temario completo (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Grado Relaciones Internacionales - 1º curso
Asignatura Derecho Internacional Público
Año del apunte 2016
Páginas 35
Fecha de subida 03/05/2016
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Tema 1. Sociedad Internacional y Derecho internacional. Evolución y estructura de la sociedad internacional. Características básicas y principios fundamentales del ordenamiento internacional.
El derecho es el conjunto sistemático de normas que regulan el comportamiento de los miembros de una sociedad. La sociedad es un conjunto de personas que conviven y se relacionan entre ellas persiguiendo unos mismos fines a partir de unas necesidades comunes. El derecho internacional se define por contraposición al derecho estatal. Hay autores que niegan el carácter jurídico del derecho internacional. Los Estados no tienen obligación jurídica. El derecho internacional se crea con el consentimiento de los Estados.
En derecho nacional sin embargo cada individuo no tiene tal opción de consentimiento. Excepciones: normas muy básicas obligatorias para todos los Estados, la consientan o no.
Fases: -Existencia o no del derecho -Efectividad del derecho internacional: hace referencia al cumplimiento.
-Coacción: para asegurar el cumplimiento de las normas. En derecho internacional no existe, a no ser que el Estado lo haya aceptado.
¿Qué es la sociedad internacional? La sociedad es un grupo de actores internacionales que desarrollan su actividad en la esfera internacional y se relacionan e interrelacionan adquiriendo así capacidad de influencia.
El origen de la sociedad internacional moderna se sitúa a finales de la Edad Media y principios de la Moderna con la aparición de los primeros Estados nacionales. La soberanía y la igualdad de los Estados eran nociones básicas, lo que conducía a un relativismo jurídico sin límites. La cooperación era voluntaria y se apoyaba en la soberanía de los Estados, manifestada a través de su consentimiento.
Derecho internacional vigente: - Hitos relevantes para comprender cómo es actualmente el Derecho internacional Público actual: los grupos humanos organizados (entes políticos, en el sentido de que son concentraciones de poder) y que tienen poder, crearon el contacto entre grupos humanos de distintos territorios. Cada grupo humano es un ente de poder, lo que implica que no hay nadie por encima de tal ente a nivel de poder, no hay un poder superior. Todos los grupos humanos organizados políticamente que existían eran iguales de poder, no había ninguna autoridad superior. Ejemplo: tratado internacional siglo XIII a.C.
entre Egipto y Haití. Hay normas internacionales muy antiguas, como el respeto de los embajadores.
1945: se consolidan de forma clara los rasgos de la sociedad internacional actual.
Sociedad Internacional Contemporánea VS Sociedad Internacional Clásica. Tanto la Clásica como la Sociedad Internacional Contemporánea son eurocéntricas; si analizamos cómo son los ejercicios de poder, vemos que hay un poder de los valores europeos. Por ello el Derecho Internacional actual sigue unas pautas de creación culturizadas. A finales del s. XVII surge el Derecho Internacional Clásico a raíz de la Paz de Westfalia, se forman entes independientes y se forma el Estado Moderno tal y como lo entendemos actualmente.
Derecho Internacional Clásico: Es con posterioridad al año 1945 cuando toma un fuerte impulso la sociedad internacional de cooperación, así como la institucionalizada, una y otra al compás de la progresiva interdependencia entre los Estados. Es en ese año, con la creación de Naciones Unidas, cuando comienza el profundo proceso de transformación del Derecho Internacional Clásico a Contemporáneo. Desde sus inicios hasta 1945 el DI respondía a unos rasgos característicos muy acusados: liberal, descentralizado y oligocrático. No se preocupaba por la suerte de los individuos ni de los pueblos; de hecho algunas de sus manifestaciones sirvieron de vehículo para la expansión colonial. Era también esencialmente descentralizado: su manifestación normativa más importante era la consuetudinaria, resultaba notoria la falta de instituciones con competencias de orden político que moderasen de algún modo el poder de los Estados; y los intereses comunes se satisfacían más por la vía de la cooperación sobre base de tratados que por el cauce de la cooperación institucionalizada.
Era oligocrático, esto es, concebido fundamentalmente por las grandes potencias y para satisfacer sus intereses, que se veían favorecidos por el propio carácter liberal y descentralizado del ordenamiento jurídico.
Derecho Internacional Contemporáneo: Es un ordenamiento jurídico de carácter social, institucionalizado y democrático. Tiene un acusado carácter humanista y social: se interesa por lo pronto de la protección de los derechos fundamentales del hombre, y no sólo de la definición de los mismos, sino también de los mecanismos procesales para su defensa, aunque en este último aspecto las manifestaciones realmente eficaces tengan lugar en un campo regional reducido. También preocupa la suerte de los pueblos, poniendo las bases jurídicas para su autodeterminación y sentando principios y cauces para el desarrollo integral de los pueblos e individuos. Han aumentado las funciones del Derecho Internacional. Es institucionalizado: existen organizaciones internacionales incluso con competencias políticas que limitan de algún modo el poder de los Estados y que en todo caso suministran un cauce eficaz a la cooperación y al desarrollo.
Estados de la sociedad internacional clásica: es una sociedad homogénea en todos los términos –s. XIX se independizan las colonias españolas y portuguesas, por tanto hay nuevos estados que pasan a formar parte de la sociedad internacional pero son Estados iguales que las metrópolis-. Elitista = oligarca = restringida: es decir, tenían difícil acceso a pertenecer a la Sociedad Internacional. El interés común era garantizar la mera coexistencia pacífica, y por tanto el derecho de la época es un reflejo de ese fin.
- - Estados de la sociedad internacional actual: está formado por grupos o entes que son Estados. Prácticamente la totalidad del globo terráqueo puede ser asignado a un Estado, independientes cada uno de ellos al menos en términos jurídicos.
Es universal; porque como la sociedad actual está formada por muchos estados, no hay un territorio que no sea o intente ser un Estado.
Es una sociedad heterogénea, también en términos culturales; porque entran nuevos miembros como Estados que pasan a formar parte de la nueva Sociedad Internacional; también es heterogénea en cuanto al poder de los distintos individuos (Estados). Diversidad entre actores. Admitido como hecho fáctico que estos Estados serán iguales en términos jurídicos.
El derecho internacional actual es muy formalista pero sus herramientas no están diseñadas para paliar la desigualdad práctica, económica, política a nivel de influencia.
Es muy fragmentada, esto se puede comparar con las sociedades nacionales. La cohesión se caracteriza por la solidaridad. En la sociedad internacional a diferencia de las nacionales no hay una cohesión, cada actor actúa de manera individual, aunque va evolucionando con intereses más comunes. Los Estados sólo reaccionan Comentado [JA1]: Pregunta examen cuando se ven afectados; no tienen una preocupación relevante por el resto de Estados de la Sociedad Internacional. Está fragmentado porque todavía no hay unos vínculos entre los distintos actores internacionales que el derecho responda a cubrir esas necesidades comunes; el ejemplo claro es el grado de desarrollo y subdesarrollo y de pobreza.
- Hoy en día la SI actual es diferente porque aspira a ser una Comunidad.
El derecho internacional público todavía tiene sus raíces y su estructura en el derecho internacional clásico, en aquel que surge tras la Paz de Westfalia.
El derecho clásico lo único que garantizaba era la coexistencia. La norma principal que regía ese derecho era la soberanía o de igualdad soberana. La igualdad soberana significa que cada Estado es soberano, tiene poder de decidir sobre sí mismo y sus relaciones exteriores, pero también es autoridad de decidir sin que haya ningún ente superior. Los únicos que pueden ser soberanos son los Estados. Cuando surge el Estado surge la soberanía. Nunca se cede la soberanía, sino que se ceden competencias. El derecho internacional público se caracteriza por soberanía, que es lo mismo que consentimiento. La soberanía a nivel externo firmar tratados, la soberanía militar, el reconocimiento de otros Estados, romper relaciones con otros Estados, enviar embajadas.
Que la norma principal sea la soberanía, indica la capacidad de tomar decisiones de forma independiente en lo que respecta a competencias internas y externas. Un Estado es soberano porque puede hacer del derecho internacional todo salvo aquello a lo que se haya comprometido en virtud del principio de soberanía o de consentimiento. Para el derecho internacional todos los estados son igualmente soberanos. La única forma de crear normas de derecho internacional es la soberanía.
Cuando el Derecho Internacional atribuye competencias a los Estados puede imponerles además criterios o límites respecto al ejercicio de las mismas, es decir, reglamentando su ejercicio. Por ejemplo, el Derecho Internacional confiere competencias a los Estados para regular la nacionalidad de la comunidad humana asentada en su territorio, pero cabe que este punto los estados hayan asumido obligaciones convencionales que limitan el ejercicio de aquella competencia. Del mismo modo, el Derecho Internacional concede competencias al Estado, en forma de soberanía territorial. Se trata pues, de soberanía con límites. En la medida en que el Derecho Internacional asigna límites o impone criterios a los Estados en el ejercicio de las mismas, se habla de competencias discrecionales, o exclusivas, o asuntos de jurisdicción interna.
** Son los propios Estados los que crean el derecho internacional. Esto implica una característica muy sui géneris del orden internacional, que el orden internacional tiene un origen muy fáctico, el derecho internacional surge de un elemento físico, la creación del Estado y de la soberanía. El Estado se crea como un ente de poder, es una cuestión que se constata físicamente. Por tanto, donde hay ese estado, hay soberanía.
Es un hecho físico, no es un acto jurídico. Consecuencia: si son los Estados los que crean ese derecho, entonces el derecho internacional viene originado por un hecho físico no por una cuestión normativa.
Solo se necesitan dos hechos para que se cree el derecho internacional: la existencia de un Estado y el consentimiento; a diferencia de los procesos constituyentes que su existencia exige de la existencia de hechos jurídicos o procesos jurídicos.
Comentado [JA2]: Competencias: asuntos internos – capacidad normativa- y externos de los Estados –capacidad de conducir las relaciones con otros estados de manera independiente-. Son ámbitos materiales donde el Estado tiene autoridad, capacidad, para actuar, es decir, legislar, crear derecho –decidir internamente-. Esto interiormente.
Hacia el exterior la soberanía es decidir las relaciones que quiere establecer con los demás Estados. Es una distinción formal.
SOBERANÍA = - Característica esencial de los estados Asuntos internos y externos Consentimiento para el DI. Es el origen del DI Igualdad soberana de los Estados.
Es la norma básica del derecho internacional clásico.
La formulación jurídica del principio de soberanía de los Estados pone el énfasis en algo inherente al principio: la igualdad entre ellos. Se trata del principio de la igualdad soberana de los Estados, de firme arraigo en el Derecho internacional Contemporáneo, proclamado expresamente en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas y desarrollado y precisado en la resolución 2625 de la Asamblea General de UN que contiene la Declaración de principios de Derecho Internacional que rigen las relaciones de amistad y cooperación entre Estados.
En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes: los Estados son iguales jurídicamente; cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía; cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados; la integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables; cada Estado tiene derecho a elegir y llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural; y cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados.
El principio transcrito es uno de los que, en la resolución 2625 suponen la aceptación de la estructura política de la sociedad internacional y que está mucho más cerca de la codificación declarativa que del desarrollo progresivo del Derecho Internacional. El principio en cuestión enuncia la igualdad jurídica de carácter formal y no puede pasar por alto la desigualdad real entre los Estados.
La soberanía del Estado tiene un carácter acusadamente funcional, porque si el Derecho Internacional reconoce soberanía a los Estados es precisamente para que éstos realicen sus funciones. Es justamente el importante principio de la igualdad soberana de los Estados el que hace imperativa la distribución de competencias entre ellos.
OTROS PRINCIPIOS DE LA SOBERANÍA El consentimiento es uno de los principios de la soberanía y del ordenamiento jurídico.
Los sujetos que generan el ordenamiento al que se aplican las normas son los mismos a los que se aplica ese derecho. Aunque participemos en la creación de las normas a través del Parlamento con nuestro voto; esas normas existen para todos nosotros. El derecho internacional tanto el clásico como el contemporáneo se basa en el principio de consentimiento. El principio de consentimiento busca la generalidad de las normas, es decir, consensos. Indica que una norma existe sólo cuando el Estado la acepta.
El derecho internacional se funda en la libre disposición de los Estados.
IUS COGENS o DERECHO IMPERATIVO: es a lo que se aferran los autores que defienden que el derecho internacional es derecho. El ius cogens son normas de derecho internacional que no dependen de la libre disposición de los Estados. Es universal. Existen con independencia de ser o no aceptadas por los Estados. Es una excepción en derecho internacional. Existe por la propia evolución de la sociedad. A partir de un momento Comentado [JA3]: Porque hay igualdad de soberanías, todas están en el mismo nivel, por eso existe el nivel de soberanía, porque ninguno de estos estados tiene una autoridad por encima.
dado, hay ciertas cuestiones en las que los Estados ven que hay temas esenciales en la comunidad internacional. El ius cogens tiene este elemento axiológico porque los Estados consideran que algunas cosas son tan graves que deben ser obligatorias para todos con independencia de que las quieran o no. En principio se genera a través de los Estados. Es la clave de que existe un consenso en la comunidad internacional. Cuando se llega a un consenso, la solución es una opción C, es decir una opción a la que se llega a través de todos. Le caracteriza que son normas tan importantes y que reflejan una conciencia jurídica universal –se puede probar, por ejemplo, con el lenguaje (pronunciación de Estados)-, hacen que incluso para el objetor persistente la norma exista –ej: prohibición de la tortura; prohibición de la esclavitud; segregación racial-. Son normas que no admiten excepción. Son absolutas. La consecuencia jurídica es que aunque un Estado no la quiera, existe para él igual. TODO IUS COGENS ES A LA VEZ ERGA OMNES, PERO NO AL REVÉS.
Con anterioridad a 1945 existía una polémica doctrinal sobre si los Estados eran completamente libres al concluir tratados o si, por el contrario, estaba limitada su libertad en virtud de ciernas normas imperativas o de ius cogens. Si surge una nueva noma imperativa de Derecho Internacional General, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. Pero las normas de ius cogens internacional no sólo provocan la nulidad o terminación de los tratados contrarios a ellas. La Comisión de Derecho Internacional, acerca de la responsabilidad internacional de los Estados señaló otros efectos a dichas normas: el de hacer irrelevante el consentimiento del Estado lesionado como causa de exclusión de la ilicitud de un hecho si la obligación violada dimana de una norma imperativa, y el de hacer inoperante a los mismo efectos e idénticas circunstancias el estado de necesidad.
Es lógico que la humanización y la socialización del Derecho Internacional traigan consigo la importancia de la idea del ius cogens y el aumento de las normas con tal carácter. La aceptación del Derecho Imperativo estaba condicionada al establecimiento de algún mecanismo que atenuase la inseguridad jurídica que aquella noción podía provocar. Se ha llegado a la inhabitual situación de realizar, respecto al ius cogens, mayor progreso en el campo de la solución de controversias que en el de la codificación propiamente dicha.
En todo caso, una excelente orientación para precisar cuáles pueden ser las normas del ius cogens internacional la suministra el Tribunal Internacional de Justicia: obligaciones de los Estados hacia la comunidad internacional en su conjunto; para caracterizar determinado tipo de obligaciones que denomina erga omnes, y que son en realidad las derivadas del ius cogens. Estas obligaciones resultan, por ejemplo, en el Derecho Internacional Contemporáneo de la puesta fuera de la ley de los actos de agresión y del genocidio, así como de los principios y reglas relativas a los derechos fundamentales de la persona humana, comprendiendo en ellos la protección contra la práctica de la esclavitud y la discriminación racial.
Una actitud muy extendida en la definición de las normas de ius cogens es la de hacer entrar en juego, bien los intereses de la comunidad en su conjunto, o bien los intereses que trascienden de los del Estado soberano. Otras definiciones polarizan las normas imperativas en torno a grandes temas del Derecho Internacional: protección de los derechos fundamentales de la persona humana, derechos y deberes fundamentales de los Estados, y los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas.
En definitiva, para que una norma sea reconocida en derecho internacional como imperativa, debe recoger dos requisitos: reflejar la conciencia jurídica universal, y que haya un consenso generalizado.
Objeción persistente: es la imposición constante a que se le aplique una norma de derecho internacional. Se requiere consenso generalizado para impedir el nacimiento de esa norma. La doctrina está dividida: los formalistas creen que no nace la norma; los que se fijan en la idea de consenso y los elementos axiológicos dicen que la norma nace. Por lo general, lo normal es que la norma nazca independientemente de que haya un Estado que no la quiera.
ERGA OMNES: el efecto jurídico es que es una norma que existe frente a todos los Estados. La consecuencia jurídica hace referencia a los obligados, el sujeto pasivo, que son todos los miembros de una Comunidad.
Responden a una nueva necesidad de la sociedad contemporánea. Ejemplo de norma erga omnes que no es ius cogens: convenio europeo de derechos humanos. Este tratado es un tratado de normas erga omnes porque hay posibilidad de que un estado denuncie a otro por violaciones de un estado en su territorio. Son obligaciones objetivas porque el beneficiario de ese derecho es un individuo del Estado, son obligaciones verticales. Ejemplo: la inmunidad de jurisdicción.
CARACTERÍSTICA IUS COGENS ERGA OMNES EFECTO JURÍDICO EJEMPLOS Conciencia jurídica Existen con independencia Holocausto. Es un universal con un elemento de la voluntad de los elemento axiológico.
axiológico.
Estados.
Régimen de segregación racial.
Se refieren a cuestiones que son intereses comunes y que los Estados no pueden resolver por sí solos.
Obligan a todos, para garantizar esos intereses comunes. Se supone que el Estado ha consentido esa norma.
El interés para prohibir el holocausto o la segregación racial no tiene por qué existir en todos los Estados.
Ej: normas de derechos humanos.
ARTÍCULO ARLICIA CEBADA – IUS COGENS / ERGA OMNES. KRANZ – PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN.
SOBERANÍA POLIÉDRICA PRINCIPIOS BÁSICOS / FUNDAMENTALES Y ESTRCTURALES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.
Principio de soberanía o de igualdad soberana: Este principio se protege por dos normas derivadas de dicho principio: principio de no intervención, principio de prohibición del uso de la fuerza. Además, existen otros como el principio de libre determinación de los pueblos, el principio de obligación de resolver las controversias por medios pacíficos, el principio de buena fe –se centran todos ellos en la soberanía de cada Estado-; principios de cooperación –se centran en intereses comunes de la comunidad internacional-. Por ejemplo: un Estado no puede financiar a un partido político de otro Estado, es una violación del Derecho Internacional por el principio de no intervención.
La formulación jurídica del principio de la soberanía de los Estados pone el énfasis en algo inherente a tal principio: la igualdad entre ellos. Se trata del principio de igualdad soberana de los Estados, de firme arraigo en el Derecho Internacional Contemporáneo. En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes: los Estados son iguales jurídicamente, cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía, cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás, la integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables, cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema político, económico, social y cultural; cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados. El principio transcrito es uno de los que, en la resolución 2625 suponen la aceptación de la estructura política de la sociedad internacional y que está mucho más cerca de la codificación declarativa que el desarrollo progresivo del Derecho Internacional. El principio en cuestión enuncia la igualdad jurídica de carácter formal y no puede pasar por alto la desigualdad real entre los Estados.
La soberanía no es una norma que tenga obligaciones, esas normas son esos dos principios. Elementos propios de la soberanía de cada Estado: políticas laborales, económicas, monetarias, territoriales, educativas, desarrollo, sociales, defensa, relaciones interestatales, medios de comunicación. La prohibición del uso de la fuerza protege la integridad territorial.
El principio de no intervención puede plantear las violaciones a la soberanía. El principio de no intervención significa que un Estado tiene que abstenerse en no intervenir en los asuntos internos de otro Estado. La igualdad soberana –en el plano formal- entre los Estados no tiene realmente, desde el punto de vista sociológico, otro significado que el de acentuar la ausencia en la sociedad internacional de una autoridad política superior a aquellos; en ese sentido constituye un corolario jurídico de la actual estructura de la SI, que es básicamente de yuxtaposición de Estados. La igualdad soberana de los Estados comporta la independencia de los mismos y la prohibición que pesa sobre todo Estado de injerirse en los asuntos de los otros. El deber de no intervención en los asuntos de otros Estados está implícito en la Carta de las Naciones Unidas y proclamado expresamente en la Declaración sobre principio de Derecho Internacional que rige las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados (resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).
Este principio supone el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin injerencia exterior. La existencia del principio de no intervención en la opinio iuris de los Estados se apoya en una práctica importante y bien establecida. De otra parte se ha presentado este principio como un corolario del principio de igualdad soberana de los Estados. Este principio prohíbe a todo Estado o grupos de Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de otro Estado. La intervención prohibida debe, pues, recaer sobre materias respecto de las cuales el principio de soberanía de los Estados permite a cada uno de ellos decidir libremente. Ello ocurre con la elección del sistema político, económico, social y cultural y con la formulación de la política exterior. La intervención es ilícita cuando utiliza medios de coerción respecto a esas elecciones, que deben permanecer libres. La intervención prohibida consta de dos componentes: debe versar, en cuanto al fondo, sobre cuestiones en que el Estado tiene libertad soberana de decisión según el Derecho Internacional; y debe comportar, en cuanto a la forma, un elemento de coerción.
La soberanía no es un Estado, un Estado tiene soberanía sobre ciertas materias cuando esas materias son *. Los asuntos internos pasan a ser externos cuando un Estado cede competencias a través de la firma de Tratados Internacionales bajo su consentimiento; esto lo hace en virtud de su propio principio de soberanía: firmar un tratado es ejercicio de la soberanía. Ceder competencias en un tema no quiere decir que pierda la soberanía sobre tal tema, puesto que la soberanía es la que le permitió firmar ese tratado; la consecuencia es que el poder de soberanía que aún conserva le permite recuperar las competencias cedidas. Esta es la soberanía JURÍDICA. “Todo tratado internacional que haya sido firmado bajo la fuerza o bajo la coacción es nulo de pleno derecho”. El principio del uso de la fuerza no es útil cuando no hablamos de temas territoriales.
El principio de no intervención: influencias permitidas x el derecho internacional? ¿Cuándo una presión legal se transforma en influencias? *Intervención económica: ninguna corte internacional ha establecido un caso en el que haya una intervención económica. Tratado económico que se firma bajo presión: la firma del tratado justifica esa intervención porque al firmar lo hace libremente con su consentimiento. Para que se pueda constatar que un tratado se ha firmado bajo coerción tiene que tratarse de una fuerza física. El derecho internacional solo contempla para el caso de la no intervención económica una intervención hecha a través de la fuerza. La doctrina dice que es muy difícil considerar la presión económica como intervención porque normalmente para establecer esa intervención (cualquiera) se requieren unos requisitos: que se puedan probar que el estado que ha hecho esa intervención tiene intención de coaccionar al otro (de “manipular” la soberanía); y que en esa intervención haya efectos negativos para el Estado supuestamente intervenido.
Consiste en la negación a uno o varios Estados de intervenir en los asuntos de los demás, por lo que los Estados tienen la obligación de abstenerse de intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. Es un principio del Derecho Internacional Público y deriva directamente de la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Así decimos que este principio equivale al de no injerencia en los asuntos internos de otros. Los instrumentos jurídicos que lo consagran, además de la conocida declaración de principios, son: La Carta de Las Naciones Unidas (1948), y La Declaración de la ONU sobre la admisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados (1965). El respeto de la soberanía nacional y la no intervención en los asuntos internos de los Estados, son principios del derecho internacional que provienen de la independencia nacional de los países y de la autodeterminación de los pueblos, lo que los ha convertido en los principales rectores de las relaciones internacionales.
Excepciones a la no intervención: Cuando se plantea el respeto al derecho de conservación o que exista lesión evidente a los intereses de cuya existencia depende la vida colectiva de los Estados. Cuando exista un tratado.
Cuando la intervención tenga por objeto impedir otra, realizado lo que se denomina la contra intervención.
Cuando se pretenda impedir o reprimir las violaciones del Derecho Internacional especialmente si tiene lugar en forma colectiva.
El convenio de Viena sobre derecho de los tratados se firma en el año 1969, año en el que ya existía una sociedad universal, ya estaban casi todos los Estados descolonizados. Los Estados en vías de desarrollo intentan en esa conferencia participar en el proceso creativo de normas, el problema es que el derecho internacional se gesta a través de un procedimiento muy lento, porque además de los tratados hay costumbres. Ningún Estado puede firmar un tratado bajo coerción.
**Dupuy: Nuevo orden económico internacional. Aprobar en la asamblea general el voto de las nuevas resoluciones.
Resolución 2625 de la ONU: - - El principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.
El principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacional ni la justicia.
- La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta.
La obligación de los Estados de cooperar entre sí, de conformidad con la Carta.
El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos.
El principio de la igualdad soberana de los Estados.
El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta.
Todos estos son principios fundamentales, básicos, estructurales del derecho internacional. Al ser estructurales vinculan a toda la comunidad internacional. Han sido creados por el consentimiento de los estados, consensos. La carta de naciones unidas y la resolución 2625 no son indispensables para que existan estos principios, que son obligaciones. Lo único indispensable para que existan todas estas obligaciones es el consentimiento, que se puede manifestar tanto a través de tratados como de costumbres. Los Estados ya llevaban tiempo comportándose así, lo hacen porque creen que están obligados, y esto pasa para todos los principios. ¿Qué valor tienen entonces estos documentos en relación con la existencia de estas obligaciones?: no tendrían un valor de estricta necesidad para que existan, pero tendrían gran relevancia porque sirven de prueba.
Los tratados: una declaración no deja de ser un instrumento que no es un tratado. La declaración inspira a que los estados no realicen conductas que vayan radicalmente en contra de esos principios, pero de por si son siempre muy generales porque establecen principios, es muy difícil constatar la violación de un principio.
Aunque la declaración hable de una prohibición –por ejemplo de la coerción económica-.
PRINCIPIO DE LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS: –se puede considerar como la soberanía en potencia, es a los pueblos lo que la soberanía es a los Estados-.
- ¿Qué es un pueblo para el Derecho Internacional?: grupo humano que comparten un proyecto político entendido en el sentido amplio, un proyecto independiente. La identificación de un pueblo para el DI viene determinado por los propios rasgos del DI: es un derecho de Estados –busca que los pueblos se constituyan en Estados, lo cual lleva al contexto de la descolonización (años 60-70), porque este principio está en la carta de naciones unidas y en la declaración 2625, se anima a que las colonias se independicen-, aquí se establece una relación entre el concepto pueblo y el concepto Estado, hay muchos pueblos que se crean y se forman y ese resultado de formarse es precisamente el ejercicio del derecho de la libre determinación de los pueblos. Podríamos decir que el derecho a libre determinación de los pueblos tal y como está determinado está pensado para los pueblos que surgen en aquellos momentos que salen de la descolonización después del año 45, fundamentalmente en África y Asia. Esta comprensión está recogida en la resolución 2625.
Se complementa con una comprensión más actual referida a los pueblos indígenas: -esto es una prueba del carácter eurocéntrico del derecho internacional-. En el siglo XIX se crean los Estados de América Latina (~1810); los Estados africanos se forman con la descolonización. La construcción del estado latinoamericano es muy diferente: Simón Bolivar planteaba una unión entre todos estos nuevos Estados –“Carta de Jamaica”, en la que hace un llamamiento a que estos Estados que comparten una lengua, raza, religión, cultura común, se unan-. El proyecto panamericano de Simón Bolivar era la cultura común. Este Estado se formó haciendo una réplica a los Estados europeos. La creación del Estado niega las necesidades de esos pueblos originarios, en consecuencia hay unos Comentado [JA4]: Ejercer un derecho: siendo titular de un derecho, ejercitas un derecho cuando se desarrolla o se ejecuta. Si no lo ejercitas no quiere decir que se te quite, tú sigues siendo titular de ese derecho.
- pueblos que siguen existiendo a los que no se les ha consultado si quieren formar parte de ese Estado, en definitiva, no han ejercido el derecho a la libre determinación –en derecho internacional todos los pueblos son titulares del derecho a la libre determinación-. La conciencia jurídica va evolucionando de manera que hace a los Estados responsables de cuestiones no previstas.
Si son pueblos, tienen que tener el derecho a la libre determinación. Años 90, proceso que quiere reconocer los derechos originales de los pueblos. Los estados con su propio consentimiento van otorgando los derechos a los pueblos, por tanto es el propio estado quien concede estos derechos a los pueblos. En las constituciones latinoamericanas hay un cambio radical, antes se basaban en la uniformidad cultural, ahora pasan a reconocer la multiculturalidad y los derechos de los pueblos originarios. La Declaración de Derechos de los pueblos indígenas (LEER) es aprobada en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, refleja normas consuetudinarias. Hablan del derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas canalizado a través del llamado derecho de consentimiento previo, libre, informado sobre todas aquellas cuestiones que incumban a sus derechos. De estos derechos, el primero es el de libre determinación –entendido en el di más reciente, no está pensado para que los pueblos se separen, porque en contra de lo que muchos estados señalan, los pueblos indígenas en su mayoría no tienen interés en crear un estado propio puesto que nunca han tenido la idea de Estado y quieren conservar su vida cultural hasta el momento. Este derecho se manifiesta en: no abandonar su tierra, de manera que tienen su propia actividad de supervivencia, sus relaciones económicas, derecho de aprovechamiento de sus los beneficios de sus recursos, derecho a su propio desarrollo. Todo esto cohabita con el estado porque el estado en el que ellos habitan decide crear un proyecto de cualquier índole, debe obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas –derecho de consulta-. Es el contenido del derecho de libre determinación. La declaración dice que esos derechos no pueden ir en contra de los principios del Estado. Cuando muchos Estados dicen que no reconocen los derechos a los pueblos indígenas pensando en ellos como una amenaza a su soberanía territorial o integridad política, es mentira porque muchos pueblos no pretenden crear nuevos estados, los estados no quieren compartir sus propiedades con los pueblos indígenas.
El estado tiene soberanía territorial y la integridad territorial es un principio, estos pueblos se supone que si forman parte de un estado y ya han formado parte de su proyecto constituyente no se pueden separar. Pero si el estado se dedica a perseguir masivamente sus derechos, subsistiría ese derecho de secesión, en exclusiva para estos casos. En el caso de los africanos x ejemplo es regulado por la comisión africana. En definitiva: el mero principio de integridad territorial del estado no es razón para excluir el derecho de secesión de los pueblos.
¿Cuándo los pueblos tienen el derecho a la libre determinación?: es un derecho que se ejerce, pero una vez ejercido expira.
Los hitos más importantes de esta evolución son los siguientes: o La Conferencia de Bandung de 1950 condenó formalmente la dominación colonial. o Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960.
Convencida de que el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos constituye una importante contribución al Derecho Internacional contemporáneo, y de que su aplicación efectiva es de suprema importancia para fomentar entre los Estados las relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad soberana, Convencida, en consecuencia, de que todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta.
TEMA 2. Personalidad jurídica interna: la subjetividad internacional. Concepto de subjetividad internacional. El Estado, su estatuto internacional y competencias. Las organizaciones internacionales, los pueblos y otros sujetos de Derecho internacional. La humanización del Derecho internacional.
PREGUNTA EXAMEN: ACTORES – SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL, DIFERENCIAS.
Tienen subjetividad internacional: los Estados, las organizaciones internacionales, los pueblos, las empresas multinacionales, etc.
Ser sujeto de derechos y obligaciones de un ordenamiento jurídico: los actores internacionales son un término de las rrii, mientras que los sujetos son un término del derecho internacional. Tener personalidad jurídica en un ordenamiento internacional = ser sujeto de derechos y obligaciones: es ser titular de derechos y obligaciones derivados de ese ordenamiento jurídico. En cualquier sistema humanista democrático todo ser humano es titular de ello. En el caso de las empresas: la empresa es una persona jurídica una vez que se inscribe en el Registro Civil, lo cual es una norma que impone una obligación. Con ello consiguen la subjetividad internacional. Las personas siempre son personas jurídicas. El nazismo, declaró que los seres humanos no tenían personalidad jurídica, decían que no eran humanos, le privaban de todos los derechos. De ahí que en la declaración universal de ddhh hay un derecho a la personalidad jurídica. La subjetividad internacional no viene del cumplimiento de una norma, sino que viene de un hecho físico, es decir, el Estado existe cuando existe físicamente. Sin embargo, la empresa solo existe cuando cumple esos requisitos jurídicos. Es sujeto de derecho internacional quien sufre directamente responsabilidad por una conducta incompatible con la norma, y aquel que tiene legitimación directa para reclamar contra toda violación de la norma. Son éstos los rasgos irreductibles de la subjetividad internacional, lo que quiere decir que no todos los entes beneficiarios por una norma o todos aquellos a los que una norma imponga una conducta son sujetos del Derecho Internacional.
El Derecho Internacional contemporáneo se está humanizando y socializando, en definitiva moralizando, y ha añadido a las funciones relacionales y competenciales la del desarrollo integral de los individuos y pueblos mediante una cooperación que en muchos casos es institucionalizada. Además, la jurisprudencia internacional ha admitido que un tratado puede crear directamente derechos y obligaciones para los particulares si tal es la intención de los Estados partes. De ahí que hoy se reconozca, junto con la subjetividad internacional del Estado, la de las Organizaciones Internacionales, y que en ciertos supuestos se hable con fundamento de la subjetividad internacional de los particulares, personas físicas o jurídicas, y de los pueblos.
Se necesita una legitimación activa para reclamar por incumplimiento del Derecho o una legitimación pasiva para sufrir responsabilidad por tal incumplimiento. La subjetividad internacional se configura por tanto, como una categoría técnica de acusado matiz procesal.
El Estado sigue siendo el sujeto por excelencia del Derecho Internacional, en cuanto que está ampliamente capacitado para reclamar por la violación de dicho ordenamiento y también porque es susceptible de responsabilidad internacional. Hoy en día también es discutible la subjetividad internacional de las Organizaciones Internacionales, que sufren responsabilidad y la pueden reclamar de otros sujetos, lo que se conforma con el carácter parcial y fragmentariamente organizado de la Sociedad Internacional. Además, dentro del proceso de humanización del Derecho de Gentes(¿?), corresponde en nuestros días al individuo un pequeño grado de subjetividad internacional, al tener en determinados supuestos legitimación activa ante instituciones internacionales para reclamar por violación de sus derechos, y al poseer también en casos muy limitados legitimación pasiva para sufrir directamente las consecuencias de la violación del Derecho Internacional. En el Derecho Internacional existen, por tanto, diversas categorías o niveles de subjetividad internacional. El individuo tiene un grado de personalidad jurídica limitada, tenemos derechos cuando el Estado ha firmado tratados que lo digan.
Es precisamente el proceso de humanización del Derecho Internacional Contemporáneo donde se ha reconocido al individuo un grado de subjetividad internacional que, por pequeño que sea desde una perspectiva global, no había poseído antes en la historia; personalidad jurídica derivada del consentimiento de los Estados mediante la firma previa de tratados. Hoy más que nunca el individuo es el beneficiario directo e inmediato de muchas normas internacionales. En algunos casos, el individuo puede reclamar directamente por violación de sus derechos, e incluso con carácter excepcional ha sido objeto asimismo de reclamaciones directas de responsabilidad internacional. En el Derecho Internacional contemporáneo, el individuo posee, pues, una subjetividad cierta, aunque limitada, que tiene lugar dentro de marcos convencionales. El individuo tiene cierto grado de responsabilidad tanto como titular de derechos para exigirlo como para *, sería esa la responsabilidad internacional individual. Sólo podrán incurrir en responsabilidad penal individual cuando, de nuevo, el Estado lo haya consentido previamente.
La circunstancia de ser beneficiario de una norma no implica sin más el poder reclamar por su violación y es, como sabemos, tal posibilidad de reclamación la que determina la subjetividad internacional activa. Si un Estado comete un hecho ilícito internacional en prejuicio de un extranjero, persona física o jurídica, la presente situación del Derecho Internacional no habilita al perjudicado para entablar una reclamación en el plano internacional contra el Estado infractor. Efectivamente, en línea de principio, el particular no puede dirigir una reclamación directa en la esfera internacional contra el Estado autor del hecho ilícito ni puede llevarlo ante una jurisdicción u otro órgano internacional. Por ello, en los supuestos en que un particular extranjero sea víctima de una violación del Derecho Internacional por parte de un Estado, aquel no tiene en principio otro recurso que reclamar en el plano del Derecho interno del Estado infractor, y si en él no obtiene satisfacción, acudir al Estado de su nacionalidad para que sea éste quien reclame, bien directamente, bien ante un órgano internacional competente. Si el Estado de la nacionalidad del ofendido lo hace así, ejercita lo que se llama la protección diplomática. Y hay que tener en cuenta que como ha dicho el Tribunal de La Haya en dictum muy preciso, al poner en movimiento en favor de uno de sus nacionales la protección diplomática, “ese Estado hace valer, a decir verdad, su propio derecho, el derecho que tiene a hacer respetar en la persona de sus súbditos el Derecho Internacional”. Por consiguiente, aún en los casos de protección diplomática, la responsabilidad internacional se sigue configurando como una relación de Estado a Estado, lo que tiene dos importantes consecuencias: la primera es el carácter discrecional según el derecho internacional y la mayoría de los derechos internos del ejercicio de la protección diplomática, que depende de consideraciones de oportunidad política; y la segunda es la disponibilidad por el Estado de la reparación obtenida, a la que puede denunciar, sobre la que puede transigir y de la que puede incluso beneficiarse.
El proceso de institucionalización ha articulado unas fórmulas y unos cauces que permiten hablar con fundamento de una subjetividad limitada del individuo dentro de un marco convencional.
En la sociedad internacional organizada, y más concretamente en el ámbito del derecho interno de las organizaciones internacionales, existen normas que regulan las relaciones entre éstas y sus funcionarios.
Normas que son invocadas por las personas en cuestión antes órganos jurisdiccionales específicos de la organización. Es entre otros, el caso del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas. Por consiguiente, ante él, los funcionarios de las Naciones Unidas, así como los de otras organizaciones internacionales que giran en su órbita, pueden demandar a la respectiva organización. Y hay que decir también que el Tribunal de Justicia de la Comunidad europea puede conocer los litigios entre la Comunidad y sus agentes.
El paso de mayor significación en orden al reconocimiento de una cierta subjetividad del individuo fue el realizado por la Convención europea de los derechos del hombre, firmada en Roma en 1950; así como el Protocolo facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos –aprobado por la Asamblea General de las Naciones unidas en 1966, faculta a los individuos que se consideren perjudicados por una violación de los derechos enunciados en el Pacto a presentar una comunicación escrita al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas-.
La responsabilidad por infracción del Derecho Internacional la sufren los Estados y es de tipo compensatorio- Pero se habla en la disciplina de los delicta iuris Gentium, delitos contra el Derecho de Gentes, que engendran responsabilidad penal para los individuos –siempre en caso de que el Estado lo haya firmado previamente- y que son cosa distinta de los derechos ilícitos de los Estados que se dividen a su vez en crímenes y delitos internacionales.
Cuando los instrumentos internacionales sobre protección de los derechos del hombre proclaman la irretroactividad de las leyes penales se refieren a actos tipificados como delitos, bien por el derecho nacional bien por el derecho internacional (Artículo 11.2 de la Declaración Universal de la Asamblea de las Naciones Unidas; artículo 15.1 del Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos), con lo que se reconoce inequívocamente la existencia de delitos internacionales que generan responsabilidad.
LA Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, además de establecer los tipos delictivos, prevé para su sanción bien el juicio ante el tribunal competente del Estado en cuyo territorio se haya cometido el acto, bien el juicio ante el tribunal penal internacional que sea competente respecto de los Estados partes que hayan reconocido su jurisdicción. En la actualidad, el genocidio es castigado por las jurisdicciones penales internacionales creadas en la década final del siglo pasado. El artículo IX de la Convención de 1948 sienta las bases de un particular control judicial del genocidio, en la medida en que se establece la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de justicia sobre las controversias entre los Estados partes elativas a su aplicación o ejecución, incluso si se trata de la responsabilidad de un Estado en la materia.
La gravedad de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas desde 1991 con ocasión del mortífero conflicto armado que azotó a las Repúblicas desgajadas de la antigua Yugoslavia (en especial BosniaHerzegovina) determinó la adopción por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 la resolución 827 por la que se crea un Tribunal Penal Internacional ad hoc para el castigo de los presuntos responsables (personas físicas) de aquellos crímenes.
El 17 de julio de 1998, por una Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Roma, del Estatuto de una Corte Internacional Penal, de naturaleza permanente, para el castigo de los crímenes internacionales más graves, a saber: el genocidio, los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y la agresión (art. 5).
Es importante destacar que todo Estado parte en la Convención acepta la competencia de la Corte para dichos crímenes, en el entendido de que, si actúa ésta a iniciativa del Fiscal, el crimen ha tenido que ser cometido en el territorio de un Estado parte o a bordo de un buque o aeronave registrado en un Estado parte, o por un nacional de un Estado parte. El Tribunal tiene también competencia si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remite al Tribunal una situación en la que se hayan podido cometer los crímenes internacionales en cuestión. La Corte no pretende desplazar ni sustituir a las jurisdicciones nacionales, tiene naturaleza complementaria respecto a los tribunales penales internos. No actúa si: la cuestión es objeto de proceso en el Estado competente, a menos que no demuestre voluntad de juzgarlo o sea manifiestamente incapaz de hacerlo; si el caso ha sido investigado por el Estado competente y éste ha decidido no perseguir a la persona en cuestión, a menos que la decisión resulte de falta de voluntad o de manifiesta incapacidad; y si la persona de que se trata ha sido ya juzgada por el caso, con resultado condenatorio o absolutorio. Este último es el principio llamado ne bis in ídem.
Se han creado en los últimos años nuevos modelos jurisdiccionales, los llamados tribunales penales híbridos o mixtos o internacionalizados. Obviamente, su finalidad es evitar la impunidad en la mayor medida posible mediante el castigo de los crímenes internacionales. Están situados en Camboya, Sierra Leona, Timor Oriental y Kosovo. Notas comunes de estos tribunales son el carácter mixto de su composición (jueves y fiscales nacionales e internacionales) y la naturaleza doble de su competencia (están habilitados para sancionar delitos comunes y crímenes internacionales).
Una modalidad particularmente interesante de hacer efectiva la responsabilidad penal del individuo por la comisión de crímenes internacionales es el ejercicio de la llamada jurisdicción penal universal, institución concebida con el loable propósito de poner fin a la lacra de la impunidad por los crímenes más graves, y en el entendido de que no está prohibida por el Derecho Internacional aunque tampoco prescrita por sus normas.
Se trata de la atribución de competencia por tratados internacionales o leyes internas a tribunales estatales para juzgar y sancionar esa clase de delitos cuando se perpetran por extranjeros (y también por nacionales) fuera del territorio nacional.
EL ESTADO Un Estado es un núcleo de poder organizado que tiene subjetividad internacional y que se caracteriza porque ejerce su poder soberano en un territorio determinado en el que habita una población sobre la que el Estado ejerce funciones normativas, jurisdiccionales. De cara al exterior también tiene soberanía plena para el desarrollo de relaciones exteriores de forma independiente.
Elementos: - - Territorio: fronteras dudosas, no se impide que se reconozca la estatalidad, sigue cumpliendo el requisito de territorio.
Población: no se exige que los nacionales que habitan sean más que los extranjeros, pero sí se exige que haya un núcleo considerable de personas que sean nacionales de ese país. Cada Estado decide sus reglas sobre la nacionalidad. El nomadismo no impide que se cumpla el requisito de la población determinada, siempre que se haga en su gran parte en el interior de las fronteras del Estado.
Soberanía: control que ejerce ese ente de poder (el Estado) de manera efectiva sobre su población. Es un control normativo, jurisdiccional. También tiene que poder ejercer de forma efectiva e independencia esa soberanía hacia el exterior. (Núcleo reductivo de la estatalidad: se manifiesta en el territorio y un núcleo de poder sobre tal territorio). Si un Estado renuncia a su soberanía territorial, deja de ser Estado.
La soberanía del Estado constituye un factor determinante y de primer orden en la actual configuración de la sociedad internacional y del Derecho de Gentes. El él reposa todo el Derecho Internacional. La soberanía del Estado tiene un carácter acusadamente funcional, porque si el Derecho Internacional reconoce soberanía a los Estados es precisamente para que éstos realicen sus funciones. Es justamente el importante principio de la igualdad soberana de los Estados el que hace imperativa la distribución de competencias entre ellos. Cuando el Derecho Internacional atribuye competencias a los Estados, puede imponerles además criterios o límites respecto al ejercicio de las mismas, es decir, reglamentando su ejercicio. Por ejemplo, el Derecho Internacional confiere competencia a los Estados para regular la nacionalidad de la comunidad humana asentada en su territorio, pero cabe que en este punto los Estados hayan asumido obligaciones convencionales que limitan el ejercicio de aquella competencia. Del mismo modo, el Derecho Internacional concede competencias al Estado, en forma de soberanía territorial, sobre una franja de mar inmediatamente adyacente a sus costas que se denomina mar territorial, pero esta soberanía se ejerce con arreglo a esta convención y otras normas de derecho internacional (Convención de 1982 sobre el Derecho del Mar). Se trata, pues, de soberanía con límites. Pues bien, en la medida en que el Derecho Internacional asigna límites o impone criterios a los Estados en el ejercicio de sus competencias puede hablarse de competencias regladas o no discrecionales. Por el contrario, cuando el Derecho Internacional se circunscribe a atribuir competencias a los Estados sin señalarles cortapisas o imponerles criterios respecto al ejercicio de las mismas, esto es, sin reglamentar este ejercicio, se habla de competencias discrecionales, o exclusivas, o asuntos de jurisdicción interna. Esta distinción entre competencias regladas y discrecionales del Estado es particularmente importante en la vida de las organizaciones internacionales precisamente para poner un límite a las actuaciones de éstas frente a la soberanía de los Estados.
Reconocimiento de Estados: -Definición: es un acto declarativo (=puede existir con independencia de esa declaración) emitido por un Estado, a través del cual ese Estado manifiesta que considera a un determinado ente internacional como cumplidor de los requisitos de la estatalidad, como Estado. Reconocer es un acto de soberanía. *Lo que pueden hacer los órganos de las Organizaciones Internacionales (ejemplo: Asamblea General ONU) hacer un llamamiento a reconocer o no un Estado, pero ellas no reconocen directamente. El acto de reconocimiento solo cabe cuando el otro lo pide.
Si un Estado recupera su antigua calidad de tal, es decir, recobra su independencia (caso de las Repúblicas Bálticas en agosto de 1991), lo que se reconoce es la recuperación de independencia, no hay propiamente reconocimiento de un Estado nuevo. Si un Estado es considerado como continuador de la personalidad jurídica internacional de otro (caso de la República de la Federación Rusa respecto a la Unión Soviética), no es objeto de reconocimiento como nuevo Estado, lo que sí se puede reconocer es el hecho de esa condición de Estado continuador.
El reconocimiento de un Estado por otro tiene carácter político, lo que significa que es discrecional, en cuanto que el Derecho Internacional no obligaría a reconocer a un nuevo Estado incluso si cumpliese a satisfacción los requisitos exigidos al respecto. El reconocimiento se otorgaría, pues, con finalidad política. El reconocimiento se limita a comprobar una situación ya existente con anterioridad. El reconocimiento puede tener un valor constitutivo. El nuevo Estado pasaría a existir desde el punto de vista jurídico precisamente como consecuencia del reconocimiento. El reconocimiento como acto político y discrecional tiende a sus efectos declarativos. El reconocimiento como acto jurídico y obligatorio apunta hacia su valor constitutivo.
La práctica contemporánea de las relaciones internacionales demuestra que no hay obligación jurídica de reconocer a nuevos Estados. Ningún Estado incurriría en responsabilidad internacional por el hecho de no reconocer a un Estado nuevo en el que concurriesen los requisitos pertinentes de Gobierno, población y Comentado [JA5]: Pregunta examen territorio. España, por ejemplo, sólo en enero de 1986 reconoció al Estado de Israel, sin que por ello pudiese imputar violación alguna del Derecho Internacional. El reconocimiento de Estados es un acto libre y discrecional, que se ejerce con finalidad política. El reconocimiento de un Estado nuevo es el acto libre por el cual uno o varios Estados constatan la existencia sobre un territorio determinado de una sociedad humana políticamente organizada, independiente de cualquier otro Estado existente.
El hecho de que el reconocimiento de Estados sea un acto libre y discrecional, no impide que, en ejercicio de su libertad soberana, los gobiernos de otros Estados condicionen el reconocimiento al hecho de que el nuevo Estado satisfaga ciertos requisitos de carácter jurídico.
Declaración de independencia de Kosovo (unilateralmente el 17 de febrero de 2008): semejante declaración vulneraba el derecho Internacional (principios de inviolabilidad de fronteras y de integridad territorial de los Estados), y ello explica que la posición común de los 27 ministros de exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, adoptada en Bruselas, consistiese únicamente en señalar el carácter único y no constitutivo de precedente de esa independencia, dejando en libertad a los Estados miembros para reconocer o no a Kosovo como Estado soberano.
Del carácter de acto libre y discrecional del reconocimiento de Estados se desprende que, en principio, sus efectos son declarativos. “La existencia del Estado nuevo con todos los efectos jurídicos que se atribuyen a esta existencia no queda afectada por la negativa de reconocimiento de uno o varios Estados”. La propia existencia de un Estado produce importantes efectos jurídicos oponibles erga omnes. Todo Estado nuevo en el que concurran los requisitos pertinentes tiene derecho, con independencia de que haya sido o no objeto de reconocimiento, a que se respeten su soberanía territorial y otros atributos básicos del Estado.
Pero resulta indudable que, en determinados campos en que el Derecho Internacional concede un margen de discreción y libertad soberana de actuación a los Estados, el reconocimiento o no reconocimiento de un Estad nuevo sí puede producir algunos efectos jurídicos.
Si se constituyese un Estado ficticio, esto es, un Estado que careciese de los elementos sustanciales, sería más patente si cabe le carácter político y discrecional del reconocimiento. Desde el punto de vista doctrinal se ha llegado a sostener incluso que tal reconocimiento sería ilícito y desencadenaría, por consiguiente, la responsabilidad internacional de su autor, aunque en la práctica de las relaciones internacionales los efectos del reconocimiento de un Estado ficticio, tanto beneficiosos como perjudiciales, tienen lugar básicamente en el plano político. Un caso de Estado ficticio, objeto de múltiples reconocimientos de carácter político, es el del Estado palestino.
-Puede ser explícito o implícito: implícitos –enviar o recibir una embajada, firma de Tratados. Un Estado puede firmar un Tratado comercial con otro y poner una cláusula en la que explique que eso no es justificación de que reconozca como Estado a tal ente. Si un país vota afirmativo por la entrada de un Estado en una OI, le reconoce implícitamente.
Lo único exigente por parte del Derecho Internacional en cuanto al reconocimiento explícito de un Estado nuevo, es que exista una exteriorización mínima de la manifestación de voluntad de un Estado de reconocer a otro. Cabe, por supuesto, el reconocimiento explícito de un Estado por vía de tratado, como es el caso del celebrado el 1 y 3 de junio de 1993 entre España, Francia y Andorra, en virtud del cual los dos primeros Estados reconocieron al tercero.
La cuestión del reconocimiento implícito es mucho más compleja, pues se trata de saber de qué comportamientos de un Estado cabe inferir la voluntad de reconocer a un Estado nuevo. No ofrece duda que el establecimiento de relaciones diplomáticas con un nuevo Estado implica reconocimiento de éste, como también lo implicaría un mensaje de congratulación al nuevo Estado, y el hecho de votar en una Organización internacional en favor de la admisión de un nuevo Estado candidato.
Por ejemplo, cuando España y muchos otros países occidentales votaron en septiembre de 1991 a favor de la admisión de Corea del Norte en la Organización de las Naciones Unidas, reconocieron implícitamente a este país. Pero no equivale a reconocimiento implícito el hecho de participar en una misión de paz de Naciones Unidas (caso de España respecto del territorio de Kosovo).
-Reconocimiento de Estados VS reconocimiento de Gobiernos: el reconocimiento de Estados surge por ejemplo con la descolonización, en el ejercicio de la libre determinación de los pueblos, cuando dos entes se disputan la soberanía del territorio o reivindican la estatalidad. El reconocimiento de gobierno surge cuando hay un cambio de gobierno al margen de las reglas constitucionales/parlamentarias de ese Estado. También es un acto de los Estados. El gobierno –como elemento del Estado- debe ser estable, independiente y efectivo.
Lo que tiene relevancia jurídica es el reconocimiento del Estado. Se puede reconocer a Estados que aún no tengan la estabilidad, independencia o efectividad desarrollada al completo –cuando de lo que se trata es de potenciar un principio del derecho internacional como por ejemplo el Principio de determinación de los pueblos-; de hecho en la época de la colonización la Asamblea General de las Naciones Unidas hacía llamamientos a sus miembros para que reconocieran a esos nuevos Estados que aún estaban en vías de constituirse como tal aunque le falten alguno de esos elementos aún.
La práctica internacional demuestra la existencia de actos de reconocimiento realizados por el gobierno de un Estado al gobierno de otro Estado. Tales reconocimientos se pueden reconducir a tres situaciones básicas: 1) Reconocimiento de gobiernos locales, esto es, de gobiernos que no ejercen control sobre todo el territorio de un Estado, sino solamente sobre parte de él.
2) Reconocimiento de gobiernos en el exilio (como México con el gobierno de la II República española).
3) Reconocimiento de gobiernos que han surgido en violación de la legalidad constitucional vigente en un Estado.
El reconocimiento de gobiernos locales está inspirado en la práctica, fundamentalmente por consideraciones de orden político, aunque desde el punto de vista del DI se entiende que aquel reconocimiento sólo puede hacerse cuando la adquisición de control efectivo sobre el territorio sea tal que pueda preverse razonablemente el triunfo de la insurrección y un control total por ella del territorio; se entiende asimismo que si el conflicto se prolonga en el tiempo, cabe un reconocimiento limitado, como régimen de facto, del gobierno revolucionario.
El caso de gobiernos en el exilio es el de aquellos gobiernos que reclaman la suprema autoridad sobre un Estado que o bien está bajo el control efectivo de otras autoridades, o bien se proyecta crear en el territorio de otro u otros estados existentes. El reconocimiento de un gobierno en el exilio es, por supuesto, un acto político y por tanto discrecional. Es de la mayor importancia para que el gobierno en el exilio pueda ejercer algunos atributos internacionales (celebración de tratados, establecimiento de relaciones diplomáticas) con los Estados que lo hayan reconocido. Desde el punto de vista del DI el reconocimiento de gobiernos en el exilio debe ser conciliado con principios básicos de la disciplina, como el de respeto a la soberanía territorial, prohibición de intervenir en los asuntos internos de otros Estados y efectividad.
En el tercer caso: cuando el cambio de gobierno de un Estado tiene lugar en la vulneración de la legalidad constitucional establecida, o lo que es lo mismo, de manera revolucionaria a través de un golpe de Estado, se habla de gobierno de facto o de hecho como contrapuesto al gobierno legal o de iure. La neutralidad del DI hacia los sistemas políticos internos explica la inexistencia de normas positivas sobre los requisitos que debe reunir un gobierno de facto para ser reconocido. Se ha formulado una serie de doctrinas: - - - La doctrina de la legalidad o doctrina TOBAR: preconiza el no reconocimiento de los gobiernos transitorios nacidos de las revoluciones hasta que quede demostrado que gozan del apoyo de sus países. En 1913 el presidente norteamericano Wilson expresó ideas similares y desde ese año los Estados Unidos aplicaron esta doctrina en sus relaciones con otros países del continente.
La doctrina ESTRADA: según ella, la práctica del reconocimiento es denigrante por herir a la soberanía de otras naciones y suponer una actitud crítica de sus asuntos internos. Esta doctrina, que supone en último análisis la sustitución del reconocimiento explícito por el reconocimiento implícito y en la que subyace una intención anti-intervencionista, fue desarrollada y dotada de contenido en la resolución XXXV de la IX Conferencia de Estados Americanos, celebrada en Bogotá en 1948. En la práctica, el funcionamiento de la doctrina ESTRADA favorece el reconocimiento –implícito- de los gobiernos nacidos en vulneración de la normativa constitucional. La experiencia demuestra, en efecto, que después de un golpe de Estado pocos son los casos en que se rompen relaciones diplomáticas o se retira la representación, y esto significa, desde el punto de vista jurídico, reconocimiento implícito del gobierno inconstitucional.
La doctrina de la efectividad o doctrina LAUTERPACHT: según la cual habría obligación de reconocer a los Gobiernos que ejercen un control efectivo sobre un territorio y población que en él se asienta. Esta doctrina ha inspirado la práctica del Gobierno del Reino Unido y la de algunos otros y parece la más adecuada desde el punto de vista del Derecho Internacional por el grado de seguridad jurídica que introduce.
Aunque el acto de reconocimiento de un gobierno de facto tiene naturaleza e intencionalidad política, el no reconocimiento puede producir algunos efectos jurídicos. Se entiende así que un gobierno no puede litigar en nombre de su Estado ante los tribunales del Estado extranjero que no lo haya reconocido. En lo que respecta a la inmunidad jurisdiccional del Estado ante tribunales internos de otro, se entiende que alcanza incluso al Estado cuyo gobierno ha sido objeto de reconocimiento. Sin embargo, el gobierno no puede reclamar la propiedad de los bienes del Estado sitos en otro Estado que no lo haya reconocido. Es indudable en todo caso que, por aplicación del principio de la efectividad, los atributos básicos del Estado cuyo gobierno no ha sido reconocido, y entre ellos el respeto a la soberanía territorial, son oponibles erga omnes.
El reconocimiento de un gobierno de facto puede ser, en conclusión, explícito o implícito. Respecto al reconocimiento explícito: el DI es eminentemente no formalista y lo único que se exige al respecto por razones de seguridad jurídica es que se exteriorice mínimamente la manifestación de voluntad en que consiste el reconocimiento. En lo que respecta al reconocimiento implícito: resulta de los mismos comportamientos que significan reconocimiento de un Estado. Digamos en conclusión, que el reconocimiento de un Estado implica el reconocimiento del Gobierno que se encuentra a su cabeza.
Relación entre el reconocimiento de gobiernos y el principio de no intervención: si varios Estados no reconocen a un gobierno de otro Estado, significaría una violación del principio de no intervención –porque el gobierno ha llegado por vías legales-. Lo que no se puede es pronunciarse en la escena internacional sobre cambios de gobiernos cuando se han hecho por la vía legal y cuando no vulneran ningún principio de derecho internacional. Un Estado no reconoce a un gobierno cuando dice que no considera que ese gobierno represente legítimamente a ese Estado. La limitación de los Estados en el ámbito del reconocimiento de gobiernos ha venido inspirada por la idea de que hay que prevenir la intervención política entre Estados.
Los Estados son libres de reconocer o no a un Estado, aunque existen casos límites en que hay una relación entre normas básicas del derecho internacional y el reconocimiento: 1) cuando un pueblo ilegítimamente se está intentando aspirar a constituirse como estado, un Estado puede reconocerlo e incluso por llamamientos de la Asamblea General, por cuestión moral y jurídica –Principio de libre determinación de los pueblos-, pragmática –si tú como Estado lo reconoces aunque no esté formado aún ayudas a que se forme antes-; 2) si hay Estados, por ejemplo racistas –norma ius cogens, prohibición del establecimiento de un Estado Racista-, la Asamblea General puede llamar a sus miembros a no reconocer a ese Estado; es decir, se les llama al no reconocimiento cuando hay una violación de una norma básica por parte de ese nuevo Estado.
INMUNIDAD DEL ESTADO: es una institución de carácter procesal, es decir, se invoca en medio de un proceso judicial en el que una de las partes –la parte demandada- es un Estado. Responde al principio de soberanía de los Estados, la inmunidad es un reflejo de la soberanía. La inmunidad puede ser absoluta o restringida.
Absoluta: si se intentaba denunciar a otro país dentro de otro diferente, el país extranjero iba a invocar la inmunidad de jurisdicción; ya no está en vigor. Restringida: sí está en vigor, es la posibilidad de invocar la inmunidad para aquellos actos que afectan al ejercicio esencial de la soberanía; habrá actos de naturaleza ordinaria (realizados por un particular) y actos que corresponden a la soberanía. Es una buena solución para respetar la soberanía de ambos Estados; el hecho de que se vaya restringiendo cada vez más hace también que se respete el sistema normativo, laboral, económico etc del otro Estado, por eso es la mejor manera de conseguir el respeto de las soberanías.
- - JURISDICCIÓN: cada vez se va restringiendo más. Hace referencia a la posibilidad o no de que un Estado sea parte demandada en un juicio. La inmunidad/posibilidad garantizaría que no fuera demandado. Inmunidad que tiene un Estado frente a ser parte o no de un juicio. Todos los Estados pueden ejercerla.
EJECUCIÓN: tiene que ver con la ejecución de la sentencia. Inmunidad/posibilidad que tiene un Estado de ejecutar o no una sentencia. Todos los Estados pueden ejercerla.
El Derecho Internacional cuenta con un principio que proclama la inmunidad del Estado frente a las jurisdicciones internas de otros, o lo que es lo mismo, la imposibilidad en que se encuentra el tribunal de un Estado para decidir un litigio en que figure como demandado un Estado extranjero.
La teoría de la inmunidad restringida está ganando progresivamente adeptos, especialmente entre los países occidentales. La Convención europea sobre inmunidad de los Estados está inspirada en la idea de conseguir la mayor protección posible para los particulares que contratan con Estados extranjeros y que acoge, desde luego, la tesis de la inmunidad restringida. Hoy ya no se puede sostener que la tesis de la inmunidad absoluta constituya una norma de derecho internacional general, porque ni existe en la actualidad una práctica uniforme (elemento material de la costumbre) y no cabe considerar tampoco que exista una opinio iuris generalis (elemento espiritual). Consiguientemente, el desconocimiento de la inmunidad en los casos de actos iure gestionis no desencadena la responsabilidad internacional del Estado del tribunal que condene a un Estado extranjero.
Mas una cosa es la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero y otra la inmunidad de ejecución.
Es evidente que si se sigue la teoría de la inmunidad absoluta no se presenta el problema de la ejecución de sentencias contra un Estado extranjero, a no ser que se renuncie a aquella, pero la situación es distinta si la tesis adoptada es la de inmunidad restringida. Suponiendo que, de acuerdo a esta última doctrina, o en los supuestos de renuncia a la inmunidad, un tribunal interno llegue a dictar una sentencia condenando a un Estado extranjero, ¿permite el DI la ejecución de la sentencia? No existe una norma general del Derecho Internacional que proclame la inmunidad absoluta de ejecución del estado extranjero.
Puesto que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos proclaman el derecho a un proceso equitativo, entendiéndose que en este derecho está comprendido el de acceso a un juez o tribunal, se puede plantear la cuestión de si la inmunidad de la jurisdicción de los Estado –y, en su caso, de las organizaciones internacionales- pugna con el derecho en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se enfrentó con este problema en dos casos: Ocurría efectivamente que los instrumentos fundacionales de esta organización internacional (Agencia Espacial Europea) proclamaban la inmunidad de jurisdicción y ejecución y que estas inmunidades habían sido aceptadas por la legislación interna. Como los tribunales alemanes se declararon incompetentes en aplicación de la inmunidad mencionada, los demandantes pretendían la condena de Alemania porque se les había rehusado en violación de la Convención el derecho de acceso a un juez o tribunal. Pero el Tribunal Europeo no lo entendió así, considerando fundamentalmente que el derecho en cuestión tiene limitaciones y que la resultante de las reglas internacionales sobre inmunidades de jurisdicción y ejecución persigue un fin legítimo, a saber, el buen funcionamiento de las organizaciones internacionales y la ampliación e intensificación de la cooperación internacional, siendo la inmunidad de jurisdicción una medida razonablemente proporcionada a la consecución de ese fin. El Tribunal, apoyándose en la misma doctrina, concluyó en la no violación del artículo 6.1 de la Convención ante una aplicación por los tribunales irlandeses del principio de la inmunidad de jurisdicción de los Estados. El razonamiento fue que el fin de la inmunidad es legítimo (respeto del Derecho Internacional para favorecer la cortesía y las buenas relaciones entre Estados) y que la restricción guarda una relación razonable de proporcionalidad con ese fin.
La teoría de la inmunidad restringida de jurisdicción o de ejecución conoce muchas variantes en la práctica de los Estados, que introducen inseguridad y desorden además de causar fricciones. Y para evitar estos inconvenientes es altamente deseable la mayor uniformidad jurídica, y de ahí el interés y la convivencia de la codificación de las reglas en la materia. En su período de sesiones de 1991, la Comisión de Derecho Internacional aprobó el proyecto de artículos sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados, que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió someter a observaciones de los Gobiernos. El proyecto se inspira en sus grandes líneas en la tesis de la inmunidad restringida. Puede decirse que la inmunidad del Estado <<es limitada o restringida en el sentido de que no es “absoluta” ni hay que reconocerla en todo tipo de circunstancias sin tener en cuenta en qué calidad haya actuado el Estado o la clase de actividades atribuidas al mismo>>. En 2004 se adoptó en el seno de la Asamblea General un nuevo texto de la Convención, basado en la misma filosofía de la inmunidad restringida, pero con disposiciones susceptibles de un mayor número de aceptaciones estatales.
La Convención, tras sentar como punto de partida el principio de inmunidad jurisdiccional, enuncia en los artículos siguientes una serie de importantes excepciones, unas de orden procesal y otras de índole sustantiva.
Las procesales son las siguientes: consentimiento expreso al ejercicio de jurisdicción; supuesto en que el Estado concernido haya iniciado el proceso, intervenido en él o realizado cualquier acto en relación con el fondo; o caso de presentación de una demanda reconvencional. En cuanto a las excepciones de naturaleza sustantiva a la inmunidad jurisdiccional, podemos decir que son aquellas que se suponen relativas a actuaciones iure gestionis de los Estados, a saber: transacciones mercantiles con una persona natural o jurídica. Partiendo del principio de inmunidad, son tres los casos en que se permite la ejecución, a saber: el consentimiento del Estado propietario de los bienes, la asignación de bienes por el Estado concernido a la satisfacción de la demanda, y el supuesto de que se trate de bienes utilizados por el Estado para fines distintos de los fines oficiales no comerciales.
RASGOS DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL En derecho internacional hay una sola categoría de sujetos que poseen personalidad jurídica: los Estados. Tener personalidad jurídica significa ser titular de derechos y obligaciones. Los Estados tienen plena personalidad jurídica, es decir, el Estado puede hacer todo lo que pueda hacer un sujeto de derecho internacional, son sujetos primarios de derecho internacional –ellos crean las normas-. Las organizaciones internacionales son sujetos secundarios o derivados. Una de las causas que dio pie a la duda sobre si las organizaciones internacionales tenían personalidad jurídica fue el asesinato del mediador en Palestina de Naciones Unidas, cuando se contempló la duda de si UN tenía derecho a reclamar.
El supuesto de hecho para que exista responsabilidad es la existencia de obligaciones del ordenamiento en cuestión, una violación de la norma, posibilidad de establecer una relación de responsabilidad –aunque no siempre es posible-; el sujeto que ha violado una norma incurre en la responsabilidad y debe una indemnización de los daños.
Caso de Naciones Unidas: regla general que dice que los Estados son responsables de las acciones terroristas ocurridas en su territorio, de manera que Israel ya tenía esa obligación. Por tanto Naciones Unidas podía pedir la reclamación a Israel de responsabilidad. ¿Por qué debe poner la reclamación de Naciones Unidas y no Suecia (nacionalidad del asesinado)?: porque estaba desarrollando sus funciones en el desarrollo de la ONU.
La circunstancia de ser beneficiario de una norma no implica sin más el poder reclamar por su violación y es, como sabemos, tal posibilidad de reclamación la que determina la subjetividad internacional activa. Si un Estado comete un hecho ilícito internacional en prejuicio de un extranjero, persona física o jurídica, la presente situación del Derecho Internacional no habilita al perjudicado para entablar una reclamación en el plano internacional contra el Estado infractor. Efectivamente, en línea de principio, el particular no puede dirigir una reclamación directa en la esfera internacional contra el Estado autor del hecho ilícito ni puede llevarlo ante una jurisdicción u otro órgano internacional.
Por ello, en los supuestos en que un particular extranjero sea víctima de una violación del Derecho Internacional por parte de un Estado, aquel no tiene en principio otro recurso que reclamar en el plano del Derecho interno del Estado infractor, y si en él no obtiene satisfacción, acudir al Estado de su nacionalidad para que sea éste quien reclame, bien directamente, bien ante un órgano internacional competente. Si el Estado de la nacionalidad del ofendido lo hace así, ejercita lo que se llama la protección diplomática. Y hay que tener en cuenta que como ha dicho el Tribunal de La Haya en dictum muy preciso, al poner en movimiento en favor de uno de sus nacionales la protección diplomática, “ese Estado hace valer, a decir verdad, su propio derecho, el derecho que tiene a hacer respetar en la persona de sus súbditos el Derecho Internacional”. Por consiguiente, aún en los casos de protección diplomática, la responsabilidad internacional se sigue configurando como una relación de Estado a Estado, lo que tiene dos importantes consecuencias: la primera es el carácter discrecional según el derecho internacional y la mayoría de los derechos internos del ejercicio de la protección diplomática, que depende de consideraciones de oportunidad política; y la segunda es la disponibilidad por el Estado de la reparación obtenida, a la que puede denunciar, sobre la que puede transigir y de la que puede incluso beneficiarse.
Existe, pese a todo, un proceso de institucionalización que ha permitido articular convencionalmente unas fórmulas y unos cauces que posibilitan en casos concretos el acceso directo de individuos ante instancias internacionales que controlan la aplicación de determinadas normas del Derecho de Gentes. Tales fórmulas y cauces permiten hablar con fundamento de una subjetividad limitada del individuo dentro de un marco convencional.
En la sociedad internacional organizada, y más concretamente en el ámbito del Derecho interno de las organizaciones internacionales, existen normas que regulan las relaciones entre éstas y sus funcionarios.
Normas que son invocables por las personas en cuestión ante órganos jurisdiccionales específicos de la organización. Es, entre otros, el caso del Tribunal Administrativo de Naciones Unidos. Por consiguiente, ante él, los funcionarios de las Naciones Unidas, así como los de otras organizaciones internacionales que giran en su órbita, pueden demandar a la respectiva organización. Y hay que decir también que el Tribunal de Justicia de la Comunidad europea puede conocer de los litigios entre la Comunidad y sus agentes.
El paso de mayor significación en orden al reconocimiento de una cierta subjetividad del individuo fue el realizado por la Convención europea de los derechos del hombre, firmada en Roma en 1950.
El Protocolo facultativo del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, faculta a los individuos que se consideren perjudicados por una violación de los derechos enunciados en el pacto a presentar una comunicación escrita al comité de derechos humanos de las Naciones Unidas. Pues lo único que puede hacer es transmitir tal comunicación al Estado presuntamente infractor, el cual, en un plazo de seis meses, deberá presentar explicaciones o declaraciones por escrito en las que se aclare el asunto e indicar las medidas que eventualmente haya adoptado al respecto. El Comité, tras tomar nota de estas explicaciones y de todas las informaciones escritas del individuo, presentará sus observaciones a él y al Estado en cuestión.
Si el conde tuviese que confiar en la protección sueca, no se podría garantizar que realiza de forma neutral el ejercicio de sus funciones que le tiene atribuido su contrato con Naciones Unidas, y las funciones que están previstas en la Carta de la ONU. Se necesita que quien imponga la reclamación sean las Naciones Unidas. De manera que las organizaciones internacionales tienen personalidad jurídica funcional, no plena como los Estados, puesto que lo que pueden y no pueden hacer es diferente en cada organización, solo pueden hacer aquello que sea necesario para el correcto ejercicio de sus funciones. Además, su personalidad es implícita, es decir, en los distintos tratados de las organizaciones internacionales tienen artículos que lo señalan. Es objetiva: se impone incluso a los Estados que no son miembros de la organización.
La razón que explica la Corte Internacional de Justicia de por qué Naciones Unidas podía presentar esa reclamación a Israel sin ser miembro de esa organización, es que es una organización de carácter universal.
Conclusión: las organizaciones internacionales tienen personalidad jurídica derivada, funcional, implícita, objetiva y diferente la de las distintas organizaciones.
No se sabía si las Naciones Unidas ponían poner una reclamación internacional: se necesita saber si tienen personalidad jurídica, tener el poder de reclamar esos derechos y exigir responsabilidad. Tanto Suecia como Naciones Unidas podían ejercer el derecho de reclamación. Surgiría entonces un conflicto entre ambos, pero en este caso Suecia tendría la obligación de abstenerse en caso de que Naciones Unidas lo ejerciese adecuadamente, puesto que es un dictamen de la ONU.
Tema 3. Fuentes del derecho internacional. Costumbre y Tratados. La costumbre internacional.
Concepto y elementos constitutivos. Los fenómenos de interacción en su proceso de creación.
No existe jerarquía entre costumbre y tratado en Derecho Internacional, la única jerarquía que existe es la de las normas ius cogens por encima de todas las demás. Por lo tanto, para cambiar una norma de ius cogens debería crearse otra. La costumbre y los tratados son formas de crear normas de derecho. Toda norma de derecho internacional general, todo principio de DIG, ha sido generada a través de una costumbre.
Una norma puede provenir de dos fuentes –independientes-, de la costumbre y del tratado. El hecho de que para un caso concreto no se pueda invocar contra un Estado una norma emanada de un Tratado, no quiere decir que no se le pueda imponer una norma de idéntico contenido que venga de una costumbre. Los jueces pueden utilizar la costumbre internacional aunque las partes no la invoquen.
Costumbre = Derecho internacional consuetudinario: es una fuente del derecho internacional. Es una práctica general, constante y uniforme que los Estados realizan bajo la conciencia de juridicidad –los Estados se comportan así porque creen que es obligatorio-. Elemento material y elemento espiritual: el material es el comportamiento, los estados se comportan de una determinada forma (general, constante en el tiempo, y uniforme). La Costumbre de por sí no exige un documento escrito. Una prueba de la conciencia de juridicidad podría ser la Constitución de los Estados, por ejemplo una costumbre internacional es la prohibición de la tortura.
El Tribunal Internacional de Justicia habla de la costumbre internacional <<como prueba de una práctica generalmente aceptada como Derecho>>. Encontramos en dicha definición la distinción entre los dos elementos fundamentales de la costumbre: el elemento material o uso constante y uniforme, de una parte, y el elemento espiritual u opinio iuris, o convicción de la obligatoriedad jurídica de la práctica, por otra parte.
La costumbre tiene dos elementos: - Elemento material (práctica): una práctica reiterada, uniforme, y generalizada. Se necesita un período largo de tiempo para poder tener la seguridad de que esa práctica es uniforme y clara. Es una norma general. Son normas que forman derecho interno general, es decir, que al margen de los casos sui géneris, la costumbre se usa mayormente para generar normas de derecho internacional general, aquellas normas que rigen las relaciones de la comunidad internacional en su conjunto –principios fundamentales del orden internacional, etc-. Es decir, estas normas se han creado a través de costumbres y no de tratados. La práctica que tradicionalmente ha entrado en juego es la del sujeto por excelencia del Derecho Internacional, es decir, el Estado, cuando actúa a través de sus órganos legislativos, ejecutivos o judiciales. La práctica debe ser constante y uniforme. El Tribunal de la Haya dictó que para que una regla sea establecida consuetudinariamente, la práctica correspondiente debe ser rigurosamente conforme a esa regla. Le parece suficiente que los Estados ajusten a ellas su conducta de una manera general y que ellos mismos traten los comportamientos no conformes a la regla en cuestión como violaciones de ésta y no como manifestaciones del reconocimiento de una regla nueva. Requiere una práctica general. En relación con la generalidad de la práctica: tratándose de costumbres generales, obligan a todos los Estados, hayan o no contribuido a su formación, mientras que no se establezca que éstos la han rechazado de modo expreso en su período de gestación.
- Elemento espiritual (opinio iuris): firma de tratados, votos de resoluciones, constituciones. Los actos considerados no sólo deben representar una práctica constante, sino que además deben atestiguar por su naturaleza o la manera cómo se realizan la convicción de que esta práctica se ha convertido en obligatoria por la existencia de una regla de Derecho. Los Estados interesados deben, pues, tener el sentimiento de que se conforman a lo que equivale a una obligación jurídica. Ni la frecuencia ni incluso el carácter habitual de los actos bastan. Es clara la existencia del elemento espiritual u opinio iuris en la norma consuetudinaria internacional.
Las costumbres cuya aparición ha sido impulsada por resoluciones de órganos de organizaciones internacionales, particularmente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pueden considerarse como normas escritas, de contenido más preciso, por consiguiente, que las costumbres tradicionales, que son normas no escritas.
Sentencia EEUU-Nicaragua: Estados unidos utiliza la legítima defensa colectiva. Estados Unidos no le había dado competencia a la CIJ para juzgarle por violar la carta de las naciones unidas, había hecho una reserva del tratado. Pero la CIJ utilizó el hecho de ser firmante de la carta para ir en contra de EE.UU. por votar a favor de la misma, siendo demostrable entonces la costumbre internacional de no uso de la fuerza y culparle.
Respuesta de la corte?? “tú mismo estas reforzando esta costumbre a través de tu comportamiento jurídico, de tu razonamiento, que tu comportamiento encaja en esa norma y en concreto en la excepción de esa norma”. No se puede hablar de un desuetudo de la prohibición del uso de la fuerza.
El tratado puede servir de prueba para dar fe de la conciencia de juridicidad.
Para que podamos decir que hay una costumbre, si la prueba que tenemos de ella es únicamente de un documento jurídico –ej: tratado- y estamos en un proceso de cambio de costumbre (desuetudo), ¿qué pasa entonces con los tratados? El hecho de que haya un tratado en estos procesos no implica que haya una costumbre nueva.
Conductas a través de las cuales el estado trata de justificar como excepciones conductas suyas contrarias a la norma.
La violación de la norma no implica una ausencia de conciencia de juridicidad si tratan de encajar esa violación de la norma dentro de las excepciones de la misma. En ese caso, no están poniendo esa norma en desuetudo sino que la están reformando. / La segunda opción en vez de reformarla, sería excusarse con que ya que los Estados son los que crean las normas, él es el primer Estado que crea esa nueva costumbre.
Hoy en día existe un debate acerca de si está en desuetudo los criterios vigentes de la legítima defensa –un ataque previo por parte de otro Estado-. Cada vez más, los Estados empiezan a plantear –sobretodo EEUU- si pueden cambiar algunos requisitos de costumbres, como la exigencia de que exista un ataque previo; de ahí que se comience a usar el término “legítima defensa preventiva”. Quieren realizar conductas que cambien la norma.
LOS TRATADOS La fuente principal del derecho internacional es junto con la costumbre, el tratado. Es el tipo de modo de producir derecho al que recurren los Estados en su mayoría, con independencia de su eficacia. Es el método más fácil de usar. Desde 1945 la firma de tratados adquiere una relevancia particular y sufre un cambio en una de sus características; puesto que en ese momento los tratados pasan a ser multilaterales, en contraposición de los tratados bilaterales antiguos. La firma de los tratados y su negociación previa se convierten en un momento interesante para que los miembros de la comunidad internacional se reúnan y vayan adquiriendo compromisos. Este fenómeno se une de la mano con el nacimiento de la primera OI (ONU), empieza a haber una proliferación de organizaciones internacionales, de las cuales muchas también tienen capacidad normativa –la cual es por excelencia la capacidad de firmar tratados-. Esto favorece que a partir del 45 se proliferen los tratados multilaterales. Esto también va de la mano con la cuestión de la interacción entre la costumbre y los tratados, y en concreto de los tratados establecidos a través de OI; porque muchas de las normas de derecho internacional general, para que haya estas normas de alcance general que tengan por vocación vincular a la comunidad internacional en su conjunto, es muy adecuada al firma y la previa negociación de tratados multilaterales, tratados que además muchas veces se firman en la sede de OI o a través de conferencias. Ejemplo: en las normas de derecho general de medioambiente, hay unas conferencias típicas para estas cuestiones que reúnen a los países de todo el mundo periódicamente; en estas conferencias los estados negocian tratados para la protección del medioambiente. Es a través de esos tratados como se van creando normas. Es el principio de cooperación para combatir el daño medioambiental. A través de todos estos tratados se va especificando en qué consiste este principio. Los tratados cumplen una función fundamental para el desarrollo de normas generales y muchas veces es a través de ellos cuando se va creando la costumbre general internacional. Un tratado sea como sea confirma opinio iuris del estado. La ratificación de un tratado prueba el elemento de la opinio iuris para ese Estado.
El Convenio de Viena definió tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos y cualquiera que sea su denominación particular. Se sugirió en esta Conferencia que un acuerdo sólo debería considerarse como tratado si producía efectos jurídicos o creaba derechos y obligaciones.
Hay tres procesos o distinciones entre los procesos de interacción entre costumbres y tratados: generador, declarativo y cristalizador.
Proceso inverso de cristalización de costumbre en tratado: significa que los estados se van comportando de una determinada forma y se van identificando comportamientos de las estados y se generan dudas de si existe o no la costumbre, si el número de estados es suficiente para decir que hay una costumbre, dudas sobre el contenido, etc, y en un momento todos los estados de la comunidad internacional firman ese tratado y confirman que existe esa costumbre. Una disposición de una convención codificadora puede constituir el punto final de la formación de una norma consuetudinaria / costumbre que hasta entonces no había alcanzado plena madurez, son efectos cristalizadores de la Convención. No hay dudas.
Declarativo: los estados se comportan de una forma u otra con dudas etc y de repente firman el tratado y se declara la costumbre. La costumbre se declara a través del tratado. En lo que respecta a la codificación propiamente dicha o declarativa del Derecho Consuetudinario, es indudable que, de una parte, contribuye a la precisión del sentido de la práctica o elemento material y que, de otra, puede ser prueba del elemento espiritual u opinio iuris.
Generador: el tratado la genera. El proceso de creación de la costumbre tiene como inicio un tratado. Nunca un tratado es completamente generador porque se necesita el elemento material además del espiritual. En lo que concierne a la codificación innovadora o desarrollo progresivo del Derecho Internacional, es indudable que puede constituir el punto de partida de una norma consuetudinaria.
La primera condición que exige el Tribunal de la Haya es que la regla convencional en cuestión tenga carácter normativo. En lo que concierne a los otros elementos requeridos para que una regla convencional pueda tratarse en consuetudinaria, el Tribunal afirma que es posible que, incluso si no ha transcurrido un largo período, baste una participación muy amplia y representativa en la Convención, a condición, sin embargo, de que comprenda a los Estados particularmente interesados. Pero en todo caso es necesario, a juicio del Tribunal, que la práctica de los Estados, comprendiendo en la misma a la de los Estados particularmente interesados, haya sido frecuente y prácticamente uniforme en el sentido de la disposición invocada, y se haya manifestado de manera que establezca un reconocimiento general por el hecho de que una regla de Derecho o una obligación jurídica está en juego. El Tribunal insiste en la necesidad de la opinio iuris o elemento espiritual de la costumbre. En todo caso, el hecho de que existan reglas convencionales y consuetudinarias con idéntico contenido no supone que estas últimas queden suplantadas por las primeras hasta el punto de que aquellas –las consuetudinarias- no tengan ya existencia y virtualidad propias. Las reglas de Derecho Internacional Consuetudinario conservan una existencia y una aplicabilidad autónoma respecto a las de Derecho Internacional convencional aun en el caso de que las dos categorías de Derecho tengan un contenido idéntico.
Fases de un tratado: Importante Convención de Viena del 69: CODIFICA LAS NORMAS PREEXISTENTES DEL DERECHO DE LOS TRATADOS (EXAMEN).
Tratado va de la mano de derecho dispositivo, porque los estados disponen de voluntariedad. Es un acuerdo de voluntades entre sujetos o actores de derecho internacional, Estados fundamentalmente. Hay normas de derecho internacional general (costumbres) sobre el derecho de los tratados: hay un derecho internacional que rige el derecho de los tratados. Los propios tratados dicen cómo se tienen que interpretar. Pero en caso de que no se diga nada, se puede saber cómo interpretar por el contexto, antecedentes, negociaciones previas, sino a la costumbre. El elemento declarativo declararía las normas que rigen el derecho internacional de los tratados celebrados entre estados; declara las normas que hay. A este tipo de tratados en derecho internacional son tratados codificadores, codifican normas preexistentes. En el año 86 se crea el convenio de Viena sobre tratados de derecho internacional entre estados y OI y entre unas OI y otras.
El proceso de celebración de los tratados se halla regido por un principio de gran arraigo en el DI, el principio de la buena fe, que hace que durante aquella surjan obligaciones de comportamiento a cargo de los Estados negociadores. Existe la obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor (es la única obligación que genera la firma, por ejemplo si un Estado firma y no ratifica, sólo tiene esa obligación). Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del tratad: a) si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación mientras no haya manifestado su intención de llegar a ser parte en el tratado; b) si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el período de tiempo que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde indebidamente.
La ruptura o ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre dos o más Estados no impedirá la celebración de tratados entre dichos Estados. Tal celebración por sí misma no prejuzgará acerca de la situación de las relaciones diplomáticas y consulares.
En lo que se refiere a los actos de celebración de un tratado, la Convención de Viena trata de la adopción del texto, autenticación del mismo y manifestación del consentimiento en obligarse por el tratado. Claro que previamente es necesaria la negociación del tratado: intercambiar posiciones sobre un tema concreto que va a ser objeto de un tratado. En este sentido, se entiende por Estado negociador aquel que ha participado en la elaboración y adopción del texto. Existe la obligación de proceder de buena fe en las negociaciones.
- Adopción: se fijan los contenidos del tratado, se acaba la negociación. Adopción y firma son casi lo mismo. La adopción lleva aparejada la firma, y también tiene efectos jurídicos. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración.
La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que los Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente.
En lo que respecta a los modos de manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, y a fin de entender las disposiciones al respecto del Convenio de Viena, hay que referirse a la ratificación. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o de cualquier otra forma que se hubiese convenido. Existe también libertad de los Estados negociadores para elegir uno u otro de estos modos.
- - Firma: Esta manifestación sirve para que el tratado produzca efectos jurídicos. Un Estado que firma un tratado y nunca lo ratifica, tiene ciertas obligaciones. Una de ellas en concreto es que con su firma no puede comportarse de forma absolutamente contrario al objeto y fin del tratado.
Ratificación: con ella se produce la entrada en vigor del tratado. Es entonces cuando el tratado produce derechos y obligaciones. Es la manifestación plena del consentimiento del Estado en obligarse por ese tratado. El Estado que lo ratifica queda obligado por la totalidad del tratado, por todas las normas en su exactitud. La finalidad de la ratificación es la de realizar el control parlamentario de las relaciones exteriores y significa el acto de autorización del parlamento al poder ejecutivo para que éste pueda expresar en el ámbito internacional su manifestación en obligar al Estado por un tratado.
a) ¿Cuándo entra en vigor un tratado?: en cada tratado está previsto cuanto tiempo o el plazo que tiene el tratado para entrar en vigor (suele ser de 3 meses), y aquí habrá que fijarse en la coyuntura y fijarse en situaciones previstas en cada tratado. Ejemplo: “un tratado entra en vigor a los 3 meses de la décima ratificación”. Puede depender del número de estados que han firmado el tratado que se necesita para que éste entre en vigor. La manifestación del consentimiento de los Estados contratantes en quedar obligados por el tratado no constituye el punto final del proceso de su celebración. Tal momento final es realmente el de la entrada en vigor, a partir de la cual el tratado comienza a obligar a los Estados partes. La norma básica sobre la entrada en vigor de la Convención dice que un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado. Pero cabe perfectamente que un Estado manifieste su consentimiento en obligarse por el tratado después de que éste haya entrado en vigor; en tal caso, el tratado entra en vigor para tal Estado en la fecha en que se manifieste dicho consentimiento, a no ser que se disponga otra cosa.
Nada impide en principio la aplicación provisional de un tratado antes de su entrada en vigor. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor: a) si el propio tratado así lo dispone; b) si los Estados negociadores han convenido en ello de otro modo.
Comentado [JA6]: Pregunta examen Ámbito de aplicación de los tratados: Realidad a la que se aplica estos tratados, haciendo referencia fundamentalmente a la materia y al tiempo. Es la esfera temporal y espacial de la realidad sobre la que rige el tratado, a la que se aplica el tratado.
La regla general es que los tratados sólo se aplican a las situaciones surgidas tras la entrada en vigor –con la que se generan las obligaciones tras la ratificación-. Excepción: efectos retroactivos de un tratado -es la aplicación de una norma en este caso de un tratado a situaciones surgidas con anterioridad a la entrada en vigor de un tratado-. Si un estado invoca un tratado con efectos retroactivos siempre está invocando una obligación con respecto a otro. Primera excepción: que en el tratado se prevea la aplicación retroactiva. En realidad, es la única excepción tangible.
La Convención regula la regla general de la irretroactividad, es decir, su no aplicación respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir. Según esta disposición, el principio de la no retroactividad no se viola por la aplicación del tratado a cuestiones que siguen existiendo en la fecha de su entrada en vigor, y aun cuando se hubiesen originado antes de tal momento. Pero la norma general de la no retroactividad puede ser descartada cuando en el tratado o de otra manera hagan constar los Estados partes la intención en tal sentido.
En lo que se refiere a la aplicación territorial del tratado, la práctica de los Estados, la jurisprudencia y la doctrina son de opinión de que los tratados se aplican a la totalidad del territorio de cada Estado parte. Y del mismo modo, los Estados cuyo territorio incluye una zona franca pueden juzgar ventajoso excluir a dicha zona del ámbito de aplicación de un tratado comercial. Lo esencial, pues, en este punto, es la voluntad de las partes, pero si ésta no consta, hay que presumir que se aplica en la totalidad del territorio.
Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de este último. Si la relación entre dos tratados sucesivos concernientes a la misma materia en que sean partes los mismos Estados no ha sido regulada por ellos, y el tratado anterior continúa vigente por no haber terminado, éste sólo se aplicará en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con el tratado posterior. Pero si las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente, hay que considerar terminado el tratado anterior. Mas es posible también el supuesto de dos tratados sucesivos concernientes a la misma materia no todos los Estados partes en el primero lo sean en el segundo. En las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados, el anterior sólo se aplicará en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con el tratado posterior, y en las relaciones entre un Estado que sea parte de un tratado y otro que lo sea en ambos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en que los dos Estados sean partes.
Ejemplo: Convención que prohíbe las desapariciones forzosas. España la firma y ratifica. Tiene un comité para las desapariciones forzosas. España es uno de los primeros países que la ratifica, y otros países que en su seno ha sufrido desapariciones forzosas. Es el caso de España durante la guerra civil y la dictadura. El comité viene a España y se reúne con los gobiernos y ongs. Los comités reciben en ginebra el informe de cumplimiento del estado e informes alternativos de ongs. España decía que la convención no se puede aplicar a las situaciones sucedidas durante la guerra civil y dictadura porque entraba en vigor en 2009. Los argumentos en contra de esto tenían que ver con la calidad de la norma violada: vulneración de una norma de derecho humanitario internacional básico –desaparecer un cuerpo = tortura-. Además, la convención obliga a los estados a fomentar activamente la búsqueda de los cuerpos. El delito de desaparición formada en cualquier instrumento es un delito llamado de carácter continuado –el delito continúa hasta que aparece el cuerpo-. Hasta que el cuerpo no aparece, el Estado sigue estando violando la norma con respecto a este tratado internacional. Por tanto cuando se ratifica sigue estando violando la norma. Por otro lado, es el Estado el que es responsable internacionalmente respecto a los tratados con independencia de los cambios de gobierno.
Juicios de nuremberg.
Aplicación material: El tratado se aplica a las materias que se tratan en el tratado. Hay materias sobre las que pueden aplicarse distintos tratados, siempre y cuando no haya contradicción entre ellos. En caso de que exista contradicción, prevalecería: 1) se aplica el que resulte aplicable en virtud de las disposiciones de esos tratados: normativa prevista del propio tratado; acudir a la cláusula de solución de conflictos de los tratados. 2) Si no hay cláusula: la ley posterior deroga la ley anterior / la ley especial prima sobre la ley general; si en este caso también hay contradicción, se aplica el posterior.
ESTRUCTURA DE LOS TRATADOS.
Preámbulo. Explica la razón de ser, el por qué se decide hacer ese Tratado. Indica que Estados lo adoptan.
Sirve para interpretar el objeto y fin del Tratado. En sentido amplio contiene la razón de ser del Tratado.
En sentido amplio, se contiene la razón de ser del Tratado, la “exposición de motivos”.
Valor normativo: Sirve a efectos de interpretar las normas de los Tratados.
Articulado (Cláusulas). Se contienen los derechos y las obligaciones de las partes. Contiene el tema del ámbito de aplicación, los objetivos en sentido más concreto que los del preámbulo, los fines, formulas en que se puede denunciar el Tratado etc.
Se introduce la Cláusula de Solución de Conflictos, y si no la contiene iremos a la normas de los Tratados del Convenio de Viena.
Pueden aparecer las cláusulas de nulidad del Tratado, o las reservas.
Valor normativo: Genera derechos y obligaciones en sentido estricto.
Los derechos y obligaciones tienen una función vinculante para las partes. Sin embargo hay Tratados respecto a los cuales la constatación de las violaciones de sus normas es muy sencilla; pero hay otros respecto a los cuales establecer la violación de una de sus disposiciones es más difícil.
Hay muchos Tratados que básicamente lo que contienen son obligaciones de comportamiento, incluso a veces éstas están redactadas de una forma tan recomendatoria que se habla de que sus Tratados contienen lo que se llaman obligaciones de soft law. Aunque el documento en el que estén sea un Tratado, el soft law normalmente suele utilizarse para referirse a recomendaciones de obligaciones, cuya vinculación de obligatoriedad jurídica es menor.
En Derecho Internacional el hard law son el Tratado y la costumbre, es decir aquellos instrumentos que tienen un mayor grado de vinculación al derecho.
Soft law Se refiere a los instrumentos cuasi-legales que no tienen ninguna fuerza vinculante, o cuya fuerza vinculante es algo "más débil" que la fuerza vinculante de la ley tradicional.
Hard law Se refiere a los instrumentos jurídicos vinculantes. Dan lugar a compromisos de obligado cumplimiento para los Estados y otros actores internacionales.
INTERPRETACION DE UN TRATADO La Comisión de Derecho Internacional expuso las formas en las que deben interpretarse un Tratado en el artículo 31 del Convenio de Viena: 1) Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
2) Para los efectos de interpretación de un tratado, el contexto comprenderá además del texto, incluidos sus preámbulos y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de celebración del tratado; b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.
3) Juntamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; c) toda norma pertinente de DI aplicable en las relaciones entre las partes.
4) Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.
Es decir, los elementos primordiales para interpretar un tratado son el sentido corriente de los términos, el contexto, el objeto y fin del tratado, el acuerdo entre las partes (interpretación auténtica), la conducta de éstas (interpretación cuasi auténtica) y las normas de Derecho Internacional.
Criterios básicos en orden a la interpretación: 1) El criterio objetivo, en el que el texto del tratado aparece como expresión auténtica de la voluntad de las partes, haciéndose hincapié en la primacía del mismo para la interpretación, aunque admite en cierto grado la prueba extrínseca de las intenciones de las partes y de los objetivos y fines del tratado. 2) el criterio subjetivo, que acude a la intención de las partes como elemento distinto del texto, y que admite con liberalidad el recurso a los trabajos preparatorios y a cualquier otra manifestación de la intención de los Estados contratantes. 3) el criterio teleológico, que atribuye importancia fundamental a los objetos y fines declarados y manifestados en el tratado y que es propenso, sobre todo en el caso de tratados multilaterales, a interpretaciones del texto que van más allá de las intenciones originales de las partes o que incluso difieren de esas intenciones.
Es importante la cuestión de la interpretación ya que a menudo hay textos que de forma intencionada son confusos o han sido redactados de manera ambigua. Los elementos primordiales para interpretar un tratado serán el objeto y el fin del mismo.
Los Tratados deberán interpretarse de acuerdo con el sentido literal de las palabras que utiliza.
De forma subsidiaria (es decir si por lo que sea no se puede cumplir lo anterior), se interpretará a la luz del contexto en que se ha generado. Los elementos del contexto relevantes son: el preámbulo y la historia del Tratado (los trabajos preparatorios, documentos que reflejan lo que los Estados van negociando en cada reunión).
Los derechos y obligaciones contenidos en la parte dispositiva se interpretan en función de los objetivos y fines del Tratado. Pero dado que éstos se encuentran en la parte dispositiva, puede ser que sea necesario la interpretación del mismo. Hay que determinar un único objeto o principal del Tratado que nos diga como deberán interpretarse el resto de normas. Para determinar cuál es tendremos que recurrir al sentido literal de las palabras y al contexto.
Normas de interpretación de un tratado: criterios: sentido normal de las palabras, el literal, va junto con el sentido literal de las palabras teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado, si con ese criterio aún hay dudas, se utilizan herramientas complementarias, que son el contexto dentro del cual es importante el proceso de gestación del tratado –trabajos preparatorios-.
RÉGIMEN DE LAS RESERVAS Una reserva es una declaración de voluntad de un Estado que es o va a ser parte en un tratado en el momento de la firma o en el de ratificación, y que una vez que ha sido autoriza expresa o tácitamente por los demás contratantes forma parte integrante del tratado mismo. Parte de un Tratado que tiene por fin y por efecto modificar o excluir una norma del Tratado en cuestión. Es un acto unilateral. Sólo pueden darse en tratados multilaterales. Se realizan en el momento de la firma del Tratado, aunque también pueden realizarse posteriormente. Sólo tienen sentido respecto de los tratados multilaterales.
Hay que distinguir las reservas de las declaraciones interpretativas. Estas últimas son una declaración por la que un Estado parte en una Convención, determina la forma en que interpreta una disposición. La diferencia es relevante porque a veces hay Estados que utilizan el término de “Declaración interpretativa” con el fin de modificar o excluir los efectos de una norma, es decir, camuflan la reserva bajo la declaración.
Para determinar si nos encontramos ante reserva o declaración nos fijaremos en el contenido, no en el nombre. Las reservas y las declaraciones tienen un régimen jurídico diferente.
Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; c) que en los casos no previstos en los apartados a y b la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado.
Las posibilidades de un tratado en cuanto a política de reservas son: 1. Prohibir todas las reservas; 2. Prohibir las reservas a determinadas disposiciones, en cuyo caso se entienden autorizadas implícitamente las no prohibidas; 3. Autorizar únicamente determinadas reservas, en cuyo supuesto hay que considerar prohibidas las reservas no autorizadas; 4. Guardar silencio sobre la cuestión, pudiendo formularse reservas compatibles con el objeto y fin del tratado.
Tratándose de una reserva expresamente autorizada por el tratado, no exige la aceptación ulterior de los demás Estados contratantes, a menos que el tratado así lo disponga. Es decir, en este supuesto la reserva es efectiva sin más. En la situación contraria, bastará con que un solo Estado acepte la reserva para que el Estado que la hace pase a formar parte del Tratado. Los demás Estados podrán aceptarla o no. Podrán aceptar de dos maneras: explícitamente (poco usual), o implícitamente (más común). Se considerará de la última forma cuando después de 12 meses el Estado no haya pronunciado en contra de la reserva.
El régimen de las reservas y las objeciones existe con el objetivo de fomentar la universalidad. Tienen su razón de ser en el hecho de que se realicen tratados con el mayor número de Estados.
No cabe en las reservas que vayan en contra del objeto y fin del Tratado –la regla general es que éstas que van en contra, no caben-, se pueden realizar cuando lo permiten los propios Tratado.
¿Qué efecto jurídico tendría la realización de una reserva por un Estado en relación con el otro Estado que la ha aceptado? El Tratado en su conjunto se aplica a los dos Estados, y la disposición se aplica en los términos efectuados por la reserva (si es excluyente  no se aplica pero sí que rigen el resto de imposiciones del tratado).
Las reservas pueden ser modificativas o excluyentes. Sean de una manera u otra, tienen que ser aceptadas por los demás estados que forman parte del tratado. Pueden aceptar explícita o implícitamente, este último, cuando transcurre un periodo de tiempo sin que se haya pronunciado y será sinónimo a la aceptación de la reserva de forma implícita.
La objeción ha de ser expresa y debe formularse en un plazo de tiempo definido; ha de ser inequívoca en cuanto a la intención de no considerar parte en el tratado al Estado autor de la reserva, y además basta que un solo Estado la acepte para que el Estado que la hace sea parte en el tratado. Cuando del número reducido de Estados negociadores y del objeto y del fin del tratado se desprenda que la aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las partes. Considera también un caso especial el de los tratados constitutivos de una organización internacional, para que en tal supuesto la reserva sea efectiva exigirá la aceptación del órgano competente de la organización.
Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado modificará, con respecto al Estado autor de la reserva en sus relaciones con esa otra parte, las disposiciones del tratado a que se refiere la reserva en la medida determinada por la misma, y modificará en la misma medida esas disposiciones en lo que respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el Estado autor de la reserva; la reserva no modificará las disposiciones del tratado en lo que respecta a las otras partes en el tratado en sus relaciones inter se; cuando un Estado que haya hecho una objeción a una reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado autor de la reserva, las disposiciones a que se refiere ésta no se aplicarán entre los Estados en la medida determinada por la reserva.
El resultado del régimen expuesto es una posible descomposición de las obligaciones del tratado en varios círculos e incluso su extinción: 1) Entre el Estado que hace una reserva y el Estado que la acepta rige el tratado, debiendo considerarse modificadas las disposiciones objeto de la reserva en el sentido de la misma.
2) Entre el Estado que hace la reserva y el Estado que la objeta sin manifestar la intención inequívoca de considerar al primer Estado como no parte en tratado, rigen sólo las disposiciones del tratado que no han sido objeto de reserva.
3) Entre el Estado que hace la reserva y el Estado que la objeta, expresando la intención inequívoca de no considerar parte en el tratado al primer Estado, el tratado no rige.
4) Entre el resto de los Estados rige el tratado en su integridad.
La objeción a la reserva puede ser reforzada o no reforzada: - - Reforzada: intenta que el tratado no entre en vigor entre el estado reforzante y el estado objetor. Da igual que la reserva sea excluyente o modificativa, porque la consecuencia jurídica es que el tratado no se aplica entre ambas partes.
No reforzada: implica que la reserva para el Estado que la objeta, no se aplica. Es decir, esa reserva no tiene efectos para el que objeta. Una reserva modificativa objetada de forma no reforzada: entre ellos se vinculan por todas las imposiciones del Tratado, pero esa disposición no se aplica en los términos efectuados por la reserva. En el caso de la reserva excluyente es sencillo, simplemente se suprime el artículo (muy similar a la reserva excluyente aceptada: no se aplica ese artículo).
Causas de nulidad de un tratado Un tratado es nulo cuando va en contra de las normas de ius cogens; cuando hay un error en uno de los elementos del tratado; o cuando se firma bajo coacción.
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL: Una de las modalidades más comunes que hace nacer la responsabilidad es la violación de una norma, en este caso de una norma internacional, es una de las causas o fuentes de la responsabilidad. Es un principio del Derecho Internacional, e incluso una concepción general del Derecho, que toda violación de un compromiso implica obligación de reparar. La función esencial y la más importante de la responsabilidad internacional es reparatoria, la reparación de los daños causados por un Estado en violación del DI.
Normas primarias o sustantivas: rigen las relaciones entre los sujetos de un determinado ordenamiento jurídico en relación con la violación de una norma primaria, regida por un conjunto de normas de derecho secundario, las normas secundarias, en el caso del DI por ejemplo el principio de no intervención.
Apunte sobre normas primarias: hay algunas normas primarias y en concreto la prohibición del uso de la fuerza que no admiten ninguna de las siguientes causas para excluir la ilicitud. En especial esa norma no es compatible con el estado de necesidad, puesto que el estado en ese caso elige la forma de defenderse pudiendo tener otras posibles decisiones, y además el Estado invoca un interés esencial.
La responsabilidad no sólo surge en ese caso, puede surgir sin violación de una norma. (Caso del Conde Bernadotte). También se puede originar en caso de riesgo –no incumples ni violas una norma-.
Requisitos para que se produzca responsabilidad por violación de una norma primaria o sustantiva: - - - La obligación debe estar en vigor para el Estado en cuestión en el momento que se produce el hecho.
El hecho internacionalmente ilícito: Debemos poder identificar un comportamiento atribuible al estado, y en segundo lugar, este comportamiento tiene que violar una norma de Derecho Internacional.
Atribución de comportamiento a un estado: Al estar los estados representados por personas, no queda claro si el hecho es atribuible al Estado como tal o a la persona que los representa. Los comportamientos que se pueden atribuir a un estado son los únicos que provocan responsabilidad internacional.
¿Cómo sabemos que el comportamiento de una persona que los representa es atribuible al Estado? Hay que aplicar al poder ejecutivo, que consiste en analizar si el estado tiene poder sobre el comportamiento de ese individuo.
Ej. El caso del secuestro de rehenes estadounidenses por parte de un grupo terrorista en Teherán. En un primer momento podemos decir que el gobierno iraní no tiene responsabilidad puesto que el secuestro fue realizado por individuos, pero con el paso de las horas el estado iraní no actúa y por tanto la responsabilidad pasa a ser del estado. Es el Principio del poder efectivo.
Causas de exclusión de hechos ilícitos: - - - Fuerza mayor: ajena al Estado. Hace que sea materialmente imposible para el Estado cumplir la norma.
(diferenciada con el estado de necesidad).
Peligro extremo: circunstancia que se aplica porque cuando el autor de la violación de la norma lo hace es la única manera de salvar la vida de quienes tiene a su cargo.
Estado de necesidad: hay una voluntad del Estado, a diferencia de la causa por fuerza mayor. Decide no cumplirla para salvaguardar un interés esencial del propio Estado contra un peligro grave e inminente. Es una circunstancia que puede invocar a abusos.
Consentimiento: si un Estado consiente la conducta de otro Estado hacia él, esa conducta deja de ser ilícita. Hay casos en los que queda claro esa exclusión de ilicitud: por ejemplo, la violación de normas erga omnes o ius cogens. El consentimiento válido de un Estado a la comisión por otro Estado de un hecho determinado excluye la ilicitud de tal hecho en relación con el primer Estado en la medida en que el hecho permanece dentro de los límites de dicho conocimiento.
Legítima defensa: guarda relación con la prohibición del uso de la fuerza. Excluye la ilicitud de un Estado que utiliza la fuerza armada, la cual está prohibida en razón del principio básico del Derecho Internacional. Si el Estado que está usando esa fuerza lo hace en legítima defensa, no está violando la norma. Requisitos que ha de cumplir para ser excluida la ilicitud: que haya un ataque previo, proporcionalidad, inmediatez (consecuencia del primer requisito). Controversia en cuanto a la legítima defensa: posibilidad de que haya atentados en un Estado, igualmente está prohibido si el ataque no se produce. Es la más normal.
Formas de hacer efectiva la responsabilidad: tribunales. No hay un tribunal que tenga competencia universal obligatoria e independiente de los Estados. A causa de ello existen otras fórmulas: - Protección diplomática: es una forma de hacer efectiva la responsabilidad internacional, tiene que ver con las relaciones entre Estados. Decide ejercitar esta medida el Estado respecto al cual ha sido violada una norma del Derecho internacional. Se puede invocar cuando esa violación del DI la sufre un nacional del Estado respecto al cual la norma internacional se viola. Requisito importante: para poder ejercerla, hay primero que agotar los recursos internos que ofrece el ordenamiento jurídico interno del Estado violador de la norma, dichos recursos deben estar disponibles y que sean inefectivos. La violación físicamente no haya tenido lugar en el territorio del Estado violador, sino en un Estado diferente –que no es ni el del Estado violador ni el del Estado reclamante- sobre el cual el Estado violador tenga jurisdicción. Requisitos: nacional que sufra la violación, que haya una norma de derecho internacional violada, que haya agotado los recursos disponibles a no ser que no sean efectivos en absoluto o que haya tenido lugar la violación en un tercer Estado.
Si un Estado comete un hecho ilícito internacional en perjuicio de un particular extranjero, persona física o jurídica, la presente situación del DI no permite en línea de principio al perjudicado entablar una reclamación en el plano internacional contra el Estado infractor. Al particular no le queda otro recurso que reclamar en el plano interno de ese Estado, y si en él no obtiene satisfacción, lo único que puede hacer es acudir al Estado de su nacionalidad para que sea éste el que reclame en el plano internacional. Si tal Estado lo hace así, ejercita la protección diplomática.
Caso de José Couso: el edificio donde se alojan los periodistas es un objeto civil. Si un Estado ataca a un objetivo civil está violando el derecho internacional humanitario. Se cumplen los 3 requisitos.
- - Contramedidas y retorsiones: la retorsión es la reacción de un Estado ante una conducta inamistosa de otro Estado, la conducta inamistosa no tiene por qué ser ilegal. La retorsión nunca puede entonces ser ilegal. Se habla de retorsión porque a veces los Estados la utilizan también sobre conductas ilegales de otro Estado. Los Estados pueden optar por realizar medidas de retorsión por acciones ilegales. Es la medida de autoprotección que adopta un Estado frente a los actos de otro Estado, lícitos o ilícitos, que le han causado perjuicios. No comportan en sí mismas violación alguna del Derecho Internacional.
/ Las contramedidas es la reacción a través de la violación de una norma de DI a la conducta ilegal de otro Estado que hace que la conducta del Estado que reacciona sea legal. Diferencia entre ambos: en la contramedida la acción contra la que se reacciona es siempre ilegal, encaja con una conducta prohibida, pero como se está reaccionando contra una conducta ilegal, esa reacción pasa a ser legal.
Por eso las contramedidas son también una causa de exclusión de ilicitud. Tres requisitos de la contramedida: tiene que ser proporcional, que tenga carácter provisional –la consecuencia del carácter provisional es que esa contramedida pueda revertirse, que la situación que provoca la contramedida pueda revertirse, es decir, que la consecuencia no tenga un carácter reversible, el Estado que reacciona debe saber que sus actos no pueden tener consecuencias irreversibles-, y tienen primero que agotarse otras vías que no supongan conductas violatorias del DI, en concreto medidas de negociación diplomática. Las contramedidas tienen un carácter continuado en el tiempo, hay un dinamismo de la violación; por ello, tiene carácter temporal la contramedida y la medida contra la que se reacciona, el objeto de la contramedida es que se cese con la violación.
Las sanciones: es más que una forma de hacer efectiva la responsabilidad. Tiene un carácter de castigo, tiene un matiz adicional que busca establecer las consecuencias jurídicas de la violación de una norma del DI por un Estado, y lo que la diferencia de las demás es el origen centralizado de la decisión de una sanción. Una sanción no puede ser realizada por un solo Estado.
--Solución pacífica de controversias: principio básico del derecho internacional. Ningún tribunal internacional funciona sin el consentimiento o competencia cedida por parte de los Estados.
CIJ: competencia consultiva a través de la cual la corte elabora dictámenes; y competencia jurisdiccional, a través de la cual la corte resuelve o dirime diferencias entre Estados que hayan cedido la competencia a la corte para tal fin, ahí es donde funciona realmente como un órgano jurisdiccional.
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