T1: DEONTOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicologia Jurídica
Profesor M.A.S.V.
Año del apunte 2016
Páginas 12
Fecha de subida 06/11/2017
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Resumen capítulo uno del manual

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PSICOLOGÍA JURÍDICA TEMA 1: DEONTOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA 1. LA DEONTOLOGÍA Y LA PSICOLOGÍA JURÍDICA El 22/05/1987, el Colegio Oficial de Psicólogos de España aprueba el primer código deontológico.
Posteriormente, lo hará el 02/11/1989, el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, regulando independientemente la los psicólogos colegiados en su sede.
Motivos más relevantes para crear un código deontológico: - - - - La defensa del usuario/consumidor y del profesional que presta el servicio. Por ello, entre otros, se establecen los elementos de control sobre el intrusismo profesional o la mala praxis profesional.
La adecuación al marco jurídico regulatorio. Toda práctica profesional debe regirse por los aspectos jurídico-económicos que lo enmarcan (fundamental la fiscalidad, acciones penales, responsabilidad civil, etc.).
La normativa vigente en el seno de la organización. En función de la normativa genérica, puede establecer aspectos especiales que influyen en la práctica profesional (control de documentos, acceso a la información, el traspaso de la misma, etc.).
La asunción de riesgo de efectos no deseados. Debe establecerse un sistema de control sobre los profesionales y, a la vez, ofrecer al usuario la actuación de organizaciones que velan por sus intereses.
La vinculación por preceptos específicos. El psicólogo está vinculado por preceptos derivados de distintas fuentes, como: la dignidad o condición humana, de las ciencias de la salud y de su propio código deontológico.
Dentro de la jurisprudencia que se genera en cuanto a mala praxis profesional en Cataluña, el sector más afectado es el jurídico o forense. Este es debido a las características intrínsecas de esta especialidad. La jurídica suele, sobretodo en su área forense, aportar información a un juez, pero al haber dos partes contenciosas en los procesos judiciales, una de ellas quedará más contenta por la sentencia dictada.
También, hay aspectos de la propia deontología psicológica que se adaptan, para ejercer como psicólogo con libertad (siempre entre dos partes legítimamente contrapuestas). Esta adaptación se basa en la interpretación que se puede hacer de dicho código.
1.1. El código deontológico y la psicología jurídica Los artículos del código deontológico, del Colegio de Psicólogos de España y de Cataluña, que afectan de forma más directa a los psicólogos jurídicos son: Art. 6: La profesión del psicólogo se rige por principios comunes a toda deontología profesional: respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de la responsabilidad, sinceridad con los clientes, competencia profesional y solidez en la fundamentación científica de sus intervenciones profesionales.
Art. 8: Todo psicólogo ha de informar, al menos a los organismos colegiales, de la violación de los derechos humanos, malos ratos o condiciones de reclusión crueles o degradantes de que sea víctima cualquier persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. Aquí, el COPC añade “una vez agotadas todas las posibilidades de intervención psicológica para evitarla.” Art. 12: El psicólogo será cauteloso, prudente y crítico en su intervención profesional ante nociones y términos que fácilmente pueden degenerar en etiquetas discriminatorias y devaluadoras.
Art. 15: Cuando se halle ante intereses personales o institucionales contrapuestos, procurará realizar su actividad en términos de la máxima imparcialidad.
Art. 15 (COPC): El psicólogo defenderá, independientemente del lugar y la posición que ocupe, su independencia respecto al uso de sus conocimientos y la aplicación de las técnicas que le son propias.
Art. 24: El psicólogo ha de rechazar el prestar sus servicios cuando haya certeza de que pueden ser mal utilizados o utilizados en contra de los intereses legítimos de las personas, grupos, instituciones y comunidades.
Art. 25: Al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones y comunidades, el psicólogo informará adecuadamente sobre las características esenciales de la relación establecida, los objetivos que se proponen y el método utilizado. En caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a los padres o tutores.
Art. 32: El psicólogo vigilará no crear ni mantener falsas expectativas, que posteriormente no pueda satisfacer profesionalmente.
Art. 40: La información que el psicólogo recoge en el ejercicio de su profesión está sometida al derecho y el deber del secreto profesional, del cual solo estará exento por autorización expresa del cliente.
Art. 42: Cuando la evaluación o intervención ha sido solicitada por otra persona, diferentes al sujeto evaluado, éste último o sus padres/tutores tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del informe psicológico consiguiente. El sujeto de un informe tiene derecho a conocer el contenido del mismo, siempre que de ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto o para el psicólogo, y aunque la solicitud de su realización haya sido hecha por otras personas.
Otros artículos relevantes en la práctica forense: Art.20: Cuando una determinada evaluación o intervención psicológica tenga estrecha relación con otras disciplinas y competencias profesionales, el psicólogo tratará de asegurar las correspondientes conexiones, bien por el mismo o bien indicando y orientando en este sentido a su cliente. Útil cuando deba abordarse la relación del psicólogo jurídico con las otras disciplinas implicadas en el ámbito judicial (jueces, fiscales, abogados, médicos forenses, etc.).
Art. 22: El psicólogo no desacreditará a colegas u otros profesionales que trabajen a partir de los mismos u otros supuestos teóricos y/o metodológicos. Aplicable en los casos periciales donde se produzca un contrainforme o se deba revisar la actuación veraz de un compañero de disciplina.
Art. 29: No se prestará a situaciones confusas en que su papel y funciones sean equívocos o ambiguos. Este artículo obliga a la clarificación de todos los aspectos a evaluar en un peritaje y del papel que debe asumir el psicólogo.
Art. 43: Las enumeraciones o listas de sujetos evaluados donde consten el diagnóstico y los datos de evaluación que sean requeridas por otras instancias, a efectos de planificación, obtención de recursos u otros, deberán entregarse sin el nombre ni los datos de identificación del sujeto, siempre que no sea necesario.
La intervención de los psicólogos en el ámbito judicial, o más bien, la reflexión ética y deontológica en este campo de aplicación se puede abordar desde cinco grandes marcos de análisis: La integración social: los que aplican la psicología en el marco jurídico, se perciben dentro del sistema, perdiendo su independencia, pasan a estar sometidos a unas leyes y procedimientos más allá de su control.
Por ello, están sometidos a un compromiso solidario con el sistema y con la respuesta judicial.
La responsabilidad social: los conflictos que llegan a la justicia reflejan un fracaso personal o social. Frente al cual, los psicólogos participan activamente en la resolución y toma de decisiones en cuanto a las emociones implicadas en dichos conflictos.
El marco de trabajo: el hecho de trabajar dentro de una estructura como tiene establecida el sistema jurídico hace que tengan que aceptar los límites que conlleva, es decir, la aceptación del proceso judicial, aunque se planteen las consecuencias negativas del mismo.
La relación con el usuario: limitada por los objetivos que se persiguen en las periciales psicológicas, y es el auxilio de la justicia. Por ello, hay que contar siempre con la posible influencia de las consecuencias que se derivarán de la misma en el campo judicial. El sujeto, al formar parte del procedimiento judicial, debemos tener en cuenta que este hecho reinará sobre la relación, impidiendo cualquier vínculo terapéutico o de otra clase. Este hecho no implica que la relación sea negativa para el sujeto, en cuanto a velar por sus derechos, bienestar y ofrecerle la información de manera inteligible desde nuestro campo profesional.
La crítica social: sobre las críticas existentes acerca de la intervención de las ciencias humanas y sociales en el campo jurídico como elementos de obligada reflexión por contener elementos de protección de la persona.
1.2. La transgresión deontológica en psicología jurídica La casuística (razonamiento basado en casos) de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña: - Custodia de la información (historia clínica) cuando la entidad cierra o el profesional se va.
Honorarios abusivos.
Redacción inadecuada de informes.
Secreto profesional: derecho y preservación de la intimidad.
Aceptación de casos incompatibles (conflicto de creencias y coincidencia en la confesionalidad terapeuta-paciente).
Límites del secreto profesional.
EL psicólogo víctima de la patología del paciente.
El paciente víctima de la patología del psicólogo.
El psicólogo utilizado en conflictos de intereses.
Psicoterapia de menores en custodia compartida.
Peritajes de parte.
Duplicidades: perito-terapeuta.
Diagnóstico de menores sin permiso paterno.
Competencia desleal.
Intrusismo protegido.
Atención psicológica por teléfono.
Recetas de medicamentos.
Publicidad engañosa.
2. EL ROL JURÍDICO DEL PSICÓLOGO Roles jurídicos: A nivel forense, un psicólogo jurídico puede actuar desde roles diferentes dentro del proceso.
- Testigo. El psicólogo describe los hechos observados y aporta información relativa al proceso profesional seguido. Su actuación basada en la proposición de pruebas por alguna de las partes. Facilitará información sobre situaciones vividas o analizadas como profesionales de una determinada disciplina.
- Perito. Psicólogo que emite un dictamen de acuerdo a un examen de los extremos sometidos a su consideración, exteriorizados en forma de conclusiones o respuestas a los puntos de discusión acerca de los cuales fue consultado. Mayoritariamente, nombrado por el juez, aunque sea solicitado por una de las partes, y no actúa en el juicio a no ser que se considere oportuno por las partes (y el juez) para aclarar algún asunto.
- Asesor. Psicólogo que asesora a una de las partes o al juez/tribunal. Cuando colabora con el órgano decisional tiene como objetivo esencial facilitar información relevante sobre las pruebas aportadas y, en según término, ayudar en el proceso decisional del veredicto. Cuando colabora con las partes, su función esencial es facilitar el análisis de las pruebas aportadas en el proceso, búsqueda de otras nuevas, mejorar su presentación, etc.
Informes judiciales: Un psicólogo jurídico puede aportar 2 tipos de informes ante un tribunal: - Pericial: Elaborado después del nombramiento. Objetivo, responder a las preguntas solicitadas judicialmente.
- Documental: Elaborado como consecuencia de un contacto o conocimiento de un sujeto relacionado con su actividad profesional. Objetivo, describir aquellos elementos sobre los cuales considera el tribunal o el juez que puede tener información relevante. (Sobre todo en procesos de victimización criminal y penitenciario).
Conflictos de rol: Dos son los conflictos de rol de mayor frecuencia: - La peritación de un cliente anterior (pérdida de imparcialidad). En estos casos, se deberá recusar el peritaje, alegando una relación previa con el evaluado, al no poderse mantener la imparcialidad. Se deberá informar al juez sobre este hecho, y ser conocedor de que nuestros informes privados podrán ser solicitados como prueba documental en el tribunal, por el tribunal, las partes o el propio cliente.
- La obediencia al tribunal (pérdida de confidencialidad). Se deberá informar al evaluado de que toda la información que aporte en su análisis (relacionada con el motivo del peritaje) deberá ser revelada al juez, eximiendo así una posible vulneración del código deontológico (mala praxis) en relación a este punto.
El terapeuta como testigo judicial: cada vez más juzgados penales, especialmente civiles, solicitan información a profesionales externos de la administración de justicia. Dicha demanda suele dirigirse a cuatro grandes grupos de profesionales de la psicología: - Psicólogos de instituciones penitenciarias.
Psicólogos de menores.
Psicólogos de servicios para la drogadicción.
- Psicólogos de víctimas.
En juzgados civiles, se dirige a servicios sociales de base o especializados, y hacen referencia de forma directa o indirecta a la unidad familiar y su sistema de relación. Después, abarca aspectos como la salud mental o los procesos degenerativos mentales.
La participación del psicólogo no jurídico en los procesos penales, civiles, etc… aparece en la legislación española y se basa en la obligatoriedad de informar al tribunal acerca de los procesos psicosociales implicados en la evaluación y tratamiento de las personas. Sin embargo, la práctica profesional y legal presenta graves Dilemas Éticos, entre ellos: 1) Rol jurídico. Su rol en la sala de justicia puede variar según sea nombrado perito (el rol judicial emana de su experiencia profesional sobre casos similares al juzgado) o testigo (mero transmisor de información sobre una persona hacia el tribunal).
2) Fuente de la disciplina profesional. La Psicología y el Derecho parten de la filosofía. Dicho alejamiento afecta a la visión de la realidad social sobre la cual ambas intervienen. La escisión actual conlleva un conflicto en: - Explicación- descripción.
Positivismo- contrastación razonada.
Resultados experimentales- individualidad de resultados.
Objetivismo- subjetivismo.
Énfasis en el medio- énfasis en la persona.
3) Objetivo de la evaluación. Originariamente, se dirige al tratamiento psicosocial de la persona. Aunque, el tribunal exige del psicólogo la modificación del mismo y dirigirla a principios jurídicos (imputación del acusado, credibilidad del testimonio, etc.). Tal dilema se refleja en los informes escritos.
4) Límites de la competencia profesional. Los límites de su participación son poco claros. Así, ésta puede abarcar desde los resultados derivados de la evaluación o tratamiento realizado, a todo tipo de conocimientos relacionados con su profesión.
5) Lenguaje profesional. El psicólogo está obligado a comprender las normas y principios de funcionamiento donde actúa profesionalmente. Fácil para los psicólogos de la administración de justicia, pero para el profesional externo dichos conceptos resultan extraños y difíciles de trasladar al lenguajes psicológico (ocurre lo mismo con profesionales del derecho, por eso la interacción entre ambos son problemáticas).
6) Control de la información. Diversos artículos del código español y catalán hacen referencia a la necesidad de garantizar un uso positivo de la información profesional disponible. El “secreto profesional” recogido en el código deontológico no aparece en el código penal español para los psicólogos. Por tanto, según la legislación, estaría obligado a informar de cualquier delito sobre el cual tuviera conocimiento.
7) Independencia profesional. Garantizada por el código deontológico no se produce de facto en la sala de justicia. Aunque, su testificación será condicionada o sesgada, por las preguntas realizadas por los profesionales del derecho presentes.
8) Garante de los derechos. Dilema entre garantizar los derechos del individuo (código deontológico) frente a los de la sociedad (código penal).
3. OBLIGACIONES ÉTICAS Y DERECHOS DEL PERITO Diversos principios éticos rigen la conducta del psicólogo forense. Algunos contemplados por el código deontológico, otros se basan en principios éticos humanos y morales de la persona. Los más relevantes son: 1) De respeto a la persona. No atentar contra la libertad de la persona, integridad física o psicológica, torturar o maltratar. El psicólogo no puede usar sus conocimientos para causar daño físico o psicológico a una persona.
2) Acatamiento democrático. Mantenerse en el ámbito de la legalidad. Debe cumplir con la normativa legal vigente en cada momento.
3) Responsabilidad. El psicólogo no puede realizar opiniones propias basadas en experiencias personales o conocimientos sin suficiente base científica que la avale.
4) Independencia. Referida a la organización autónoma del ejercicio libre de la profesión, o como capacidad de decidir el contenido teórico empleado en base a los propios conocimientos de su ciencia. Implica no estar vinculado por organizaciones superiores o externas, manteniendo su libertad de opinión y actuación.
5) Imparcialidad. No puede actuar cuando considera que por el caso planteado no posee la suficiente imparcialidad moral, ética o personal, para realizarlo.
6) Lealtad profesional. Relacionado con el trato entre profesionales (de la misma u otra disciplina). El psicólogo se debe al cliente, y especialmente debe proteger los intereses de los menores afectados por procesos legales.
7) Honestidad y sinceridad. Respetar a la persona y mostrarle comprensión al margen de las acciones realizadas y del posible juicio moral que de ellas podamos hacer.
8) Consentimiento informado. Obligado cuando se proceda a grabar un audio o vídeo de la relación sostenida con el cliente. Además, aclarar al informado del motivo del peritaje. Las acciones a llevar a cabo y de la obligatoriedad de revelar la información al juez, con el objetivo que el cliente del consentimiento antes y durante la intervención.
9) Confidencialidad. Fruto del secreto profesional, el psicólogo debe respetar la información recibida del cliente a la hora de transmitirla al abogado u otra parte de un proceso judicial (excepto si existe una obligación legal o bien es permitido por el cliente).
10) De competencia profesional. Suficiente preparación profesional para afrontar un caso, que los informes sean claros y rigurosos. En caso de no disponer del suficiente conocimiento, deberá informar al cliente y facilitarle información acerca de cómo resolver la problemática planteada.
11) Interdisciplinariedad. Actuar en cooperación con otras disciplinas (medicina, criminología, antropología, etc.). Dicha colaboración debe especificarse posteriormente estableciendo qué técnicas y conclusiones proceden de las distintas ciencias colaboradoras.
12) Progresión científica. Contribuir a dicho progreso con la investigación y el traspaso de conocimientos.
Implica compaginar los aspectos aplicados con la investigación en el ámbito jurídico.
Por otro lado, respecto a los errores periciales (mala praxis), se han considerado 10 conductas antiprofesionales en la praxis del perito (sobre todo en el ámbito familiar), son: - Establecer conclusiones sobre aspectos personales y psicológicos de una persona no entrevistada y basándose exclusivamente en la información de otra.
Ser parcial.
Revelar datos de una persona sin que ésta haya dado su autorización.
Recabar datos irrelevantes para el objetivo del informe y que atentan contra la intimidad de las personas (no centrarse en el objetivo del peritaje).
Evaluar a menores de edad sin el consentimiento de alguno de sus progenitores.
Usar etiquetas diagnósticas de forma indiscriminada, atentando contra la dignidad de los sujetos.
Utilizar términos poco científicos y/o devaluadores para referirse a algún/os sujeto/s del informe.
No utilizar pruebas diagnósticas contrastadas en el ámbito científico.
Elaborar informes carentes de un rigor científico mínimo indispensable.
Extraer conclusiones a partir de juicios de valor personales, comentarios de terceras personas, hechos aislados, etc., sin que existan argumentos científicos que lo avalen, y en consecuencia, sin que se puedan probar.
El COP de España establece como principio: “Para prevenir el error de método lo más prudente es contrastar las conclusiones a las que se va llegando con otros medios para poder valorar su resistencia y seguridad…” Finalmente, destacar los Principios de la Bioética: - De la no maleficiencia. Se fundamenta en la obligación del psicólogo de no lastimar al cliente.
De justicia. La actuación desarrollada por el psicólogo de debe afectar negativamente a terceras personas.
De la beneficencia. El psicólogo fundamentara su actuación en el principio de ayuda.
- De autonomía del paciente. El profesional deberá respetar las decisiones tomadas por el cliente.
4. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PERITACION PSICOLOGICA JURIDICO-FORENSE Dependiendo del caso, el perito recogerá un mayor o menor volumen de información final, además de ser diferente entre casos (pruebas psicosociales, observación conductual, etc.).
No obstante, el volumen de información se condensa en un único informe que responda al motivo del peritaje. La estructura de dicho informa también debe seguir un patrón coherente y que asegurará la plasmación de los datos necesarios. La estructura básica es la siguiente: - Introducción: id. del perito, señalamiento del motivo del peritaje de forma literal, etc.
Metodología: fechas, cómputo de horas de evaluación, pruebas practicadas, etc.
Resultados: análisis de los resultados obtenidos en las distintas pruebas practicadas.
Conclusiones: respuesta a cada una de las preguntas del motivo del peritaje.
Recomendaciones: elementos de especial relevancia ofrecidos al tribunal o juez para que sean tenidos en cuenta a la hora de dictar sentencia.
- Cierre: citación de organismo solicitante, identificación del autor, etc.
Respecto a los resultados numéricos o estadísticos de las pruebas administradas, a no ser que sea expresado en la demanda, no es obligación ética que aparezcan los resultados numéricos. De igual forma, las respuestas literales del evaluado no deben citarse obligatoriamente, excepto cuando el evaluador lo considere necesario.
Por otro lado, la información ha de adecuarse al motivo de la demanda, sin añadir datos pobres o información irrelevante. Así, la posibilidad de omitir datos perjudiciales del evaluado en el peritaje podrá producirse siempre que no afecten a los principios descritos anteriormente y no sean relevantes para la valoración y objetivos del peritaje.
5. LA RELACIÓN CON EL CLIENTE Y CON OTROS PROFESIONALES La relación que se establece entre el perito y el cliente debe ser meramente profesional. En el ámbito del peritaje privado (o de parte), cualquier motivo para recusar un peritaje es válido. En el ámbito oficial, cuando el perito es seleccionado por el juzgado, el rechazar el peritaje estará regulado por el código deontológico y por “las causas incluidas en los artículos que regulan la actuación de los peritos ante los tribunales”.
(Pudiendo multarlo con cantidades superiores a los 4000 euros si no alega una causa justificable).
Sólo cuando el perito es nombrado por el juez puede rechazarlo si existen circunstancias que incapaciten a la persona a realizar actuaciones periciales (parentesco, interés en la causa, amistad íntima o enemistad manifiesta).
La práctica de la pericia se basa en la relación entre el perito y el evaluado, y el mantenimiento de estrechas relaciones con otras profesiones (o colegas de la misma disciplina). En muchas ocasiones, habrá informes anteriores de otros colegas susceptibles a analizar (aunque según el Art. 18 diga lo contrario). Aun así, la pericia psicológica también puede incluir este aspecto, conocido como Contrainforme, sin prejuicio del profesional creador de dicho informe, hay que ser imparcial objetivo en el análisis documental.
Otra relación crucial, para la correcta relación de un peritaje, es la del perito con el abogado. Se considera una falta ética grave aceptar las directrices del abogado si van en contra de la convicción del perito.
6. DILEMAS BÁSICOS EN LA PRÁCTICA TESTIFICAL La testificación del psicólogo en la sala aparece enmarcada por 8 grandes dilemas: 1. El rol jurídico: perito vs. Testigo: según el rol desempeñado dentro de la sala el poder varía, al igual que sus posibilidades y formas de ser interrogado y de responder. Los abogados suelen utilizar este doble rol para confundirlo y atacar su credibilidad.
2. Fuente de la disciplina: ciencia vs. Filosofía: la psicología (ciencia del comportamiento humano, implica un estatus de ciencia de la naturaleza, basado en el positivismo) y el derecho partieron de la filosofía.
3. Objetivo de la evaluación: personal vs. Tribunal: la evaluación siempre se dirige hacia una persona, pero quién formula la petición varía (el abogado o el tribunal). La posible colaboración del sujeto está mediatizada por las expectativas de la peritación desarrollada.
4. Límite de la competencia: profesional vs. Caso específico: la competencia del psicólogo no queda clara dentro del tribunal (tiende a convertirse en una evaluación genérica de sus capacidades como profesional psicólogo).
5. Lenguaje: jurídico vs. Psicológico: el psicólogo desconoce el límite exacto entre la utilización del lenguaje jurídico o psicológico (ideal: emplear lenguaje propio, transformándolo al lenguaje jurídico para hacerse comprender).
6. Control de la información: profesional vs. Sala de justicia: dilema sobre que parte de la información recogida puede utilizar el profesional, y traspasarla a la Sala, y cuál debe ser reservada.
7. Independencia profesional: código deontológico vs. Código penal: muy influido por su dependencia organizativa, la fuente de la demanda, etc. Obligatorio un claro y preciso conocimiento de ambos y la necesidad de lograr su equiparación legal.
8. Derechos garantizados: individuales vs. Sociales: El psicólogo puede guiarse en la sala por garantizar unos derechos de la persona/agresor, y a la vez éstos hallarse en contraposición con aquellos de la sociedad sobre la cual ha cometido el delito.
7. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA Soria (1998, 2005), divide la psicología jurídica en doce grandes áreas de aplicación: forense, judicial, penitenciaria, criminal y de la prevención, victimización, policial, de investigación criminal, militar, juvenil, resolución alternativa de conflictos, ejercicio de la abogacía y de la norma jurídica.
a) La psicología forense. Rama de la psicología jurídica que desarrolla sus conocimientos y aplicaciones con vistas a concluir sus hallazgos en una sala de justicia con la finalidad de auxiliar al órgano juzgador en su toma de decisión. Se introdujo en los órdenes penal (estudio del estado mental del acusado, las secuencias psicológicas de la victimización y estudio de credibilidad de testimonios) y civil (guardia y custodia de menores, incapacidades y prodigalidad). En el orden militar (estudio de secuelas psicológicas y simulación).
En el orden eclesiástico (incapacidad de cónyuges para casarse y capacidad de cumplir con las obligaciones del matrimonio). En el orden administrativo (estudios sobre idoneidad para la adopción y la mala praxis profesional).
b) La psicología judicial. Rama de la psicología jurídica que estudia los factores extrajurídicos que influyen en las decisiones de los órganos judiciales, sean unipersonales o colegiados, profesionales o legos (jurados).
Diferenciamos 3 ámbitos: ámbito académico- universitario (dirigido a conocer los factores que influyen en las decisiones judiciales, ya sean psicológicos, sociales o culturales); ámbito más aplicado (desarrollando aspectos de asesoramiento a profesionales del derecho en la presentación de pruebas, selección de jurados, etc.); ámbito de apoyo de profesionales psicólogos en la toma decisional judicial (y en los procesos psicológicos posteriores, pudiendo conllevar “estrés profesional”).
c) La psicología penitenciaria. Rama de la psicología jurídica que analiza y aplica aquellos procesos de evaluación y tratamientos de personas que se hallan bajo custodia penitenciaria, condenado o en espera de juicio, y aquellos procesos posteriores de tipo comunitario, destinado a la reinserción social. Su función establecida en la normativa penitenciaria (programas de reinserción y sistema de clasificación de presos).
Aunque, la misma regulación deja la puerta abierta para programas específicos a desarrollar en el seno del centro penitenciario por personal externo.
d) La psicología criminal de la prevención del delito. Rama más antigua en la psicología jurídica entendida como el conocimiento de aquellos procesos psicosociales que influyen en la génesis, desarrollo y mantenimiento de la conducta criminal, así como aquellas técnicas dirigidas a su control previo o detección.
Se han llevado a cabo estudios sobre: 1) la personalidad criminal y su motivación psicología; 2) estudios psicosociales sobre la criminalidad; 3) programas de prevención del delito.
e) La psicología de la victimización criminal. Rama dedicada al estudio de los efectos provocados por un hecho criminal en la víctima, el tratamiento posterior susceptible de ser aplicado y aquellos dirigidos a su prevención. Se asumen 3 áreas de conocimiento: la agresión sexual, el abuso infantil y la violencia doméstica.
f) La psicología policial. Rama de la psicología jurídica dirigida a la aplicación de la psicología clínica, social y criminal a los procesos organizativos (selección de personal, comunicación sociocomunitaria, etc.), de formación (asistencial, manejo del estrés), administrativos y de apoyo interno (apoyo psicológico profesional y familiar, factores laborales de riesgo) y de investigación policial (análisis de la conducta criminal, negociación, etc.).
g) La psicología militar. Muy ligada a los procesos de selección y ascenso profesional, así como el apoyo psicológico de crisis en situaciones de guerra. Aunque, con escaso desarrollo en otras áreas.
h) La resolución alternativa de conflictos. Rama de la psicología jurídica dirigida a conocer, desarrollar y aplicar las metodologías y técnicas psicológicas dirigidas a facilitar los procesos de negociación y mediación como medios para resolver los conflictos sociales sin adentrarse en la vía de litigio judicial.
i) Psicología del asesoramiento jurídico. Rama de la psicología jurídica que se dirige al apoyo a la abogacía en su práctica procesal (selección de jurados, análisis documental, interrogatorios, etc.) así como al órgano decidor (estrés profesional, refuerzo informativo, etc.).
j) Psicología de la norma jurídica. Rama dedicada a potenciar una mejor interpretación de la conducta humana a la hora de establecer la norma jurídica, así como los procesos sociales susceptibles de ser utilizados.
8. FORMACIÓN, ASOCIACIONES E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA JURÍDICA FORMACIÓN: es aún escasa en psicología jurídica, se debe a diversos factores: - - - - La reciente implantación profesional (hasta los 80 no se estructura como ámbito profesional propio).
Grado de conocimientos y aplicaciones profesionales desiguales. Máximo desarrollo en: ámbito penal (primero) y ámbito civil aplicado.
Dificultades para transpolar conocimientos de la psicología social o básica experimental a la aplicada.
Las dificultades de validez ecológica (baja utilidad aplicada excepto en la descripción de los procesos psicológicos básicos: percepción, memoria). También, se defiende la obligatoriedad de desarrollar estudios empíricos dentro de la realidad concreta (ya que impiden que los principios básicos encontrados en laboratorio no se lleven a cabo adecuadamente en el lugar de utilización).
La ausencia de un marco formativo estructurado. Su implementación es parcial y aleatoria en las universidades españolas y con diferencias importantes en sus temáticas de estudio en función de los distintos ámbitos de procedencia de sus docentes (clínica o social).
Ausencia de un corpus teórico unitario. El desarrollo profesional o aplicado no ha facilitado una concepción unitaria del campo. También, dicha incertidumbre se halla en las técnicas.
Confusión clínico-patológica. Se ha observado la psicología jurídica como un aspecto más de la psicología clínica. Sin embargo, posee unas especificidades (técnicas, objetivos, vinculación con otros profesionales, etc.), que las hacen distintas.
Dificultades para delimitar las áreas de aplicación respecto de otras ramas de la psicología y en conjunto de las ciencias humanas. Debe situarse dentro de la psicología social, pero a la vez relacionada con la psicología (básica, experimental, etc.), la sociología, la historia y otras.
A pesar de las dificultades, el crecimiento en oferta y demanda de formación es evidente. Encontramos: a) Formación en carrera universitaria. A partir de la reforma educativa, suele aparecer como optativa de segundo ciclo.
b) Postgrados y máster. Formación de tercer ciclo. Pueden dividirse en: 1) públicos (Madrid y Castilla- La Mancha); 2) de organismos públicos (Barcelona); 3) privados. Suelen ser dos años de formación continuada de más de 200 horas lectivas, enfocada a la práctica profesional.
c) Formación continuada. A través de los colegios profesionales de psicólogos, mediante cursos específicos (temas: peritajes, mediación, victimas, etc.). Escasa duración (20-40 horas), con enfoque teórico- práctico en la mayoría.
ORGANIZACIONES: la organización en psicología jurídica muy escasa en España. Tradicionalmente, dicha articulación se produce en torno a los colegios profesionales. Encontramos dos fases: la primera (de tipo más interno); la segunda (más externa).
a) Comisiones y secciones profesionales. Dentro de los colegios surgen grupos de discusión que se articularon en el seno de la organización colegial convirtiéndose en comisiones y posteriormente secciones profesionales. Función triple: 1) facilitar un canal de intercambio, formación y discusión entre los profesionales del campo; 2) promover la psicología jurídica dentro de la profesión; 3) potenciar las relaciones con profesionales próximos al campo.
b) Asociaciones internacionales. Mediante la incorporación a asociaciones internacionales ya existentes o de nueva creación se intenta facilitar el intercambio de conocimientos profesionales. Hoy en día, han sido las dos grandes líneas potenciales: Europa y América Latina. Los congresos, publicaciones, etc. son clave en el desarrollo socio-institucional de la profesión.
INVESTIGACIÓN: provine de dos grandes ámbitos: la psicología social experimental y la empírica- aplicada.
Las publicaciones sobre investigaciones jurídicas es amplia, pero engañosa (ciertas partes ya han sido publicadas en otros libros, no es tanto como parece). Actualmente, las principales líneas de investigación abiertas en España, son: 1. Estudios sobre la representación social. Se analizan diferentes ámbitos jurídicos (justicia, policial). Área reservada a los sociólogos. Emplean una metodología descriptiva de la realidad sin adentrarse en un estudio de sus causas. Objetivo: facilitar información sobre la percepción social (sociedad, determinado colectivo profesional), o sobre una organización o situación social (victimización, delitos).
2. Toma de decisiones judiciales. Las teorías básicas utilizadas son de raíz sociocognitivas. Objetivo: comprender como se elaboran y el proceso seguido por los jueces para alcanzar una sentencia. Afecta al entorno social (victima, delincuente, familia, etc.).
3. Testimonio. Los trabajos empíricos con testimonios reales son escasos por dificultades legales y metodológicas. En cambio, su necesidad practicas es evidente (análisis credibilidad del testimonio, técnicas policiales). Presenta dificultades la transpolación de resultados, de lo experimental a lo aplicado.
4. Actitudes profesionales. Incluye trabajos en policía, en servicios de apoyo, en prisión, etc. El objetivo es conocer las actitudes (como precursoras de la conducta) de los diferentes profesionales sobre un tema concreto (presos, drogadictos, victima, etc.).
5. Jurado. Los estudios tradicionales versan sobre dos cuestiones interrelacionadas: 1) proceso de selección del jurado (menos abundante); 2) análisis de la toma de decisiones del jurado (más relevante). Partiendo de los procesos sociocognitivistas (influencia social, poder…) y del funcionamiento de los grupos humanos, intenta analizar los mecanismos que interaccionan en la toma de decisiones con el fin de establecer un perfil lo más operativo posible.
6. Instituciones penitenciarias. Actualmente, se han estudiado la mayoría de los procesos psicosociales implicados en el tratamiento penitenciario español. Esto es debido a la prioridad a la investigación, clave para el conocimiento de la interacción social intra y extra carcelaria y en la génesis posterior de planes interventivos (conductuales, ambientales, sociocognitivos).
7. Delincuencia juvenil. Estudios descriptivos sobre la problemática social y los procesos reeducativos necesarios. Dos líneas de investigación: 1) estudios sobre la esfera social del joven delincuente, buscar factores que faciliten la delincuencia juvenil; 2) investigaciones en instituciones penitenciarias, estudian los planes educativos existentes en los centros cerrados, semiabiertos o en medio abierto para delincuentes juveniles.
8. Victimización. Normalmente, campo reservado a la sociología (mediante encuestas de victimización) y la criminología (mediante estudios de criminalidad). La psicología social se interesa por dos áreas: 1) estudios sobre grupos de víctimas (malos tratos, violación; 2) estudios sobre efectos derivados de la victimización (psicológicos, legales, segunda victimización).
9. Perfiles delincuenciales. Estudiado por la psicología de la personalidad, busca las características comunes (ligadas o no a la psicopatología) de los grupos de delincuentes. Actualmente, estructurada dentro de la psicología social, al entender la conducta criminal como el resultado de la interacción entre la personalidad y el ambiente.
10. Otras líneas. Otros campos de investigación en psicología jurídica: la mediación familiar, la conciliación civil, las sectas coercitivas.
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