Pràctica secret de comunicacions RESOLTA (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Dret Constitucional
Año del apunte 2015
Páginas 11
Fecha de subida 22/02/2015
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PRACTICA N. 7: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES I. SUPUESTO DE HECHO El Sr. Antonio Gimeno fue condenado por la Audiencia Nacional como cómplice de un delito de detención ilegal a una pena de ocho años de prisión. Esta sentencia fue recurrida por los abogados del Sr. Gimeno en casación ante el Tribunal Supremo, alegando que había sido quebrantada la presunción de inocencia de su representado y que había habido error en la apreciación de la prueba por parte de la Audiencia. El TS desestimó el recurso.
Finalmente, la defensa del Sr. Gimeno decidió interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración, entre otros, del derecho a la presunción de inocencia (art. 24 CE)y del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18. 3 CE) de su defendido, debido a la utilización como prueba de cargo de la observación telefónica, prueba que considera ilícita por incumplir el requisito de motivación, al tratarse de un simple modelo estereotipado, por faltar el correspondiente control judicial, pues no se determina la duración de la misma, por la entrega al Juzgado de copias y no de cintas originales, lo que impide constatar el carácter inédito de su contenido, por la selección y transcripción de conversaciones por la policía sin intervención judicial y sin audiencia de las partes, y por la falta de aportación a los autos de otras grabaciones realizadas por los mismos hechos II. CUESTIONES 1. ¿Cuál es el régimen general establecido por la Constitución respecto al secreto de las telecomunicaciones? ¿Cuál es el objeto de protección de este derecho? ¿Qué exigencias establece la CE para una intervención legítima? Art 18.3 CE se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
El objeto de protección de este derecho es el honor y la intimidad personal. La constitución establece que para una intervención legítima, tiene que darse con resolución judicial y justificando el fin y los intereses por los que se sacrifica su derecho.
2. ¿Qué condiciones exige la LECrim para poder llevar a cabo legítimamente "escuchas telefónicas"? Exige que solo se pueden llevar a cabo escuchas si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa y en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes.
3. ¿Qué argumentos constitucionales y legales podrá utilizar el Sr. Gimeno para defender su derecho? 1 Que la prueba que sirvió de sustento a la condena no se obtuvo con el respeto de los derechos fundamentales invocados.
La prueba sería ilícita por incumplir el requisito de motivación, al tratarse de un simple modelo estereotipado y por faltar el correspondiente control judicial, pues no se determina la duración de la intervención.
4. Según la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional respecto al secreto de las telecomunicaciones, ¿cuáles son las condiciones y requisitos para poder llevar a cabo una interceptación de las comunicaciones de un particular sin que esto suponga una vulneración de su derecho fundamental? Para la interceptación de las vulneración de su derecho determine el objeto de la llevarlas a cabo y cómo, y controlar su ejecución.
comunicaciones de un particular sin que esto suponga una fundamental es imprescindible que la resolución judicial intervención, el tiempo de duración, quienes hayan de los períodos en que haya de darse cuenta al Juez para Esta tendría que ser una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás.
Además la motivación que ha llevado a esta intervención tiene que ser comunicada posteriormente al afectado.
III. JURISPRUDENCIA STC 114/1984,de 29 de noviembre (FJ 7) Carácter formal del secreto STC 34/1996, de 11 de marzo (FJ 4 y 5) Teléfonos móviles STC 49/1996, de 26 de marzo (FJ 3) Requisitos de la autorización judicial STC 54/1996, de 26 de marzo (FJ 7 y 8) Doctrina del TC STC 127/1996, de 9 de julio (FJ 3 y 4) Secreto de las telecomunicaciones en los centros penitenciarios STEDH de 30 de julio de 1998, caso Valenzuela (resumen) IV. NORMATIVA APLICABLE Art. 18. 3 CE Art. 579 LECrim (redactado por LO 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la LECrim) 2 STC 114/1984, de 29 de noviembre (FJ 7) SEPTIMO.- La primera precisión que hay que hacer es que no todas las irregularidades denunciadas por el actor son relevantes en este momento a efectos constitucionales.
Tiene trascendencia a considerar la calificación jurídica de la grabación subrepticia, pero no la tiene, en el presente proceso, determinar si fue o no antijurídica la ulterior comunicación a terceros de la grabación misma.
El problema planteado es el de la hipotética obtención inconstitucional de una prueba, que en este caso es exclusivamente el registro fonográfico, y carece de relevancia la determinación adicional de si tuvo también causa ilícita, originariamente, el proceso de formación de la voluntad empresarial que llevó al despido del actor. Que las informaciones llegaran a la Empresa por medio de un comportamiento que pudiera constituir, en sí, quebrantamiento de un deber jurídicamente garantizado (por ejemplo, el de guardar reserva de lo conocido como "confidencia") es algo irrelevante en este momento, cuando no se trata de apreciar la legitimidad del despido, sino la regularidad procesal en la admisión de una prueba tachada de ilícita, que se agota en el objeto mismo de la grabación, en lo que aquí interesa.
El derecho al "secreto de las comunicaciones...
salvo resolución judicial" no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del "secreto"- la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo).
Por ello, no resulta aceptable lo sostenido por el Abogado del Estado en sus alegaciones en el sentido de que el art. 18.3 CE protege sólo el proceso de comunicación y no el mensaje, en el caso de que éste se materialice en algún objeto físico. Y puede también decirse que el concepto de "secreto", que aparece en el art. 18.3, no cubre sólo el contenido de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la misma, como, por ejemplo, la identidad subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales. La muy reciente S 2 agosto 1984 del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre -caso Malone- reconoce expresamente la posibilidad de que el art. 8 de la Convención pueda resultar violado por el empleo de un artificio técnico que, Con estas advertencias, es necesario determinar si, efectivamente, la grabación de la conversación, en la que fuera parte el actor, constituyó, como se pretende, una infracción del derecho al secreto de las comunicaciones. La tesis del actor no puede compartirse. Su razonamiento descansa en una errónea interpretación del contenido normativo del art. 18.3 CE. Y en un equivocado entendimiento de la relación que media entre este precepto y el recogido en el núm. 1 del mismo artículo.
3 como el llamado "comptage", permite registrar cuáles hayan sido los números telefónicos marcados sobre un determinado aparato, aunque no el contenido de la comunicación misma.
Y es que tal imposición absoluta e indiferenciada del "secreto" no puede valer, siempre y en todo caso, para los comunicantes, de modo que pudieran considerarse actos previos a su contravención (previos al quebrantamiento de dicho secreto) los encaminados a la retención del mensaje. Sobre los comunicantes no pesa tal deber, sino, en todo caso, y ya en virtud de norma distinta a la recogida en el art. 18.3 CE, un posible "deber de reserva" que -de existirtendría un contenido estrictamente material, en razón del cual fuese el contenido mismo de lo comunicado (un deber que derivaría, así del derecho a la intimidad reconocido en el art. 18.1 CE).
Sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de "comunicación", la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee eficacia "erga omnes") ajenos a la comunicación misma. La presencia de un elemento ajeno a aquéllos entre los que media el proceso de comunicación, es indispensable para configurar el ilícito constitucional aquí perfilado.
Quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato amplificador de la voz que permite captar aquella conversación a otras personas presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a otros entrase en la esfera "íntima" del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho garantizado en el art. 18.1 CE. Otro tanto cabe decir, en el presente caso, respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica. Este acto no conculca secreto alguno impuesto por el art. 18.3 y tan sólo, acaso, podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. Por lo que a esta última dimensión del comportamiento considerado se refiere, es también claro que la contravención constitucional sólo podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión (art. 18.1 CE). Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, No hay "secreto" para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el art.
18.3 CE la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aun considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Ocurre, en efecto, que el concepto de "secreto" en el art. 18.3 tiene un carácter "formal", en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. Esta condición formal del secreto de las comunicaciones (la presunción "iuris et de iure" de que lo comunicado es "secreto", en un sentido sustancial) ilumina sobre la identidad del sujeto genérico sobre el que pesa el deber impuesto por la norma constitucional.
4 en conducta contraria constitucional citado.
al precepto prohibición de valoración de la misma sino también la de toda prueba directa o indirectamente derivada de aquélla.
Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables "ex" art. 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal "ex" art. 18.1, garantía ésta que, "a contrario", no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación humana.
El art. 18,3 CE establece: "Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial".
Por su parte, el art. 8 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 4 noviembre 1950, realiza una detallada regulación de los derechos a la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, destinada a salvaguardar y eliminar cualquier ingerencia en el ámbito de estos derechos fundamentales: "1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás." STC 49/1996, 26 de marzo (FJ 3) TERCERO.- Hasta aquí nuestra doctrina.
Hemos de verificar ahora si las pruebas que sirvieron de sustento a la condena del hoy demandante de amparo se obtuvieron con respeto de los derechos fundamentales invocados.
El análisis debe comenzar por la prueba consistente en las intervenciones telefónicas ordenadas por el Juez de Instrucción núm. 3 de Barcelona. Hay que examinar si dichas intervenciones vulneraron el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18,3) y el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24,2), como aduce el demandante.
De constatarse alguna de estas vulneraciones, y por tratarse de la fuente de prueba que dio origen al procedimiento penal contra el demandante por delito de cohecho, habría de concluirse no sólo la El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tenido ocasión de aplicar el transcrito precepto en numerosas sentencias. Entre las más significativas, la S 6 septiembre 1978 (Caso Klass), en la que estimó que "las comunicaciones telefónicas se encuentran comprendidas en las nociones de vida privada y de correspondencia"; la S 2 agosto 1984 (Caso Malone) declaró también que "la interceptación de la conversación telefónica en el caso referido implicaba 5 una injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de un derecho que el ap. 2º art. 8º del Convenio garantizaba al demandante"; las SS 24 abril 1990 (referentes a los casos Huvig y Kruslin) trataron el tema de las escuchas telefónicas practicadas por orden de un juez instructor, declarando que "las escuchas y los demás procedimientos para interceptar las conversaciones telefónicas son un grave ataque a la vida privada y a la correspondencia", que deben fundarse en una "Ley de una singular precisión: "Es indispensable que las normas que las regulen sean claras y detalladas"; la citada S 2 agosto 1984 exige, para considerar legítima la injerencia, que, además de hallarse prevista por la ley, "persiga uno o varios objetos legítimos a la vista del pfo. 2º art. 8 del mencionado Convenio", y, además, que sea "necesaria en una sociedad democrática" para alcanzarlos.
observación telefónica, siempre que exista una conexión causal entre ambos resultados probatorios" (f. j. 3º).
En resumen: A) Estricta observancia, pues, de la proporcionalidad.
El principio de proporcionalidad "se refiere no sólo a la gravedad de la infracción punible, para justificar la naturaleza de la medida, sino también a las garantías exigibles de autorización judicial específica y razonada y de respeto en su realización de requisitos similares a los existentes en otro tipo de control de comunicaciones" (ATC 344/90).
B) La motivación resulta necesaria porque solo a través de ella se preserva el derecho de defensa y se puede hacer el necesario juicio de proporcionalidad entre el sacrificio del derecho fundamental y la causa a la que obedece (SSTC 160/94, 50/95, 181/95).
En sintonía con esa doctrina del TEDH, y en la línea de nuestra propia jurisprudencia, recientemente hemos afirmado (STC 86/95) que "el derecho al secreto de las comunicaciones sólo puede ser limitado mediante una resolución suficientemente motivada. La existencia de un mandamiento judicial autorizando la intervención, junto con la estricta observancia del principio de proporcionalidad en la ejecución de esta diligencia de investigación, constituyen exigencias constitucionalmente inexcusables que afectan al núcleo esencial del derecho al secreto de las comunicaciones, de tal modo que la ausencia de autorización judicial o la falta de motivación determinan, irremediablemente, la lesión del derecho constitucional, y por tanto la prohibición de valoración de cualquier elemento probatorio que pretenda deducirse del contenido de las conversaciones intervenidas, no sólo del resultado mismo de la intervención, sino de cualquier otra prueba derivada de la C) La legitimidad de la medida de intervención telefónica se condiciona, en suma, a la consideración por el Juez autorizante de su necesidad para la investigación de unos hechos determinados y con una específica tipificación penal, la resolución en que se acuerde debe mencionar expresamente las razones fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de la intervención, esto es, manifestar cuáles son los indicios que existen acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo grave por una determinada persona y, en función de esos indicios, proceder a su encaje en alguno de los tipos delictivos justificantes de la medida. Es imprescindible que la resolución judicial determine el objeto de la intervención: número o números de teléfono y personas cuyas conversaciones han de ser intervenidas, que en principio deberán serlo las personas sobre las 6 que recaigan los indicios referidos, el tiempo de duración de la intervención, quienes hayan de llevarlas a cabo y cómo, y los períodos en que haya de darse cuenta al Juez para controlar su ejecución.
comunicaciones, debemos recordar la doctrina de este Tribunal en relación con la exigencia de motivación en aquellas resoluciones judiciales limitativas o restrictivas de un derecho fundamental.
Desde las primeras sentencias este Tribunal ha venido declarando que "cuando se coarta el libre ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución el acto es tan grave que necesita encontrar una especial causalización y el hecho o conjunto de hechos que lo justifican deben explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses por los que se sacrificó". La motivación no es sólo una elemental cortesía sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de los derechos (STC 26/81), y en este mismo sentido, afirmamos que toda resolución que limita o restringe el ejercicio de un derecho fundamental ha de estar motivada, de forma que las razones justificativas de tal limitación puedan ser conocidas por el afectado. En esta linea, hemos venido reiterando que la restricción del derecho fundamental debe adoptarse por medio de resolución judicial motivada (SSTC 3/92, 13/94), y que ello se debe a la íntima relación existente entre la motivación judicial y las circunstancias fácticas que legitiman tal restricción, pues sólo a través de aquélla pueden conocerse y ponderarse éstas (STC 128/95).
El control judicial efectivo, en el desarrollo y cese de la medida, es indispensable para el mantenimiento de la restricción del derecho fundamental, dentro de los límites constitucionales.
El Juez que la autorice debe, en primer término, conocer los resultados obtenidos con la intervención, y en el supuesto de que se produzca una divergencia entre el delito objeto de investigación y el que de hecho se investiga, debe adoptar la resolución que proceda, puesto que en otro caso (S 6 septiembre 1978 TEDH, caso Klass, caso Malone, de 2 agosto 1984, y caso Kruslin de 24 abril 1990), las intervenciones constituirían una injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho del afectado al respeto de su correspondencia y de su vida privada.
Si un Tribunal sentenciador fundamenta su resolución condenatoria en pruebas obtenidas con violaciones de derechos fundamentales (sea por la Policía, sea por los Jueces de instrucción) la presunción de inocencia no ha de destruirse, como derecho fundamental que es con semejante material probatorio.
Asimismo cabe traer a colación la S 85/94, dictada en relación con un supuesto de intervenciones telefónicas, en la que recordábamos que la jurisprudencia del TEDH -casos Klass y Malone- ha venido exigiendo una serie de requisitos para estimar conforme a Derecho la interceptación de las comunicaciones telefónicas a un particular. Conforme a tales exigencias del TEDH este Tribunal declaró que, siendo cierto que la observación de las STC 54/1996, de 26 de marzo (FJ 7 y 8) SEPTIMO.Para resolver si la motivación del auto analizada que autorizó la intervención telefónica cumple el canon constitucional de proporcionalidad y si es respetuoso con las garantías constitucionales a la inviolabilidad del secreto de las 7 telecomunicaciones supone una grave injerencia en la esfera de intimidad personal constitucionalmente reconocida, como tal ha de estar sometida al principio de legalidad, y en especial, al de proporcionalidad (STC 37/89) que requiere tanto una específica gravedad de la infracción punible o relevancia social de su bien jurídico para justificar la naturaleza de la medida, como la observancia de las garantías exigibles de autorización judicial específica y razonada con respeto en su realización a los requisitos similares a los existentes en otro tipo de control de comunicaciones (auto TC 344/90). Y la necesidad de motivación resulta necesaria porque sólo a través de ella se preserva el derecho de defensa y se puede hacer el necesario juicio de proporcionalidad entre el sacrificio del derecho fundamental y la causa a la que obedece. Pues corresponde al Juez llevar a cabo la ponderación preventiva de los intereses en juego y determinar si a la vista de las circunstancias concurrentes debe prevalecer el derecho constitucionalmente protegido (SSTC 160/94, 50/95), ya que la motivación es la única vía de comprobación de que se ha llevado a cabo la ponderación judicial que constituye la esencial garantía de la excepción a la inviolabilidad de las comunicaciones. En esta misma línea, en la reciente STC 181/95, reiterábamos la anterior doctrina acerca de la necesaria observancia del deber de motivación de aquellas resoluciones en que se acuerde la intervención telefónica, y declarábamos la nulidad de una observación telefónica practicada sin la garantía de una autorización judicial específica y razonada (f. j. 5º y 6º) en la que se expusieran las razones que aconsejaban la medida y su necesidad.
acerca de la ausencia de motivación de la resolución judicial habilitante de la intervención telefónica. En efecto, en ésta no se recogen ni las personas afectadas con la intervención (fácilmente determinables en este caso), ni se determina el hecho punible investigado, ni tampoco se explicitan las razones que determinaron la adopción de tal medida, ni tampoco cuál era la finalidad perseguida con mandamiento judicial.
Unicamente se expresaba en la resolución que ahora examinamos los números de teléfonos intervenidos y como causa para la autorización, la comunicación remitida por el Mº Interior, a cuyas razones se refiere por remisión, como fundamento "bastante" para acordar la medida, añadiendo que así se "permite la mejor y más amplia investigación de los hechos". Tal motivación, genérica y lacónica del auto analizado no cumple el canon de proporcionalidad constitucionalmente exigible, pues sus vagas referencias se limitan, como queda expuesto, a la determinación de los números objeto de la intervención, y a remitirse a la solicitud del Mº Interior, a la que se accede en su integridad; no contiene, sin embargo, ninguna alusión a las personas investigadas, a la especial gravedad o significación social del delito objeto de investigación penal y tampoco se expone el razonamiento sobre la necesidad o imprescindibilidad de la adopción de tal medida para el desarrollo de la investigación, que hubiera justificado la intervención de las comunicaciones. La constatación de la falta de determinación del alcance subjetivo y objetivo de la intervención, esto es, de las personas afectadas y del delito investigado, así como la ausencia de una motivación específica y adecuada en el auto analizado, junto al carácter esencial de la misma para la adopción de tal resolución judicial habilitante de la intromisión en las OCTAVO.- Pues bien, aplicando la anterior doctrina expuesta al supuesto ahora examinado, debemos concluir 8 comunicaciones, determina la infracción del art. 18,3 CE y, por tanto, la prohibición constitucional de valoración de tal prueba y de cuantas se deriven directa o indirectamente de ella, en cuanto obtenidas con vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones. Así, pues, hemos de concluir en que los órganos judiciales no debieron haber concedido ninguna eficacia probatoria de la prueba así obtenida.54/1996 arts. 6.1 y 8 del Convenio, al afirmar que no había tenido un juicio justo, que su culpabilidad no había sido establecida por medios legales, y que la intervención de su línea telefónica infringió su derecho a la vida privada.
La Comisión admitió a trámite su demanda en relación a la violación del art. 8, declarando inadmisible el resto (11 votos a 6). Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el demandante mantuvo que la intervención de su teléfono violó su derecho al respeto a su vida privada protegida por el art. 8. El TEDH consideró que la aplicabilidad del artículo era clara en este caso, ya que según su jurisprudencia las llamadas telefónicas desde la casa de una persona se incluyen en la noción de "vida privada" y "correspondencia" del art. 8. En relación a su posible incumplimiento, el Tribunal tuvo en cuenta los principios establecidos por su jurisprudencia (caso Kopp c. Suiza, 1998), que señalaban que la intercepción de las conversaciones telefónicas constituye una intromisión de la autoridad pública en el derecho al respeto de la vida privada y de la correspondencia, a menos que se produzca "de conformidad con la ley", que se persiga uno o más fines legítimos de los enunciados en el art.
8.2, y que sea "necesaria en una sociedad democrática".
El primer requisito supone no solo que la medida se base en leyes nacionales, sino también se refiere a la cualidad de dichas leyes, que tendrán que ser accesibles para las personas interesadas, y las consecuencias de su aplicación deberán ser previsibles. En este caso, el Tribunal consideró que la legislación española aplicada en aquel tiempo no indicaba con suficiente precisión y certeza el grado de discreción de las autoridades en la esfera de las medidas de intervención de las comunicaciones telefónicas, y la manera en que debía ser ejercido. Por lo tanto, el TEDH consideró unánimemente STEDH de 30 de julio de 1998, caso Valenzuela (Resumen de la STEDH de El Derecho, Editores) El señor Valenzuela Contreras era sospechoso de molestar y amenazar a su ex-novia y al novio de ésta mediante frecuentes llamadas telefónicas y envío de cartas.
Durante la fase de investigación de los hechos, el juez de instrucción acordó la intercepción de la línea de teléfono del señor Valenzuela durante un mes. Dicha medida fue ordenada basándose en el art. 18.3 CE, y en el Tít. VIII del Lib. II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acerca "de la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica", antes de su modificación por la Ley 4/1988. Con posterioridad, el sospechoso fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló que el control telefónico no había sido decisivo para establecer la culpabilidad del acusado, sino que se tuvieron en cuenta todas las evidencias en conjunto. El acusado recurrió la resolución infructuosamente ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional, alegando el incumplimiento de los arts. 24 y 18 de la CE, quienes confirmaron la corrección de la resolución de la Audiencia. El señor Valenzuela acudió ante la Comisión alegando la violación de los 9 que el art. 8 fue violado. Y en aplicación del art. 50, el Estado fue condenado al reembolso de las costas y gastos del demandante.
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