Tema 16 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Teoría del Derecho
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 28/03/2016
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TEMA 16: LA OBLIGACIÓN JURÍDICA. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA 1. El concepto de la obligación jurídica.
1.1. La obligación jurídica como figura jurídica subjetiva El fenómeno jurídico, en una acción misteriosa, siendo un único fenómeno, sin detrimento de su unidad esencial, es a la vez tres fenómenos distintos, cada uno de los cuales es también derecho: el derecho objetivo, el derecho subjetivo y la obligación jurídica. Cada uno de los tres fenómenos necesita a los otros dos, y no hay posible existencia de ninguno de ellos que no presuponga la de cada uno de los otros dos. Así pues, la obligación no es derecho por ser derecho subjetivo, sino porque es uno de los fenómenos en que se descompone el derecho sin perder su condición como tal.
No parece desaconsejable su asunción por dos razones fundamentales, una de orden teórico y la otra de índole práctica. La primera de ellas nos indicaría que, aunque las nociones de obligación y de derecho subjetivo puedan tener algún elemento común no permite proceder a la identificación de la obligación como derecho en sentido subjetivo. La referida unidad inescindible del fenómeno jurídico nos advierte certeramente de la relación de necesidad existente entre las nociones de norma jurídica, derecho subjetivo y obligación jurídica, pero no justifica, las pretensiones de diluir la específica identidad que a cada una de ellas corresponde. No se puede tampoco ocultar el riesgo que comportaría una tesis semejante de manipulación ideológica dirigida a debilitar el sentimiento que el individuo pudiera tener como sujeto titular de auténticos derechos subjetivos, diferenciados de los deberes jurídicos. La desvinculación del sentido que se atribuye normalmente a las palabras suele terminar generando distorsiones conceptuales que pueden acarrear consecuencias graves.
La obligación jurídica no resulta, por consiguiente, traducible en términos de derecho subjetivo ni de norma jurídica.
Representa la otra cara del derecho subjetivo, es un concepto correlativo de derecho subjetivo: si se nos reconoce la titularidad de un derecho subjetivo habrá que reconocer, paralelamente, una obligación de alguien de realizar el comportamiento requerido por nuestro derecho.
1.2 La justificación normativa de la obligación jurídica La obligación jurídica no se puede definir en referencia a ningún hecho, teniendo por el contrario un fundamento místico. Constituye una noción ideal en la medida que contribuye a hacer más ordenado y sintético el lenguaje de los juristas, resulta útil para la mejor descripción del derecho vigente. De ahí la legítima consideración que merece como concepto jurídico independiente. Hay que entender que la obligación jurídica comporta también la exigencia lógica de una norma jurídica que la atribuya.
Las relaciones entre la norma jurídica y la obligación jurídica han sido interpretadas de otro modo por Kelsen, quien enlaza a través de la consideración de la relación de la obligación jurídica con la conducta opuesta al acto jurídico la noción que nos ocupa con la sanción.
La directa conexión que guarda el concepto de obligación jurídica con el de sanción le lleva a impugnar la tesis que entiende que la obligación jurídica venga atribuida por una norma jurídica. Así entendida, la obligación no se presenta como un concepto independiente de la norma jurídica, como un producto de la norma, sino que es la propia norma jurídica considerada desde la perspectiva del sujeto. En palabras de Kelsen, la obligación “no es otra cosa que una norma jurídica positiva que ordena la conducta de ese individuo, al enlazar con el comportamiento contrario de una sanción.
No tiene mucho sentido, en nuestra opinión, caracterizar a la obligación jurídica como una norma jurídica. Y ello no solo porque aunque la configuración del derecho como un conjunto de normas permite reducir, en última instancia, a la generalidad de los conceptos jurídicos a su expresión normativa, la noción de obligación jurídica constituye un instrumento valioso para la representación del funcionamiento del ordenamiento jurídico, que es la primera de las funciones que debe cumplir la ciencia del derecho.
La obligación jurídica como un producto normativo que representa el reverso de la medalla del derecho subjetivo, proponemos su identificación como la exigencia que el ordenamiento jurídico impone de la realización de un determinado comportamiento cuyo incumplimiento lleva aparejada la posibilidad de la imposición de una sanción.
1 La configuración de la obligación jurídica en términos de exigencia cuenta perfectamente de la libertad de acción de que en todo caso dispone el sujeto obligado: no establece ningún tipo de automatismo en relación a la realización de la conducta obligada. Para el buen funcionamiento del orden jurídico resulta conveniente que se realicen los comportamientos cuya exigencia representan las obligaciones jurídicas. Los individuos hacen uso de su libertad para vulnerar el mandato de la norma que establece sus obligaciones jurídicas. En algunos casos el término obligación asume en el lenguaje ordinario un significado muy próximo al de necesidad.
Una consideración más detenida de este tipo de situaciones nos permite comprobar que ni si quiera en ellas puede decirse que el comportamiento del sujeto hipotéticamente obligado se encuentra regido por el principio de necesidad, por ejemplo cuando una persona es atracada. El individuo es libre de acomodar o no su comportamiento a la orden del bandido. Lo único que sucede es que la amenaza de sanción es tan inminente y ésta última de tal entidad que condiciona en un grado elevadísimo al comportamiento del asaltado. Puede haber personas a quienes la posibilidad de perder la vida les importe poco, y otras que se sienten compelidas casi de manera automática a realizar una conducta amenazada por una sanción que a la mayoría le pueda parecer insignificante.
Nadie garantiza que, ante una eventual negativa del asaltado a entregar el dinero, vaya el agresor a ejecuta efectivamente la sanción con la que amenaza, aunque pueda resultar la opción más probable.
Supuestos como este no pueden nunca constituir obligaciones jurídicas, puesto que la exigencia de comportamiento que refieren no viene establecida por ninguna norma jurídica, ni existe ningún sistema institucionalizado de imposición y ejecución de sanción. Las obligaciones jurídicas son infringibles por más que pueda resultar condicionada la libertad del sujeto al respecto por los medios coercitivos que hayan determinado los poderes públicos.
La sanción desempeña la relevante función de condicionar las conductas individuales, motivándolas a acomodarse a las exigencias de la norma jurídica que impone la obligación.
La estructura de la obligación no puede quedar desnaturalizada por actuaciones del sujeto al que se exige el cumplimiento: las actuaciones que ele obligado haya llevado a cabo en relación a la exigencia del comportamiento requerido se presentan como momentos del cumplimiento o incumplimiento de la obligación, integran la ejecución de la obligación, constituyendo la posibilitación de la aplicación de la sanción. La obligación jurídica está rodeada de exigencias de comportamiento garantizadas por la amenaza de sanción que el ordenamiento jurídico establece al efecto. El adecuado funcionamiento del ordenamiento jurídico requiere que puedan ejecutarse las previsiones que las normas jurídicas instituyen.
La obligación jurídica no ha presentado un cúmulo de disquisiciones teóricas tan elevado y complejo acerca de su naturaleza. Ha resultado mucho más fácil su interiorización por parte de los científicos del derecho como un simple producto normativo.
La reivindicación de la noción de obligación jurídica debería tener presente la positiva relevancia que puede asumir, en una perspectiva ideológica, para la toma de conciencia plena por parte de los individuos de las obligaciones que les incumben como miembros de la sociedad. El concepto de derecho subjetivo constituye el estandarte de libertad.
Su legitimidad teórica ofrece muy pocas dudas: al configurarse como un concepto correlativo del de derecho subjetivo resultará en la misma medida operativo para la descripción del orden jurídico vigente.
Su derivación lógica del concepto de norma jurídica resuelve los problemas que se han podido plantear en relación a los elementos estructurales de la obligación jurídica: no hay otros sujetos de la obligación diferentes a los que establece la norma, ni contenido alguno de la obligación que no venga delimitado por esta.
2. Clasificación de las obligaciones jurídicas a) Se distinguen las obligaciones jurídico-públicas y las jurídico-privadas, sin que pueda detectarse un criterio unívoco al respecto. Puede identificarse una tendencia general dirigida a reconocer como obligaciones jurídico-privadas a aquellas en las que un individuo o varios, el acreedor del comportamiento que se exige al sujeto obligado.
Paralelamente, se denominaría obligaciones jurídico-públicas aquellas que se tienen frente a las organizaciones públicas.
2 b) Se diferencian también las obligaciones jurídicas indiferenciadas o de sujeto inespecífico y las obligaciones diferenciadas o de sujeto específico, en función de que el derecho subjetivo correlativo resulte oponible frente a todos los miembros de la comunidad jurídica o frente a las personas con las que el titular haya establecido la relación jurídica en la que se inscribe la obligación. Su carácter indiferenciado o inespecífico no quiere decir que no esté determinada la persona. Estas se encuentran perfectamente delimitadas, son todos los miembros de la comunidad jurídica. Lo que la denominación de obligación jurídica indiferenciada o de sujeto inespecífico quiere dar a entender es justamente que compromete a todos ellos. Utilizamos la expresión de obligaciones jurídicas diferenciadas para significar que todos los miembros de la comunidad jurídica están afectados.
c) Desde otra perspectiva, se han contrapuesto también las obligaciones jurídicas activas de las pasivas en función del tipo de conducta que en cada caso se exige. Las activas se subdividirían en obligaciones de dar y de hacer. Admiten también dos modalidades, las de medios y las de resultado. En las primeras se plantea únicamente el desarrollo diligente de la actividad y en las segundas, la consecución del objeto apetecido. Las pasivas requieren solo la simple abstención del sujeto obligado.
d) En consideración al número de individuos cuya conducta constituye el contenido de la obligación distinguiremos las obligaciones jurídicas de sujeto singular y las de sujeto plural. Son obligaciones conjuntas aquellas en las que todos los obligados deben cooperar al unísono a la realización de la exigencia inherente a la obligación.
En las obligaciones jurídicas alícuotas los sujetos obligados se ven requeridos al cumplimiento de la obligación en la parte proporcional que haya quedado establecida con respecto al global de la exigencia. Las obligaciones jurídicas solidarias afectan a cada uno de los sujetos de manera indiferente.
e) Desde otro punto de vista se dividen también en obligaciones fundamentales y obligaciones jurídicas ordinarias en función de la relevancia que para la vida social puedan tener. Se reconocen como obligaciones jurídicas fundamentales a las que encuentran su justificación normativa en una disposición jurídica de nivel jerárquico más elevado. Y serían ordinarias las que tienen su justificación normativa en una ley ordinaria o en una norma jurídica de rango inferior.
3. Las formas de desobediencia al derecho a) La desobediencia revolucionaria: tiene por objeto la modificación radical del sistema político. La eventual respuesta que los órganos encargados de garantizar la aplicación del ordenamiento jurídico pueden dar al caso es contestada con medios violentos, generando una dinámica de enfrentamiento directo entre los desobedientes y los poderes públicos.
b) La desobediencia civil: no persigue la modificación radical del sistema político y del orden jurídico, sino solo el cambio de determinado sector normativo o determinadas políticas de los poderes públicos y en que tienen un carácter pacífico, asumiendo los desobedientes civiles las consecuencias jurídicas de sus actos traducidas en la mayoría de las ocasiones en la imposición de sanciones. La intención que caracteriza a este tipo de desobediencia es la publicidad de las acciones desobedientes con la intención de que su conocimiento por parte de la opinión pública pueda influir en la realización de cambios legislativos en la línea marcada por el movimiento desobediente.
La expresión desobediencia civil debe su origen a la obra de Thoreau quien se negó a pagar los impuestos que se le exigían por entender que la utilización que los Estados Unidos hacían de lo recaudado era censurable desde el punto de vista ético.
c) La objeción de conciencia constituye la desobediencia a un determinado precepto realizada por un sujeto sobre la base del desacuerdo entre el imperativo de su conciencia y el contenido del precepto en cuestión. La acción del objetor se limita a la simple inaplicación excepcional de una norma jurídica por su contradicción con la moral individual del sujeto.
4. El fraude a la ley Es un método indirecto de incumplimiento del derecho en el sentido de que supone la obtención de un resultado contrario al conjunto del ordenamiento jurídico alcanzada a través de la puntual observancia de lo dispuesto en una determinada norma jurídica. Se distinguen así dos elementos componentes del fraude de ley: 3 a) Cobertura de una norma jurídica: se quiere significar su necesidad como entidad que protege o ampara la realización de la conducta que se estima en fraude de ley. Basta que la misma se entienda comprendida en los supuestos incluidos en la norma de clausura del ordenamiento jurídico que vendría a autorizar la realización de los comportamientos no prohibidos por el derecho. Se precisa que la norma jurídica de cobertura sea correctamente interpretada con arreglo a los diferentes criterios y elementos que definen su corrección.
b) LA vulneración del ordenamiento jurídico: se entiende vinculado a la obtención de un resultado que trasgrede el sentido general que deriva de la consideración del ordenamiento como sistema, como un conjunto de normas concatenadas, mutuamente implicadas, cuyo contenido específico solo puede ser definido a partir de su conveniente identificación como partes componentes del sistema en el que se ubican. La perpetración de las conductas que integran a cada uno de los tipos normativos no basta por si sola para garantizar su plena juricidad, resultando igualmente necesaria la adecuación del comportamiento que permite la norma jurídica al sentido general del propio ordenamiento. Remitiría así a la consideración de las diferentes conductas individuales que se hacen objeto de valoración jurídica, adecuadas a un determinado modelo normativo y al modelo global.
LA estimación de una determinada conducta como actuación realizada en fraude de ley habrá de comportar la correspondiente aplicación de las consecuencias que trata de eludir el sujeto amparándose en la norma de cobertura.
Nuestro ordenamiento jurídico contempla la figura del fraude de ley en el artículo 6.4 CC y dispone que “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se ha tratado de eludir” Esta disposición jurídica puede dar a entender que no es necesario para la existencia del fraude de ley que la norma de cobertura correctamente interpretada como norma singular, desvinculada del sistema en el que se integra, autorice la realización del comportamiento, que basta que se deduzca esta autorización de la litearalidad del enunciado jurídico, sin entrar en la consideración de su finalidad. El artículo 6.4 lo único que hace es considerar como actos en fraude de ley a las conductas realizadas al amparo de un texto normativo, lo que tal vez fuera más preciso reconocer como a las conductas que están amparadas por la interpretación literal de un determinado enunciado jurídico sin pronunciarse acerca de la hipotética identificación como actos en fraude de ley de las conductas realizadas al amparo de la letra y del espíritu del referido enunciado. Puede deducirse de la regulación del artículo 6.4 la interdicción, por estimarse en fraude de ley de las conductas amparadas en una interpretación exclusivamente literal del enunciado jurídico de cobertura.
LA atribución de este alcance limitado al contenido normativo no puede nunca representar ningún tipo de legitimación de las conductas que comportan la transgresión del ordenamiento jurídico, por cuanto ello supondría la realización de una interpretación incorrecta.
Se ha objetado también a la regulación del fraude de ley su ubicación en el título preliminar del del CC, lo que podría entenderse como la expresión de una restricción de los actos considerados en fraude de ley solo a las conductas que tienen relación con el código civil.
La objeción no deja de tener fundamento por lo que supondría de desnaturalización de una figura jurídica cuya estructura no debe hacer acepción del tipo de normas que resultan vulneradas y de la adscripción a un sector jurídico de la norma que sirve de cobertura al comportamiento que se lleva a efecto.
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