Derecho Eclesiástico del Estado. Tema 8. (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Valladolid
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Eclesiástico del Estado
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 17/01/2015
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TEMA 8: el derecho de objeción de conciencia.- delimitación con otras categorías.- ámbito de la educación.- ámbito de la sanidad.ámbito de la alimentación.- ámbito militar, policial y civil del Estado.
Vamos a estudiar aquellos casos donde se produce una discordancia entre los que establecen una norma jurídica y la conciencia del destinatario de la norma. De manera que el derecho debe procurar que no exista contradicción entre las normas jurídicas que el dicta y la conciencia de los destinatarios de las normas. En el caso de que se produzca esta discordancia, los ciudadanos van a optar por desobedecer el mandato que la norma impone, y esta desobediencia se puede fundar en las siguientes razones: - - Los ciudadanos pueden oponerse a cumplir las normas cuando el sistema jurídico establezca privilegios o cauces para eludir la aplicación de las normas por parte de algunos sujetos Cuando un sistema establece normas que violan el consenso de la Constitución o liberan al gobernante del sometimiento a la Ley.
Cuando en la adopción de decisiones se establecen desigualdades entre los ciudadanos Cuando se violan los valores, principios o derechos fundamentales La discordancia entre la norma de conciencia y la norma jurídica: Puede expresarse por dos tipos de reacciones: 1- Reacciones colectivas: integradas por tres conductas que son:  Revolución  Contestación  Desobediencia civil 2- Reacciones individuales  Objeción de conciencia Delimitación con otras categorías: Características de la revolución: - Pretende la modificación de una situación jurídica injusta impuesta por la norma jurídica Las minorías intentan convencer a las mayorías Intentan imponer por la fuera la voluntad de las mayorías a las minorías Características comunes de contestación y desobediencia civil: - Ambas son actitudes públicas que expresan la disconformidad con alguna norma vigente 1 - Persiguen como ultimo objetivo la modificación de esta norma Se renuncia en ambas explícitamente a la utilización de la violencia, por lo tanto se diferencia de la revolución Una y otra son pacificas La contestación: Es una conducta que normalmente esta manifestada por intelectuales y estudiante s los cuales van a rechazar frontalmente e sistema, total o parcialmente pero que en ningún caso se plantean renunciar a seguir viviendo en el Desobediencia civil: Tiene el objeto el incumplimiento de una norma jurídica concreta, aceptando las consecuencias perjudiciales e incluso las penales que esta desobediencia lleva aparejada para quien lo incumplan.
Estas tienen por objeto la defensa de un sistema democrático para mejorar sus imperfecciones. De manera que quien hace la desobediencia civil lo hace a través de un acto público pero que no es violento y es conforme a su conciencia, contrario a la ley, y normalmente realizado con la intención de producir un cambio en los políticos o en las leyes del gobierno (15M).
Reacción individual: la objeción de conciencia: Es la negativa individual a prestar obediencia a una norma jurídica por ser contradictoria con la propia conciencia del individuo (salvo objeción de conciencia al servicio militar). Podías ir a la mili, hacer la prestación social sustitutoria (acción social) o podías ser insumiso que no querían ir.
Las características son: - No se trata de modificar la ley Se persigue un interés individual y no un interés individual, y no un interés general Se siente eludir la aplicación de la pena En cualquier caso para estar ante una objeción d conciencia es necesario tener una serie de motivos que la eludan: - - Es preciso que la norma jurídica entre en contradicción con valores religiosos , éticos, morales o ideológicos o cualquier otro de análoga naturaleza siempre que esta contradicción se establezca con creencias, ideas o valores que formen parte inseparable de la identidad personal Ser infiel a las mismas equivale a una infidelidad a uno mismo y por tanto representan un atentado a su propia dignidad personal (Articulo 16, 10.1) 2 Objeción de conciencia en el ámbito de la educación: Estos se planteaban por parte de padres de alumnos menores de edad que entendían que con esta asignatura (educación para la ciudadanía) que formaba un adoctrinamiento ideológico por parte del estado, y por eso la ley impone una obligación de carácter general y en estos casos, según el tribunal constitucional para que pueda ejercerse el derecho de objeción de conciencia, es necesario que la ley expresamente lo reconozca.
Algunos grupos parlamentarios presentaron enmiendas a la ley por la que se impone la educación de la ciudadanía para que en esta norma se recogiese la objeción expresamente, pero estas enmiendas no prosperaron y además cuando se han hecho demandas, los tribunales superiores de justicia han rechazado estas demandas.
No obstante ha habido varias sentencias de los tribunales superiores de justicia de Andalucía y de la rioja que van a reconocer el derecho de los padres para que sus hijos no asistan a educación para la ciudadanía y se van a fundar en: 1. Que la enseñanza de la ética es competencia de los padres y no de la escuela 2. Únicamente se deben transmitir a los alumnos los principios democráticos o de convivencia que son los que contribuyen al pleno desarrollo de la personalidad Objeción de conciencia en el ámbito de la sanidad: La objeción de conciencia ante los supuestos de interrupción del embarazo (vamos a ver la ley de 1985 y la que se va a declarar).
La actual ley por la que se regula la objeción de conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo contempla unos supuestos en que esa interrupción esta despenalizada, es decir, en esta ley se reconoce el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo en los supuestos que la ley española a despenalizado y que la ley ha declarado constitucional.
Se tratan de tres supuestos que están en el artículo 417 bis del antiguo código penal, actual artículo 145.
La primer ley sobre el aborto en España fue la LO 9/1985 que también se denomina ley orgánica de interrupción del embarazo. Consideraba que se podía hacer cuando 1- Es necesario para evitar un grave peligro para la vida o salud psíquica o física de la embarazada 2- Que el embarazo sea consecuencia de un hecho sustitutivo del delito de violación, si el hecho se ha denunciado y no han transcurrido más de 12 semanas de gestación 3- Que se presuma que el feto va a nacer con graves taras físicas o psíquicas (este supuesto actualmente se debate que se meta en el primer supuesto, esto lo dicen los 3 progresistas. Actualmente Gallardón este lo suprime, es decir, te apañas con un niño con síndrome de Down o algo parecido) La ley actualmente en vigor es la LO 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo (actualmente en vigor: ley de plazos): 1- Podrá interrumpirse le embarazo voluntariamente dentro de as piernas catorce semanas d gestación a petición de la embarazadas siempre que concurran los siguientes requisitos (artículo 14)  La mujer debe ser informada de las ayudas y prestaciones públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que establecen lo apartados 2 y 4 del artículo 17  Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días desde la información mencionada y la realización de la intervención.
Una de las cuestiones por la que se quiere censurar es por el caso de que la joven de 16 años que quiere abortar, se da la paradoja de que no puede comprar tabaco y sin embargo puede abortar.
2- La ley prevé la posibilidad de interrumpir el embarazos por causas medicas dentro de los veintidós primeras semanas de la gestación, siempre que concurra alguna de estas dos indicaciones:  Que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada  Que exista riesgo de graves anomalías en el feto (esta está pendiente de suprimirse) 3- Mas allá de la vigésimo segunda semana, la ley configura dos supuestos excepcionales de interrupción del embarazo:  El primero se refiere a aquellos casos en que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida,  El segundo supuesto se refiere a los casos que haya una enfermedad grave e incurable en el momento de hacer el diagnostico y así lo afirme un comité clínico Objeción de conciencia de los facultativos: Frente al derecho que la ley reconoce a la mujer a que se interrumpa su embarazo en los supuestos indicados, se encuentra la libertad de conciencia del facultativo que se ve obligado a hacer esta interrupción. La ley jurídica le impone un deber y su conciencia le impide cumplir.
La forma de resolver los supuestos de objeción de conciencia de los facultativos depende de la naturaleza de la clínica donde ele facultativos preste su servicio, y así podemos diferenciar dos hipótesis: 1- Que la interrupción se lleve a cabo en una clínica privada.
El régimen estatuario de las personas que allí prestan sus servicios, es resultado de una opción libre, que puede suponer la renuncia al ejercicio del derecho de libertad de conciencia en estos supuestos. Además, la mujer puede pedir que se proteja su derecho fundamental 4 2- Que la interrupción se lleve a cabo un centro público de salud donde el facultativo sea funcionario de ese centro.
Algunos autores sostienen que no se trata tanto de un derecho de objeción de conciencia, sino que el fundamento del mismo se encentra en la defesa a un derecho constitucionalmente protegido: el derecho a la vida, en cuyo caso, el facultativo no está obligado a realizar la intervención.
En el artículo 18 se garantiza el ejercicio de este derecho a interrumpir el embarazo en los siguientes términos: “los servicios públicos de salir, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicaran las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional d Salud y se realizara en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”.
¿Quién tiene derecho? Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazado tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia, pero sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia.
El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia debe ser siempre una decisión individual directamente implicada en esta práctica que debe manifestar anticipadamente de forma expresa y por escrito su objeción.
En todo caso, dispensaran tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo. Si excepcionalmente, el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocer a la mujer embarazada el derecho a acurdo a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación.
En el ámbito de cada comunidad autónoma, la autoridad unitaria competente debe garantizar que en sus dependencias públicas y centros sanitarios esté disponible y actualizada una relación de centros o establecimientos públicos o privados en los que el aborto pueda realizarse.
En cualquier caso, los titulares de este derecho se limitan exclusivamente en las personas que intervienen en la intervención quirúrgica (médicos, enfermeras y personal sanitario) y no quienes participan en tareas meramente administrativas o burocracias El sujeto mas frecuentes es la objeción de conciencia del aborto pero también en las operaciones de esterilización o de reproducción asistida También en presenta en fecundación artificial con fines distintos a los de la procreación como la selección de la raza o la procreación o en operaciones de manipulación genéticas no eugenésica.
Objeción de conciencia en el ámbito de la alimentación: 5 Hay determinadas confesiones religiosas que cuyas normas o preceptos imponen a sus fieles observar ciertas obligaciones en relación con la alimentación. Por eso, el estado teniendo en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, ha establecido relaciones de cooperación y ha firmado acuerdos con algunas de las confesiones cuyos preceptos religiosos imponen a sus fieles cumplir con algunos mandatos sobre su alimentación. Así ocurre con los musulmanes y los judíos, de manera que en estos dos cuadros se impone a los musulmanes determinadas obligaciones con la alimentación halal, y en el acuerdo con los judíos se dan acuerdos con la alimentación khaser. Estableciendo obligaciones respecto a la forma de elaborar los productos, y respecto a la prohibición de ingerir determinados alimentos.
De manera que si le suministran a un creyente de estas confesiones alimentos contrarios a sus creencias religiosas, pueden plantearse supuestos de objeción de conciencia ante la negativa a ingerir ese tipo de alimentos.
El compromiso que ha tenido el estado con los musulmanes: uno de las cuestiones expresamente reconocida en estos acuerdos, es la relativa a las peculiaridades propias al alimentario, articulo 14, en un triple sentido: - - - El estado otorga en reconocimiento explícito a las peculiaridades que la ley islámica establece para la elaboración de los productos con denominación halal. (igual que hay alimentos sin gluten, hay alimentos halal proporcionados por el estado) E estado establece la exigencia de que el sacrificio de animales que se realice según el ritual que impone la ley islámica, respete en todo caso la normativa sanitaria vigente.
Los mataderos municipales reservan una sala para sacrificar a los animales según el rito islámico El estado solicita a los poderes públicos que colabore para que se procure una alimentación a los musulmanes que se encuentren bajo la dependencia de sus establecimientos, conforme a los preceptos religiosos islámicos, así como un horario de ayunas en el mes de ayuno (Ramadán) En concreto, el acuerdo se pronuncia en los siguientes términos: la alimentación de s internados en centros o establecimientos públicos y dependencias militares, y la de los alumnos musulmanes de los centros docentes públicos y privados concertados que lo solicite, se procurara adecuar a los preceptos religiosos islámicos, así como el horario de comidas durante el mes de ayuno (ramadán).
En estos casos, el acuerdo pone de manifiesto que el funcionamiento interno de aquellos centros, en lo que concierne al tipo de alimentación y horarios de comidas, se procurará adecuar a los preceptos religiosos respectivos.
Y en este punto es donde potencialmente pueden plantearse supuestos de objeción de conciencia por motivos religiosos, al negarse los afectados a ingerir los alimentos que se distribuyen en cualquiera de estos establecimientos públicos mencionados que vayan en contra de sus convicciones religiosas.
Objeción de conciencia en el ámbito militar, policial y civil del estado: 6 Los dos primeros supuesto en el ámbito policial y militar no suponen en sentido estricto supuesto de objeción de conciencia ya que normalmente se trata de aquellos casos en los cuales, bien personal militar o personal de las fuerzas militares del estado se niegan a asistir a actos religiosos durante el ejercicio de sus funciones (por ejemplo, procesión). Pero son supuestos de objeción de conciencia impropia ya que hay contradicción entre conciencia dl militar y la orden del superior (no de las normas del estado).
Objeción de conciencia en el ámbito civil: - La objeción al formar parte de las mesas electorales Se trata de dos formas de objeción de conciencia respecto de las cuales tienen analogías pero también diferencias. Se produce la contradicción entre el deber general de una norma y la conciencia al obligado a cumplir.
Sobre la base del principio de participación del artículo 9,2, se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos tanto en general (artículo 23 de la constitución) como en lo concretado en la administración de justicia (artículo 125 de la constitución).
La LOREG es la ley orgánica reguladora del régimen electoral general, esta tipifica el derecho a participar en las mesas electorales como un deber general al servicio de la comunidad y del correcto funcionamiento del sistema democrático. Por lo tanto, el artículo 7,2 de esta ley utiliza una forma genérica para referirse a as casusas de la exención de este derecho. Se refiere a una causa justificada y documentada cuya apreciación es de competencia de la Junta Electoral de Zona (por ejemplo, en mayo hay elecciones y también las comuniones. Si hay un padre que tiene la comunión de su hijo es justificado) - Objeción a formar parte del jurado.
Por su parte la ley organiza del jurado, en el artículo 7, de forma similar a la ley anterior tipifica el deber a ser parte del jurado como un deber inexcusable de carácter público y personal, salvo que exista causa de exención. El artículo 12, por su parte, cierra las posibles causas de exención con una formula genérica: cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función del jurado, suficientemente acreditada.
En ninguna de las dos leyes está expresamente prevista como una casa concreta de exención la posible objeción de conciencia derivada de la contradicción de ese deber de carácter general con unas determinadas creencias, ideas o convicciones de conciencia El principal problema lo han planteado los testigos de Jehová que se niegan a formar parte de las mesas electorales y han obligado a pronunciarse al tribunal supremo. Entre estas sentencias, se pueden hacer dos grupos a) En una de ellas se rechaza de plano la admisión de la objeción como excusa, bien por no estar prevista en la ley, bien por estar fuera del ámbito de protección de la ley b) En otras sentencias, sin llegar admitir en ningún caso esta excusa como causa suficiente, deja abierta la puerta a su admisión al fundamentar su negativa en que no 7 ha sido probada suficientemente (deniegan esta necesidad ya que hay falta de pruebas. No hay ningún precepto escrito que le diga a estos testigos que no pueden formar parte del jurado) El tribunal supremo llega a las siguientes conclusiones: 1) Considera que es difícilmente creíble que haya creencias que impidan la participación en actividades tan asépticas como las que han de realizar laos componentes de las mesas electorales, presididas por el principio de neutralidad e imparcialidad 2) Es necesaria la prueba de su existencia que , por lo anteriormente dicho, resulta más que difícil admitir 3) No está expresamente prevista la objeción de conciencia como causa suficiente de excusa y, por tanto, no puede admitirse como tal.
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