TRABAJOS (2016)

Trabajo Español
Universidad Universidad de Alicante (UA)
Grado Criminología - 3º curso
Asignatura Penologia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 13/02/2017
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AUTO DE INHABILITACIÓN ASIGNATURA: PENOLOGÍA ALUMNA: CRISTINA QUIRÓS GALLEGO 3º GRADO CRIMINOLOGÍA, GRUPO 4.
1. Efectuar un resumen del motivo del recurso, las argumentaciones de la defensa y las del MF, así como de la motivación del fallo.
Nos encontramos frente a un auto de resolución de la sección 4º de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid a 18 de Enero de 2016.
Se realiza un recurso contra la Ejecutoria nº 21/2012, pieza individual del Condenado ARNALDO OTEGUI MONDRAGÓN, proveniente del Rollo de Sala del Procedimiento Ordinario nº 95/2009 y a su vez del Sumario nº 56/2009, de la cual se dictó providencia el día 23-112015.
En dicha providencia, se acordó la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 años y 6 meses, en resolución firme de fecha 15-1-2013, así como la liquidación de la condena aprobada en providencia de fecha 24-1-2013, liquidación concatenada con la liquidación de la condena de la pena de inhabilitación absoluta practicada en la ejecutoria 130/07 de la Sección 3º.
Contra esta resolución del 23-11-2015, el día 4 del 12 del 2015, el procurador del interesado, Arnaldo Otegui Mondragón, presentó un recurso de súplica, motivado en especial por la razón, de que la sentencia en su día impuesta en el procedimiento del penado no especificaba el empleo o cargo al que afectaba su inhabilitación especial, por lo que no podía ser ejecutada.
Se argumenta que el artículo 42 del CP y la constante jurisprudencia, vienen indicando que en la sentencia habrá que especificarse los empleos, cargos u honores sobre lo que recae la inhabilitación para cargo o empleo público, que impide que el fallo adoptado en la sentencia firme dictada puede ser llevada al efecto. Además defienden que no caben interpretaciones extensivas o analógicas, que generan inseguridad y vulneran el principio de legalidad, por lo que la sentencia al no especificar, falta el requisito legal imprescindible de la determinación del empleo o cargo al que dicha condena afecta.
Por otro lado, también apunta que la resolución combatida debería adoptar forma de auto, y no tenía que haberse dictado después de dársele traslado al informe del Ministerio Fiscal sobre el escrito que en su día presentó para que se paralizase la ejecución de la pena de inhabilitación especial impuesta, con expresión de los recursos pertinentes. Estas son las razones por las cuales, piden la revocación de la providencia.
1 AUTO DE INHABILITACIÓN Los motivos, por los cuales el recurso de súplica interpuesto no puede prosperar, son, en primer lugar, que la resolución recurrida tenga forma de providencia y no de auto, no conlleva ninguna repercusión en orden a la protección de los derechos procesales de las partes, ya que cumple con el requisito de motivación previsto en el artículo 248.1 de la LOPJ y constituye una resolución dictada en el mismo procedimiento que tienen calidad de firmeza.
Además de que no existe obligación legal de conferir previo traslado del informe del Ministerio Fiscal antes de dictar la resolución pertinente ni tampoco que imponga que en la resolución impugnada se inserte información sobre los recursos que contra ella caben. Es obligación del ulterior trámite de notificación.
En segundo lugar, se basan en el principio de protección de la cosa juzgada y con ello en el principio de seguridad jurídica artículo 9.3 de la CE, para mantener el criterio de confirmación de la resolución recurrida. Ya que no se encuentran ante un procedimiento inicial de ejecución, sino que se trata de una ejecución en curso, en la que desde hace años se han dictado resoluciones firmes y consentidas que afectan a la ejecución de la pena e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, impuesta en la sentencia nº 22/11 del 16-09-2011, luego reducida en su duración por el TS en la sentencia nº 351/12 del 75-2012.
El auto del 20-5-2012, firme ya que la sentencia dictada fue notificada y no impugnada, al igual que la del 15-1-2013 por la que se ordena practicar la liquidación de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 años y 6 meses, notificada y no recurrida. El mismo día 15-1-2013, se emitió la liquidación de la pena nombrada, con fecha de comienzo 49-2014, ya que cumplía con pena de inhabilitación absoluta derivada de otra ejecutoria, contra la que no se formuló oposición cuando se notificó y con ello tomo calidad de firmeza.
Es una ejecución en curso de una sentencia firme, en la que el interesado, Arnaldo Otegui Mondragón, ha tenido información sobre las distintas resoluciones, entre ellas la que quiere impugnar, sobre la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que está cumpliendo desde el 4-9-2014, sin mostrar oposición hasta que realiza el recurso de súplica el 4-12-2015, pena que nunca ha sido objeto de recurso cuando fueron notificadas en tiempo y forma.
Por ello, el Tribunal acuerda desestimar el recurso de súplica interpuesto por el representante de Arnaldo Otegui Mondragón, contra la providencia del 23-11-2015, en el que se acuerda mantener el curso de la ejecución de la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, de conformidad con la resolución de 15-1-2013.
2 “Se nos pide que condenemos la actividad armada de ETA, pero, ¿cómo me pides hoy que condene una cosa del pasado si además no la condenaba en su día y he pagado claramente por no hacerlo?” Arnaldo Otegui, en Salvados, 4-2016 ...