Lección 16 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Constitucional III: Derechos y Libertades
Año del apunte 2017
Páginas 17
Fecha de subida 17/08/2017
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Lección 16: LOS DERECHOS DE ÁMBITO EDUCATIVO 1. La Constitución y el ordenamiento de la educación Desde los inicios del constitucionalismo han traído DEBATE (en España y en las principales naciones de Europa occidental): la extensión y naturaleza de los poderes del Estado sobre la educación + los derechos de los ciudadanos en relación con la misma + las prerrogativas eclesiales en esta materia: - ORIGEN DE LA CONTROVERSIA: La PRETENSIÓN liberal de llevar a cabo una modificación esencial del estatuto de la enseñanza para que ésta dejara de ser responsabilidad casi exclusiva de la Iglesia y de otras corporaciones (como ocurría durante el Antiguo Régimen) y se convirtiera en objeto de la legislación y de la acción administrativa del Estado (e incluso en monopolio estatal, según el modelo napoleónico o Esta pretensión suscitó la oposición de los sectores conservadores y de la Iglesia Católica ¿Por? Defendían: la función subsidiaria del Estado en la educación + el derecho de la Iglesia a predeterminar los contenidos de la enseñanza oficial o Es un elemento muy caracterizador del perfil ideológico de las Constituciones Ej.
La significación revolucionaria que tuvo el art. CE de 1931 rompió con el modelo educativo hasta entonces existente (diseñado bajo la influencia del liberalismo moderado o doctrinario, inspirador de la Ley Moyano de 1857) realizando una apuesta decidida por la escuela única y la enseñanza laica - En el debate político que precedió a la aprobación de la CE 1978: la materia educativa ocupó de forma prioritaria la atención de los partidos y de las fuerzas sociales + fue uno de los pocos asuntos donde las divergencias amenazaron con imposibilitar una solución de consenso (los socialistas abandonaron la Ponencia constitucional para exteriorizar su rechazo de la redacción adoptada en esta materia) Finalmente se logró una formulación conciliadora que se plasmó en el art. 27 CE Art. 27 CE - Es un precepto extenso (10 apartados) y complejo que busca el equilibrio político dando cabida a principios y derechos que se limitan recíprocamente : o o o o o - el derecho a la educación y la libertad de enseñanza las competencias educativas del Estado y la libertad de creación de centros docentes la previsión de ayudas para los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca el derecho de la comunidad escolar a participar en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos CONSECUENCIA El art. 27 CE: realiza un planteamiento abierto que evita la constitucionalización de un sistema educativo preciso + preserva el poder configurador del LEGISLADOR (es a quien corresponde diseñar ese sistema, respetando las distintas referencias constitucionales sobre la educación) Destaca la enérgica pretensión normativa que se desprende de su ubicación en la Sección 1ª del Capítulo II de la declaración de derechos o El constituyente no ha incluido este precepto entre los relativos a los derechos sociales (Capítulo III): JUSTIFICACIÓN aunque el art. 27 contiene derechos de prestación (Ej. derecho a la educación) también reconoce LIBERTADES PÚBLICAS: -    la libertad de enseñanza la libertad de creación de centros docentes el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones  CONSECUENCIA: Esta disposición constitucional es fuente de DERECHOS Y LIBERTADES:  concretos que gozan del máximo de garantías ya sean de carácter NORMATIVO (exigencia de que su desarrollo se realice mediante ley orgánica) o JURISDICCIONAL (incluyendo el recurso de amparo)  son inmediatamente aplicables aunque no cabe pasar por alto que algunos apartados del art. 27 CE (Ej. 8º y 9º) sólo enuncian mandatos a los poderes públicos, y no derechos de los ciudadanos La regulación constitucional sobre la educación no se agota en el art. 27 ¿Por? El art. 20 CE también proclama una libertad fundamental de este ámbito: LIBERTAD DE CÁTEDRA o El art. 10 CE establece un criterio adicional para el entendimiento de los preceptos explicados al exigir que sean interpretados «de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España»  Aunque este planteamiento constitucional sobre la educación ha tenido un desarrollo legislativo caracterizado por un considerable enfrentamiento político revelador de que el art. 27 CE y la remisión a los textos internacionales sobre la materia no habían significado un «pacto escolar» completo y efectivo  Esta parte de la CE fue objeto de «lecturas» muy distintas + las leyes orgánicas aprobadas para desarrollarla han expresado concepciones enfrentadas inspiradas respectivamente en los modelos educativos de los partidos del centro-derecha y de la izquierda  Muchas de las leyes orgánicas aprobadas en este ámbito fueron objeto de recursos de inconstitucionalidad la confrontación que ha acompañado a la legislación educativa ha permitido al TC: o o - precisar el significado de distintos apartados del art. 27 CE proporcionar una interpretación equilibrada de este precepto que rechaza: la potenciación excluyente + la banalización de alguno de sus elementos El TC ha contribuido a amortiguar el enconamiento de la «cuestión escolar» La CE posibilita una descentralización educativa cuyo límite principal deriva de las competencias estatales en relación con los derechos y libertades fundamentales del art. 27 CE: o Las CCAA (cuyas competencias educativas están definidas en algunos Estatutos como «plenas») tienen que respetar: el art. 27 CE + las leyes orgánicas que regulan el ejercicio de ese derecho + las normas básicas cuya aprobación corresponde al Estado a tenor de lo dispuesto en el art. 149.1 (epígrafes 1º y 30º de la CE)  Esa competencia normativa estatal ha sido objeto de una interpretación expansiva por parte del TC en su Sentencia sobre la LOECE: avaló la configuración de un modelo de escuela pública uniforme en todo el país  Las CCAA tienen competencia para: el desarrollo de la normativa básica estatal + la gestión en materia educativa Hay que considerar la abundante legislación autonómica en esta materia 2. El derecho a la educación a) El derecho a la educación (art. 27.1 CE) puede ser entendido como concepto genérico que denota conjuntamente a todos los derechos y libertades reconocidos en ese precepto pero esa acepción no debe hacer olvidar que el derecho de todos a la educación es un derecho de prestación específico: un título subjetivo para reclamar del Estado un servicio, el acceso al sistema educativo Así lo ha reconocido el TC - - Hay muchas CRÍTICAS hacia esta pretensión de la CE de crear un derecho fundamental de prestación, inmediata y directamente tutelable por estar incluido en la Sección 1ª del Capítulo II: o Se invocan para ello: argumentos de teoría general y la necesaria configuración legal de los derechos de prestación + la inevitable subordinación de su efectividad a la organización y capacidad de los servicios públicos encargados de dispensarlos o Ninguna de estas objeciones puede desvirtuar la significación normativa del art. 27.1 CE, que expresa una consecuencia radical de la definición de la forma de Estado como «Estado social» El derecho a la educación está también reconocido en el Protocolo Adicional (art. 2) al CEDH y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (art. 14) b) El objeto de este derecho de prestación no es el acceso a cualquier tipo de enseñanzas, sino específicamente a las enseñanzas regladas: aquéllas a las que se refiere la «programación general» realizada por los poderes públicos (art. 27.5 CE) y que integran el «sistema educativo», inspeccionado y homologado por ellos (art. 27.8) - El acceso a las enseñanzas básicas es un derecho y una OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL (art.
27.4 CE): Estas enseñanzas no están delimitadas en la CE corresponde al legislador la responsabilidad de hacerlo - Actualmente corresponden 10 años de escolaridad iniciándose a los 6 años de edad y extendiéndose hasta los 16 (art. 4 LOE): En los niveles superiores, no obligatorios, del sistema educativo el derecho de acceso está condicionado por «las aptitudes y vocación» de los estudiantes (art. 1.2 LODE) Para acreditar dichas aptitudes puede requerirse una determinada titulación previa + la superación de pruebas específicas - Otro objeto del derecho a la educación es la GRATUIDAD de las enseñanzas básicas (art. 27.4 CE): beneficio que se ha extendido al 2º ciclo de la educación infantil desde los 3 a los 6 años (art. 15 LOE) o El contenido de la gratuidad: incluye solamente el servicio educativo + consiste en la ausencia de tasas académicas pero no comprende a la gratuidad de otros aspectos:  Ej.
transporte, comedores escolares (aunque las Administraciones educativas darán de forma gratuita dichas prestaciones, e incluso el servicio de internado, cuando los alumnos de la enseñanza obligatoria hayan de ser escolarizados en un municipio próximo al de residencia)  La gratuidad tampoco se refiere necesariamente a los libros de texto, aunque muchas CCAA han puesto en marcha programas de entrega gratuita, préstamo o subvención de los libros escolares para la enseñanza obligatoria, en los centros públicos y en los concertados (aunque en algún caso, estos programas de gratuidad posteriormente se han reducido o interrumpido).
c) TITULARIDAD del derecho a la educación: El 1r dato a considerar es que el reconocimiento constitucional del mismo se ha producido con la fórmula más comprensiva («todos tienen el derecho a la educación») que incluye a los españoles y a los EXTRANGEROS: o la titularidad de los EXTRANGEROS podría ser restringida «en los términos que establezcan los tratados y la ley» conforme al art. 13.1 CE aunque:  la Convención de 1960 contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza compromete a los Estados a «conceder, a los súbditos extranjeros residentes en su territorio, el acceso a la enseñanza en las mismas condiciones que a sus propios nacionales» (art. 3)  La LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros ha confirmado ese derecho en su art. 9.
d) Los instrumentos para garantizar la efectividad de este derecho de prestación están identificados en el propio art. 27 CE: Se trata de la creación por los poderes públicos de centros docentes que (conforme a la previsión del art. 27.5) están específicamente destinados a garantizar el derecho a la educación El acceso a las enseñanzas puede realizarse (en 1r término) a través de una plaza de escolaridad en un centro de enseñanza público - El derecho de elegir el centro público en que la plaza se otorgue está implícito en el art. 27 CE según lo ha interpretado el TS pero NO ES UN DERECHO ABSOLUTO ¿Por? viene limitado por la capacidad de los centros o Art. 84 LOE: regula la libertad de elección de centro de los padres o tutores + establece si no existen plazas suficientes en un determinado centro público algunos CRITERIOS DE ADMISIÓN PRIORITARIA:  Tener hermanos matriculados en el mismo  La proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de los padres  Rentas anuales de la unidad familiar  La condición legal de familia numerosa  Concurrencia de discapacidad en el alumno o en sus padres o hermanos o La LOU: reconoce el derecho de todos los españoles: que estén en posesión del título de bachiller o equivalente (o que acrediten determinada experiencia laboral o profesional o que hayan cumplido una edad determinada) para el estudio en la Universidad + habilita al Gobierno para establecer las normas básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros universitarios (art. 42) - La creación de centros no es el único instrumento de que disponen los poderes públicos al servicio del derecho a la educación Según el TC: también tienen necesariamente esa función las ayudas públicas a los Centros docentes (art. 27.9 CE) o Estas ayudas públicas no forman parte del objeto del derecho a la educación: Este no representa un título subjetivo para recabar subvenciones públicas para un centro privado  Ej. que el derecho al trabajo no habilita tampoco para recabarlas para una empresa (sin perjuicio de que, por las condiciones con que se otorguen, estas ayudas deban facilitar objetivamente la efectividad del derecho de todos a la educación o la consecución del pleno empleo).
 CONCLUSIÓN: una cosa es la función de las ayudas y otra su fundamento que está en la ley más que en la CE ¿Por? El art. 27.9 sólo establece un mandato al legislador de ayudar a la enseñanza privada sin especificar:  la modalidad de las ayudas  las características de los beneficiarios  AUNQUE: ni la concesión ni la renovación de las ayudas y de los conciertos que las posibilitan pueden llevarse a cabo discrecionalmente por las Administraciones educativas ¿Por? deben ajustarse a las prescripciones legales y a los requisitos y prioridades que establecen  o o La LODE ha desarrollado este mandato constitucional configurando un sistema de conciertos entre las Administraciones educativas y los centros privados que (en orden a la prestación del servicio público de la educación) reúnan los requisitos legalmente previstos.
El legislador (haciendo uso de su libertad de conformación) ha organizado un servicio público que puede prestarse directamente por los centros públicos o indirectamente por medio de los centros concertados Ha extendido a estos últimos muchos de los principios organizativos y funcionales de los primeros Hay que destacar la aplicación en unos y otros de las mismas reglas sobre admisión de alumnos (previsión que el TC ha convalidado): Es importante la obligación estricta de impartir gratuitamente las enseñanzas, que se deriva del concierto CONCLUSIÓN: El derecho a la educación del art. 27.1 CE permite recabar plaza tanto en los centros públicos como en los concertados + las decisiones de la Administración educativa sobre admisión de alumnos en unos y otros centros son recurribles en vía contencioso administrativa mediante el procedimiento preferente y sumario al que se refiere el art. 53.2 CE - Pero el derecho a la educación no es exigible frente a los centros educativos privados que no reciben ayudas de la Administración ¿Por? A ello se opone la libertad de creación docentes del art. 27.6 CE 3. El derecho a la educación como garantía institucional El sistema educativo queda integrado por centros en régimen de servicio público y por centros en régimen de libre mercado: en relación con todos ellos se ejercen las demás competencias constitucionales de los poderes públicos en materia educativa Se trata: - - de la programación general de la enseñanza de las potestades de inspeccionar y homologar el sistema educativo reconocidas en el art.
27 CE (apartados 5 y 8) respectivamente - Todas esas facultades están destinadas a asegurar determinadas características básicas del sistema educativo que son indispensables para que las enseñanzas cumplan su función Dichas características delimitan el contenido esencial del derecho a la educación, entendido en su aspecto objetivo de garantía institucional - La distinción es importante ¿Por? En tanto que derecho de prestación sólo es accionable en el ámbito institucional del servicio público y no frente a los titulares de los centros privados no concertados: o mientras que como garantía de un sistema educativo que cumpla las exigencias constitucionales es un «elemento esencial del ordenamiento objetivo de la comunidad nacional» el legislador y los restantes poderes públicos deben procurar su efectividad en todos los centros docentes con independencia de su régimen y titularidad El contenido de esta garantía institucional viene delimitado por los siguientes elementos: 1) LOS PRINCIPIOS Y FINES CONSTITUCIONALES DE LA ACCIÓN EDUCATIVA - La CE no tiene una concepción neutral de la educación, desde el punto de vista axiológico, sino que proclama (art. 27.2 CE) que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» - Estos principios y finalidades y otros similares derivados de los convenios internacionales relativos a esta materia han sido reiterados por la LODE (art. 2) y por la LOE (arts. 1 y 2) + limitan el ejercicio de todos los derechos fundamentales del ámbito educativo: desde la libertad de cátedra, a la libertad de creación de centros docentes.
o EN RELACIÓN CON ESTO: cómo hay que analizar la justificación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que había sido introducida por la LOE en algunos cursos de la enseñanza primaria y de la secundaria obligatoria ¿Por? esos principios y finalidades de la acción educativa (la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la educación en el respeto a los derechos fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia) ciertamente pueden justificar la legitimidad constitucional de una asignatura destinada a promover los fundamentos de la convivencia democrática, sin adoctrinamientos ideológicos unilaterales  Aunque el Tribunal Supremo rechazó que estuviera justificada la objeción de conciencia planteada por algunos padres en contra de la asignatura de Educación para la Ciudadanía la misma ha sido suprimida por la LOMCE 2) LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN QUE ES (JUNTO A LA GENERALIZACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN) LA META PRINCIPAL DE LA POLÍTICA EDUCATIVA - No está mencionada expresamente en el art. 27 CE, pero sin duda puede considerarse implícita en ese precepto y a ella se refiere solemnemente la LOE como el 1º de los principios del sistema educativo enumerados en el art. 1 de esa Ley - La calidad de la enseñanza requiere que se garanticen unos recursos educativos, humanos y materiales, indispensables El art. 14 LODE exige que todos los centros cuenten con determinados medios obligatorios para poder impartir enseñanzas Se refiere a: o La titulación académica del profesorado o La relación numérica profesor alumnos o Las instalaciones docentes y deportivas o El nº de puestos escolares 3) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS RECONOCIDOS POR LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA (art. 6.3 LODE Destaca el derecho a una evaluación objetiva del rendimiento escolar exigencia deducible de la estructura del sistema educativo que al estar organizado en etapas de ciclos y grados requiere controlar que se han alcanzado los objetivos correspondientes a cada uno para obtener la titulación prevista o para poder iniciar el siguiente - También importa el derecho a un tratamiento disciplinario exento de arbitrariedades y con las debidas garantías o Según el TC: en el caso Estatuto de Centros es una cuestión que afecta de manera esencial al derecho a la educación ¿Por? «de nada serviría reconocer este derecho en el texto constitucional si luego fuese posible sancionar arbitrariamente a los alumnos dentro de los centros por supuestas faltas de disciplina cuya consecuencia última pudiera ser la expulsión del centro»  La LODE atribuía la competencia disciplinaria en asuntos graves al Consejo Escolar de los centros públicos o concertados aunque la legislación posterior ha encomendado esta potestad al Director aunque reconociendo al Consejo Escolar una función revisora en esta materia 4. La libertad de enseñanza La LIBERTAD DE ENSEÑANZA (art. 27.1 CE): - es una expresión carente de precedentes en nuestro Derecho constitucional ¿Por? las anteriores constituciones sólo se refirieron a la libertad de fundación de establecimientos de educación (las de 1869 y 1876) o a la libertad de cátedra (la de 1931) - no es una fórmula usual en el Derecho constitucional comparado y entre las principales Constituciones europeas únicamente figura en la alemana (art. 5) CONSECUENCIA las opiniones doctrinales son muy variadas a propósito de esta libertad: - Hay quien la concibe como concepto genérico, inclusivo de todos los derechos y libertades del ámbito educativo hayan o no sido reconocidos expresamente por la CE Hay quien la identifica como libertad específica y diferente de las restantes proclamadas en la CE.
CONCLUSIÓN: Las interpretaciones extensivas ofrecen un concepto que parece poco útil e inevitablemente arbitrario + resulta más sugerente la propuesta de entender la libertad de enseñanza como exclusión del monopolio estatal en esta materia y fuente del derecho correlativo de todos los ciudadanos a enseñar sus conocimientos y sus ideas: - Este derecho fundamental si se ejerce mediante la creación de centros docentes o con la condición de profesor tendría versiones dotadas de perfil y régimen jurídico característicos pero puede consistir también en una enseñanza enteramente libre impartida por cualquier ciudadano con método socrático es esta modalidad básica, la que tendría reconocimiento en el art. 27.1 CE Al interpretar la libertad de enseñanza el TC ha subrayado que debe ser entendida «como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos constitucionales (especialmente, arts. 16.1 y 20.1.a)» Se deduce una concepción de la enseñanza que no es aséptica ni tecnocrática ¿Por? Consiste en la «transmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores» - La libertad de enseñanza no tendría un contenido propio, sino que «implica, de una parte, el derecho a crear instituciones educativas (art. 27.6) y, de otra, el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar, a desarrollarla con libertad dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan (art. 20.1.c). Del principio de libertad de enseñanza deriva también el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos (art. 27.3)».
CONCLUSIÓN La libertad de enseñanza: - - pone de relieve la dimensión ideológica de las demás libertades constitucionales de este ámbito pero de su reconocimiento no se desprenden nuevas prerrogativas de los diferentes actores del sistema educativo, ni un determinado modelo organizativo del mismo, que fuera incompatible (por ej.) con la configuración de la educación básica como servicio público su reconocimiento constitucional conlleva la exigencia de que las libertades de los titulares de los centros, de los profesores y de los padres, no sean sacrificadas, en la configuración del sistema educativo, a otros derechos o potestades, ni unas a las otras 5. Las libertades de la enseñanza: (I) La libertad de cátedra - ORIGEN HISTÓRICO en el ámbito universitario como derecho de defensa de los profesores frente a las intromisiones del Estado en su autonomía docente: su 1r reconocimiento en el ordenamiento español se realizó por medio de una Real Orden Circular de 3 de marzo de 1881 - CONSTITUCIONALIZACIÓN de esta libertad fue en 1931 junto con la extensión de su titularidad a los docentes de todos los niveles de la enseñanza pública: «Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada» afirmaba el art. 48.3 de la Constitución de la República - La proclamación de la libertad de cátedra en la CE 1978 conlleva la ampliación de su ámbito que se extiende ahora al conjunto del sistema educativo conforme a la interpretación del TC en el caso Estatuto de Centros: esta libertad corresponde también a los profesores de los centros privados - El contenido y los límites de la libertad de cátedra varían según la naturaleza del puesto docente Existe un contenido negativo uniforme que habilita a todos los profesores (sin excepción) a resistir cualquier mandato de los poderes públicos de dar a su actividad una orientación ideológica determinada TC: «La libertad de cátedra es, en este sentido incompatible con la existencia de una ciencia o una doctrina oficiales» o Esta libertad significa la determinación autónoma por el profesor del contenido y método de la investigación y de la enseñanza Esta autonomía no puede existir, en igual medida, en todos los niveles del sistema educativo - En su grado máximo, esta libertad positiva sólo corresponde a los docentes de los niveles superiores (Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad, que son, conforme al art. 56 LOU quienes tienen reconocida plena capacidad docente e investigadora) TC: «En los niveles inferiores, por el contrario, y de modo, en alguna medida gradual, este contenido positivo de la libertad de enseñanza va disminuyendo, puesto que, de una parte, son los planes de estudios establecidos por la autoridad competente, y no el propio profesor, los que determinan cuál haya de ser el contenido mínimo de la enseñanza y son también estas autoridades las que establecen cuál es el elenco de medios pedagógicos entre los que puede optar el profesor y, de la otra, y sobre todo, éste no puede orientar ideológicamente su enseñanza con entera libertad de la manera que juzgue más conforme con sus convicciones» o Esta referencia a libertad ideológica en la docencia es interesante ¿Por? implica que aquélla se halla más limitada en los niveles inferiores del sistema educativo que en los superiores: (es perfectamente acorde con las características de los destinatarios de las enseñanzas en uno y otro caso) + sirve para plantear el problema de los límites de la libertad de cátedra - Hay que tener en cuenta los LÍMITES EXPRESAMENTE PREVISTOS en el art. 20.4 CE: Algunos de ellos (ej. derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen) parecen difícilmente aplicables ¿Por? acotan sobre todo el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación pero tampoco es imposible imaginar supuestos en que la libertad de cátedra pudiera colisionar con estos derechos o Los restantes límites son muy relevantes: La protección de la juventud y de la infancia puede explicar (ej. la limitación de la libertad ideológica en la docencia, en relación inversa con la edad de sus destinatarios)  El respeto a los demás derechos reconocidos en el Título I y a las libertades del ámbito educativo proclamadas en el art. 27 CE puede originar algunas de las restricciones más notorias de la libertad de cátedra - PRINCIPAL PROBLEMA: derivado de la posible colisión entre la libertad de cátedra de los profesores de los centros privados y el ideario educativo de dichos centros establecido por sus titulares en ejercicio de su libertad de creación (reconocida en el art. 27.6 CE) o El TC (en el caso Estatuto de Centros, ha proporcionado una SERIE DE ELEMENTOS de interpretación valiosos para solucionar los eventuales conflictos entre estas dos libertades  «la existencia de un ideario, conocida por el profesor al incorporarse libremente al centro o libremente aceptada cuando el centro se dota de tal ideario después de esa incorporación, no le obliga, como es evidente, ni a convertirse en apologista del mismo, ni a transformar su enseñanza en propaganda o adoctrinamiento, ni a subordinar a ese ideario las exigencias que el rigor científico impone a su labor»  - El incumplimiento de este deber de no agresión al ideario del centro puede llegar a ser causa de despido del profesor, pero los hechos que lo fundamenten han de ser «claros y concretos», correspondiendo la prueba de los mismos al empresario que los alegue: o - la libertad del profesor no le habilita para combatir el ideario del centro, mediante «ataques abiertos o solapados contra ese ideario, sino sólo para desarrollar su actividad en los términos que juzgue más adecuados y que, con arreglo a un criterio serio y objetivo, no resulten contrarios a aquél» Si no es así: el TC ha considerado que el despido sería nulo, con nulidad radical obliga a la readmisión de profesor e impide la indemnización sustitutoria La referencia al ideario como límite a la libertad de cátedra en los centros privados no debe hacer olvidar que en los centros docentes públicos existe también otro límite ideológico que los docentes deben respetar (art. 18 LODE): o Este límite consiste en la necesaria neutralidad de la enseñanza pública que (a juicio del TC) no puede ser «el hipotético resultado de la casual coincidencia en el mismo centro y frente a los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación ideológica, cuyas enseñanzas se neutralicen recíprocamente» ¿Por? debe ser «una característica necesaria de cada uno de los puestos docentes integrados en el centro».
En definitiva, la neutralidad de la enseñanza en los centros públicos impone un deber a todos los que en ellos ejercen la docencia, que consiste en la «obligación de renunciar a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico» 6. Las libertades de la enseñanza: (II) La creación de centros docentes A) CARACTERÍSTICAS GENERALES LIBERTAD DE CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES: Reconocida en el art. 27.6 CE en línea de continuidad con el constitucionalismo liberal de 1869 y 1876 + en coherencia con la importancia de la oferta educativa privada en España: es muy superior a la de otras naciones europeas como Francia, Italia o Alemania: o el sector público tiene una participación absolutamente predominante en la educación o la enseñanza privada tiene una posición relativamente marginal - TITULARIDAD DEL DERECHO: La LODE la reconoce solamente a las personas de nacionalidad española + establece OTRAS LIMITACIONES: o prohibición de que sean titulares de centros privados las personas que presten servicios en la Administración educativa estatal, autonómica o local: el TC ha convalidado esta restricción por el principio de neutralidad de la Administración ( art. 103.1 CE) que exige mantener a los servicios públicos a cubierto de toda colisión entre intereses particulares e intereses generales - OBJETO: No se circunscribe al desarrollo de las enseñanzas que forman parte del sistema educativo (las que conducen a la obtención de títulos con validez académica) ¿Por? Comprende cualquier otro género de enseñanzas o Aunque el procedimiento y los requisitos exigidos para la creación de centros son diferentes en uno y otro caso - La apertura de centros que pretendan desarrollar las enseñanzas del sistema educativo está sometida a un CONTROL ADMINISTRATIVO ESPECIAL: (en los demás casos: los únicos controles serán los generales de policía, higiene o fiscalidad) o o no es excepcional en el panorama del Derecho comparado es tradicional en nuestro ordenamiento o Su compatibilidad con la CE actual ha sido expresamente reconocida por su «intérprete supremo»: reviste la forma de una autorización administrativa estrictamente reglada por la LODE (art. 23) que «se concederá siempre que (los centros) reúnan los requisitos mínimos que se establezcan con carácter general de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 de esta ley» Estos requisitos se refieren exclusivamente a:  la titulación académica del profesorado  la relación numérica alumno profesor  las instalaciones docentes y deportivas  el nº de puestos escolares - Para la creación de Universidades privadas existe un procedimiento de control diferente: o o o previsto por la LOU (art. 4) consiste en su «reconocimiento» por ley, autonómica o estata La STC 131/2013 ha declarado inconstitucional por discriminatoria la disposición adicional 4ª de la LOU en su redacción inicial ¿Por? eximía del requisito de reconocimiento por ley a las universidades de la Iglesia católica posteriores al Acuerdo con la Santa Sede de 1979  CONSECUENCIA: Las universidades deben cumplir ciertos requisitos básicos cuya fijación corresponde al Gobierno previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria  Pero por la propia naturaleza legislativa de este control: el «reconocimiento» posibilita mayor libertad de apreciación que una autorización administrativa estrictamente reglada B) PODER DE DIRECCIÓN EN LOS CENTROS CONCERTADOS: El contenido de la libertad de creación de centros docentes no se agota el acto fundacional ¿Por? incluye también el poder de dirigirlos En los centros privados sostenidos con fondos públicos el poder de dirección del titular está limitado en virtud del art. 27.7 CE: reconoce a los profesores, a los padres y (en su caso) a los alumnos el derecho de intervenir en el «control y gestión» de dichos centros en los términos que la ley establezca Esto fue el elemento clave para forjar el consenso en relación con el art. 27 CE - El desarrollo legislativo de este precepto constitucional ha sido muy polémico: La LOECE estableció una 1a ordenación extremadamente insatisfactoria que fue declarada nula por el TC ¿Por? su incumplimiento de la reserva de ley al remitir al estatuto o al reglamento de régimen interior de cada centro la regulación de la composición y funciones de sus órganos de gobierno - Posteriormente las leyes han ordenado detalladamente el derecho de participación de la comunidad escolar + el TC ha reconocido que el legislador tiene una gran libertad de configuración en esta materia la participación de la comunidad escolar puede revestir todas las modalidades: «tanto informativa como consultiva, de iniciativa, incluso decisoria, dentro del ámbito propio del control y gestión, sin que deba limitarse necesariamente a los aspectos secundarios de la administración de los centros» o Pero esa participación no podría en ningún caso anular el poder de dirección del titular ¿Por? el otorgamiento de una subvención no autoriza para exigir a su beneficiario que renuncie al ejercicio de sus derechos fundamentales - La legislación atribuye a los Consejos Escolares en los centros concertados una composición y unas competencias inspiradas en las que tienen en los centros públicos, aunque con DIFERENCIAS: o no sólo están formados por representantes de los profesores, de los padres y de los alumnos, sino también por otros designados por el titular del centro o su intervención en el nombramiento del director presenta modalidades distintas en los 2 tipos de centros:  EN CENTROS CONCERTADOS: tienen derecho a emitir un informe previo al nombramiento del director  EN CENTROS PÚBLICOS: tienen derecho a participar en la comisión de selección del director C) EL DERECHO AL IDEARIO: El contenido de la libertad de creación de centros incluye también el derecho de establecer el «ideario» del centro o su «carácter propio»: Esta dimensión ideológica de la libertad de creación de centros (procede de su vinculación con la libertad de enseñanza) explica su garantía constitucional «que, en otro caso, no sería más que una expresión concreta del principio de libertad de empresa que también la CE (art. 38) consagra» - Es un derecho del titular que no tiene por qué ser ejercido necesariamente puede haber centros privados (concertados o no) sin ideario - La ley exige que el ideario y cualquier modificación del mismo sean puestos en conocimiento de los distintos sectores de la comunidad educativa así como de cuantos pudieran estar interesados en acceder al centro (art. 115 LOE).
- Este derecho al ideario de los centros privados (que ha sido reconocido con gran amplitud por el TC) NO ES ILIMITADO: o El art. 27.6 CE lo acota con la exigencia del respeto a los «principios constitucionales»: no sólo a los derechos fundamentales como no ha dejado de advertirlo el mismo Tribunal que ha enumerado también otras limitaciones como las que derivan «del servicio a la verdad, a las exigencias de la ciencia y a las restantes finalidades necesarias de la educación, mencionadas, entre otros lugares, en el art. 27.2 CE y en el art. 13.1 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales».
- El «carácter propio» de los centros privados debe RESPETAR LOS DERECHOS GARANTIZADOS A LOS PROFESORES, PADRES Y ALUMNOS: o o o algunas libertades reguladas en la LODE el derecho de asociación de los padres (art. 5) y de los propios alumnos (art. 7) el derecho de reunión de todos los componentes de la comunidad escolar (art. 8) que no pueden supeditarse a la libertad de creación de centros D) AYUDAS ECONÓMICAS: No hay un deber constitucional de subvencionar a todos los centros privados por el mero hecho de serlo - La jurisprudencia del TC no deja lugar a dudas en este asunto En desarrollo del art. 27.9 CE: el legislador puede: o o - condicionar este tipo de ayudas económicas (máxime si las configura como instrumento para la prestación de un servicio público) establecer prioridades para la adjudicación de las disponibilidades presupuestarias El art. 116 de la LOE reserva al Gobierno la facultad de establecer los aspectos básicos del régimen de los conciertos + corresponde a las CCAA la normativa de desarrollo 7. Las libertades de la enseñanza: (III) Los derechos educativos de los padres LOS DERECHOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES SON 2: A. GENÉRICO: es el de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos + aparece proclamado en el art. 26 DUDH y en el art. 2 del Protocolo Adicional al Convenio Europeo de 1952 B. ESPECÍFICO: es el de escoger para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones + está reconocido en el art. 27.3 CE - - Ambos tienen rango constitucional (son derechos fundamentales) ¿Por? El 1º está implícito en el art. 27.6 CE (en la libertad de creación de centros privados) que carecería de sentido a falta de ese derecho educativo genérico de los padres El derecho a escoger el tipo de educación consiste en la libertad de elegir centros docentes distintos de los creados por los poderes públicos (libertad que está garantizada por el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el plano del Derecho interno, por el art. 4b LODE) - El derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos no puede contraponerse a la escolarización obligatoria prevista en el art. 27.4 CE El TC ha negado legitimación al «homeschooling» o enseñanza en el domicilio como modelo de educación familiar alternativo a la escolarización obligatoria - Según el TEDH: el derecho a escoger el tipo de educación es exclusivamente un derecho de libertad (la de optar por una oferta educativa privada) o o - no puede dar cobertura a la exigencia de subvenciones de los poderes públicos para el centro elegido por los padres no faculta a los padres para exigir que sus hijos reciban la enseñanza en los centros públicos conforme a una determinada orientación general ideológica o religiosa o en la lengua de su preferencia.
El art. 21 del Estatuto de Cataluña de 2006 ha especificado que la enseñanza en las escuelas de titularidad pública ha de ser laica + el TC ha convalidado este precepto entendiendo que significa que la enseñanza pública no puede estar confiada a las confesiones religiosas o Al enjuiciar la Ley 7/83 del Parlamento de Cataluña sobre normalización lingüística: El TC ha dicho también que el derecho a la educación no conlleva «que la actividad prestacional de los poderes públicos en esta materia pueda estar condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua docente. Y por ello los poderes públicos —el Estado y la CCAA— están facultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una CCAA como lenguas de comunicación en la enseñanza, de conformidad con el reparto competencial en materia de educación»  CONSECUENCIA: supone reconocer a los poderes públicos una considerable discrecionalidad en la configuración del régimen lingüístico de la enseñanza ¿Por? aunque no pueden excluir el uso de una de las lenguas cooficiales como lengua docente no tienen que asegurar una igualdad absoluta entre ellas (el catalán puede ser el «centro de gravedad» de ese modelo de bilingüismo educativo)  El TC ha matizado esta doctrina al interpretar que el castellano ha de ser también (además del catalán) lengua vehicular en la enseñanza - La escuela pública sólo es instrumental para un derecho de opción más preciso (art.
27.3 CE): o - Los centros públicos (sin perjuicio de su neutralidad) han de garantizar el derecho de los padres o tutores a decidir la formación religiosa o moral de sus hijos ofreciendo las enseñanzas correspondientes Por lo que se refiere a la RELIGIÓN MAYORITARIA: este derecho educativo de los progenitores está garantizado con absoluta generalidad o El Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales dispone que «los planes educativos en los niveles de educación preescolar, de educación general básica, de bachillerato unificado polivalente y grados de formación profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.
Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos»  Este Acuerdo va más lejos que el art. 27.3 CE ¿Por? Una cosa es que el Estado facilite la enseñanza religiosa en los centros públicos y otra que ésta tenga el carácter de asignatura equiparable con las demás - Los Acuerdos de Cooperación suscritos por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica garantizan el derecho a la enseñanza de dichas confesiones en los centros públicos o concertados o La efectividad de este derecho tiene restricciones que derivan de la organización del servicio público del que no puede esperarse que sea capaz de atender la demanda de enseñanza de cualquier religión en todos los centros habrá de tenerse en cuenta si existe un nº de alumnos suficiente que soliciten las enseñanzas de una confesión - En el caso de la enseñanza católica y en el de las otras confesiones los profesores encargados de estas enseñanzas y los libros de texto han de ser seleccionados por las jerarquías religiosas correspondientes - Ha existido un conflicto a propósito de las actividades alternativas a la clase de religión ¿Por? la pretensión de la jerarquía católica de que: sean actividades lectivas y no meramente de recreo o de estudio vigilado + esas actividades tengan una valor académico equivalente al de la asignatura de religión o Argumentan que de no ser así resultarían comparativamente perjudicados los alumnos que sigan enseñanzas religiosas El Tribunal Supremo:  ha declarado que el derecho educativo de los padres de convicciones religiosas no debe condicionar el contenido ni la condición de evaluable de los estudios alternativos a la enseñanza de la religión que lleven a cabo los demás alumnos (aunque debe existir una alternativa a la asignatura de religión)  avaló un modelo de asignatura evaluable de Sociedad, Cultura y Religión con 2 OPCIONES:  una confesional  otra no confesional: sobre el hecho religioso como un elemento de la civilización C. La autonomía universitaria El apartado 10º del art. 27 CE merece un comentario separado ¿Por? Es un precepto que se refiere solamente a una parte de las enseñanzas: las UNIVERSITARIAS exigiendo para ellas un modelo organizativo específico que se basa en la idea de AUTONOMÍA: - La autonomía de los centros docentes es un principio general del nuevo sistema educativo que la LODE ya acoge en lo que se refiere al aspecto organizativo de los centros (lo demuestran las competencias del Consejo Escolar) + la legislación posterior ha extendido su aplicación garantizando la «autonomía pedagógica de organización y de gestión» de todos los centros educativos (art. 120 LOE) - Lo especial de las universidades no es su autonomía sino el FUNDAMENTO de ésta que deriva de una exigencia constitucional + ha tenido su desarrollo normativo específico en la LRU de 1983, la LOU, tanto en su texto inicial de 2001, como en su reforma de 2007: o La LOU ha reforzado la autonomía universitaria ¿Cómo? ampliando el ámbito de decisión reservado a los estatutos de cada universidad para regular distintos aspectos de su organización interna (ej. para la elección del Rector los estatutos pueden escoger que la misma se lleve a cabo por el Claustro o directamente por los miembros de la comunidad universitaria mediante sufragio universal) o Las leyes citadas no sólo tratan de la autonomía de las universidades porque tienen también OTROS OBJETIVOS: la articulación de las competencias del Estado y de las CCAA en este campo La LOU ha previsto la creación de un órgano de concertación y coordinación entre administraciones: la CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA:  preside el Ministro competente en esta materia y de la que forman parte los responsables de política universitaria de los Gobiernos autonómicos (además de otros 5 miembros designados por ese Ministro) - Las universidades públicas han de crearse por ley (en principio de las CCAA) aunque el Estado puede ser competente en determinados supuestos (por razones de la programación de las enseñanzas o de fomento de la investigación) para crear universidades - Según el margen de discrecionalidad del legislador en relación con la autonomía universitaria hay que tener presente que el TC ha realzado su significación al declarar que representa un derecho fundamental de las universidades o Este planteamiento no ha dejado de suscitar una fuerte controversia ¿Por? El TC se aparta de la opinión más tradicional y en principio menos restrictiva para la intervención del legislador que consistía en concebir la autonomía universitaria como simple garantía institucional.
- El TC ha apoyado su interpretación en el criterio: o CONTEXTUAL (ubicación del precepto en la Sección Primera del Capítulo II) o GRAMATICAL («se reconoce la autonomía de las Universidades…») o HISTÓRICO (con apelación a referencias del proceso constituyente) o TELEOLÓGICO - Esta construcción conduce a una conclusión consistente en reconocer la titularidad de este derecho jurídico a la «comunidad universitaria» (a los miembros de esa institución que en ella ejercen la docencia, la investigación y el estudio) CONSECUENCIA: El TC ha considerado que: o el derecho a la autonomía no es sólo efectivo AD EXTRA frente a los poderes públicos, sino también AD INTRA en el seno de la propia Universidad o inconstitucional que un órgano de la misma (Ej. Consejo Social) en el que la representación de la «comunidad universitaria» es minoritaria tenga poder decisorio en asuntos de organización del profesorado - Por lo que se refiere al contenido de la autonomía universitaria: se trata de un derecho de conformación legal que el art. 27.10 CE reconoce «en los términos que la ley establezca».
Esto no exime al legislador, de la obligación de respetar el «contenido esencial» de este derecho consistiría en el CONJUNTO DE FACULTADES necesarias para asegurar la libertad académicas. Son importantes pero no implican la independencia de cada Universidad o o I.
El legislador ha diseñado un sistema en el que persisten controles y elementos de homogeneidad organizativa y funcional exigibles a todas las Universidades El TC ha respaldado ese criterio (Ej. ha considerado que la autonomía universitaria es compatible: con la fijación de «módulos objetivos de capacidad» de los Centros universitarios por parte del Consejo de Universidades a efectos de cifrar el contingente de estudiantes que pueda ingresar en los mismos (actualmente, el Gobierno puede fijar límites máximos para la admisión de estudiantes, previo acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria) II.
con un sistema de selección de los funcionarios docentes que no confía la decisión íntegramente a la Universidad correspondiente la derogada LRU encomendaba la resolución de los concursos a unas comisiones donde la representación de la Universidad era minoritaria: 2 miembros frente a 3 que designaba por sorteo el Consejo de Universidades conforme a la nueva regulación establecida por la LOU el poder de las Universidades se limita a seleccionar profesores funcionarios de entre los que hayan sido previamente habilitados o acreditados, en virtud de los procedimientos nacionales establecidos a tal efecto - En otras sentencias posteriores el TC ha justificado otras formas de intervención de las Administraciones en la organización de las universidades + ha declarado que la autonomía universitaria no incluye el derecho de las Universidades a contar con determinados centros (facultades o escuelas universitarias) o CONSECUENCIA: Otras sentencias han convalidado los preceptos de determinadas leyes autonómicas que segregaban algunos centros de una Universidad para reasignarlos a otra (aunque a veces ni siquiera se había solicitado la opinión de la Universidad perjudicada por la reasignación) CONCLUSIÓN: La autonomía universitaria admite muchos límites legales pero tiene necesariamente un contenido indisponible para el legislador + garantiza a las Universidades la posibilidad de recurrir en amparo ante los tribunales ordinarios y ante el TC para defender sus prerrogativas ...

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