La actividad expropiatoria (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Contratación y Actividad de la Administración
Año del apunte 0
Páginas 25
Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 6. LA ACTIVIDAD EXPROPIATORIA La propiedad, igual que otros derechos subjetivos, aunque en esencia se encuentre regulada en la legislación civil, es objeto de la legislación administrativa, que busca la tutela de los intereses generales en el disfrute del derecho de propiedad, tal y como se deduce de la letra del artículo 33 de la CE.
En este sentido, se dan toda una serie de intervenciones de las AP para conseguir conciliar los intereses generales con el derecho de propiedad, con el ejercicio de este derecho.
Existen instituciones que van a influir a la hora de perfilar la propiedad, el régimen administrativo de la propiedad.
La CE, en relación al derecho de propiedad, los preceptos aplicables son: - El artículo 33 CE: “se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. Contempla un derecho de propiedad en que la función social condiciona el cómo se podrá disfrutar de este derecho.
- El artículo 128 CE: “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.” - El artículo 132 CE: “la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.” Existe un respeto del contenido esencial, y se debe determinar en qué consiste este contenido. El TC ha ido perfilando a la hora que ha ido resolviendo diferentes sentencias, y ha considerado que el contenido esencial lo integran la facultad de goce y de disposición que se ejercen sobre el bien objeto de propiedad. Estas facultades serán distintas en función del tipo de bien sobre el cual se ejerce la propiedad.
La función social, es decir, del disfrutar del derecho de propiedad teniendo en cuenta la colectividad, delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Es decir, por ejemplo, la ley del suelo correspondiente, la ley de costas, la ley de aguas, cuando se refiere a como delimitar la propiedad de esos bienes, debe delimitar el contenido de tal manera que respete la función social.
Percibe el derecho de propiedad sobre cada uno de estos bienes teniendo en cuenta que el propietario debe disfrutar de su bien teniendo en cuenta a la colectividad. El particular propietario no tendrá derecho a que le indemnicen por ello, pues la función social lo establece en estos términos.
La previsión de la función social se reconoce también, de forma indirecta, con la previsión del artículo 128.1 de la CE, que establece la subordinación al interés general.
Todo ello guarda relación con previsiones de otros preceptos que están conformando la Constitución Económica (art. 45 [obligación de velar por recursos naturales por poderes públicos] 46 [procurar enriquecimiento patrimonio histórico por poderes públicos], 47 [disfrute de una vivienda digna y adecuada] CE).
STC 1987, se refiere extensamente a qué se refiere al función social como extensión de la vertiente institucional derecho de propiedad. De incorporan exigencias sociales al contenido del derecho de propiedad. Por lo tanto, esto se producirá en las facultades del propietario, que serán diferentes de la mera expropiación. Hay limitaciones públicas al derecho de propiedad.
Todo esto son intervenciones limitativas, que afectarán a la propiedad urbanística, agraria, de los montes, entre otras.
Además, el artículo 33 CE, prevé que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
DEBE MEDIAR LA CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL, PUES ESTÁN PRIVANDO UN BIEN DE UTILIDAD PRIVADA El artículo 132 de la CE se refiere a los bienes de dominio público. Efectivamente, consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad (las tres I).
El legislador, en función de cada tipo de bien, va a llenar de contenido al derecho de propiedad. Es decir, se podrán hacer unas cosas en algunos casos y no en otros casos. Va a establecer delimitaciones del derecho, estableciendo limitaciones al derecho, servidumbres, y por lo tanto, va a estar conformando ese derecho. En todo caso, va a tener que respetar el contenido esencial del derecho. Es decir, si afecta al contenido esencial y desaparecen las facultades esenciales de ese derecho, entonces tendrá que indemnizar. Esas funciones o elementos esenciales serían la facultad de goce y disfrute y la facultad de disponer de este derecho.
El legislador, a la hora de establecer cuando estamos ante limitación o servidumbre, no es demasiado cuidadoso, y utiliza indistintamente un término u otro. De ahí que al final, la doctrina entiende, al hilo de las diferentes STC (149/91…), se trata de analizar el contenido y ver si efectivamente tiene esa conformación del derecho carácter expropiatorio o no. Si lo tiene, deberán ser indemnizadas, en caso contrario, no. Ejemplo: aparecen, por ejemplo, los planes urbanísticos (normas reglamentarias que ordenan el suelo concreto y, por lo tanto, establecen qué puede el propietario hacer), que desarrollan previsiones que se establecen en leyes del suelo.
La CE establece, también, la calificación de una serie de bienes como de dominio público. El art. 132 CE establece que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y los tres principios. El legislador, además, establece que son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, una serie de bienes (bienes de dominio público marítimo terrestre). Se extrae a estos bienes del tráfico jurídico privado, y los está sometiendo a una serie de reglas, es decir, no se pueden enajenar, prescribir o embargar. Por lo tanto, de alguna manera, está haciendo que determinados bienes, ya sea por determinación constitucional, como son estos (playas, plataforma continental, mar territorial, entre otros), o bien porque la ley lo establece (por ejemplo, Ley de aguas, de costas, de puertos, entre otras). Toda esta serie de preceptos están conformando una regulación concreta.
LA EXPROPIACIÓN FORZOSA  POTESTAD ADMINISTRATIVA En relación al SUJETO con posibilidad de poder expropiar, la Ley se refiere a diferentes sujetos que ostentan esa potestad. La Ley de expropiación forzosa (ley preconstitucional de 1954, en vigor junto con su Reglamento de 1957), en su art. 2 señala a los siguientes entes expropiantes: - Estado - Provincia - Municipio Deben incluirse a estos, las CCAA. Es decir, son todo Administraciones territoriales las que ostentan dicha potestad. La van a ejercer en el ámbito de su respectivo territorio. Por lo tanto, no ostentan la potestad expropiatoria ni particulares ni entes públicos no territoriales. Ni Administración institucional ni corporativa ostenta la potestad de expropiar, a lo sumo, serán beneficiarios de la expropiación.
Las A territoriales representan los fines generales y abstractos de la AP, y en esta medida, solo ellos podrán ser titulares de poderes públicos superiores, entre los cuales aparece la potestad de expropiar.
Las A institucionales son entes que responden a la descentralización funcional, es decir, que determinadas funciones de las AP territoriales se encomiendan a éstas para que las desarrolle. Un ente corporativo (por ejemplo, un Colegio Profesional), en realidad es creado para regular toda una serie de cuestiones relacionadas con sus asociados, y velar por sus derechos e intereses.
El art. 3 del Reglamento señala qué órganos, dentro de cada una de las AP territoriales, van actuar en el caso de ejercer la potestad: - Si quien expropia es el Estado  delegados y subdelegados del Gobierno que contempla la LOFAGE (la ley habla de gobernadores civiles, que ya no existen). Esta regla, a través de Decreto, se va a poder exceptuar. Ejemplo: cuando se trata de expropiar obras públicas, cabe la posibilidad de que este sujeto sea sustituido por ingenieros jefes de servicios.
- Si expropia CCAA  delegados y subdelegados del gobierno autonómico - Si expropia entre local  alcaldes y presidentes de la Diputación Junto al expropiante aparece el beneficiario, quien representa al interés público y social para cuya realización está interesado a instar de la AP expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y adquiere el bien o derecho expropiado. Por lo tanto, este sujeto va a tener que indemnizar. En ocasiones, expropiante y beneficiario coinciden, y con bastante frecuencia.
El art. 2 de la LEF distingue, a los efectos de determinar quién es beneficiario, entre si la expropiación es por causa de utilidad pública (siempre son beneficiarios entidades públicas o concesionarios privados) o de interés social (además de estos, podrá ser cualquier persona natural o jurídica, por lo tanto, simples particulares, sin que tengan que tener la condición de concesionarios). En todo caso, la condición de beneficiario viene determinada por la Ley.
Junto con éste, está la figura del expropiado, que es el titular de derechos, de intereses objeto de expropiación. Este sujeto va a tener un derecho básico a participar como interesado directo en el procedimiento expropiatorio, pues es quien recibe un ataque frontal a su derecho de propiedad.
Además, va a tener derecho a percibir la indemnización expropiatoria (pago dinerario o en especie), es decir, derecho a verse compensado por haberse visto privado del bien o derecho. La condición de expropiado es la condición ob rem, es decir, que sigue a la cosa. Es una condición que está en función de la cosa.
¿Qué titulares, de qué situaciones jurídicas, en relación con el objeto expropiado, tienen derecho a tener tal condición? Esta condición se reconoce a quien sea propietario de una cosa, titular de derecho objeto de expropiación. Además, los titulares de otros derechos sobre ese objeto expropiado, también podrán tener la consideración de ser calificados como expropiados. Estos últimos serán cuando la titularidad de derechos o intereses económicos aparezcan recogida en un Registro público o en un Registro fiscal. En estas circunstancias, la AP estará obligada a citarlos en el expediente expropiatorio.
La ley califica como estos titulares secundarios, los arrendatarios rústicos o urbanos, por ejemplo.
Si se da esta circunstancia, es decir, que hay pluralidad de expropiados respecto de un mismo bien, pero que efectivamente, sobre ese bien, hay titularidades distintas, la totalidad de las titularidades debe ser expropiada, porque existe un principio en virtud del cual la cosa que se expropia debe adquirirse libre de cargas, por lo tanto, va a tener que expropiarse todo. Cuando existe una pluralidad de titularidades expropiadas, hay que ver cuál es su posición en la expropiación. La solución la da el Reglamento, que dice: “Los arrendatarios, rústicos o urbanos, solo ellos tendrán derecho a una indemnización independiente. En cambio, el resto de titulares, por ejemplo, el que sea titular de un usufructo, o el que tenga una servidumbre de paso, no tendrán derecho a una indemnización independiente. Por lo tanto, van a tener que hacer valer sus derechos sobre el justi precio de la expropiación principal”.
Es decir, si va a existir desacuerdo entre las indemnizaciones, la cantidad que se determine se consignará en la Caja General de Depósitos.
En cuanto a los aspectos formales de la condición de expropiado, para que la AP determine quién tiene la condición, normalmente, y así se lo índica la LEF, irá y atenderá a las titularidades que están inscritas en los Registros públicos, pues le darán una cierta exactitud. En su defecto, quien ostente pública y notoriamente la correspondiente titularidad sobre ese bien (ejemplo, titular del derecho de usufructo, que no es un titular principal, y va a ser considerado expropiado porque, normalmente, solicita que se le identifique como expropiado).
Puede darse el caso que no hayan titulares, o bien sean estos incapaces, y además, no tuvieran representación legal. En este caso, se acudirá al Ministerio Fiscal, todas las diligencias procedimentales se desarrollarán con el Ministerio.
Además, el art. 6 LEF introduce otra regla, que establece los supuestos en qué representantes legales no pueden enajenar sin permiso o autorización judicial. Sin embargo, para actuar en el procedimiento expropiatorio o aceptar las hojas de aprecio, sí que necesitará.
Las actuaciones que desarrollen los sujetos expropiados van a ser muy destacadas. Por ejemplo, el procedimiento expropiatorio es, en su totalidad, contradictorio y con interés contrapuestos (las partes están en contra, por lo tanto, todas deben de ser oídas, para poder determinar el justi precio), por ello será necesario el emplazamiento personal (siempre que sea conocido, y si no se da, será nulo de pleno derecho).
El OBJETO puede ser la propiedad privada, derechos o intereses patrimoniales legítimos. Por lo tanto, se están abarcando a todos los derechos de naturaleza patrimonial. Quedarán excluidos que tienen que ver con la personalidad o familiares, éstos no tienen cabida.
Existe y se da una amplísima potestad de sacrificio a favor de la AP de cualquier situación patrimonial cualquiera que sea su naturaleza (puede ser real, crediticia, entre otras).
Tradicionalmente, se ha indicado como vías objeto de expropiación los bienes inmuebles, y se limitaba a estos. Sin embargo, se ha admitido la posibilidad de expropiar bienes muebles. En todo caso, sean BI o BM, debe ser una titularidad activa que exista con carácter previo y, efectivamente, como se habla de propiedad privada, no se podrá expropiar un bien de dominio público (no son susceptibles de propiedad privada), que están afectos a un uso, servicio público, fomento de la riqueza nacional, entre otros. Sí que pueden ser objeto de una mutación demanial, es decir, se va a poder producir un cambio de afectación de ese bien, no es expropiado, sino objeto de esto.
Podrá ser una titularidad activa previamente existente que será objeto de privación. No podrán ser objeto prestaciones de hacer.
Los intereses patrimoniales legítimos son también objeto de expropiación forzosa. Por ejemplo, un caso forzoso de residencia, unos gastos de transportes. Por lo tanto son intereses patrimoniales legítimos, no simplemente intereses legítimos. Cuando se dan estos, la LEF los vincula a las expropiaciones que dan lugar a traslado de poblaciones. Por ejemplo, se expropia una determinada zona que afecta a parte del pueblo, y comporta que la población que ocupa ese terreno deba trasladarse. Se incluirían también aquellas expropiaciones que suponen traslado, por ejemplo, de industrias, y que van a comportar la cesación de una actividad y, por lo tanto, se deberán contabilizar a los efectos de pérdida de clientela, gastos financieros, entre otros.
La CAUSA es aquello que legitima a la expropiación. Viene recogida en el art. 33 CE (causa justificada de utilidad pública o interés social). La AP expropiante debe contar con la causa que legitima para expropiar, la cual debe de pervivir a lo largo del procedimiento, pues es el fin que justifica que se expropio. Si desaparece, habrá el derecho de reversión. Incluso el art. 1 de la LEF habla de que es objeto de la presente ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social. El art. 9 LEF dice que para proceder a la expropiación será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social.
Toda potestad está ordenada a un fin, la potestad expropiatoria, como cualquier otra potestad administrativa también. Ese fin es la utilidad pública o el interés social. Cada Ley, cuando se refiere a la expropiación en función de los bienes que son expropiados, va a tener que determinar en qué consiste esa utilidad pública o interés social.
La privación no es el fin de la expropiación. Toda expropiación está encaminada a esa función de transformación del bien objeto de expropiación.
Por lo tanto, la expropiación forzosa es un instrumento, no es un fin. En este sentido, la causa expropiandi, es algo que se va a insertar e incluir, de forma permanente, en todo el procedimiento expropiatorio. Por lo tanto, no solo en el momento previo para autorizar la expropiación, además la causa debe continuar y pervivir a lo largo del procedimiento expropiatorio, porque, de alguna manera, toda la expropiación va a quedar vinculada a ese destino que se haya marcado. El beneficiario tiene esa carga, darle el fin marcado. Si se incumple, va a poder generar, en el sujeto expropiado, el derecho de reversión (art. 54 y 55 de la LEF).
La utilidad pública o interés social, referencia que se remonta años atrás. En el siglo XIX se predicaba utilidad pública de una obra pública. Era el campo por excelencia de la expropiación, mediaba causa de utilidad pública cuando la finalidad era la realización de obra pública. Esto suponía que la expropiación se limitara a los bienes inmuebles. La aparición de las expropiaciones de bienes muebles determinó que, además de la causa de utilidad pública, apareciera el interés social, al cual también se vinculaba el hecho de que pudiera haber, como beneficiarios, sujetos privados).
En la LEF, cuando se hace referencia a la utilidad pública, se está haciendo referencia a las exigencias del funcionamiento de la AP, por lo tanto, obras y servicios públicos. Cuando la causa que legitima la expropiación es la utilidad pública, se piensa, por lo tanto, en obras y servicios públicos.
O bien, cuando se alega el interés social, entonces va a haber cualquier interés prevalente al interés del propietario.
La causa expropiandi, ya sea utilidad pública o interés social, va a tenerse que especificarse para su utilización, y además su calificación se deberá hacer mediante ley. Debe haber una determinación de qué operación va a merecer el instrumento de la expropiación, porque se entiende que concurre una de estas dos causas. Siempre la Ley será quien lo determine, teniendo en cuenta que, en la práctica, la AP no va a poder alegar una potestad expropiatoria abstracta. Va a haber siempre, con carácter previo, una calificación legal de utilidad pública o interés social (así lo dice el art. 9 LEF), y la ley hará la calificación de forma genérica (para toda una serie de bienes), o bien en cada caso. Si hace una declaración legal genérica, esa declaración deberá de concretarse en cada caso a través de un acto expreso. Ese acto será susceptible de impugnación jurisdiccional. Por lo tanto, las Leyes, en ocasiones, también van a poder recoger de forma implícita la utilidad pública, al señalar planes de obras y servicios incluyan esta posibilidad expropiatoria. En este caso, esta determinación implícita pasa desapercibida para los afectados. El ciudadano, ante una previsión de estos términos, queda un poco desamparado.
¡! En diferentes STS (17 de marzo de 2007, por ejemplo), han declarado: “cabe un control de legalidad de la declaración de utilidad pública ciñéndolo a la comprobación de su adecuación a la causa expropiandi. Además, cabe declarar la anulación del plan que dio cobertura a la expropiación y que dejan sin valor jurídico, las declaraciones de utilidad pública y de necesidad de ocupación implícitas en ese plan”.
Esta manifestación de jurisprudencia debe verse acompañada de una previsión legislativa.
Respecto al CONTENIDO, la LEF, en su art. 1, habla de privación singular acordada imperativamente.
Además, la privación puede revestir cualquiera de las modalidades de venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación del ejercicio.
El art. 1 del R especifica y establece que la enumeración de los supuestos de privación singular del art. 1 de la LEF, tiene un carácter meramente enunciativo, y no se excluye que pueda haber otros distintos.
La definición del art. 1 de la LEF que desarrolla el 1 del R, guarda relación y tiene que ver con cual es el criterio de la expropiación, es decir, cómo vamos a determinar cuando estamos ante expropiación y cuando estamos ante limitaciones legales no expropiatorias. Se deberá determinar cuando hablamos de limitación, de expropiación, de delimitación del contenido del derecho y cuando aparece, por ejemplo, una servidumbre.
Cuando se habla de privación, se entiende un sacrificio, un ataque frontal, un despojo de la propiedad, del bien o derecho; que es distinto de la delimitación del derecho de propiedad.
El texto de la ley habla de privación singular, pero el criterio falla. La doctrina establece que es para algo concreto, no singular. Pero a veces no es singular, sino que afecta a un grupo de personas.
Las nuevas construcciones, por ello, utilizan la función social de los derechos (el disfrute de todos), que aparece en la CE. Es precisamente la función social de estos derechos la que delimita el contenido del derecho.
---------------- Limitaciones y servidumbres de la Ley de Costas La LC protege toda una serie de bienes de dominio público (playas, mar territorial, plataforma continental, etc), y por razón de protección de estos bienes, no solo adopta toda una serie de medidas para preservarlos, si no que con el objeto de preservarlos va a tener que incidir en toda una serie de zonas (terrenos de propiedad privado). Existen bandas serviles a lo largo del litoral que corren superpuestas.
Donde termina la playa, a partir del límite interior de la ribera del mar, se contará todas las limitaciones y servidumbres que establece la ley, que conforman el régimen administrativo de propiedad de los terrenos que lindan.
La servidumbre de protección. En los primeros 6 metros, es la servidumbre de tránsito, por lo que se están superponiendo. Tiene 100 metros, ampliable a 100 metros más. Esta anchura la determina la AGE, de acuerdo con la AP CCAA y la AP local. Por reforma de la Ley del 2013 que reforma parte de la LC, esto también se va a aplicar a los márgenes de los ríos, hasta donde sean sensibles las mareas. Por lo tanto, no solo se aplica a lo que es propiamente la fachada litoral. En este espacio no se tiene 100 metros, si no que se reduce a 20 metros que también van a tener en primera línea la servidumbre cuando sea suelo urbano.
Para poderlo hacer tenían que derribar y demoler muchas de las edificaciones para aplicar limitaciones y servidumbres, y esto significaba tener que indemnizar. Además, con agravante, el Estado es quien ha promulgado la Ley en 88, y sin embargo la AP obligada a indemnizar era la local.
Se trasladaba la carga a una AP distinta. Las edificaciones, en su mayoría, estaban construidas con arreglo a la legislación entonces vigente (de 69), contaban con la licencia urbanística correspondiente.
Los primeros 6 metros corresponden a otra servidumbre, la servidumbre de tránsito. En esta servidumbre de tránsito se dice que sí que caben los paseos marítimos. Estos paseos deben estar fuera de la ribera del mar (fuera de la playa), y deben ser preferentemente peatonales.
Con la nueva Ley, la línea exterior de estos paseos se convierte en la línea interior de la ribera del mar. Efectivamente, había la posibilidad de que se entendiera donde acababa el paseo empezábamos a contar los metros, lo cual sería más gravoso para el propietario.
En los 6 primeros metros, también es posible depositar todo aquello que no impida la posibilidad de dejar esta zona permanentemente libre (porque la servidumbre de tránsito es para pasar, libre para el paso pública peatonal y para equipos de salvamento).
Además cabe hacer cultivos. Además, existen obras y edificaciones que se hicieron en los 60, y han sido legalizadas, no se han tirado abajo. La ley que ha reformado la LC dice que “los titulares de estas construcciones, van a poder realizar obras de reparación, de mejora, de consolidación, de modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen ni de altura, ni de superficie, y sin que el incremento de valor que comporten estas obras se pueda tener en cuenta a efectos expropiatorios”. Antes, con la Ley de costas del 88, no se permitían hacer esto, por lo que toda la fachada litoral eran edificaciones, pero no se permitían estas obras. Por lo que entonces, las casas que había, cada vez estaban en peor estado.
En la servidumbre de protección, en toda ella, nos vamos a encontrar las siguientes prohibiciones:  Que están prohibidas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Si hay alguna edificación, a partir de una determinada altura, debe ser de cerramiento diáfano, no puede ser opaco.
 No se pueden edificaciones destinadas a residencia o habitación nuevas  No se permiten que hayan áreas de servicio, ni la construcción o modificación de vías de transporte interurbano, ni el tendido aéreo de líneas aéreas de alta tensión, ni vertidos de residuos (escombros y aguas residuales)  No se puede publicidad a través de carteles o vayas, o por medios acústicos o audiovisuales.
Sí se permiten rótulos indicadores en fachadas y no supongan una reducción del campo visual A su vez, hay una serie de usos permitidos:  Pueden tener lugar obras o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, o presten un servicio necesario para el dominio público marítimo- terrestre  Sí caben instalaciones deportivas descubiertas, pero para ello se contará con la autorización de la CCAA correspondiente  Si hay árboles, y debe procederse a talarse, solo se procederá cuando hay autorización del órgano competente en materia forestal  Cabe la posibilidad de que, vía Consejo de Ministros, haya unos usos excepcionalmente autorizados dentro de las prohibiciones (de forma excepcional y por causa de utilidad pública debidamente acreditadas).
La servidumbre de acceso al mar, para vehículos y personas. Algunos accesos los prevén planes urbanísticos y otros por previsión legal. Esta servidumbre es, como conocida en derecho civil, como servidumbre de paso. En este caso, la longitud y anchura de esta servidumbre, pues se impone de forma perpendicular (no es horizontal como bandas serviles), y estas dependerán en función de la naturaleza del acceso. No cabe en ningún caso obras que interrumpan el acceso al mar sin que se proponga una solución alternativa que garantice su efectividad. La LC, en el art. 28 establece que en zonas urbanas y urbanizables, los accesos de tráfico rodado (para vehículos) deberán estar separados entre sí como máximo 500 metros, y los peatonales 200 metros. Además, todos estos accesos deben estar señalizados, es decir, abiertos al público, que el sujeto sepa por donde tiene que pasar.
Además, si no hay viales o accesos suficientes para garantizar este acceso, es posible que la AGE, los accesos no incluidos los imponga para garantizar el paso. Concretamente, la Ley, en este caso, dice “se declaran de utilidad pública, a efectos de la expropiación, o imposición de la servidumbre de paso, los terrenos necesarios para la realización de otros accesos públicos al mar, no incluidos en el artículo 28.2 de la LC”.
La servidumbre de áridos tiene que ver con la aportación de arenas en las playas, para garantizar que haya.
Respecto a la zona de influencia, el ancho de 500 metros, se va a determinar siempre por los planes o instrumentos de ordenación territorial urbanístico, es decir, los planes urbanísticos determinaran la zona de influencia. Los terrenos de la zona de influencia están sometidos a las siguientes limitaciones:  Si tienen tramos de playa delante, y hay acceso de tramo rodado, debe haber reservas de suelo para aparcamiento  Se impone que todas las construcciones estén adaptadas a la legislación urbanística. Hay que evitar la construcción de pantallas arquitectónicas Estas previsiones se van a imponer en el planeamiento urbanístico.
Toda esta regulación, es algo que deben hacer suyos los instrumentos de ordenación territorial y urbanístico, debe recoger todas estas previsiones. La LC se ha constituido como una Ley alternativa del espacio del litoral. Además, estas previsiones no se van a aplicar siempre que generen derecho a indemnización.
La servidumbre de protección, más que una servidumbre, son limitaciones. Es indiferente, porque el TC ha establecido que como múltiples legisladores utilizan estos conceptos sin ningún rigor, en definitiva, se trata de ver si se van a encajar categorías en contenido de limitación del derecho o se está expropiando.
No se indemnizará siempre que se respete el contenido esencial. Las limitaciones que establece la servidumbre de protección, tienen que estar contempladas en los planes urbanísticos. Por lo tanto, va a ser una forma de delimitar el contenido del derecho de este espacio. Al titular de terrenos comprendidos en esta franja no se le impide todo uso o aprovechamiento, ni tampoco su facultad de enajenarlos. Sí es cierto que, efectivamente, se le prohíben determinados usos, pero estas prohibiciones no comportan la privación de todo disfrute, es decir, la facultad de goce no desaparece por completo. En definitiva, con estas previsiones de límites el contenido del derecho de propiedad de las fincas colindantes. Mientras existe algún tipo de aprovechamiento, no habrá expropiación.
En cuanto a la servidumbre de tránsito, de anchura de 6 metros, esta servidumbre se copia del Derecho francés, pero la copia que se hace es una servidumbre mucho más rigurosa o incluso más gravosa. Los daños que ocasionen los terceros usuarios sobre el precio sobre el cual recae la servidumbre no son objeto de indemnización. Además, cualquiera que sea la clasificación del suelo, la servidumbre se va a aplicar. De tal manera que nos encontramos que hay determinadas cosas que no serían vía expropiación, pero serían indemnizables, y el legislador no lo contempla ni prevé.
El legislador entiende que está delimitando el contenido del derecho. La determinación de su longitud y anchura aparecerá en planes urbanísticos y territoriales de ordenación del litoral, y en todo caso se van a tener que respetar los estándares establecidos (cada 500 m y cada 200 m). Las medidas y la distancia que se va a establecer, hay unas que no están previstas, y se irán estableciendo en función del litoral y la naturaleza. La determinación de cuándo se colocarán, hay algunas que son por imposición, pero otras no. Deberá hacerlo en virtud de necesidades reales. Por lo tanto, son aplicables dos principios:  El propietario tiene derecho a que se le imponga la servidumbre de la forma menos gravosa. Entre las diversas posibilidades, debe recurrirse a la que le sea menos perjudicial  Su longitud y anchura está en función de su naturaleza y finalidad del acceso, es aplicable el principio de proporcionalidad y concurrencia. Por lo tanto, tendrá que establecerse ese contenido de acuerdo con los fines que lo justifican Las previsiones de cada 500 y 200 m deberán recogerlas los planes urbanísticos. Además, esta LC no dice nada sobre si es indemnizable esta servidumbre (que sí lo era con la anterior normativa).
Entendemos que si se trata de las previsiones que deben de contener los planes urbanísticos de ordenación territorial del litoral (cada 500m y 200m), aquí son los instrumentos de planeamiento los que están llenando y determinando el contenido del derecho de propiedad. No habría lugar, en este caso, al derecho de indemnización. En aquellos tramos en que no hubiese accesos públicos suficientes abiertos al público, y por lo tanto, no se da cumplimiento a la previsión de cada 500m y 200m, estos otros, sí que van a ser indemnizables su establecimiento puesto que la LC prevé que se declaren de utilidad pública a efectos de expropiación los terrenos necesarios para garantizar esos otros accesos.
Por lo tanto, si lo prevé el plan urbanístico, no es indemnizable. Si determinados tramos de costa no son suficientes y se prevén otros accesos distintos, la LC prevé que la imposición de distintos accesos sí es indemnizable, porque habrá expropiación. Con la zona de influencia ocurre lo mismo, el planificador tendrá que prever que tiene que haber reserva de suelo, delimitación del contenido del derecho, no hay expropiación.
El legislador de la LC lo que hace es delimitar el contenido del derecho.
--------------------- PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO El PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO, del que se van a derivar una serie de fases que van a acabar determinando cual es el justi precio (concepto jurídico indeterminado que deberá llenarse de contenido  es el precio justo que hay que pagar en una indemnización).
Cabe la posibilidad de que los pasos que se siguen, a la hora de describir el procedimiento general, se inviertan porque se considere que la expropiación debe articularse por vía del procedimiento de urgencia. La inmensa mayoría de las expropiaciones se articulan por el procedimiento de urgencia, es decir, no por el régimen general.
El RÉGIMEN GENERAL contempla como primera fase aquella en que la A expropiante resuelve sobre la necesidad de expropiar u ocupar los bienes estrictamente necesarios para el bien de la ocupación  acuerdo de necesidad de ocupación. Para poder adoptar este acuerdo, la AP expropiante, o bien el beneficiario (porque en casos coinciden), deben llevar a cabo una relación individualizada y concreta de los bienes sujetos a la expropiación, por lo tanto, los van a describir en todos los aspectos (materiales y jurídicos), se indicarán los titulares, el domicilio de los mismos, incluso los derechos que ostentan otras personas sobre estos bienes. Por lo tanto, habrá una descripción muy detallada. Si la expropiación es consecuencia de un proyecto de obras o servicios (ofrece menos garantías para el expropiado), en el cual se detallan los bienes, la necesidad de ocupación se entenderá implícita cuando se aprueba el proyecto de obras o servicios. En todo caso, esta relación de bienes a expropiar se va a tener que publicar en el Diario Oficial correspondiente, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radiquen los bienes, y en uno de los Diarios de la provincia, para que cualquier tercero pueda presentar alegaciones, o bien para que se puedan oponer a la ocupación por razones de forma o fondo (se puede decir que a efectos de la expropiación, y para cumplir la finalidad, no son necesarios todos los bienes que se expropian).
Una vez cumplido el trámite de información pública (que si no se diera comporta la nulidad de pleno derecho), la AP va a resolver, describiendo de forma detallada, los derechos y bienes afectados y sus titulares. Este acuerdo de necesidad de ocupación va a tener una triple motivación:  Juicio de necesidad  Juicio de idoneidad  Juicio de proporcionalidad Este acuerdo se publicará de nuevo y se notificará a cada uno de los interesados en el procedimiento.
El acuerdo de necesidad debe ser de tal forma que sea lo menos gravoso posible. Por lo tanto, debe afectar a aquellos bienes que sean necesarios para cumplir con el fin de la expropiación. Puede ocurrir, incluso, que la AP entienda que para cumplir con la finalidad de la expropiación que se quiera cometer en ese supuesto, baste con una parte de la finca, no la globalidad de la misma. Si así ocurre, el interesado o afectado puede pedir a la AP que le expropie la totalidad de la finca.
También puede la AP que rechaza la expropiación total. En este último supuesto, por resultarle anti económico al particular, puede indemnizarle por los perjuicios que le causa la expropiación parcial.
El acuerdo es susceptible de recurso en vía contenciosa administrativa. La AP podrá rectificar los errores materiales o de hecho, sin que tenga que declarar la nulidad del acuerdo.
Tras el acuerdo, se iniciará la segunda fase de determinación del justi precio. Si es una expropiación urgente, será una fase que se dará con posterioridad a la ocupación del bien. Lo normal es que sea acuerdo+ determinación del justi precio + ocupación del bien + indemnización. En el procedimiento urgente, la ocupación del bien tiene lugar con anterioridad a la determinación del justi precio.
La mayoría de las ocasiones no existe este acuerdo entre AP expropiante y el particular expropiado.
Normalmente lo que sucede es que se determina de una forma contradictoria, y en este caso interviene Jurado de expropiación, que es un órgano técnico, que determinará cuál es el equivalente económico.
La determinación del precio justo a pagar es un concepto jurídico indeterminado, es decir, no está lleno de contenido pero se llenará.
Se utilizan muchos criterios para llenar de contenido. Por ejemplo, es admitido el valor de mercado, es la doctrina la que entiende que esto es una de las formas de valoración del bien expropiado, pero ni de la Ley ni de la jurisprudencia se deduce esto. La LEF establece una serie de criterios objetivos, en su art. 38, y en función de lo que se expropia, establece un criterio u otro:  Para la expropiación de acciones, debe tomarse como referencia la media aritmética de su valor de cotización, el promedio de los beneficios y la diferencia entre el activo y el pasivo  Para la expropiación de un solar, se va a remitir a la valoración que tuviera a efectos fiscales (distinto para fincas rústicas y concesiones administrativas).
Efectivamente, se tiene en cuenta valores catastrales, y no es infrecuente que, por aplicación de estos valores, el valor que se le da al bien es muy inferior que el valor del mercado. Como no hay un criterio unánime, hay una libertad de reglas, una libertad a la hora de estimar una u otra. En todo caso, se tiene que tratar de evitar, sea uno u otro el criterio que se maneje, que se produzca un enriquecimiento injusto del expropiado, por eso, la Ley establece que no es acertado valorar expectativas de un posible aprovechamiento futuro de un determinado bien (ejemplo  concesiones de aguas), si no que han de valorarse rendimientos reales. Incluso, una vez iniciado el expediente expropiatorio, no cabe indemnizar mejoras que se hayan realizado en el bien expropiado salvo que estas mejoras fueran indispensables para que se conservara ese bien (si no, no se puede tampoco indemnizar). La indemnización siempre intentará ser a la baja, pagar tarde y mal.
Del cálculo global, aplicando uno u otro de los criterios que se reflejan en la LEF, resulta un valor. A ese valor se le debe sumar un 5% del justi precio, en concepto de lo que se conoce como premio de afección. Este 5% es para compensar un poco más la privación que sufre el particular del bien. Por lo tanto, viene a ser como una valoración abstracta por la pérdida de ese bien.
Cuando se debe tasar un bien a efectos expropiatorios, debe hacerse en el momento en que se inicia el expediente de justi precio. Este expediente no se inicia, entiende la jurisprudencia, al día siguiente en que gana firmeza el acuerdo de necesidad de ocupación, si no que se inicia cuando se le notifica al expropiado el inicio de las gestiones para que, de mutuo acuerdo, decidan el precio, o bien cuando recibe notificación (porque no hay acuerdo), para que el expropiado, el particular, elabore lo que se conoce con el nombre de hoja de aprecio. Es un documento que elabora el particular, en el cual hace una valoración estimativa de lo que cree que se le debe de pagar.
En ocasiones la Ley permite que el equivalente económico no tenga que ser una cantidad dineraria, sino que se pueda pagar en especie. Además, en aplicación de normativa propia de dominio público, ha sucedido que por impacto de estas leyes, se ha producido una expropiación, porque se ocupaba un espacio que por ST judicial firme, sí tenían propiedad pero por impacto de la nueva legislación, dejan de serlo. Para expropiarles, el legislador contempla que el propietario (que hasta ahora lo era), deja de serlo y transforma su derecho, a lo mejor, en un derecho de aprovechamiento. En este caso, se le da una concesión de uso del espacio, que se traduciría en el equivalente económico (no es el pago de una cantidad dineraria, si no que es otra forma de compensar).
PROCEDIMIENTO DEL JUSTI PRECIO ORDINARIO EN CASO DE HABER ACUERDO Si existe acuerdo, es decir, hay una adquisición amistosa del bien expropiado, se señala un plazo de 15 días para que se llegue al acuerdo. La AP hace propuesta en la que se da un determinado valor del bien. Pasado este plazo, se determinará el trámite de determinación del justi precio por el procedimiento contradictorio si, efectivamente, las partes no llegan a un acuerdo.
De llegar al acuerdo, esto se materializará en un convenio expropiatorio, que es una terminación convencional de un procedimiento expropiatorio. El firmar este convenio, pondrá fin al procedimiento de fijación del justi precio, pues las partes han convenido un precio concreto, y constituye un acto de las partes. De tal manera que, en principio, deben atenerse a lo pactado.
Este convenio se debe producir en unos plazos. Si la AP expropiante o el beneficiario se retrasan en el pago que se ha estipulado en el Convenio, entonces el expropiado podrá resolver este convenio y, además, de no resolverlo, puede reclamar intereses de demora (por el retraso). Además, la LEF permite que se vuelva a tasar el bien. Esto deberá haberse pactado en el convenio.
EN CASO DE NO HABER ACUERDO Si resulta que se debe acudir a un procedimiento contradictorio, este entrará en escena cuando han transcurrido los 15 días de plazo para el acuerdo. Entonces, el acuerdo de necesidad de ocupación es firme, entonces la AP iniciará el procedimiento contradictorio para determinar el justi precio.
 La tramitación será como pieza separada, es decir, al margen del procedimiento expropiatorio como tal. Se tramita así para cada uno de ellos.
 La AP va a requerir, primero a los expropiados, para que presenten en un plazo máximo de 20 días, su hoja de aprecio. En ocasiones lo hará acompañando un informe pericial. El expropiado debe elaborar la hoja de aprecio de forma cuidadosa, pues vincula. Por lo tanto, no va a poder solicitar, después, una cantidad superior  Puede darse que no formule la hoja de aprecio, aunque se le haya requerido. Esto puede provocar que se paralice el procedimiento, pero en ningún caso va a impedir que el Jurado de expropiación haga su valoración si la AP presenta su hoja  Se deberá aceptar (o no), por parte de uno o de otro, la hoja de aprecio que presentan cada una de ellas (AP aceptan o no la hoja de aprecio de perjudicados, y viceversa), y esto sucederá en el plazo de 20 días  Si se acepta la hoja de aprecio que presenta el otro, el justi precio quedará determinado, pues será la cantidad que se ha indicado  Si no se acepta, se podrán formular alegaciones, aportar pruebas, pero en todo caso, se va a tener que pasar el expediente al jurado de expropiación, el cual decidirá por mayoría dentro de los límites que le marcan las hojas de aprecio. ¡! Por ello, lo que determina el expropiado en la hoja de aprecio, le vincula, por ello se debe de hacer una determinación ajustada  El acuerdo del Jurado de expropiación pone fin a la vía administrativa. La jurisprudencia entiende que las decisiones de los Jurados tienen presunción de veracidad (pero es una presunción iuris tantum, es decir, puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario).
Por ello, el Jurado deberá motivar suficientemente sus valoraciones, por ello no caben valoraciones genéricas, sino que deben ser explicaciones claras y razonables que justifiquen el por qué se valora en esos términos PAGO Y TOMA DE POSESIÓN Una vez se ha finalizado el procedimiento de determinación del justi precio, se debe proceder al pago de la cantidad en el plazo máximo de 6 meses. La LEF establece que este pago estará exento del pago de impuestos, gravámenes, etc. Pues el dinero no es más que la compensación por la pérdida sufrida de un bien, por ello es razonable que quede exento de esto.
El expropiado puede rehusar, lo cual no es infrecuente, la cantidad establecida y no quiera cobrarlo.
En este caso, se consignará el precio que se quería pagar en la Caja general de depósitos.
Si el expropiado está de acuerdo que la cifra que le quieren pagar, hasta un montante, sí está de acuerdo, pero a partir de ahí considera que debe aumentarse. En este caso, cobrará la cantidad de dinero hasta donde está de acuerdo, y el resto no lo cobra, porque cree que a partir de ahí hay lesiones y que debería indemnizarse más cantidad de dinero.
Una vez se ha hecho efectivo el pago, es decir, ha cobrado o se ha consignado, puede ocuparse el bien o hacer efectivo el derecho expropiado.
Puede darse el caso que el bien que se expropia sea el domicilio del sujeto expropiado, si es así, tendrá que dar el consentimiento a que se ocupe el bien. Si no lo presta, será requisito indispensable la autorización judicial.
La LEF hace referencia a que la autorización judicial se requiere también para entrar en locales cerrados al público. Si no se trata de un local cerrado sin acceso al público, la práctica es que la AP ocupa el espacio, en ocasiones, acompañada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN URGENTE En ocasiones, se está ante una expropiación urgente. Hay una serie de cautelas:  La declaración de carácter urgente de la ocupación de los bienes afectados solo puede declararla el Consejo de Ministros (se ha hecho extensivo a los Consejos de Gobierno de las CCAA, si es que la AP que expropia es la local o autonómica).
 Debe justificarse suficientemente  Es frecuente que se recurra a esta fórmula, cuando se trata, por ejemplo, de expropiar bienes para establecer un servicio público. O, por ejemplo, cuando se llevan a cabo expropiaciones de carácter urbanístico.
 Basta con aprobar el proyecto que va a legitimar la ocupación. Aprobando esto, se entiende que se ha cumplido la declaración de necesidad de ocupación. Entonces, se podrá ocupar el bien de forma inmediata  Se deberá notificar a los afectados, con 8 días de antelación, por lo menos, el día y la hora en que va a tener lugar. En la finca en que tendrá lugar, se va a levantar el acta previa a la ocupación, es decir, se personan en la finca la AP expropiante (normalmente acompañada de un perito), y los afectados (que han sido notificados anteriormente), y estos hacen sus alegaciones, y se levanta este acta previa. De acuerdo con esta acta, la AP elabora unas hojas de depósito previo a la ocupación, el valor de los bienes que aparecerá aquí será el valor catastral. A esta cantidad, la AP sumará una serie de cantidades en concepto de los perjuicios que se causan por esa rapidez y celeridad.
 Una vez se ha efectuado el depósito, y se ha pagado o se ha consignado, puede la AP ocupar el bien  EN ESTE CASO, SE OCUPA PRIMERO, Y SE PAGA DESPUÉS. Es decir, lo que se paga ahora es un dinero por la rapidez del procedimiento. Será después de la ocupación del bien cuando se inicie el procedimiento expropiatorio en las fases de determinación y pago del justi precio.
 Una vez se ha producido la ocupación, se empezarán a computar los intereses de demora a favor del interesado, que se sumarán al justi precio que en su momento se establezca.
DERECHO DE REVERSIÓN La causa de interés general debe pervivir y mantenerse en todo el procedimiento. El derecho de reversión aparece regulado en la LEF en el art. 54 y 55. Por lo que se refiere al tema de la reversión, ha sido objeto de modificación a propósito de la reforma que introdujo el Código técnico de edificación.
El art. 54.1 señala en qué supuestos se confiere a los expropiados un derecho de recuperar los bienes afectados por una serie de circunstancias. Se contemplan las causas que pueden motivar y propiciar que se ejerza el derecho de reversión (que vuelva el bien o derecho expropiado a pasar a su patrimonio nuevamente).
Rasgos que posee la reversión:  Su aparición o surgimiento tiene lugar de forma automática. Es decir, hay una desaparición sobrevenida del fin que justificó la expropiación, y esto hace que se pueda exigir el derecho de reversión. La causa de utilidad pública o interés social debe subsistir ex ante y ex post. Si desaparece, nace el derecho de poder exigir la reversión  Es un derecho de configuración legal. El derecho de reversión no aparece recogido en la CE.
Es la LEF la que regula este derecho, y ha introducido las modificaciones pertinentes  Se rige por el derecho vigente en el momento de su nacimiento, no por el derecho vigente en la fecha en que la expropiación se llevó a cabo. Por lo tanto, si ha desparecido ahora el fin, se aplica el actual, no el derecho cuando se expropió de hace 2 años, por ejemplo  Es un derecho real de adquisición preferente, se antepone, por lo tanto, a otros derechos reales inscritos en el Registro de la propiedad (siempre que se haya inscrito), y esto se establece en el art. 54.5 “en las inscripciones en el R de la propiedad, del domino y demás derechos reales, se hará constar el derecho preferente de los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derecho expropiado”. Si está inscrito en el R, se tendrá un derecho de adquisición preferente, frente a otros sujetos.
Supuestos en los que tiene lugar  No ejecución de la obra o no establecimiento del servicio. Una vez se ha llevado a cabo la expropiación y producida ésta, puede ser que la obra o el servicio que motivó que se llevará a cabo la expropiación, no se lleve a cabo (ejemplo, que no se haga la carretera). En este supuesto, puede suceder que el derecho de reversión tenga dos modalidades de ejercicio: 1- AP emita una declaración en virtud de la cual, expresamente, declara la no ejecución de la obra, o no implantación del servicio, y así se comunica y notifica al expropiado. A partir del día siguiente de la notificación, el expropiado tiene 3 meses para ejercitar el derecho de reversión 2- AP no emite declaración expresa. En este caso, se entiende que se produce la inejecución de obra o no establecimiento del servicio, cuando concurre:  Por un lado, pasados 5 años desde la fecha en que los bienes o derechos expropiados quedaron a disposición de la AP, y ésta no ha ejecutado la obra o no ha establecido el servicio.
 Por otro lado, se ha producido la suspensión durante más de 2 años de las actuaciones dirigidas a ejecutar la obra o implantar el servicio, y la AP expropiante o beneficiario no han hecho acto expreso para reanudar.
La ley no dice nada del plazo en que el expropiado debe hacer uso del derecho. Como no se regula, se entiende que el derecho se tendrá que hacer valer dentro de los 3 meses siguientes al plazo transcurrido de los 5 o 2 años que se ha establecido.
 Que hayan bienes sobrantes, es decir, que la AP expropiante, en su momento, expropiara más bienes o más cantidad de bienes y, por lo tanto, para la ejecución de la obra o ejecución del servicio hubieran bienes sobrantes, es decir, hubo una expropiación en exceso (de más de lo necesario). Puede suceder: 1- Que la AP emita una declaración expresa en virtud de la cual declara que existen bienes sobrantes y lo notifica al expropiado. Dentro de los 3 meses siguientes a la notificación, el expropiado tendrá derecho de reversión 2- Que la AP no notifique nada. En este caso, la LEF establece que el derecho de reversión podrá ejercitarse siempre que no hayan transcurrido 20 años desde la toma de posesión de los bienes expropiados  Desaparición de la afectación. Es decir, el bien que se expropió para un fin o utilidad pública concreta (por ejemplo, para realizar una carretera), desaparecería la afectación cuando se produce, por ejemplo, una inutilización del tramo de la carretera porque se construye una nueva variante. En este caso, el expropiado, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que la circunstancia se le notifica formalmente, podrá ejercitar el derecho de reversión. Si no se le notifica, podrá ejercer el derecho cuando de forma inequívoca se haya producido la desaparición de la afectación, y siempre que no hayan transcurrido 20 años desde la toma de la posesión.
La Ley del año 99 ha establecido que no habrá derecho de reversión cuando la afectación al fin que justificó la expropiación se prolongue durante 10 años, desde la terminación de la obra o desde el establecimiento del servicio.
En cualquiera de los 3 supuestos del derecho de reversión, se deberá proceder a la devolución del valor o indemnización reversional. El art. 55 LEF contempla que es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión la restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado (tendrá que devolver el dinero que cobró en su día). La devolución se deberá hacer aplicando una serie de reglas:  En cuanto al quantum de la devolución, deberá devolver lo mismo que cobró más una actualización teniendo en cuenta el IPC (desde el inicio del expediente del justi precio hasta el ejercicio del derecho de reversión, es la aplicación de todo este período)  Si resulta que el bien o el derecho expropiado cambia de calificación jurídica (por ejemplo, tiene una serie de mejoras o sufre una pérdida de su valor), entonces se deberá proceder a la retasación de ese bien y, por lo tanto, a una nueva valoración  En el pago de la indemnización reversional priman una serie de reglas que aparecen en el art. 55.3 LEF, como un auténtico presupuesto de la efectividad de la reversión.
1- La toma de posesión del bien o del derecho revertido no va a poder tener lugar si primero no se ha procedido al pago o consignación del importe de la indemnización.
2- El pago o consignación debe hacerse bajo pena de caducidad del derecho de reversión, en un plazo máximo de 3 meses desde su determinación en vía administrativa 3- Es posible que se interponga un recurso C-A contra el acto que fije la determinación 4- En el supuesto que la ST que se dicte en el recurso C-A establezca un importe distinto, las cantidades (sean en + o -) se deberá abonar en el plazo de 3 meses desde la notificación de la ST EXPROPIACIONES ESPECIALES Y EXPROPIACIONES LEGISLATIVAS Las EXPROPIACIONES ESPECIALES son una más de las expropiaciones como es el caso del procedimiento de urgencia, que se dan en circunstancias específicas, cuando concurren determinadas causas que propician que se pueda dar este tipo de expropiación.
 Expropiación que tiene lugar como consecuencia de expropiar determinadas zonas o grupos de bienes: estas expropiaciones tienen lugar cuando, por ejemplo, se realiza una gran obra, y ésta supone que una determinada zona se vea afectada y, por lo tanto, va a conllevar la expropiación de una gran cantidad de bienes. En este caso, hay dos fases:  En una primera fase, tiene lugar la aprobación por parte del Consejo de Ministros a través de un Decreto, en virtud del cual tiene lugar la declaración de necesidad de ocupación (art. 60 LEF). En esta fase también se clasifican los bienes en grupos. Para cada uno de los grupos se van a establecer unos precios máximos y mínimos. Esta determinación de precios se va a tener que someter a información pública durante 1 mes para que los afectados puedan hacer alegaciones. Estos afectados también serán notificados individualmente. A la vista de las alegaciones, la AP determinará la valoración exacta entre los precios máximos y mínimos para cada grupo de bienes.
 En una segunda fase, la AP hace una hoja de aprecio individualizada para cada bien concreto. Si la hoja de aprecio es aceptada por el afectado, entonces se sigue el procedimiento general de expropiación. En cambio, si no es así, entonces el particular afectado presentará la hoja de aprecio que él considera. Por lo tanto, si ya no es de común acuerdo, se acude ante el Jurado de expropiación que determinará la cantidad a pagar por la expropiación. En caso de no estar de acuerdo, cabe la posibilidad de interponer el recurso C-A correspondiente.
 Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad. Actualmente no se puede hablar de un derecho de propiedad tal y como lo contempla el CC, es decir, hay un pacto del derecho público en la regulación del derecho de propiedad. Existe una función social que delimitará el contenido del derecho de propiedad. Este derecho, sobre cualquier tipo de bien, va a suponer el derecho de gozar y suponer de este bien, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes, pero el disfrute debe realizarse teniendo en cuenta a la colectividad (ésta es la función social del derecho). Este tipo de expropiación aparece como un supuesto de expropiación sanción, que operaria en los casos en que se va a primar del bien, por lo tanto, del derecho de propiedad, a quien incumple una serie de deberes y, por lo tanto, se va a dar la oportunidad de que cumpla esos deberes otro propietario. Para que pueda operar esta expropiación, es un supuesto que debe contemplar previamente una Ley. Además, para que tenga lugar, debe haberse incumplido durante un plazo determinado (que en cada caso determinará la ley), las obligaciones establecidas.
 Expropiación por razón de la defensa nacional. Es un procedimiento expropiatorio de carácter extraordinario y de urgencia (por lo que se acudirá a art. 52 y 53 de la LEF). Entrará en escena, además, un funcionario militar y toda la tramitación le corresponderá a la Administración Militar.
 Expropiación de bienes de valor histórico artístico y arqueológico. La especialidad vendrá por que el Jurado estará integrado por una Comisión de expertos en esta materia. Además, el Estado tiene la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto.
 Expropiación que da lugar al traslado de poblaciones. El traslado de población daba lugar a que la AP tuviera que buscar un lugar alternativo donde ubicar a esta población. Por lo tanto, no solo tenían derecho a percibir la indemnización correspondiente, sino que además hay derecho a ser trasladados a determinados terrenos. Por el carácter de esta expropiación, la LEF cuando se refiere a ella recoge un listado bastante exhaustivo de todos los perjuicios indemnizables en circunstancias como éstas:  Indemnización del cambio forzoso de residencia  Gastos de viaje  Reducción del patrimonio familiar  Perjuicios causados por la interrupción de la actividad profesional  Traslado de todos los enseres  Expropiación por causa de obras públicas (art. 98 LEF). En este caso la especialidad viene dada porque se sustituye al Delegado (CCAA) o Subdelegados (provincias) del Gobierno por un ingeniero jefe de los servicios correspondientes que llevará a cabo todas y cada una de las competencias que se les atribuía a aquellos.
Las EXPROPIACIONES LEGISLATIVAS son distintas, no son expropiaciones especiales. La diferencia con la expropiación tipo (normal) sería que es la propia Ley la que establece la expropiación de determinados bienes o derechos, y lo puede hacer a través de dos formas: a través de una Ley singular, y a través de una Ley general. Tiene cabida el supuesto de la expropiación de las acciones de la empresa del Holding Rumasa (en este caso a través de un Decreto Ley que puede convertirse en Ley). Una Ley singular expresa la causa expropiandi (que justifica y legitima que tenga lugar la expropiación).
En STC de 3 de Marzo de 2005 matizó este tipo de expropiaciones legislativas, estableciendo que debían ser excepcionales, y solo admisibles si la Ley brindaba una tutela materialmente equivalente a la que se dispensa en las expropiaciones administrativas.
En cambio, la expropiación por una Ley general, en virtud de la cual se expropiaba una serie de derechos de propiedad privada, sobre bienes que pasaban a considerarse de dominio público, aquí fue el caso que contempló tanto la Ley de aguas de 1985 (en virtud de la cual todas las aguas pasaban a formar parte de dominio público) y la Ley de costas de 1988. En ambos casos, el TC entendió que las expropiaciones legislativas que tenían lugar a través de estos dos textos legales eran constitucionales y sus disposiciones transitorias ya contemplaban indemnizaciones razonables por la pérdida de la propiedad privada expropiada.
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