Derecho Constitucional II - Tema 6 (2014)

Apunte Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional II - Fuentes del Derecho y Organización Territorial del Estado
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 24/03/2015
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Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II Lección VI. El control de constitucionalidad de las normas con valor de Ley.
La función, el objeto y el parámetro de control.
Definimos el control de constitucionalidad como un juicio sobre la validez constitucional de las normas con fuerza de ley cuyo monopolio ostenta el Tribunal Constitucional, siendo una de sus tres funciones. Existen principalmente dos procedimientos de control de constitucionalidad: el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad, que se estudiarán a continuación.
El control de constitucionalidad es imprescindible para garantizar la supremacía de la Constitución, pues como norma suprema las demás deben estar conforme a ella. De este modo, el Tribunal Constitucional se encargará de depurar el ordenamiento expulsando de él las normas que sean inválidas.
! El objeto del control de constitucionalidad lo hallamos en el artículo 27.2 de la LOTC, que incluye todas las normas con fuerza de ley, estatales o autonómicas, leyes ordinarias u orgánicas, la ley de presupuestos, los estatutos de autonomía, los decretos-ley y decretos legislativos, así como los reglamentos del Congreso y del Senado, los de las Asambleas legislativas autonómicas y los tratados internacionales. No son objeto de control de constitucionalidad las reformas constitucionales 35 ni las normas de rango reglamentario 36.
! El parámetro de control (o canon) son las normas que utiliza el Tribunal para enjuiciar las leyes (o normas con rango de ley) que han sido objeto de recurso o cuestión de inconstitucionalidad, que además de la Constitución (lógicamente), también abarca otras normas: los Reglamentos parlamentarios y las normas que determinan las competencias del Estado y las CCAA: Estatutos de Autonomía y leyes del artículo 150CE, siendo éstas, a su vez, objeto de control de constitucionalidad.
! Además, tal y como se estudió en Derecho Constitucional I (Lección XII), sólo están legitimados para acudir al Tribunal Constitucional los poderes públicos, con la excepción 35 Es interesante leer el Auto del TC 9/2012 36 Excepción más adelante.
— !46 — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II del recurso de amparo, que tiene una naturaleza muy distinta de lo que se estudia en esta lección.
! El recurso de inconstitucionalidad: legitimación y procedimiento.
El recurso de inconstitucionalidad es el procedimiento mediante el cual el Tribunal Constitucional enjuicia una norma con rango de ley tras su publicación, haciendo una valoración de la misma en abstracto, con total independencia de si se ha aplicado o no. No se enjuicia ni la utilidad ni corrección técnica de las leyes, ni tampoco su oportunidad, se juzga la norma en sí para examinar su validez.
! Están legitimados para presentar un recurso de inconstitucionalidad, de acuerdo con los arts. 162 CE y 32 LOTC: el Presidente del Gobierno (aunque no el Gobierno en su conjunto) 37, 50 diputados, 50 senadores, el Defensor del Pueblo (no los órganos análogos de las CCAA) 38, las Asambleas Legislativas de las CCAA y los gobiernos de las mismas 39.
! El procedimiento es relativamente sencillo, debe interponerse el recurso en los 3 meses desde la publicación de la ley en el BOE o en el diario autonómico, si bien el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados de las CCAA pueden hacerlo en 9 meses cuando se trate de leyes que afecten a las competencias. El Tribunal admite a trámite todos los recursos, si bien exige una mínima argumentación jurídica de los motivos que podrían hacer que la norma fuera inconstitucional. No se suspende la vigencia de la norma a pesar de que se haya recurrido, con la excepción de las normas recurridas por el Presidente del Gobierno con leyes de las CCAA40. Las partes del proceso constitucional son los órganos públicos que enumera la ley (Senado, Congreso de los Diputados, Gobierno y gobiernos autonómicos si se diera el caso).
! Cuando el Presidente del Gobierno impugna una norma autonómica el recurso suspende temporalmente su vigencia.
37 Se discute si debería poder impugnar cualquier norma, pues sus funciones están bien delimitadas a la protección de los derechos, pero realmente tiene legitimidad para hacerlo con cualquier norma.
38 Estas dos últimas tan sólo pueden impugnar normas que afecten a su autonomía y que sean del Estado, no de otras CCAA (art. 32.2 LOTC).
39 Esta cuestión se planteó con la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, (ATC 90/2010) en la que el Tribunal afirmó que le impedía su ley orgánica (art. 30 LOTC) suspender la norma.
40 — !47 — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II La cuestión de inconstitucionalidad: finalidad, legitimación, procedimiento para el planteamiento de la cuestión y admisión por el Tribunal Constitucional. Partes del proceso constitucional.
El objeto de la cuestión de inconstitucionalidad 41 es el mismo que el del recurso, y la finalidad es la misma, depurar el ordenamiento jurídico expulsando de él toda norma inválida con rango de ley. Los jueces tienen la obligación de aplicar la ley (principio de legalidad) pero también están sometidos a la Constitución, por lo que si en algún momento apreciaran que deben aplicar una ley inconstitucional, el ordenamiento les brinda la posibilidad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad para que el TC la resuelva.
Puede hacerlo cualquier Juez o Tribunal, siempre que aprecie contradicción entre la ley a aplicar y la Constitución, suspendiendo el proceso, antes de haber dictado el fallo, hasta que se pronuncie el TC. Compete al Juez o Tribunal y sólo a él; las partes o el Ministerio Fiscal le pueden instar a hacerlo, pero decidirá el Juez.
! A diferencia de lo que sucede con el recurso, el TC puede inadmitir una cuestión de inconstitucionalidad si la considera infundada, ni está sujeta a plazo alguno la cuestión.
Hasta el 2007 las partes no podían comparecer en el proceso a quo pero desde la reforma de la LOTC de 2007 sí (debido a una condena del TEDH en el caso de Rumasa por indefensión al no poder comparecer las partes ante el TC). Hasta 2007 conocían los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad el pleno, pero ahora puede resolverlo cualquiera de las salas o el TC en pleno.
! La autocuestión de inconstitucionalidad.
La autocuestión de inconstitucionalidad está prevista en el art. 55.2 LOTC y permite que el propio TC, cuando debe resolver un recurso de amparo una de sus salas, pueda plantearse al pleno la posible inconstitucionalidad de una ley aplicada. Elevada la autocuestión se suspende el plazo de dictar sentencia del tribunal, hasta que el pleno se pronuncie.
! El control previo de los tratados internacionales.
La construcción teórica de éste está basada en el dogma de la justicia constitucional concentrada a partir de la teoría kelseniana, que rige en toda Europa. El Juez no puede inaplicar normas con rango de ley, salvo en los casos en que rija la primacía del Derecho comunitario (ver supra lección III), las leyes preconstitucionales y los ultra vires de un Decreto legislativo) 41 — !48 — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II El control previo de los tratados internacionales es un control de constitucionalidad ex ante que se tramita antes de ratificar un tratado internacional (para ver el procedimiento de ratificación de un tratado ver supra lección III). Del TC emana una declaración en la que determina si es o no constitucional el tratado, con plenos efectos vinculantes. Esto solo se ha dado en dos ocasiones: destaca especialmente la DTC 1/2004 sobre la Constitución europea (que no llegó a tener éxito), en la que en el FJ 1 el Tribunal desarrolla esta cuestión.
! Además, existe la posibilidad de que haya un control ex post (art. 27.2 LOTC) o que se juzgue su constitucionalidad a través de una cuestión elevada por un órgano jurisdiccional.
! El recurso previo de inconstitucionalidad.
Cuando empezó su actividad el Tribunal Constitucional había dos previsiones de recurso previo de inconstitucionalidad, esto es, recurrir la norma antes de su entrada en vigor. Se daba en los proyectos de estatutos de autonomía y proyectos de ley orgánica aprobados por las Cortes, justo antes de su sanción y promulgación (en el caso de los referéndums de Cataluña, País Vasco y Andalucía antes de celebrarlo), y por lo tanto antes de su entrada en vigor. Las normas quedaban suspendidas hasta que el Tribunal dictara Sentencia. El plazo era de 3 días.
El PSOE decidió eliminarlo porque la oposición obstruía las leyes que aprobaba, y de hecho la Constitución no lo prevé expresamente, se basaba en la cláusula residual del art.
161.d CE.
! Otros procedimientos: El conflicto en defensa de la autonomía local e impugnación de normas forales.
A lo largo de la historia del Tribunal Constitucional se han añadido nuevos procedimientos: el conflicto en defensa de la autonomía local y la posibilidad de impugnar las normas forales de las diputaciones del País Vasco.
! El primero de ellos se añadió a la LOTC en 1999 (art. 75 BIS y siguientes) para que los ayuntamientos y diputaciones provinciales pudieran recurrir ante el Tribunal Constitucional leyes Estatales o autonómicas que vulneraren su autonomía local. Habrá dos fases en el procedimiento: ver si hay efectivamente un conflicto de competencias en que pueda haberse vulnerado la autonomía local (cosa que declarará el mismo TC) y en — !49 — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II caso de haberla, en una segunda Sentencia se declarará inconstitucional si se ha vulnerado la autonomía local.
! Otra novedad fue introducida en 2010 42, a través de la DA 5ª de la LOTC, posibilitando el control de constitucionalidad de las normas forales de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya en materia fiscal, pues al ser normas dictadas por las diputaciones tienen rango reglamentario (a pesar de su especialidad y de tener legitimidad democrática) y se permite su control de constitucionalidad aun siendo normas infralegales. El motivo por el que se promovió esta reforma fue para monopolizar el TC el control de constitucionalidad de esas normas, impidiendo así al Poder Judicial inaplicarlas a diferencia de lo que pueden hacer con los reglamentos.
! Tipos de Sentencias: contenido y efectos.
El TC es un legislador en negativo porque al declarar inconstitucional, esto es, inválida, una norma con rango de ley, evita que produzca efectos. La Doctrina ha venido discutiendo los efectos de las Sentencias, y estas pueden ser desestimatorias (declaran la validez de la norma desestimando el recurso o cuestión de inconstitucionalidad) o estimatorias (declarando la invalidez y expulsando los preceptos de la norma inconstitucionales, hayan sido específicamente recurridos o no, del ordenamiento), produciendo, por regla general, efectos ex nunc (preservando así el valor de cosa juzgada de aplicaciones ya hechas en procesos fenecidos), si bien en determinados casos pueden tener efectos ex tunc (en los procesos sancionadores penales o contencioso-administrativos en los que se hubiera aplicado una norma inconstitucional).
La LOTC prohíbe cualquier planteamiento ulterior de una norma enjuiciada a través de un recurso de inconstitucionalidad por la misma vía, pero permite hacerlo por vía de cuestión de inconstitucionalidad incluso planteando sucesivas veces éstas.
! Además el TC ha venido añadiendo las Sentencias interpretativas, donde en lugar de declarar inconstitucional un precepto lo considera constitucional si se interpreta de un determinado modo que exprese el Tribunal, siendo así Sentencias parcialmente estimatorias.
En cualquier caso, con el fin de preservar la legitimidad del legislador, se trata siempre de evitar declarar inconstitucional preceptos de una norma en la medida de lo posible, 42 Fue concedida por el PSOE al PNV para que éste le aprobara los presupuestos.
— 50 ! — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II tratando de interpretarla de acuerdo con la Constitución, la declaración de inconstitucionalidad es la vía más gravosa; rige asimismo un principio de conservación de la norma, pues el legislador tiene más legitimidad democrática directa que el Tribunal. En ocasiones, sin embargo, sucede que el Tribunal interpreta de un modo la norma (se da con las Sentencias manipulativas) dotándola de un significado que el legislador no le quiso dar, llegando incluso en alguna ocasión, a haber hecho sentencias aditivas, añadiendo preceptos a la norma considerando que había una omisión del legislador, de modo que se extralimitaría de sus funciones de legislador negativo.
! En cuanto a los efectos, las SSTC tienen valor de cosa juzgada (en sentido formal no caben impugnaciones frente a ellas, en sentido material no puede volver a plantearse lo ya juzgado), vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos erga omnes desde su publicación en el BOE.
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