Tema 6 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Internacional Público
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 17/06/2017
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Tema 6. La subjetividad internacional de las organizaciones internacionales (O.I.) y el estatuto internacional de otros actores

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Tema 6. La subjetividad internacional de las organizaciones internacionales (O.I.) y el estatuto internacional de otros actores 1. La personalidad jurídica internacional de las O.I Las O.I. son fruto de la interdependencia creciente y de la subsiguiente necesidad de cooperación entre los Estados. Cabe destacar que el fenómeno de las O.I. es relativamente reciente. Ha sido en las últimas décadas cuando se ha producido un fuerte incremento de las O.I. debido a la creciente coexistencia de intereses comunes.
Concepto de O.I: Una O.I. puede definirse como una entidad instituida a partir de la voluntad común de varios sujetos de D.I. (Estados, OI, etc.) mediante un acto jurídico (tratado constitutivo), a la que se dota de unos órganos permanentes propios, capaces de generar una voluntad distinta a la de sus miembros, a los que se les atribuye, explícita o implícitamente, unos poderes o competencias propios (competencias de atribución) para llevar a cabo las funciones y objetivos de tipo internacional que han sido asignados a la Organización.
De la definición propuesta se desprenden las siguientes características de las O.I: I) Su carácter intersubjetivo: sobre todo interestatal o intergubernamental, ya que sus miembros suelen ser los Estados. Es importante no confundir las O.I. intergubernamentales con las organizaciones no gubernamentales (ONG).
A toda O.I. existe una dualidad que se pone de manifiesto a partir de 2 caracteres: a) una cooperación intergubernamental (realidad funcional) b) una realidad orgánica (permanencia, voluntad propia, etc.) que testimonia la existencia de un nuevo actor (integrado por sujetos de D.I.).
Esta dualidad se proyecta en la existencia de 2 tipos de órganos diferentes: a) los órganos intergubernamentales: asambleas generales, consejos, etc.
b) los órganos propiamente internacionales: secretarías generales, tribunales, etc.
El carácter internacional / intergubernamental de las O.I. suele combinarse con un cierto carácter supranacional / estatal. La distribución entre intergubernamentalidad y supranacionalidad / estatalidad (integración), en cierto modo, depende de la voluntad integradora de la organización.
De acuerdo con cierto sector doctrinal, la supranacionalidad viene configurada por: a) La existencia de competencias exclusivas, es decir, se produce una transferencia de soberanía de los Estados a la O.I. en determinados ámbitos.
b) Esto, en principio, implica que la O.I. disfrute de poderes para tomar decisiones obligatorias para los Estados miembros, y que sus órganos decisorios no dependan de la cooperación de todos los Estados miembros para adoptar estas decisiones.
c) La primacía del derecho de la O.I. sobre el de los Estados miembros (principio de primacía).
d) La aplicación inmediata de dichas decisiones al ordenamiento jurídico de los Estados miembros, sin necesidad de ratificación previa (principio de aplicación inmediata).
e) Que las normas adoptadas sean directamente obligatorias para los ciudadanos de los Estados miembros (principio de efecto directo).
f) La O.I. debe estar dotada de poderes para hacer efectivas sus decisiones.
g) La O.I. debe gozar de cierta autonomía financiera, es decir, debe disponer de recursos propios.
II) Creadas voluntariamente mediante un acto jurídico (tratado, carta, estatuto, pacto, constitución, etc.) que normalmente establece su organización y finalidades.
III) Dotadas de un sistema de órganos permanentes, en los que se forma la voluntad colectiva de la organización (en principio diferente a la de sus miembros). Estos órganos teóricamente independientes de los miembros de la O.I. aseguran su continuidad. El carácter permanente de estos órganos diferencia las O.I. de las conferencias internacionales, IV) Cuentan con una serie de competencias propias que le son asignadas por el tratado constitutivo para el cumplimiento de su finalidad. A diferencia de los Estados (competencias originarias / soberanas), las O.I. gozan de competencias de atribución, ya sea de forma expresa o implícita. Las competencias de atribución quedan limitadas (principio de especialidad) en la consecución de los objetivos de la O.I.
V) La existencia de una voluntad autónoma, jurídicamente distinta de la de los miembros, es decir, se reconoce a las O.I. la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones en el ámbito de las relaciones internacionales. De todos modos, dependerá de la forma de adopción de las decisiones (unanimidad, mayoría calificada, mayoría simple, etc.).
VI) La cooperación para la satisfacción de unos intereses comunes y/o objetivos de tipo internacionales.
Clases de O.I: Generalmente, las O.I. se pueden clasificar por sus fines y participación, pero también hay otras clasificaciones: •Fines generales: N.U., Consejo de Europa, OEA, U.A., etc.
específicos: - socio-económicos: OIT, FMI, BIRD, OMC, OCDE, U.E.
- técnicos: OMM, AIEA, UIT, UPU.
- culturales: UNESCO.
- militares: OTAN.
•Participación universales: N.U., UIT, OMS, etc.
regionales: U.E., OEA, Mercosur, etc.
• Otras clasificaciones.
Principales manifestaciones de la subjetividad internacional de las O.I: Hay que diferenciar tres ámbitos en los que puede manifestarse la subjetividad de una O.I: -En el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.
-En el ordenamiento jurídico de los Estados no miembros.
-En el ordenamiento jurídico internacional.
Ahora bien, para para averiguar el grado de subjetividad de una O.I., tendremos que analizar: a) El treaty making power: Sin duda la celebración de tratados, que es la forma más importante de cooperar, también es el criterio fundamental para averiguar el grado de subjetividad de cualquier sujeto de D.I.
b) El ius legationis de las O.I.
Hoy día, las O.I. se han consolidado como auténticos sujetos de D.I.P. y eso hace que lleven a cabo toda una serie de relaciones de cooperación. Al igual que en el caso de los Estados, las tareas de representación de las O.I. se desarrollan por sus agentes.
Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado se considerará que una persona representa una O.I. si: - presenta los plenos poderes adecuados, - o bien, se deduce de la práctica o de otras circunstancias que se considera aquella persona representante de la organización.
Ahora bien, conviene diferenciar entre el derecho de legislación activa de la pasiva.
i) El derecho de legación activo -> Este implica la posibilidad de que la O.I. en cuestión establezca representaciones permanentes o ad hoc frente a otros sujetos de D.I.
ii) El derecho de legación pasivo -> Supone la posibilidad de que otros sujetos de D.I. establezcan representaciones permanentes o ad hoc ante la O.I. en cuestión Cabe señalar que en general las O.I. gozarán de la inviolabilidad de sus locales y de sus archivos, inmunidad de jurisdicción, etc.; y sus agentes de inmunidad respecto a los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
c) La responsabilidad internacional Hoy día, la posibilidad de la responsabilidad internacional activa o pasiva de las O.I. aparece tácitamente aceptada a la CV de 1986.
Respecto a la responsabilidad activa hay numerosos hechos que pueden capacitar a una O.I.
para reclamar responsabilidad, y la reparación del daño, a otros sujetos de D.I.
El principal problema que plantea la atribución de un hecho ilícito a una O.I. es la delimitación de la responsabilidad entre ésta y sus Estados miembros y, en caso de que estos también sean responsables, ver si lo son subsidiaria o solidariamente. En principio, hay que entender que los Estados miembros serán responsables de todo lo que no pueda responder la O.I.
d) La participación en Organizaciones y Conferencias Internacionales e) El derecho a participar en los procedimientos de solución de diferencias internacionales En principio las O.I. pueden someterse a los procedimientos de solución de diferencias previstos en la Carta de las N.U.: negociación, mediación, conciliación o arbitraje, entre otros.
Cabe destacar que las O.I. pueden verse involucradas en controversias surgidas entre O.I., y entre O.I. y Estados miembros o terceros.
f) Los mecanismos de la toma de decisiones: unanimidad, mayoría cualificada / simple, etc.
Cuando más exigentes sean las mayorías exigidas para adoptar una decisión, menor grado de subjetividad tendrá la O.I ya que querrá decir que la voluntad de la O.I se podrá diferenciar menos de la de sus Estados miembros.
g) Su reconocimiento por parte de otros sujetos del D.I.
Cabe señalar que las O.I. no suelen ser objeto de reconocimiento formal por parte de otras Organizaciones o Estados no miembros.
En general, las O.I. tienen un importante grado de subjetividad internacional, ya que normalmente están dotadas de treaty making power, ius legationis, son sujetos de responsabilidad internacional, participan en otras Organizaciones y conferencias internacionales, tienen ius standi ante los tribunales internacionales, están dotadas de una cierta voluntad diferenciada de la de sus miembros, etc.
En definitiva, en función de los criterios mencionados, podremos ver que no todas las O.I. tienen el mismo grado de subjetividad.
2. Las competencias de las O.I Primeramente, conviene hacer una definición de competencia. Se trata de un conjunto de poderes atribuidos por el tratado constitutivo a la organización o a sus órganos con el fin de poder llevar a cabo los objetivos por los que ha sido creada.
Hay que tener presente que el tratado constitutivo da origen a la personalidad de la O.I. y dota a sus órganos de las competencias necesarias para cumplir sus funciones. De hecho, el tratado constitutivo suele tener un papel similar al que juegan las constituciones de los Estados.
En el caso de las O.I., se trata de competencias de atribución (no originarias), que se asignan por el tratado constitutivo a la Organización y a sus órganos. Las competencias de las O.I. son funcionales, es decir, limitadas a los objetivos de la O.I.
Las competencias de las O.I. están gobernadas por 3 principios: a) El principio de especialidad Las O.I. no tienen competencias soberanas y llenas como los Estados. Los objetivos y fines de las O.I. justifican sus poderes, pero a la vez, los condicionan y los limitan. Es decir, las O.I. son sujetos derivados creados para alcanzar unos objetivos específicos (normalmente fijados por los Estados miembros) que delimitan el alcance de las competencias de la O.I b) El principio de las competencias implícitas de creación jurisprudencial.
Las competencias atribuidas a una O.I., no sólo son las recogidas explícitamente en el tratado constitutivo, sino también todas las necesarias para lograr los fines previstos.
c) El principio de subsidiariedad Significa que una O.I. sólo intervendrá en la medida que sus fines no puedan ser alcanzados de manera más eficiente por los Estados miembros.
Al margen de los diferentes límites del tratado constitutivo, la delegación de competencias está sometida a 3 principios: i) Ningún órgano puede delegar más poder de los que posee ii) La responsabilidad normalmente no será delegada; es decir, el órgano delegante será responsable de las acciones que emprenda el órgano subsidiario que ha creado iii) La delegación de poder generalmente no implica la renuncia a tales poderes.
Ahora bien, ¿puede una O.I delegar poderes a un Estado miembro? En general puede afirmarse que las O.I. tienen derecho a delegar funciones a todos sus Estados miembros, estando estos obligados a cumplirlas dentro de los territorios respectivos.
Sin embargo, la delegación de funciones a uno o varios Estados miembros normalmente no está permitida, salvo que existan razones especiales que la justifiquen Si bien no existe un contenido concreto de las competencias de las O.I. en la práctica hay un cierto contenido mínimo aplicable a la mayoría de organizaciones: a) crear su propio ordenamiento jurídico, b) treaty making power en el ámbito de sus competencias, c) ius legationis activo y pasivo, d) posibilidad de hacer reclamaciones de responsabilidad internacional como ser sujeto pasivo de las mismas, y e) reconocer otros sujetos internacionales.
3. Situaciones históricas Los beligerantes: En el contexto de los conflictos armados internos, a veces los terceros Estados han reconocido como beligerantes a los grupos organizados que, en el seno de un Estado, se alzan contra el poder constituido a través de actos de hostilidad.
Siendo el reconocimiento de beligerancia un acto discrecional (lo que significa entre otras cosas que en principio no supone un juicio valorativo sobre la rebelión sino la pura aceptación de un hecho existente) rara vez se ha hecho uso de él en la práctica.
Para concluir, digamos que el grupo rebelde que goza del estatuto de beligerancia es titular de unos ciertos derechos y obligaciones derivados del orden jurídico internacional y, en este sentido, posee un cierto grado se subjetividad internacional.
La Santa Sede y la Iglesia Católica: Se ha discutido si en realidad el sujeto internacional es la Iglesia Católica o la Santa Sede.
Lo cierto es que la Santa Sede, aun en la época en que la Iglesia estuvo privada de base territorial, siguió actuando en calidad de sujeto internacional a través del ejercicio del derecho de legación activo y pasivo y de la conclusión de genuinos negocios jurídicos internacionales.
La Ciudad del Vaticano: La ciudad del Vaticano se crea con el objeto de asegurar la libertad y la independencia de la Santa Sede.
Resulta que el Estado de la Ciudad del Vaticano, según señala Diez de Velasco, es un ente con la especial misión de servir de base territorial a otro, la Santa Sede, y en él se dan los elementos que caracterizan al Estado y que el D.I. toma como base para la subjetividad internacional de éste.
El Estado de la Ciudad del Vaticano ha sido reconocido por una gran cantidad de Estados. Su representación exterior pertenece al Sumo Pontífice. Cabe añadir que el Estado de la Ciudad del Vaticano ha celebrado una serie de tratados internacionales con Italia y con otros Estados.
Además, en miembro de diversas organizaciones internacionales.
Por último, cabe destacar que Diez de Velasco reconoce la subjetividad internacional del Estado de la Ciudad del Vaticano, que se presenta como la libre creación en un tratado de un sujeto internacional por otros dos sujetos internacionales (la Santa Sede e Italia), y reconocido por la generalidad de los miembros de la comunidad internacional.
4. Los pueblos El derecho de los pueblos a su libre determinación A) El derecho de los pueblos coloniales: En relación con las situaciones coloniales, se ha señalado que el principio de autodeterminación “supone para un pueblo colonial su derecho a ser consultado, a expresar libremente su opinión sobre cómo desea conformar su condición política y económica y, si tal fuera su deseo, el derecho a convertirse en un Estado soberano e independiente”.
En la medida en que estos pueblos son titulares de este derecho y poseen capacidad para ponerlo en práctica, son sujetos del D.I.
Por otro lado, y aunque la independencia del territorio suele ser el objetivo prevalente en la práctica a la hora de ejercer el derecho aquí considerado, se reconoce otros posibles desenlaces, en concreto la libre asociación con un Estado independiente o la integración en un Estado independiente.
El derecho de autodeterminación es, en definitiva, un verdadero derecho subjetivo del que son titulares los pueblos.
B) El derecho en su aplicación a situaciones no coloniales: Según se desprende de diversas resoluciones de las N.U., sobre todo la 2625, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.
El principio de autodeterminación de los pueblos se presenta, así, como un principio de valor universal que trascendiendo en su aplicación las situaciones coloniales, alcanza a los pueblos de cualquier Estado.
El D.I. no avala bajo la invocación de un tal principio un derecho de secesión, y en este sentido los Estados se han cuidado en el plano internacional de ponerle límites a dicho principio a través de cláusulas de salvaguarda como la que, en la resolución 1514 declara contrario a la Carta de las N.U. todo intento dirigido a quebrantar la unidad nacional y la integridad territorial de un país.
Cabe señalar que el Derecho internacional no reconoce un derecho general de los pueblos a declarar unilateralmente la secesión respecto de un Estado.
Otros derechos de los pueblos: Los pueblos coloniales y, por extensión, los que luchan contra la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, tienen derecho a solicitar y recibir apoyo de terceros Estados y de organizaciones internacionales.
Por otro lado, destacar el derecho a participar en elecciones libres y periódicas.
El D.I. reconoce a los pueblos el derecho a su propia supervivencia, bien condenando los actos que se perpetren con la intención de destruir a grupos nacionales, éticos, raciales o religiosos, bien disponiendo la protección de ciertas minorías dentro de los Estados.
Por último, decir que se ha sostenido por parte de un cierto sector de la doctrina que, desde una perspectiva técnico-jurídica, los pueblos no son sujetos del D.I. porque ni tienen la posibilidad de reivindicar sus derechos ante instancias internacionales ni incurren en responsabilidad internacional.
5. Las ONG El hecho de que las organizaciones internacionales públicas, esto es, de naturaleza interestatal (N.U., O.T.A.N., Consejo de Europa, etc.) tengan su origen en un tratado celebrado entre Estados, constituye un dato diferenciador básico respecto de las Organizaciones internacionales no gubernamentales (O.N.G), cuya base jurídica resulta ser un acto de Derecho interno, con independencia de que su actividad se despliegue en el plano internacional.
Se ha definido con acierto a las O.N.G. como organizaciones integradas por asociaciones, fundaciones e instituciones privadas, fruto de la iniciativa privada con exclusión de todo acuerdo intergubernamental, constituidas de manera duradera, espontánea y libre por personas privadas o públicas, físicas o jurídicas, de diferentes nacionalidades, que, expresando una solidaridad transnacional, persiguen sin espíritu de lucro un objetivo de interés internacional y han sido creadas de conformidad con el Derecho internacional de un Estado.
Por último, señalar que característica de alguna de estas organizaciones es su colaboración con diversas organizaciones internacionales de naturaleza interestatal.
6. Las empresas transnacionales En lo que se refiere a las empresas privadas de alcance internacional constituidas por actos internos –entre ellas las multinacionales, llamadas así más por poseer filiales o sociedades controladas en diversos países que por tener un estatuto jurídico internacional, del que carece, suele negárseles la personalidad internacional.
A diferencia de las ONG, las empresas transnacionales tienen una finalidad lucrativa. Son unidades económicas de producción y comercialización cuyo ámbito de actividad no se limita por fronteras nacionales.
7. El individuo Se sigue discutiendo en la doctrina iusinternacionalista sobre si las personas privadas, esto es, los individuos, son o no sujetos del D.I.
Mediante los acuerdos internacionales, los Estados han ido estableciendo diversas normas dirigidas a la protección de intereses individuales o de grupo. Y si bien el ser beneficiario de esas normas no convierte ipso facto al individuo en sujeto del D.I., tampoco se le puede reducir por ello a la condición de mero objeto de este orden jurídico Podemos distinguir entre dichas normas aquellas que protegen al individuo en su vida (prohibición de la piratería, prohibición del uso de gases tóxicos y asfixiantes), en su libertad (abolición de la esclavitud, abolición del trabajo forzado, prohibición de la trata de seres humanos), en su salud y moralidad.
Este desarrollo normativo se ve hoy coronado por un conjunto de normas adoptadas, bien en el plano universal (N.U., O.M.S.), bien en el plano regional (Consejo de Europa, Unión Europea) cuyo objeto es la protección internacional de los derechos humanos.
Ahora bien, ante un acto ilícito internacional de un Estado en perjuicio de un individuo que no ostenta su nacionalidad, la regla general sigue siendo hoy que el individuo perjudicado no puede entablar una acción o presentar una petición ante órganos internacionales contra ese Estado, quedándole la alternativa de recurrir contra el acto en el plano del Derecho interno del Estado infractor y, en caso de no obtener satisfacción por esta vía, acudir al Estado del que es nacional a fin de que sea éste, si decide interponer en su favor la protección diplomática, Cabe destacar que en la práctica internacional se registran casos diversos de concesión a los particulares de la posibilidad de acceder, en defensa de sus derechos o intereses, a órganos internacionales, algunos de carácter judicial (tribunales internacionales) y otros sin tal carácter.
No existe, en principio, obstáculo para considerar al individuo como sujeto de una conducta que constituya en sí misma un acto internacionalmente ilícito, esto es, una violación de una obligación derivada de una norma de D.I. Nada se opone, tampoco, a la posibilidad de una incriminación internacional del individuo por la comisión de ciertos actos delictivos que son contrarios a ciertas exigencias básicas de la convivencia internacional.
Por último, decir que lo habitual es que sea el Derecho interno a través de órganos y procedimientos estatales, el que se encargue de dilucidar las consecuencias penales de la comisión por el individuo de delitos internacionales.
8. La humanidad La Humanidad o su concepto se encuentra recogido en normas de Derecho Internacional Público como beneficiario de determinados derechos. Básicamente hasta ahora, cuando se ha hecho referencia a un Tratado sobre la humanidad, se habla del medio ambiente, de los océanos, derechos sobre riquezas, determinados bienes comunes de la humanidad que no pueden ser privatizados puesto que pertenecen al conjunto de la humanidad.
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