularidades: a) El proceso ha de iniciarse siempre mediante querella. No vale la mera denuncia.
b) Control previo a la admisión de la querella. Si alguna de las partes en un proceso formulasen querella contra el juez o magistrado que deba resolver en dicho proceso, el órgano competente para su instrucción podrá recabar los antecedentes que considere oportunos a fin de determinar su propia competencia así como la relevancia penal de los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la imputación. Se trata de que el órgano instructor no admita sin más la querella, sino que realice un examen previo para comprobar si las imputaciones poseen un fundamentación.
c) La legitimación para indiciar el proceso es amplia.
mínimo grado de d) Los órganos que conocen son los previstos según la clase o categoría de Juez o Magistrado inculpado.
III.
Responsabilidad disciplinaria.
Se trata de la responsabilidad cuya exacción corresponde a los órganos gubernativos del Poder Judicial. Se trata de una responsabilidad que comporta la imposición de una sanción, de caràcter disciplinario, al haberse cometido una infracción o falta administrativa.
Las conductas sancionables están clasificadas en 3 apartados: faltas muy graves, graves y leves.
Los órganos competentes para tramitar el procedimiento e imponer la sanción pertenecen al gobierno del Poder Judicial y la competencia de cada uno de ellos se establece en función de la gravedad de la sanción.
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