Lección 17 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Constitucional III: Derechos y Libertades
Año del apunte 2017
Páginas 17
Fecha de subida 17/08/2017
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Lección 17: DERECHOS DE ÁMBITO LABORAL 1. La libertad sindical y el derecho de asociación empresarial a) El reconocimiento de la libertad sindical se inició en la etapa preconstitucional (en un proceso paralelo al de la transición política) cuyos principales eslabones normativos fueron: - la L. 19/1977 de 1 de abril: reconoció el derecho de empresarios y trabajadores a constituir asociaciones profesionales el RDL 31/1977 de 2 de junio: suprimió la afiliación obligatoria al sindicalismo vertical el RD 3149/1977 de 6 de diciembre: liquidó esa organización corporativa España ratificó los Convenios 87 y 98 de la OIT el 13 de abril de 1977 - La CE ha culminado el proceso proclamando en el Título Preliminar que: la creación y el ejercicio de la actividad de los sindicatos (y de las asociaciones empresariales) son libres + estas organizaciones tienen una función básica de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales (art. 7 CE) + ha protegido la libertad sindical con las máximas garantías ¿Cómo? al incluir el precepto que la reconoce (art. 28 CE, Sección 1ª, del Capítulo II del Título 1º: en el núcleo central de la declaración de derechos) o CONSECUENCIA La CE reconoce: la libertad sindical + el derecho de asociación (art. 22 CE) este planteamiento está justificado ¿Por? aunque los sindicatos sean asociaciones la libertad sindical tiene un contenido más amplio que el derecho de asociación - Las referencias normativas de este derecho se completan con la LO 11/85 de 2 de agosto de Libertad Sindical (LOLS): ha delimitado los ámbitos subjetivo y objetivo del mismo + ha precisado sus garantías o contiene también reglas que fortalecen la posición jurídica de las principales organizaciones sindicales estabilizan el modelo de negociación social centralizada que se desarrolló durante los 1eros años de vigencia de la CE:  Acuerdo Básico entre la UGT y la CEOE de 1979  Acuerdo entre la CEOE la UGT y CCOO de 1980  Acuerdo Nacional de Empleo entre el Gobierno, la Patronal y los Sindicatos de 1981  Acuerdo Económico y Social entre el Gobierno, la CEOE y la UGT de 1984 o Los aspectos más controvertidos de esta Ley han recibido el aval del TC b) El ámbito subjetivo de la libertad sindical en el ordenamiento español es muy amplio Art.
28 CE: «Todos tienen derecho a sindicarse libremente»  este derecho corresponde sin limitación a todos los trabajadores ya sean españoles o extranjeros, ya tengan una relación laboral o sean funcionarios públicos, sin perjuicio de las peculiaridades del ejercicio del derecho a la sindicación de estos últimos (arts. 28.1 y 103.3 CE) - La CE: o o ha prohibido la sindicación de los jueces, magistrados y fiscales en activo (art.
127.1) ha previsto que mediante ley pueda limitarse o exceptuarse el ejercicio de este derecho en el caso de los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los demás cuerpos sometidos a disciplina militar (art. 28.1) excepción que ha sido establecida por la LOLS (art. 1.3) o - ha previsto que la ley regulará las peculiaridades del ejercicio de este derecho por parte de los funcionarios públicos Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad que no tienen disciplina militar están incluidos en el ámbito subjetivo de este derecho, pero se rigen por una normativa específica más restrictiva (Ej.
miembros del Cuerpo Nacional de Policía sólo pueden afiliarse a organizaciones sindicales formadas exclusivamente por miembros de ese cuerpo) La LOLS ha limitado el derecho a la sindicación de los trabajadores por cuenta propia de los parados y de los jubilados: pueden afiliarse a los sindicatos existentes pero no crear otros para la defensa de los intereses singulares de esos colectivos (art. 3.1): o El TC ha confirmado la validez de esta limitación o La L. 20/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo: ha paliado de alguna manera esta restricción regulando una modalidad específica de asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos, que se rigen por la normativa general sobre asociaciones c) El contenido del derecho de libertad sindical tiene una VERTIENTE: INDIVIDUAL: comprende el derecho de cada trabajador a fundar sindicatos, a afiliarse al de su elección, así como el derecho a no afiliarse (art. 28 CE) o El único requisito exigido para la fundación de un sindicato (de acuerdo con la LOLS) es el depósito de sus estatutos por sus promotores o dirigentes en el Ministerio de Trabajo a efectos de publicidad MATERIAL y FORMAL de adquisición de la personalidad jurídica a los 20 días del depósito  A la Administración no le compete realizar un control de la legalidad del sindicato sino solamente un control extrínseco de la iniciativa el depósito sólo puede ser rechazado por carecer los estatutos de algunos de los requisitos mínimos exigidos por la ley (art. 4)  CONSECUENCIA: La posible impugnación de la legalidad del sindicato ante la autoridad judicial no exime a la Administración de disponer la publicación de sus estatutos - o El TC ha considerado que el contenido de este derecho fundamental ampara no sólo la fundación o afiliación a un sindicato, sino también los actos preparatorios de esas actividades Las represalias patronales contra los trabajadores (en la fase incipiente de su organización) serán tan ilícitas como las que se realicen en un momento posterior cuando ya exista afiliación y actividad sindical o El TC ha realizado una interpretación extensiva del derecho a no afiliarse Hay que entender prohibidas: la imposición o la obligación de sindicarse + las presiones indirectas para hacerlo aunque no pueda ser considerada como tal cualquier medida de fomento de la sindicación COLECTIVA: consiste en el derecho de los sindicatos al libre ejercicio de su actividad incluye: su derecho «a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas» (art. 28 CE) + la libre utilización por los mismos de todas las vías y procedimientos que el ordenamiento ofrece para la defensa de los derechos de los trabajadores: huelga, negociación colectiva, medidas de conflicto colectivo, participación institucional y participación en las elecciones sindicales o Esta conexión entre la libertad sindical y otros derechos que no están incluidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título 1º ha permitido al TC admitir el recurso de amparo contra actos que impidan u obstaculicen a los sindicatos (no a otros posibles titulares, como los Comités de Empresa) el ejercicio de dichos derechos interpretando que en tales supuestos se vulnera la LIBERTAD SINDICAL d) Consideración especial merece la actividad del sindicato en la empresa ¿Por? Su licitud (aunque no venga expresamente reconocida en el art. 28 CE) resulta indiscutible La LOLS parte de esa consideración siguiendo las orientaciones del Derecho francés e italiano Su art. 8.1 enumera una serie de derechos de los trabajadores afiliados a un sindicato en una empresa o centro de trabajo entre los que DESTACAN: o formar secciones sindicales o celebrar reuniones fuera de las h de trabajo y previa notificación al empresario o recaudar cuotas (o que el empresario las descuente del salario, con la conformidad siempre del trabajador afiliado) - Las secciones sindicales tienen reconocidos (art. 8.2) determinados derechos: negociación colectiva, utilización de un local y de un tablón de anuncios,… no se trata de una enumeración exhaustiva o Ej. Según el TC: siempre que la empresa disponga de una estructura de correo electrónico, el empresario está obligado a permitir que el sindicato la utilice para comunicarse con sus afiliados y con los trabajadores en general, a condición de que no se perturbe el uso normal de ese medio por parte de la empresa - No hay que hacer una exposición detallada del contenido de la libertad sindical en la empresa, pero el despido de los trabajadores por razón de su afiliación o actividad sindical es considerado por el TC como: radicalmente nulo y no sólo improcedente en esos casos el empresario no tiene derecho a optar entre la readmisión o la indemnización o Esta tipificación del despido es exponente del carácter vinculante de la libertad sindical, no sólo para los poderes públicos, sino también para terceros - Las secciones sindicales no son la única forma de organización de los trabajadores en la empresa: La legislación reconoce también una representación unitaria de los trabajadores en el centro de trabajo íntimamente ligada al ejercicio de la libertad sindical, pero que es distinta de ésta: o El fundamento de esta representación unitaria puede encontrarse en el art. 129.2 CE obliga a los poderes públicos a promover eficazmente «las diversas formas de participación en la empresa»  El Estatuto de los Trabajadores (Título II) regula esta representación colectiva de los trabajadores sin atribuirle efectivos poderes de codecisión o cogestión aunque es una opción viable en el marco del art. 129 CE - Desde el punto de vista de la libertad sindical es interesante referirse al PROCEDIMIENTO ELECTORAL de estos órganos unitarios: o Los Delegados de personal en las empresas con menos de 50 trabajadores o Los Comités de empresa en las de mayor tamaño o La importancia de estas elecciones se debe a que son el único indicador que se tiene en cuenta para reconocer a los sindicatos la condición de mayor representatividad o CONVOCATORIA: no se realiza de oficio por la autoridad estatal ¿Por? de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores debe ser promovida por     - acuerdo mayoritario de los trabajadores del correspondiente centro o los sindicatos que cuenten con suficiente representatividad en la empresa (10% de los miembros del Comité) o las organizaciones sindicales más representativas tienen reconocida una posición privilegiada para ordenar el conjunto del proceso electoral El TC ha admitido la validez de esta habilitación restringida para promover las elecciones sindicales ¿Por? razones de funcionalidad + el derecho de presentar candidaturas corresponde a cualquier sindicato ELECCIONES: o o DE LOS DELEGADOS DE PERSONAL: mediante voto múltiple y sistema mayoritario DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE EMPRESA: mediante listas cerradas y bloqueadas y sistema proporcional, con una cláusula de exclusión de aquellas listas que no hubieran obtenido el 5% de los votos e) La regulación de las asociaciones empresariales tiene su principal referencia en el art. 7 CE: reconoce la función básica de estas organizaciones - A propósito de la naturaleza jurídica del derecho de asociación empresarial se ha discutido si se trata de una variante del derecho de sindicación o de una manifestación del derecho genérico de asociación reconocido en el art. 22 CE - Se ha aducido en favor de la 1ª tesis que el contenido de la libertad sindical debe interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos fundamentales (art. 10.2 CE) como los Convenios 87 y 98 de la OIT que regulan la libertad sindical como comprensiva del derecho de los trabajadores y de los empresarios a constituir las organizaciones que estimen convenientes Frente a esta tesis «pansindical» cabe decir que: o las asociaciones empresariales tienen cometidos que exceden del ámbito estricto de las relaciones laborales o aparecen reconocidas como realidades distintas a los sindicatos en el art. 7 CE Interpretación aceptada por el TC - Las garantías constitucionales del derecho de asociación empresarial son idénticas a las de la libertad sindical ¿Por? Los arts. 22 y 28 CE forman parte del núcleo de derechos fundamentales dotados del máximo de protección o Aunque el régimen legal de las organizaciones empresariales difiere del de los sindicatos ¿Por? aquéllas no se rigen por la LOLS, sino por la L. 19/77, de 1 de abril 2. El concepto de “organización más representativa” Nuestro ordenamiento procura: - garantizar el ejercicio genérico de los derechos de sindicación y de asociación empresarial, sino también - seleccionar y promocionar aquellas organizaciones más representativas para encomendarles tareas que: exceden de la defensa de los intereses de sus miembros + implican la tutela o la representación del conjunto del colectivo profesional o empresarial.
Los criterios para definir las organizaciones más representativas no son idénticos en el campo SINDICAL y en el campo EMPRESARIAL - La LOLS (arts. 6.2 y 7.1) sólo ha tenido en cuenta 1 indicador: la AUDIENCIA ELECTORAL DE CADA SINDICATO: el nº de representantes (delegados de personal, miembros de comités de empresa o de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas) obtenidos en las elecciones sindicales o CONSECUENCIA: Supone prescindir de una noción más compleja de representatividad que considere también otros factores (ej. afiliación o estructura organizativa de cada sindicato) que en países de nuestro entorno con panorama sindical pluralista (ej. Francia o Italia) sí se ponderan Este criterio legislativo fomenta la función electoral de los sindicatos, más que su dimensión asociativa - Para el reconocimiento de la mayor representatividad en todo el ámbito nacional se exige es que el sindicato acredite haber obtenido 10% del total de los representantes o o para conseguir ese reconocimiento en el ámbito de una CCAA es preciso obtener 15% de los representantes (y, en todo caso, más de 1500) El TC ha justificado que los requisitos sean mayores en este 2º caso por cuanto la mayor representatividad en una CCAA conlleva la capacidad legal para «ostentar representación institucional» en la CCAA + ante las Administraciones públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal - Es manifiesta la preferencia del legislador por las grandes confederaciones sindicales cuyo estatuto jurídico resulta reforzado por la regla de la «IRRADIACIÓN»: las organizaciones sindicales más representativas transmiten esa condición a los sindicatos o entes sindicales que forman parte de las mismas CONSECUENCIA: se eximen del cumplimiento de los requisitos de audiencia electoral en su respectivo sector o territorio (art. 6.2 b y art. 7.1b) - La mayor representatividad de las asociaciones empresariales está regulada por el Estatuto de los Trabajadores (en su Disposición Adicional 6ª): reserva la consideración de organización empresarial más representativa a las que tengan afiliadas por lo menos al 10% de las empresas siempre que los trabajadores a su servicio alcancen el 10% del total (ambos % se refieren al conjunto nacional, incluyendo todos los sectores económicos) o También pueden gozar de esa calificación legal asociaciones empresariales que desempeñen su actividad en el ámbito de una CCAA aunque en tal caso el % de implantación que se exige es más elevado: 15% de las empresas y de los trabajadores de dicha CCAA La similitud de esta normativa con la sindical es evidente Ha recibido el aval del TC - La LOLS atribuye una «singular posición jurídica» a los sindicatos más representativos que se concreta en el art. 6.3 mediante una lista no exhaustiva de facultades o prerrogativas o El TC lo ha convalidado ¿Por? no es inconstitucional introducir diferencias de trato entre los sindicatos para asegurar la efectividad de la actividad encomendada siempre que las diferencias estén de acuerdo a criterios objetivos.
o En la medida en que esos derechos adicionales concedidos solamente a unos sindicatos no se refieran al núcleo esencial de la libertad sindical (debe ser garantizado a todos) tampoco se vulnera el art. 28.1 CE o Aunque: otras ventajas legalmente otorgadas a los sindicatos más representativos han sido consideradas contrarias a la libertad sindical por el TC por significar injerencias de los poderes públicos capaces de alterar la igualdad entre las diferentes organizaciones sindicales (ej. las disposiciones de las leyes de Presupuestos para 1983, 1984 y 1985 que disponían ayudas económicas exclusivamente en favor de los sindicatos más representativos) - No existe una definición legal de la posición jurídica de las organizaciones empresariales más representativas equivalente a la que realiza el art. 6.3 LOLS aunque en diversos preceptos se contienen referencias que permiten describir las competencias de ambos tipos de organizaciones de forma paralela - 1ª PRERROGATIVA DE LAS ORGANIZACIONES MÁS REPRESENTATIVAS: derecho a obtener cesiones de inmuebles públicos de carácter temporal (no conllevan la transmisión de la propiedad como lo indican el art. 6.3 LOLS y la Disposición Adicional 6ª del Estatuto de los Trabajadores) que no están exclusivamente reservadas a las organizaciones más representativas: según la L. 4/86, de 8 de enero éstas sólo serán destinatarias preferentes de tales cesiones.
- 2ª OTRA FUNCIÓN PRIVILEGIADA: NEGOCIACIÓN COLECTIVA ¿Por? aunque ellas no tienen el monopolio de esta actividad, son las únicas que pueden participar en los llamados «acuerdos interprofesionales» que permiten fijar la estructura de la negociación colectiva en el territorio nacional o de una CCAA (art. 83 del Estatuto de los Trabajadores) - 3ª PRERROGATIVA: derecho a «ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas» o La LOLS y el Estatuto de los Trabajadores se refieren a: la Administración central + las CCAA aunque en el caso de las CCAA su propia legislación (como lo indicó el TC) puede ampliar la legitimación para ejercer esta representación o Se trata de ejercer una representación del conjunto del colectivo profesional (y no únicamente de sus afiliados) Significa una función de marcados matices políticos, muy distante de la idea de representación del Derecho privado  Es importante esta función en la elaboración de la normativa laboral que debe ser sometida por el Gobierno a consulta o informe previos de las organizaciones más representativas La concertación social entre estas organizaciones y el Gobierno tiene por objeto acordar aspectos de la política de este último es también expresión de esta función de «representación institucional» 3. El derecho a la negociación colectiva a) La transición democrática trajo consigo la recuperación de la libertad de negociar de los agentes sociales poniendo fin, a un modelo autoritario de relaciones laborales Art. 37,1 CE: el «derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios» - Título III del Estatuto de los Trabajadores: ha cumplimentado la remisión a la ley que realiza ese precepto constitucional («la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva…») con una regulación de la negociación colectiva que tiene la singularidad de su origen pactado ¿Por? procede del Acuerdo Básico Interconfederal, suscrito en 1979 por la UGT y la CEOE.
El derecho a la negociación colectiva tiene en el ordenamiento español un perfil singular con importantes RASGOS: 1) TITULARIDAD: corresponde a las partes sociales en uso de su autonomía colectiva pero el art.
37.1 CE no determina los agentes que hayan de negociar en nombre de los trabajadores ¿Por? se limita a afirmar que serán sus «representantes» sin más precisión.
ORIGEN DE ESTA INDEFINICIÓN: falta de acuerdo en el período constituyente entre las 2 principales centrales sindicales sobre si la titularidad contractual debiera corresponder a la representación unitaria de los trabajadores en la empresa (tesis de CCOO) o a las secciones sindicales (tesis de UGT) - CONSECUENCIA: La CE posee una estructura abierta que posibilita las más variadas soluciones en cuanto a los sujetos de la negociación.
o El Estatuto de los Trabajadores establece que los convenios de empresa podrán ser negociados tanto por el Comité de empresa o los Delegados de Personal, como por las representaciones sindicales (aunque éstas deberán tener la mayoría de los miembros del Comité para que el convenio vincule a todos los trabajadores) Esta norma reserva a:  los sindicatos y a las asociaciones empresariales: la legitimación para negociar los convenios de ámbito superior al de empresa  las organizaciones sindicales y empresariales más representativas: la legitimación para los llamados «acuerdos interprofesionales» que fijan la estructura de la negociación colectiva en el ámbito nacional o de una CCAA 2) ÁMBITO DEL CONVENIO: corresponde decidirlo libremente a las partes negociadoras pero el TC ha considerado que puede ser discriminatoria y nula por contravenir el art. 14 CE la exclusión del ámbito de un convenio de determinados grupos de trabajadores (ej. los temporales) que por la precariedad de su empleo o la modalidad de su contrato de trabajo carecen de poder negociador por sí solos 3) NATURALEZA NORMATIVA: Art. 37.1 CE: garantiza la fuerza vinculante de los convenios colectivos (su eficacia jurídica característica) son: fuente de obligaciones contractuales para las partes negociadoras + fuente de derecho objetivo que se aplica directamente a los contratos de trabajo individuales, sin necesidad de incorporación o recepción expresa: Estos últimos tampoco pueden realizar una derogación «in peius» de sus condiciones (empeorarlas) so pena de incurrir en nulidad (art. 3 c del Estatuto de los Trabajadores) - Se discute si el Estatuto de los Trabajadores no ha realizado una lectura demasiado restrictiva de este art. de la CE ¿Por? sólo ha regulado una modalidad particular de convenios, los dotados de una eficacia personal general que por consiguiente obligan erga omnes (a todos los empresarios y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación territorial o funcional) o - sin perjuicio de que sucesivas reformas legales hayan ampliado las causas que permiten la inaplicación de un convenio en una empresa por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores (art. 82.3) La opinión dominante y la jurisprudencia del TC consideran que: el modelo de convenio acogido por el legislador no agota la virtualidad de ese precepto constitucional + en el mismo puede fundamentarse también otra clase de negociación colectiva con eficacia jurídica más limitada o Los convenios de esta 2ª categoría (conocidos como «extraestatutarios») tendrán eficacia personal solamente para los trabajadores y empresarios representados efectivamente por las partes negociadoras + no necesitan cumplir los requisitos de representatividad que el Estatuto de los Trabajadores exige a los negociadores de los convenios de eficacia general 4) CONTENIDO: aunque el art. 37.1 CE se refiere al derecho a la «negociación colectiva laboral» no puede considerarse que este calificativo circunscriba estrictamente el objeto de los convenios Art. 85 Estatuto de los Trabajadores: éstos «podrán regular materias de índole económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de empleo y al ámbito de las relaciones de los trabajadores y sus organizaciones representativas con el empresario y las asociaciones empresariales» o CONSECUENCIA: El contenido posible de los convenios colectivos es muy amplio y su análisis excede al propósito de esta obra + hay algunas cláusulas típicas de los convenios que merecen ser destacadas desde el punto de vista del Derecho Constitucional - Se trata de las cláusulas de paz laboral en virtud de las cuales las partes negociadoras de un convenio pueden proscribir la huelga durante su vigencia (conforme al art. 82 del Estatuto de los Trabajadores) o Se trata aquí del establecimiento de un deber contractual de paz social complementaria y más amplia que el deber legal que contiene el RDL 17/1977 de 4 de marzo: prohíbe las huelgas que tengan por objeto alterar durante su período de vigencia lo pactado en un Convenio.
o - El TC ha aceptado la validez de estos pactos ¿Por? no entrañan la renuncia a un derecho fundamental (ej. el de huelga) sino el compromiso de no ejercitarlo que puede incumplirse arrostrando las consecuencias de tal incumplimiento.
También hay que referirse a las cláusulas que establecen el CANON por negociación colectiva (conforme al art. 11.1 LOLS) o o o o es exigible de todos los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del convenio con independencia de que estén afiliados o no al sindicato o sindicatos que lo negociaron está destinado a atender los gastos de gestión de la negociación Este tipo de cláusulas proliferaron en la práctica de la contratación colectiva anterior a la LOLS y llegaron a ser declaradas nulas por la jurisdicción laboral ¿Por? violar el contenido esencial de la libertad sindical art. 11.1 LOLS: asegura en esta materia la primacía de la voluntad individual del trabajador, «que deberá expresarse por escrito en la forma y plazos que se determinen en la negociación colectiva» ha sido convalidado por el TC precisando que no es admisible la imposición del canon a reserva de que el trabajador manifieste su voluntad en contrario b) Merece consideración especial el régimen de la negociación colectiva de los funcionarios públicos ¿Por? no está comprendido en el Estatuto de los Trabajadores + durante la 1ª fase de vigencia de la CE prevaleció la interpretación que excluía a este colectivo del ámbito de aplicación del art. 37.1 CE (el TC llegó a aceptar esta tesis restrictiva) el reconocimiento de una cierta capacidad de negociar de los funcionarios empezó a abrirse paso con la LOLS, cuyo art. 6.3.c) se refiere a la capacidad de los sindicatos para participar como interlocutores «en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas, a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación» + culminó con la L. 7/90, de 19 de julio - El TC ha interpretado que el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva es de configuración legal - La negociación colectiva en este ámbito está limitada por el contenido innegociable de las prerrogativas constitucionales (ej. las decisiones relativas a la organización de la Administración quedan excluidas de la negociación + lo acordado en materia de incrementos retributivos permanece subordinado a lo que en definitiva aprueben las leyes de presupuestos o A falta de acuerdo corresponderá a la Administración establecer unilateralmente las condiciones de trabajo de los funcionarios 4. El derecho a plantear medidas de conflicto colectivo Art. 37.2 CE - reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo que está estrechamente relacionado con el derecho a la negociación colectiva ¿Por? un convenio puede ser tanto la solución, como la causa de un conflicto.
- Resalta el carácter genérico de su redacción ¿Por? no contiene una definición de «conflicto colectivo» ni, de las «medidas» que pueden adoptarse con ocasión del mismo - OBJETO: es más específico que el del art. 6.4 Carta Social Europea o el art. 28 Carta de Derechos Fundamentales de la UE ¿Por? éstos se refieren a «acciones colectivas», incluida la huelga, que en nuestra CE tiene su reconocimiento en otro precepto: el art. 28.2 CE.
- La noción de CONFLICTO COLECTIVO ha sido acotada pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia laborales que consideran como tal toda controversia acerca de las condiciones de trabajo caracterizada por: atañer a una pluralidad de trabajadores + el hecho de que las cuestiones que suscita afectan al interés general del conjunto de ellos o Es corriente la distinción en la doctrina laboral entre conflictos jurídicos, que versan sobre la aplicación o interpretación de una norma preexistente (de origen estatal o convencional) y los conflictos económicos o de regulación (que tienen por objeto la creación de otra norma o la modificación de una ya existente) o - Lo capital desde el punto de vista del Derecho Constitucional son las «medidas de conflicto colectivo» que integran el objeto de este derecho:  la citada expresión tiene un contenido polisémico ¿Por? se refiere a: las «formas de exteriorización» de la controversia distintas de la huelga (ej.
el boicot a las relaciones comerciales con uno o varios empresarios) + los «procedimientos para su composición»  Se trata de los procedimientos que establece el art. 18 del RDL 17/1977, que atribuye a «los representantes de los trabajadores en el ámbito correspondiente» el derecho a plantear el conflicto colectivo ante la autoridad administrativa (delegado de trabajo) o ante la jurisdicción laboral  Aunque inicialmente se interpretó que únicamente la representación unitaria de los trabajadores en la empresa estaba legitimada para plantear conflictos colectivos, el TC ha ampliado ese criterio al considerar que esa facultad forma parte del contenido de la libertad sindical, y que corresponde también a todo sindicato con «notoria implantación» en el centro de trabajo  El TC ha clarificado el alcance de la intervención de la autoridad administrativa en esta materia circunscribiéndola al terreno de una conciliación no dirimente y declarando inconstitucional el arbitraje obligatorio de la autoridad administrativa para solucionar el fracaso en la negociación colectiva de un nuevo convenio, que preveía el art. 25 de ese RDL ¿Por? restringía indebidamente el derecho a la negociación colectiva ¿el art. 37.2 ofrece fundamento al cierre patronal? la interpretación realizada por la STC 11/1981 es muy matizada ¿Por? aunque su respuesta inicial sea afirmativa contiene una delimitación del tipo de cierre empresarial constitucionalmente lícito claramente restrictiva o Cualquier equiparación entre este derecho con el de huelga es rechazada por el TC: no admite la doctrina alemana de la «Kampfparität» (de la igualdad en la lucha o del trato paralelo entre las medidas de conflicto nacidas del campo obrero y del empresarial) CONSECUENCIAS DE AMBOS DERECHOS:  Son distintas para la libertad del trabajo (la huelga no la interfiere, por tratarse de un comportamiento voluntario, mientras que el cierre «afecta no sólo al personal conflictivo, sino también al personal pacífico, cuyos derechos y cuya libertad resultan gravemente lesionados»)  su justificación es también muy diferente ¿Por? la huelga tiene una función de contrapeso o compensación de la desigualdad económica entre las partes de la que carece el «lock out» Éste no es admitido como un instrumento de presión ni como un arma de retorsión contra el ejercicio del derecho de huelga  El Tribunal sólo convalida el cierre patronal defensivo (que prevé el art.
12 del RDL 17/1977). FINALIDAD:    asegurar la integridad de las personas y los bienes de la empresa si fueran amenazados por la acción de los trabajadores o responder a una situación en que el volumen de las inasistencias o irregularidades en el trabajo impidan el proceso de producción CONCLUSIÓN: El cierre debe ser compatible con el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad (mismo límite que la CE exige en el caso de la huelga) 5. El derecho de huelga La constitucionalización del derecho de huelga es muy significativa ¿Por? Este derecho no está incluido en el CEDH - La CE 1978 sigue en este sentido los precedentes de: o la Constitución francesa de 1946 (Preámbulo) o la italiana de 1947 (art. 40) o la portuguesa de 1976 (art. 59) o AUNQUE en nuestra CE este reconocimiento es más destacado ¿Por? Art. 28 CE forma parte de la Sección 1ª del Capítulo II (núcleo central de la declaración) lo convierte en un DERECHO CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTAL.
- Su desarrollo legislativo está expresamente previsto en el art. 28.2 CE, pero es uno de los aspectos más polémicos del régimen jurídico de la huelga: lo demuestra el hecho de que aún no se haya realizado o ¿Por? el recelo de los sindicatos de que la ley de huelga pudiera tener carácter restrictivo: En 1992 se produjo un cambio significativo: PACTO del Gobierno con las centrales sindicales de un proyecto de ley orgánica reguladora de este derecho  la disolución anticipada de las Cortes (1993) impidió que culminase la tramitación parlamentaria de este texto A falta de un desarrollo legislativo mediante ley orgánica, subsiste (como en los conflictos colectivos) la regulación proporcionada a inicios de la transición democrática por el RDL 17/77 de 4 de marzo  Este texto ha sido extensamente reinterpretado e invalidado por el TC en la trascendental STC. 11/81 (caso RDL de huelga) En vista a este STC, estas son LAS CARACTERÍSTICA BÁSICAS DEL DERECHO DE HUELGA : A. TITULARIDAD: se trata de un derecho INDIVIDUAL, de adherirse a la huelga o de no participar en ella la convocatoria de la huelga (aun cuando se lleve a cabo por referéndum de los trabajadores) carecerá de fuerza obligatoria También tiene una dimensión COLECTIVA ¿Por? el ejercicio de este derecho sólo puede realizarse concertadamente La CE ampara las huelgas organizadas por los sindicatos y por los trabajadores espontáneamente B. ÁMBITO SUBJETIVO: El derecho de huelga constitucionalmente protegido es el de las personas que prestan en favor de otros un trabajo retribuido no ampara «lo que se ha podido llamar huelga de trabajadores independientes, de autopatronos o de profesionales, que, aunque en un sentido amplio, sean trabajadores, no son trabajadores por cuenta ajena» (STC 11/1981) La cesación en la actividad de este tipo de personas (si su actividad empresarial o profesional es libre) se podrá realizar sin necesidad de ninguna habilitación especial - El término de trabajador en el art. 28 CE incluye también a los funcionarios públicos + aunque el RDL 17/1977 NO reconoció expresamente su derecho de huelga la L. 30/1984 y la L. 7/2007 del Estatuto Básico del Empleo Público SÍ lo han hecho - Permanecen EXCLUÍDOS del ámbito de aplicación de este derecho (LO 9/2011, art. 7 y LO 2/1986, art. 6): o las categorías de funcionarios que están exceptuados de la libertad sindical o los miembros de las Fuerzas Armadas o de Institutos de carácter militar o los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Aunque no haya una prohibición legal expresa que carecen de este derecho los Jueces Magistrados y Fiscales: carecen de libertad sindical + son titulares (o en caso de los fiscales, colaboradores indispensables) de un poder público fundamental CONSECUENCIA: es difícilmente concebible que tengan derecho a hacer huelga en el ejercicio del mismo C. EFICACIA FRENTE A TERCEROS: - La huelga no es: una libertad que vincula a los poderes públicos vedándoles cualquier intervención represiva + un derecho de los trabajadores frente al empresario que no puede sancionarles por razón de su participación en ella o NO se considera sanción: la pérdida de la retribución correspondiente al período de duración de la huelga + desvirtuar la eficacia de su acción mediante la sustitución de los huelguistas por otros trabajadores + adoptar medidas de retorsión (ej. cierre patronal) - El TC ha interpretado de forma extensiva la eficacia frente a terceros del derecho de huelga: puede vincular al empleador directo o patrono de los trabajadores afectados y a su empresario indirecto y principal o Considera injustificado y lesivo un despido colectivo que traía causa de la rescisión del contrato mercantil entre un empresario principal y un contratista ¿Por? la rescisión de esa relación mercantil se fundamentaba en los perjuicios que la huelga de los trabajadores de este último le había ocasionado a aquél (STC 75/2010).
D. CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO: consiste en la cesación del trabajo en cualquiera de sus modalidades no excluye que «el legislador, al regular las condiciones de ejercicio del derecho de huelga, pueda entender que algunas particulares modalidades de cesación del trabajo puedan resultar abusivas» tal y como lo hace el RDL 17/77 en relación con las huelgas rotatorias, las estratégicas o las de celo o reglamento.
E.
FUNCIÓN: La CE no tiene implícito un modelo de «huelga contractual» que conciba este derecho como instrumento exclusivo para la negociación colectiva (el RDL 17/77 tampoco se ajusta estrictamente a esa concepción) F.
- La referencia constitucional a la «defensa de los intereses de los trabajadores» como finalidad de la huelga, es interpretada como una exigencia de que la huelga proteja intereses profesionales (y no de otra naturaleza), aunque éstos «no tienen que ser necesariamente los intereses de los huelguistas, sino los intereses de la categoría de los trabajadores» lleva al TC a admitir las huelgas de solidaridad con más amplitud de cuanto lo hacía el RDL 17/77 - También califica como ilegales las huelgas políticas y las que se inicien o sostengan con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores (art. 11.a) o La dificultad de distinguir este tipo de huelgas es evidente y también la necesidad de una interpretación restrictiva de esta prohibición que tenga en cuenta la frecuente concurrencia en la práctica de los movimientos huelguísticos de una variedad de motivaciones + la improcedencia de considerar políticas todas las huelgas dirigidas contra las autoridades estatales (no pueden ser excluidas por esa razón las que se realicen por los empleados del Estado para la defensa de sus intereses) OBLIGACIÓN DE PREAVISO DE LA HUELGA AL EMPRESARIO O A EMPRESARIOS AFECTADOS MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN ESCRITA CON AL MENOS 5 DÍAS DE ANTELACIÓN (deben ser 10 si se trata de empresas encargadas de servicios públicos) según establece el RDL 17/77 fue considerada por la STC 11/81 como una regulación del ejercicio de este derecho compatible con su contenido esencial El TC ha matizado el alcance de esta obligación interpretando que: o no sería exigible en casos de notoria fuerza mayor o de estado de necesidad o en los supuestos de huelgas sectoriales o generales basta la comunicación a las autoridades competentes así como a las asociaciones empresariales sin que sea preciso preavisar a cada uno de los empresarios afectado G. SERVICIOS ESENCIALES DE LA COMUNIDAD para cuyo mantenimiento la ley deberá establecer garantías precisas conforme al art. 28.2 CE representan el principal límite externo de este derecho fundamental de huelga RDL 17/77 se refiere a esta materia en su art. 10.2 con una regulación que fue convalidada por el TC y respecto de la cual: en la STC 11/81 y en Sentencias posteriores ha realizado las SIGUIENTES PRECISIONES: o No existe ningún tipo de actividad que por su naturaleza pueda ser considerada esencial: un servicio sólo puede ser considerado esencial en función de los bienes e intereses satisfechos con el mismo que deben ser esenciales entendiéndose por tales «los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos» o La jurisprudencia de los tribunales ha aceptado a veces criterios menos restrictivos reconociendo (ej. carácter esencial de los servicios públicos en general) o No parece viable la pretensión de restringir el concepto hasta el punto de considerar que sólo serían esenciales aquellos servicios que satisfacen necesidades conectadas con los derechos reconocidos al mismo nivel que el derecho de huelga en nuestra CE  ese criterio llevaría a la paradoja de negar el carácter de esenciales a las necesidades de la defensa o de la protección de la salud ¿Por? los preceptos constitucionales que establecen el deber de defensa y el derecho a la protección de la salud no figuran en la Sección 1ª del Cap. II) - Las garantías para el mantenimiento de los servicios esenciales no pueden ser decididas por ninguna de las partes implicadas, sino por el Gobierno o por órgano que ejerza potestad de gobierno El TC considera válida la regulación del RDL 17/77: o Esta norma no indica la naturaleza de esas garantías que deberán ser definidas en cada caso en función de las circunstancias concurrentes en la huelga o El TC ha exigido un criterio restrictivo ¿Por? El mantenimiento de un servicio esencial no supone la exclusión del derecho de huelga que debe poder ejercerse conservando «una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa» o La fijación de estas garantías ha de ser motivada + debe sujetarse a un criterio de proporcionalidad «entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga» o En la práctica: la modalidad de garantía más frecuente consiste en el establecimiento de un plan de servicios mínimos a desempeñar durante la huelga  existen también otras posibilidades más excepcionales: Ej. sustitución de los huelguistas por efectivos policiales o militares (no por otros trabajadores)  Y aunque la suspensión del derecho de huelga sólo resulta admisible en el contexto de un estado de excepción o de sitio (declarado conforme a la LO 4/81, de 1 de junio) esa ley orgánica también permite restringir este derecho (previa declaración del estado de alarma) en caso de paralización de los servicios esenciales para la comunidad si no se garantizan los servicios mínimos  El Gobierno puede ordenar la movilización de trabajadores en huelga, siéndole aplicable al personal movilizado la normativa militar 6. El derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio A. Art. 35 CE tiene un contenido complejo: reconoce el derecho al trabajo que es el principal de los derechos constitucionales del ámbito laboral (aunque su contenido y su perfil doctrinal parezcan menos nítidos que los de los demás derechos examinados en esta Lección) + garantiza además la libre elección de profesión u oficio.
- Estos 2 derechos en la historia del constitucionalismo: o Uno y otro tuvieron su 1ª expresión en la Constitución jacobina de 1793:  proclamó la obligación de la sociedad de procurar trabajo a «los ciudadanos desafortunados»  quiso asegurar los medios de subsistencia de los que no están en condiciones de trabajar (art. 21)  afirmó que ninguna clase de trabajo, de cultura o de comercio puede ser prohibido a los ciudadanos (art. 17)  Este 2º derecho (de significado antigremialista) quedó incorporado al constitucionalismo del siglo XIX, pero el 1º no  El reconocimiento del derecho al trabajo sólo se generaliza en el curso de este siglo ¿Cuándo? a partir de la Constitución de Weimar y con las Constituciones europeas de la 2ª posguerra (salvo la alemana actual).
- Ambos derechos están reconocidos en los principales tratados internacionales relativos a los derechos sociales, con una formulación conjunta: toda persona debe tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado: o Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 6) o Carta Social Europea (art. 1) - En el ámbito europeo, también se ha reconocido el derecho al trabajo en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (arts. 29 a 31), aunque no en el CEDH B. LA NATURALEZA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO: - algunos lo consideran como: una mera orientación para los poderes públicos de carácter más ético que jurídico o bien una norma programática que no crea un derecho subjetivo inmediatamente aplicable pero que sí veda ciertas opciones al legislador (ej. despido libre) - otros lo conciben como: un derecho de crédito frente al Estado: el derecho a obtener de él un puesto de trabajo - los 1eros reflejan las premisas del LIBERALISMO y los otros se corresponden con el SOCIALISMO ¿Por? una organización de la economía controlada por el Estado convierte a éste en el necesario sujeto pasivo de ese derecho a un puesto de trabajo (aunque la revisión del pensamiento socialista ha alcanzado también a esta cuestión) - En el contexto de un Estado social (español) cuya economía está basada en el funcionamiento del mercado: las dificultades de configurar el derecho al trabajo como un derecho de crédito a un puesto de trabajo son patentes o El Estado o los poderes públicos en general no se encuentran en posición de garantizar un derecho al trabajo así entendido ¿Por? no son los principales empleadores o La posibilidad de imponer a los empresarios la contratación de mano de obra sería contraria a la libertad de empresa (art. 38 CE) A mayor abundamiento se ha aducido que la creciente disminución del trabajo (como consecuencia de la mayor productividad del mismo ligada a los avances tecnológicos) reduce las posibilidades de justificar una pretensión generalizada a un puesto de trabajo y la capacidad de hacerla efectiva - CONSECUENCIA: Hay que interpretar que no se trata de un derecho público subjetivo a obtener del Estado un puesto de trabajo o Un derecho de prestación de ese tipo dotado de plenas garantías jurisdiccionales solo aparece reconocido en la CE en beneficio de la población reclusa o art. 25.2 CE: El condenado a pena de prisión «tendrá derecho a un trabajo remunerado» tiene una finalidad reeducadora y de reinserción social evidente (aunque el TC ha relativizado la exigibilidad de este derecho, cuya aplicación progresiva «se encuentra condicionada por los medios de que disponga la Administración Penitenciaria en cada momento» muestra las dificultades de configurar el derecho al trabajo como un derecho de prestación) - Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica el derecho al trabajo es un auténtico derecho fundamental ubicado en la Sección 2ª del Capítulo II (no en el Capítulo III que trata de los Principios rectores de la política económica y social) o Su titularidad corresponde solamente a los españoles, como lo refleja el enunciado del art. 35 CE el legislador puede regular libremente el acceso al trabajo por parte de los extranjeros, aunque el ordenamiento de la UE garantiza que los ciudadanos de la UE no pueden ser excluidos de este derecho C. El contenido del derecho al trabajo es más complejo y matizado Comprende la libertad de trabajar: la libertad de desempeñar el propio trabajo - El TC ha interpretado que limita el poder de cierre patronal: «El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar; supone también el derecho a un puesto de trabajo, y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en los arts. 35.1 y 40.1 de nuestra CE, respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe una justa causa. En su dimensión colectiva, el derecho al trabajo implica, además, un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo» (STC 22/1981).
- CONSECUENCIA: Este derecho (en su vertiente individual) aparece dirigido frente al empleador sea éste público o privado prohibiéndole comportamientos discriminatorios en la contratación o Para prevenir las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral el Título IV de la LO 2007 ha incorporado importantes medidas promocionales (Ej.
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y los planes de igualdad de las empresas) - El derecho al trabajo veda también el despido sin causa, pero el Estatuto de los Trabajadores (desde la reforma de 1994 y después de la reforma laboral de 2012) ha ampliado y flexibilizado considerablemente las causas del despido facilitando en particular el despido colectivo de una pluralidad de trabajadores con una justificación de carácter económico, técnico, organizativo o de producción (art. 51) - La STC 20/1994 parece equiparar el despido libre al despido sin indemnización y que cifra su inconstitucionalidad en esa carencia de indemnización más que en el hecho de ser una resolución del contrato de trabajo sin una causa justificada por el comportamiento del trabajador El TC reconoce una amplia libertad de configuración al legislador para regular las causas y los efectos de la extinción del contrato de trabajo, «teniendo en cuenta las circunstancias económicas y sociales concurrentes» (STC 8/2015) - La relación entre las vertientes individual y colectiva de este derecho es muy estrecha Así es según el TC en materia de jubilación obligatoria que: o considera carente de base la fijación por ley de una incapacidad para trabajar (directa e incondicionada) a una determinada edad por lesionar la libertad de trabajar - D.
o admite en cambio la fijación mediante convenio colectivo de una edad máxima de permanencia en el trabajo o CONCLUSIÓN: esa limitación se establece como instrumento de la política de empleo para dar una oportunidad de trabajar a la población en paro (no podrá suponer en ningún caso la amortización de puestos de trabajo) + siempre que el trabajador afectado haya cubierto el período mínimo de cotización para tener derecho a una pensión (STC 22/1981 y STC 280/2006) El derecho al trabajo del art. 35 incluye también el derecho a una «remuneración suficiente» El TC deduce que el Estado tiene el deber de fijar un salario mínimo (STC 31/1984) En cuanto al «deber de trabajar» que también proclama el art. 35 CE: - a diferencia del deber militar o del tributario: éste no es un deber frente al Estado, sino una obligación social genérica el Estado no puede obligar a nadie a trabajar, estando prohibidos los trabajos forzados incluso para los reclusos (art. 25.2 CE) + sin que el posible establecimiento de «prestaciones personales de carácter público», con arreglo a la ley (art.
31 CE) pueda interpretarse extensivamente como un medio de hacer cumplir el «deber de trabajar» - La imposibilidad de construir el «deber de trabajar» como un deber frente al Estado radica en la libertad de elección de profesión u oficio (límite infranqueable que anula la capacidad de exigir el cumplimiento de aquél) E. Por lo que se refiere a esta libertad de elección: «no es el derecho a desarrollar cualquier actividad, sino el de elegir libremente profesión u oficio» sin perjuicio de los requisitos específicos legalmente establecidos para el ejercicio profesional - CONSECUENCIA: La reglamentación de las profesiones no es una regulación del ejercicio de este derecho fundamental ni está incluida en la reserva de ley, salvo en el caso de las profesiones tituladas, que deben regularse por ley, aunque no por virtud del art. 35 CE, sino del art. 36 de la CE (STC 83/1984).
- La colegiación obligatoria para el ejercicio de las profesiones tituladas no es una exigencia del art. 36 CE, sino una decisión del legislador al que ese precepto remite o A partir de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (con la que se adaptan diversas leyes a la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior) el legislador estatal ha configurado 2 tipos de colegios profesionales: LOS VOLUNTARIOS Y LOS OBLIGATORIOS o En la medida que la colegiación obligatoria «constituye en requisito inexcusable para el ejercicio profesional y, en consecuencia, un límite que afecta al contenido primario del derecho reconocido en el art. 35.1 CE»  El TC ha interpretado que debe quedar limitada a aquellos casos en que se afecta de manera grave y directa a materias de especial interés público (ej. protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas) y la colegiación demuestre ser un instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios ( STC 3/2013).
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