Resumen capítulo 4 Derecho Penal I (2017)

Resumen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencia política y Gestión pública + Derecho - 2º curso
Asignatura Dret Penal I
Profesor A.A.
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 06/11/2017
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Apuntes del Tema 4 de la asignatura de Derecho Penal I del doble grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública + Derecho de la UAB. Equivalentes a resumen del capítulo 4 del manual recomendado.

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Derecho Penal Pol Viedma Márquez Capítulo 4. El Derecho penal subjetivo 1. El Derecho penal subjetivo El poder punitivo se justifica por su propia existencia, es decir, porque es una realidad, una amarga necesidad para el mantenimiento de una mínima convivencia pacífica y organizada.
La aceptación de esta realidad no quiere decir que tenga que ser una aceptación acrítica. Las experiencias habidas con el Derecho penal demuestran hasta qué punto puede estar manipulado para reprimir.
La función de la norma penal no puede ser desconectada de un determinado sistema social.
Configurado el Estado español desde la Constitución de 1978 como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su Ordenamiento Jurídico “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” parece claro que el Derecho Penal debe adaptarse y ponerse en consonancia con el modelo de Estado social y democrático de Derecho y con los valores superiores que éste propugna.
La legitimidad del Derecho penal o del poder punitivo del Estado proviene, pues, de modelo fijado en la Constitución y de los Pactos y Tratados Internacionales.
Pero junto a esta legitimación extrínseca del Derecho penal, hay también una legitimación intrínseca del propio instrumento jurídico punitivo, representada por una serie de principios específicos que inspiran y limitan su actuación.
2. Principios limitadores del poder punitivo del Estado Las ideas de una paz social justa han ido formando una plataforma sobre la que debe descansar el ejercicio del poder punitivo del Estado.
Dirección y crítica son las dos funciones que tienen encomendadas estas ideas en el Derecho penal moderno. Su naturaleza es tanto política como jurídica. Su origen suele fijarse en la Revolución Francesa.
A partir de esta época, el Derecho penal empieza a considerarse como un instrumento de defensa de los valores fundamentales de la comunidad que solo debe emplearse contra ataques muy graves a esos valores y en una forma controlada y limitada por el “imperio de la ley”. La excesiva intromisión del poder estatal en la esfera privada es un hecho corriente repetidas veces denunciado. En Derecho penal se ha entrado en un círculo vicioso en el que el aumento de la criminalidad corre parejo con un aumento de la dureza en la represión punitiva.
El problema de los límites al poder punitivo estatal sigue siendo un problema fundamental. Estos límites pueden reducirse a dos principios fundamentales: el principio de intervención mínima y el principio de intervención legalizada del poder punitivo del Estado (principio de legalidad).
A. Principio de Intervención mínima El poder punitivo del Estado debe estar regido y limitado por el principio de intervención mínima.
La sanción penal habrá de reservarse, pues, para los casos en que sea imprescindible para cumplir el fin de protección de bienes jurídicos que el Derecho penal tiene encomendado.
Debe garantizar un “Derecho penal mínimo”. Consecuencias: Derecho Penal - Pol Viedma Márquez En primer lugar, el Derecho penal solamente debe intervenir en los casos en que no sean suficientes las sanciones previstas por otras ramas del Derecho. Carácter subsidiario.
En segundo lugar, la misión del Derecho penal solo ha de intervenir en caso de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes.
Por último, debe prescindirse de una determinada sanción penal si es suficiente otra sanción penal menos grave.
a) La subsidiariedad del Derecho penal y la problemática que genera su interrelación con otras ramas del Ordenamiento jurídico.
La afirmación del carácter subsidiario del Derecho penal tiene su origen en la teoría de las normas que formuló a principios del siglo XX el penalista alemán Binding. El punto de partida de este autor es su distinción entre norma y ley penal.
Como ya se ha visto, el Derecho penal forma parte de todo un sistema de control social que trata de hacer posible la convivencia en sociedad. Por lo que cuando se afirma su subsidiariedad lo que se quiere aclarar es que, dentro de ese sistema de control social le corresponde intervenir en último lugar, cuando han fracasado las otras barreras de protección. Incluso cuando se trate de proteger los bienes jurídicos fundamentales, si se consigue esta protección por otros medios no debemos recurrir al Derecho penal.
Cuando hablamos de carácter subsidiario no nos referimos a que sea menos importante, sino a que es el último recurso. No significa, pues, que el Derecho penal no tenga entidad en sí mismo.
Ahora bien, lo que no puede ignorarse es que el Derecho penal también es una parte del Ordenamiento jurídico y que, como tal, está en una relación de interdependencia con las otras normas jurídicas.
Existen dos ámbitos especialmente conflictivos en los que resulta necesario establecer cómo es esta relación de interdependencia entre el Derecho penal y las demás ramas del Derecho: 1. La relativa dependencia del Derecho penal en sus presupuestos: conceptos normativos y normas penales en blanco.
Habitualmente se afirma que el Derecho penal es autónomo en sus consecuencias, pero es relativamente dependiente en sus presupuestos, aunque, en algunas ocasiones, la norma penal recoge un supuesto de hecho específicamente penal.
Sin embargo, el Derecho penal regula también supuestos estrechamente relacionados con otras ramas del Derecho. Se incorporan entonces elementos normativos de otros sectores de Ordenamiento cuyo significado sólo puede precisarse acudiendo a las normas específicas extrapenales que regulan la materia en cuestión.
Sin embargo, ni siquiera en estos casos existe relación de subordinación del Derecho penal a otras ramas del Derecho, sino interrelación: el Derecho penal no puede obviar lo que significan dichos términos para las otras ramas del Ordenamiento, pero tampoco tiene obligación de aceptar siempre por completo los conceptos que den éstas. El Derecho penal no está obligado a aceptar en todos los casos el concepto tal y como se usa en la otra rama del Derecho, pudiendo adoptar otro significado para el término. Ello ocurrirá cuando, por perseguir ambos sectores del Ordenamiento finalidades diferentes, no le sea útil al Derecho penal la definición dada por la otra rama jurídica.
Derecho Penal Pol Viedma Márquez Por otra parte, la vinculación del Derecho penal con otras ramas del Ordenamiento jurídico resulta incluso más evidente en aquellos ámbitos de “moderno” Derecho penal en los que proliferan las normas penales en blanco.
Sin embargo, el que pueda afirmarse que el Derecho penal es autónomo a la hora de configurar sus prohibiciones cuando usa la técnica de las normas penales en blanco depende de la forma en que se vincule al Derecho administrativo. Más concretamente dependerá de que se siga el modelo de accesoriedad extrema o el de accesoriedad limitada.
En el modelo de accesoriedad extrema se lleva a cabo una incriminación indiferenciada de las conductas que constituyen ilícitos administrativos, identificándose la conducta delictiva con el mero incumplimiento de la norma administrativa. Con este sistema el Derecho penal se subordina al Derecho administrativo, limitándose a sancionar penalmente lo prohibido por esa otra rama del Ordenamiento jurídico. Se solapan, además, la infracción penal y la infracción administrativa. Y se acaba castigando penalmente la mera desobediencia a la norma extrapenal, de forma que más que proteger un bien jurídico penal se busca asegurar el funcionamiento del control administrativo. En consecuencia, esta clase de normas penales en blanco resulta rechazable, ya que priva de autonomía al Derecho penal a la hora de delimitar qué conductas han de ser constitutivas de delito.
Por el contrario, el modelo de accesoriedad limitada o relativa la intervención penal se ciñe a los casos en los que, además de la infracción de la normativa extrapenal, concurran circunstancias que la diferencien del mero ilícito administrativo. Por tanto, conforme a este segundo modelo de remisión, la ilicitud administrativa será condición necesaria, pero no suficiente para la sanción penal, que exigirá un desvalor de acción o de resultado adicional.
Porque el Derecho penal debe regirse por el principio de intervención mínima y por su carácter de ultima ratio, exigiéndose para la intervención penal algo más que la mera infracción administrativa.
2. Duplicidad de sanciones. Especial consideración del poder sancionatorio de la Administración.
Las regulaciones se superponen y entremezclan. En efecto, el Derecho penal no es el único ámbito jurídico donde se prevén sanciones. En prácticamente todas las ramas jurídicas poseen sus propias sanciones que se aplican en caso de incumplimiento de sus normas.
Algunas de estas sanciones pueden derivarse de la comisión de un delito, planteándose entonces el problema de si se pueden o no imponer éstas junto con las sanciones penales. Para resolver esta cuestión acudiremos al principio non bis in ídem. Y según este principio, una persona no puede ser sancionada o castigada dos veces por la misma conducta cuando exista “identidad de sujeto, hecho y fundamento”. Es decir, que está prohibido imponer conjuntamente dos sanciones cuando se dé esa triple coincidencia, pero no en caso contrario, pudiendo por tanto imponerse dos sanciones a una misma persona por un mismo hecho cuando éstas obedezcan a diferentes fundamentos.
1º. Actualmente se admite que, en general, tanto el Derecho penal como el Derecho administrativo son manifestaciones del Ordenamiento punitivo del Estado y que las diferencias entre ellos son puramente coyunturales y cuantitativas, no existiendo diferencias esenciales entre ilícito penal e ilícito administrativo.
Derecho Penal Pol Viedma Márquez 2º. Sin embargo, aunque en general queda afirmar que sanción penal y sanción administrativa tienen el mismo fundamento, existe un ámbito del Derecho administrativo en el que, según el TC y parte de la doctrina, las diferencias con el Derecho penal sí serían cualitativas, en el que la sanción administrativa tendría excepcionalmente un fundamento diferente y en el que, por tanto, cabrían la doble sanción administrativa y penal al mismo sujeto por el mismo hecho sin infringir el principio non bis in ídem. Nos referimos al ámbito de las sanciones de “autoprotección” o de “sujeción especial”.
Los partidarios de esta distinción sostienen la existencia de una diferenciación cualitativa y en los diferentes fines entre la potestad sancionadora general y la potestad sancionadora especial.
Con la potestad sancionadora general, la Administración estaría protegiendo el orden social colectivo, coincidiendo con ello con el Derecho penal, por lo que en este caso no cabría acumular sanción penal y administrativa. Por el contrario, con las sanciones administrativas de autotutela, autoprotección o de sujeción especial la Administración perseguiría únicamente su propia protección como organización o institución exclusivamente frente a aquellos que están directamente en relación con su funcionamiento y no contra los ciudadanos en general.
Sin embargo, cabe acumular pena y sanción administrativa si el sancionado tiene una relación de sujeción especial con la Administración.
Contra ese procedimiento poco se puede hacer y para evitar los abusos, el art. 25.3 de la CE dispone que la Administración civil no podrá poner sanciones que impliquen privación de libertad. Es decir, la única sanción específica del Derecho penal es la privación de libertad.
b) Las consecuencias del principio de intervención mínima en la protección de bienes jurídicos: el concepto de bien jurídico como límite del poder punitivo del Estado Sólo las acciones que pongan en peligro o lesionen un bien jurídico pueden ser objeto del Derecho penal. Sin embargo, el concepto de bien jurídico es una creación artificial, producto de un consenso o de un proceso constitutivo.
La teoría personalista del bien jurídico propone que es tan importante el concepto de “Interés humano necesitado de protección penal” como el proceso mismo.
La absoluta autonomía del Derecho penal en la configuración de sus efectos no quiere decir que estos puedan ser empleados de cualquier modo. Con el principio de intervención mínima se quiere decir que los bienes jurídicos no sólo deben ser protegidos por el Derecho, sino también ante el Derecho penal.
Otro límite a la protección de bienes jurídicos viene impuesto por la propia gravedad de las acciones. El proceso de desvalor de la acción es el proceso de incriminación que se realiza con la descripción de estas conductas en los llamados tipos penales, que cumplen así la misión de indicar la materia de prohibición, lo que el legislador considera que debe ser prohibido.
El Derecho penal se limita a castigar únicamente las acciones más graves contra los bienes jurídicos más importantes, de ahí su carácter “fragmentario”.
Este carácter fragmentario del Derecho penal aparece en una triple forma en las actuales legislaciones penales: primero, defendiendo al bien jurídico solo contra ataques de especial gravedad; segundo, tipificando sólo una parte de lo que en las demás ramas del Ordenamiento se estima como antijurídico; y último, dejando sin castigo las acciones meramente inmorales.
Derecho Penal Pol Viedma Márquez La intervención del Derecho penal en la protección de bienes jurídicos depende además del merecimiento de la pena, es decir, del juicio de si un comportamiento concreto que afecta a un determinado bien jurídico debe, por la gravedad del ataque o por la propia importancia del bien jurídico, ser sancionado penalmente. En caso de duda sobre el merecimiento de pena de una conducta debe elegirse la vía de la impunidad o la despenalización.
Criterios o pautas orientadoras: 1º) La misión del Estado es garantizar el orden externo y no tutelar moralmente a sus ciudadanos.
2º) No hay una obligación de proteger penalmente todo bien jurídico ni de protegerlo a través del Derecho penal.
3º) Cabe recordad el carácter de ultima ratio que tiene el Derecho penal y la insuficiencia protectora y motivadora de sus instrumentos, cuando no van acompañados por otros de carácter preventivo o reparador o estos no se emplean adecuadamente.
c) Las consecuencias del principio de intervención mínima respecto a la gravedad de las consecuencias jurídicas del delito. El principio de proporcionalidad.
La idea rectora es la de que debe ser preferible la sanción más leve a la más grave. Las consecuencias de este principio son el principio de humanidad y el principio de proporcionalidad.
1º. El principio de humanidad obliga siempre a reconocer que el delincuente, cualquiera que sea el delito que haya cometido, es un semejante, una persona humana que tiene derecho a ser tratada como tal y a reintegrase en la comunidad como un miembro de pleno derecho. Esto garantiza el derecho a la presunción de inocencia. Con respecto a la pena de muerte, el principio de humanidad impone su abolición, pues ni sirve más, ni permite ningún tipo de acción resocializadora. Este principio también obliga a tratar con respeto al encarcelado y procurar su reinserción en la vida social.
2º. El principio de proporcionalidad es una idea de Justicia inmanente a todo el Derecho que quiere decir que a cada uno debe dársele según sus merecimientos y que los desiguales deben ser tratados desigualmente. Supone que las penas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido o que estos no pueden ser reprimidos con penas mayores al dolor causado.
B. Principio de intervención legalizada: evolución y fundamento Imponen necesariamente la búsqueda de un principio que controle el poder punitivo estatal y que confine su aplicación dentro de límites que excluyan toda arbitrariedad y exceso. Este principio, también llamado “principio de legalidad”, establece que la intervención punitiva estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el “imperio de la ley”, entendida esta como la “voluntad general”.
El principio de intervención legalizada sirve para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal. Supone también un freno para una política penal demasiado pragmática que, decidida a acabar a toda costa con la criminalidad y movida por defensistas o resocializadoras demasiado radicales, sacrifique las garantías mínimas de los ciudadanos. “El fin no justifica los medios”. El Derecho penal es la carta magna del delincuente, precisamente una consecuencia del principio de legalidad es que por muy grave que sea un hecho, su autor solo podrá ser castigado si ese hecho ha sido considerado previamente como delito por una ley y solo con la Derecho Penal Pol Viedma Márquez pena prevista por la ley, aplicada y ejecutada también conforme a la ley. La seguridad jurídica es requisito indispensable para una comunidad organizada. Consecuencias, evolución y fundamento de este principio: 1. El principio de legalidad nace con el Estado de Derecho.
2. Políticamente, el principio de intervención legalizada es producto del espíritu liberal que creó el Estado liberal de Derecho. El Estado liberal de Derecho se distingue por cuatro características: a. Imperio de la ley: supone que quien ejerce el poder estatal ya no puede castigar a las personas arbitrariamente y que su poder punitivo está vinculado a la ley.
b. División de poderes: sirve de base técnica al principio de intervención legalizada. Garantiza el principio de legalidad penal, repartiendo el poder punitivo estatal entre el legislativo, que se encarga de determinar los delitos y las penas a través de un proceso democrático en el que participan los representantes del pueblo.
c. Legalidad en la actuación administrativa: dicta que el poder ejecutivo no tiene o debe tener un puesto importante en la elaboración de Derecho penal. Por ello, conviene trasladar al Derecho administrativo sancionatorio todas las garantías y cautelas que rodean la sanción penal propiamente dicha, evitando así que la “administativitación” del poder sancionatorio implique para el ciudadano una merma de sus garantías y derechos.
d. Garantía de derechos y libertades fundamentales: La mejor manera de protegerlos es concretizarlos y formularlos en leyes y castigar con penas su lesión o violación.
3. El principio de intervención legalizada no sólo tiene un fundamento político, sino también jurídico. La base jurídica se la dio Feuerbach con el principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”. Este principio es una consecuencia inmediata de su teoría de la pena, entendida como “coacción psicológica”, La pena ejerce una coerción psicológica en los ciudadanos que les hace abstenerse de la comisión de delitos. Pero, para esto, es necesario que se describan previamente en la ley las conductas prohibidas y las penas con que se conminan esas conductas. Sin esa previa descripción legislativa, el potencial delincuente no podría saber si su conducta estaba previamente prohibida y castigada y, por consiguiente, no significaría la pena una coacción psicológica para nadie.
C. Principio de culpabilidad En Derecho penal se asigna el concepto de culpabilidad una triple significación: - - Culpabilidad como fundamento: sobre si procede imponer una pena al autor de un hecho típico y antijurídico, es decir, prohibido por la ley penal con la amenaza de una pena.
Culpabilidad como elemento de determinación o medición de la pena: Su gravedad, duración, la magnitud que debe tener una pena cuya imposición ha sido fundamentada.
Culpabilidad como proscripción de la responsabilidad por el resultado: responsabilidad objetiva. El principio de culpabilidad impide la atribución a su autor de un resultado imprevisible, reduciendo las formas de imputación de un resultado al dolo y a la imprudencia. Solo en este último sentido es unánimemente aceptado el principio de culpabilidad, mientras que, en los otros dos significados anteriormente señalados, tanto el concepto como la función de este son objeto de viva discusión.
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