Introducción al dº penal (parte 2) (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Introducción al derecho penal
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 03/08/2017
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IX. PRINCIPIO DE IGUALDAD Impide que se puedan establecer diferencias entre sujetos en idénticas situaciones. Todas las personas deben ser tratadas igual ante la ley.
X. PROHIBICIÓN DE LAS PENAS INHUMANAS O DEGRADANTES Esto está prohibido en el artículo 15 CE.
 Todos estos principios se vinculan con uno o varios de los valores fundamentales del Estado de derecho (art.1) y limitan el poder del Estado.
Dentro de estos principios que limitan la actividad parlamentaria y judicial, se pueden resumir en 4 ideas: - Solo un juez puede aplicar la ley penal Solo por hechos que se encuentren expresamente previstos en la ley Solo puede aplicarlo a los autores que han cometido el delito.
Una persona solo puede ser castigada una vez por un mismo delito.
Todos los principios pivotan entorno a estas 4 medidas limitadoras, algunos de los principios están reconocidos constitucionalmente y otros han ido evolucionando aunque no tengan rango constitucional como por ejemplo: - El principio de mínima intervención: ultima ratio En nuestro ordenamiento jurídico el último interprete de estos principios es siempre, desde el punto de vista jurisprudencial, el TC, este dicta los parámetros bajo los cuales se interpretan estos principios. Esto no quiere decir que la jurisprudencia sea uniforme, sino que va evolucionando, por eso se podría decir que el derecho penal es una ciencia inexacta. Esta evolución es la misma que tienen todas las ciencias sociales, que dependen de la sociedad.
Los principios rigen la actividad legislativa del derecho penal II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Históricamente la discusión en torno a este principio se sitúa a mediados del siglo XVIII.
Becaria publica un libro “De los delitos y de las penas” (1764), en este libro expone desde el punto de vista del contrato social que el derecho de castigar del estado no puede acontecer si no existe previamente una ley que defina cuales son los delitos y a su vez que establezca la pena que se le va a imponer a esos delitos, es decir, para que podamos convivir en sociedad con unas reglas que comprometan a todos con un determinado orden de convivencia también debemos saber cuáles son las conductas no tolerables y las consecuencias de esas infracciones.
Esto está visto como una de las primeras ideas modernas, planteando un esquema social distinto al anterior. En ese momento existía el llamado derecho de gracia: el rey era el único que tenía la posibilidad de absolver ante un determinado delito.
Por el contrario en el derecho penal, Feuerbach, es de los primeros teóricos del derecho penal.
En 1813 es el redactor del primer Código Penal articulado, el Código Penal de Baviera, en el cual vincula el postulado del principio de legalidad como “null poena, cn’nuen sine lege”. Lo vincula a cuales son los fines que debe cumplir la pena, cuando hablamos de estos fines decimos “teorías de la pena”. Las teorías de la pena se refieren a cuál es la finalidad que debe cumplir la pena cuando se le aplica a un sujeto. Feuerbach vincula el principio de legalidad como consecuencia de los fines que tiene que cumplir la pena. En aquel momento imperaba una teoría absoluta de la pena, en la que se entendía que la pena era la retribución del mal causado por el delincuente aplicado por el Estado (Ojo por ojo, diente por diente).
- - La pena tenía que ser tan grave como el delito cometido.
Para poder ser legitimada tenía que estar prevista en una ley, es decir, el sujeto tenía que poder preverla (la finalidad última era la prevención a la sociedad de la comisión del delito, inhibiendo psicológicamente al sujeto en la medida que la amenaza penal era conocida) La pena estaba vinculada por tanto a la importancia del principio de legalidad desde la teoría de la pena.
El principio de legalidad hoy por hoy tiene un expreso reconocimiento constitucional, se encuentra en el art. 9.3 (“el sometimiento de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico”) y también en el art. 25.1 (recoge el principio de legalidad penal). Desde esta perspectiva este principio tiene dos partes: - Primera: No hay pena sin ley.
Segunda: No hay crimen sin ley.
También este principio se encuentra recogido en el Código Penal (estos dos artículos reflejan los dos aspectos del principio de legalidad) en el Art. 1.1 (“No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración”) y en el Art.2 donde se recoge que no puede haber pena que no esté contemplada en la ley.
El principio se manifiesta en primer lugar en el art. 9.3 CE, en el art. 25.1 CE y en los art. 1.1 y 2 CP.
El principio de legalidad rige en 4 ámbitos: a) Ámbito criminal (delito): Nullum crime sine legem: Art. 1.1 CP “No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración”.
b) Ámbito penal (pena): Nulla poena sine lege: Art. 2.1 CP “No será castigado ningun delito ni falta con pena que no esté prevista por Ley”.
c) Ámbito procesal (proceso penal): Solo se puede afirmar que alguien ha cometido un delito e imponerle una pena si se observan las garantías del art. 24.2 CE (juez imparcial, juicio público en el que se practiquen las pruebas, que el imputado goce de plenas posibilidades de defensa, presunción de inocencia, sujeción del proceso a leyes procesales).
d) Ámbito ejecutivo (ejecución de la pena): Art. 3.2 CP 1. Garantías criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución.
Las garantías del principio de legalidad surgen como valores constitucionales producto de la “LEX SCRIPTA”. Las normas penales en tanto afecten a la libertad solo pueden estar reguladas por ley orgánica. Cuando por razón de la materia, las leyes son especiales, se contemplan en una ley aparte del Código Penal, pero siempre que el derecho que se afecte sea la libertad, solo puede estar establecida en una ley orgánica.
La competencia legislativa en materia penal la tiene solamente el Estado.
Garantía jurisdiccional: El art. 106 CE establece que la pena privativa solo puede ser impuesta por los tribunales y como consecuencia de ello el art. 105 CE se refiere a la audiencia previa, donde al sujeto se le explica su imputación, que luego será valorada por un juez y que podrá ser revisada e interponer un recurso, una segunda instancia. Son cuestiones de organización de la jurisdicción. La ejecución de la sentencia también es realizada por el juez (una primera instrucción al caso cuando hay pruebas suficientes se abre un auto, celebrando un juicio ¿Qué significa que la ley penal tiene una reserva exclusiva de ley? art. 53 y 81 2. Las exigencias de “lex praevia”, “lex scripta”, “lex certa” y “lex stricta” El principio de legalidad cumple con 4 subprincipios integrantes del mismo, que son, en parte mensajes al legislador y al juez que debe aplicar la ley. Estas consecuencias del principio de legalidad son 4: - - LEX SCRIPTA: Se refiere a que la ley tiene que ser escrita. Esto supone que la ley es la única fuente del derecho penal, por ello no puede ser contemplado como derecho penal la costumbre o hábitos (no son fuentes del derecho penal). Esto es una exigencia no solo para el Parlamento que dicta la norma, sino también para el juez, que es el que aplicará la norma.
LEX CERTA: O ley cierta. Significa que la conducta que se describe como delito tiene que estar descrita con precisión, es decir, no son admisibles la descripción de conductas mediante clausulas generales, ya que no permiten al sujeto adecuar su comportamiento a la norma. Esto se debe a que la norma vulneraria el principio de legalidad. Este es un mandato dirigido al Parlamento que es de quien emana la norma.
Puede ser que a pesar de todo, haya salido una norma que no respete los aspectos de “lex certa”, para tener una cláusula de control existe la posibilidad de que si un juez contempla que la norma es muy amplia y no la puede aplicar, puede llevar a cabo una cuestión de inconstitucionalidad.
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