4. Criteris de classificació (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Presons i dret penitenciari
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 07/04/2016
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ELS CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PENITENCIÀRIA I. CRITERIS GENERALS DE CLASSIFICACIÓ Para la clasificación en primer grado: el interno tiene que ser calificado como de una peligrosidad extrema o inadaptado al resto de grados (art. 10 LOGP, art. 102.5 RP) Artículo 10 LOGP 1. No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto, apreciados por causas objetivas en resolución motivada, a no ser que el estudio de la personalidad del sujeto denote la presencia de anomalías o deficiencias que deban determinar su destino al centro especial correspondiente.
2. También podrán ser destinados a estos establecimientos o departamentos especiales con carácter de excepción y absoluta separación de los penados, dando cuenta a la autoridad judicial correspondiente, aquellos internos preventivos en los que concurran las circunstancias expresadas en el número anterior, entendiéndose que la inadaptación se refiere al régimen propio de los establecimientos de preventivos.
3. El régimen de estos centros se caracterizará por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos en la forma que reglamentariamente se determine.
La permanencia de los internos destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta tanto desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso.
2º Grado: Circunstancias personales i penitenciarias de normal convivencia (art. 102.3 RP) 3r Grado: Capacidad de vivir en semilibertad. (art. 102.4 RP) Se trata de criterios muy generales i ambiguos, que hay que concretar con la regulación reglamentaria.
CLASSIFICACIÓN EN PRIMER GRADO Los criterios están especificados en el RP. Esto es un problema grave desde el punto de vista del principio de legalidad y la reserva de ley (orgánica) para regular la materia directamente relacionada con derechos fundamentales.
La regulación de referencia se encuentra en el art. 102.5 RP: Art. 102. 5. RP Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se clasificarán en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando la concurrencia de factores tales como: a) Naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial.
b) Comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos.
c) Pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas.
d) Participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones.
e) Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves, de manera reiterada y sostenida en el tiempo.
f) Introducción o posesión de armas de fuego en el Establecimiento penitenciario, así como la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante, que haga presumir su destino al tráfico.
En la práctica, los motivos más frecuentes para clasificar una persona en tercer grado son la acumulación de sanciones disciplinarias y las agresiones y enfrentamientos con otros internos y con funcionarios.
CLASSIFICACIÓN EN SEGUNDO GRADO Clasificación siguiendo los criterios del art. 102.3 RP: Serán clasificados en segundo grado los penados en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad.
Se trata de una clasificación por inclusión: las personas que no están preparadas para vivir en semilibertad (y por tanto serán clasificadas en tercer grado) y las personas que son extremadamente peligrosas y inadaptadas al resto de grados (que se clasificarán en primer grado ).
Viven en régimen ordinario (que veremos en su momento). Como forma de vivir dentro de la prisión es la mayoritaria: comprende los clasificados en segundo grado, pero también las personas que aún no han sido clasificadas, porque son preventivos o porque todavía no se ha recibido la sentencia condenatoria.
CLASSIFICACIÓN EN TERCER GRADO Evolución legislativa de la regulación del acceso al 3er grado en el CP (LO 7/2003; LO 5/2010; LO 1/2015) El legislador de 2003 quiso endurecer las condiciones de acceso al tercer grado imponiendo un "periodo de seguridad", es decir, un tiempo de estancia mínimo en prisión por las penas de más de 5 años. De este modo, antes de la entrada en vigor de la LO 7/2003 una persona penada podía ser inicialmente clasificada en tercer grado si cumplía los requisitos básicos para ello, sin necesidad de estar un tiempo con un grado de clasificación que implica más restricción de libertad. Con la LO 7/2003 al penado además de 5 años deberá pasar al menos la mitad de la pena en otro grado de clasificación antes de poder ser clasificado en tercer grado.
Esto se flexibilizó con la LO 5/2010, con la que el periodo de seguridad pasó a ser potestativo (es decir, el juez podía imponer o no imponer). Así se mantiene en la actualidad.
Puede comprobar los cambios comparando la redacción del art. 36 por la LO 7/2003, LO 5/2010 y LO 1/2015.
La redacción actual reserva el periodo de seguridad obligatorio para los autores de algunos delitos en particular, que el legislador considera especialmente grave y que por motivos de prevención general quiere que cumplan un tiempo de su pena en un régimen de vida más restrictivo de la libertad que el tercer grado.
Art. 36.2 CP. La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código.
Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.
En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma: a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.
b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
c) Delitos del artículo 183.
d) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de trece años.
El juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el párrafo anterior.
3. En todo caso, el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad.
Por otra parte, el art. 72 LOGP establece la obligación de satisfacer la responsabilidad civil para acceder al tercer grado: Artículo 72. 5 LOGP . La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales; las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera; las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura; la estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición.
Singularmente, se aplicará esta norma cuando el interno hubiera sido condenado por la comisión de alguno de los siguientes delitos: a) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas.
b) Delitos contra los derechos de los trabajadores.
c) Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
d) Delitos contra la Administración pública comprendidos en los capítulos V al IX del título XIX del libro II del Código Penal.
Obsérvese que el legislador no es taxativo ni rígido en esta exigencia. Lo que hace es, de acrod con los principios consititucionals de aplicación, equipara al pago efectivo de la responsabilidad civil del esfuerzo llevado a cabo para hacerlo. Otra cosa, tensiones en exceso el principio de igualdad y dificultaría que las personas con menos recursos para satisfacer efectivamente la responsabilidad civil acceder al tercer grado.
La clasificación en tercer grado de personas que han cometido delitos de terrorismo está regulada en el art. 72.6 LOGP: Art. 72.6 LOGP. Del mismo modo, la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II del Código Penal o cometidos en el seno de organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los términos del apartado anterior, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.
LA MEDICIÓN DEL RIESGO EN LOS CENTROS PENTIENCIARIOS Per a preparar la part de la classe referent a l'instrument RisCanvi, podeu consultar els dos documents següents: http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/ofertes_treball/opos_presons/temari_exec ucio_penal/tema_13.pdf http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/formacio__recerca_i_docum/recerca/ca taleg_d_investigacions/per_ordre_cronologic/2015/taxa_reincidencia_2014/taxa_reincidencia _2014_cat.pdf ...