TEMA 4. Medidas de Lucha contra el Crimen Organizado (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Valencia (UV)
Grado Criminología - 4º curso
Asignatura DELINCUENCIA ORGANIZADA
Año del apunte 2013
Páginas 20
Fecha de subida 28/01/2015
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 4. Medidas de Lucha contra el Crimen Organizado 4.1.- Medidas administrativas: prevención del fraude fiscal y blanqueo de capitales.
4.2.- Medidas policiales y procesales: Organismos ministeriales, Grupos policiales específicos, Fiscalías especiales, entregas vigiladas, agentes encubiertos, arrepentidos, regímenes especiales de detención, secreto de la investigación, testigos protegidos.
4.3.- Instrumentos de Derecho penal material: 4.3.1.- Instituciones generales de especial interés: responsabilidad penal de personas jurídicas, autoría y participación en estructuras jerarquizadas, asociación para delinquir y agravaciones por comisión organizada.
4.3.2.- Pertenencia a organizaciones y grupos criminales.
4.3.3.- Delitos de terrorismo.
4.3.2.- Delitos conexos y frecuentemente relacionados: delitos de tráfico (contrabando, drogas, armas, flora y fauna protegidas, objetos de arte, personas), corrupción, receptación y blanqueo de capitales.
DERECHO PENAL MATERIAL 1. REGULACION GLOBAL DE LA D.O.
Primero como estaba regulado lo que es una pluralidad de sujetos que se concertaban entre si para cometer delitos. Existía una agravante genérica “cuadrilla” y la de malhechores, y la propia asociación ilícita. A nivel de España y Europa, había una cierta regulación del terrorismo. En otros países fuera del ámbito europeo se acrecienta a raíz de los ataques terroristas de 2001.
Asociación ilícita: la asociación es lícita y fundamental, pero se extralimitaba y se castigaba en el CP español, teniendo tal consideración la comisión de un delito, por ejemplo, las que promulgan la discriminación. Se contempla también las bandas armadas.
La gran reforma de la ley 5/2010, se mantiene el art 516, se mantiene que estas asociaciones ilícitas, la cuadrilla ya no era suficiente para recoger el elenco de delitos como consecuencia de la asociación criminal y se pasa al título 22 una regulación completa de asociación criminal y grupo criminal y se tipifica de forma mucho más unida la legislación anti-terrorista.
En este sentido, el legislador entiende que: • • • • Se debe distinguir entre una organización criminal y un grupo criminal en el art 517.
Determinar que es un grupo de carácter terrorista y consiguiente regulación de sus delitos.
570 bis. Lo que se considera organización criminal. Requiere que sea: o Más de dos personas o Carácter estable o tiempo indefinido o De manera concertada o Reparto de tareas o Fin comisión de delitos 570 ter.1. Último párrafo sin reunir los requisitos anteriores, más de dos personas, finalidad la perpetración concertada de delitos o reiterada de faltas. No será imprescindible ni la estabilidad ni el reparto de tareas.
Lo novedoso, la simple pertenencia a esa organización terrorista, o grupo para delinquir ya va a constituir delito, se ha producido una amplia extensión del derecho penal en categorías que antes no se penaban.
CONDUCTAS SANCIONABLES 570 bis. 1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.
A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas.
2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la organización: a) esté formada por un elevado número de personas.
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.
Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en grado.
3.Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.
Artículo 570 quáter.1. Los jueces o tribunales, en los supuestos previstos en este Capítulo y el siguiente, acordarán la disolución de la organización o grupo y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias de los artículos 33.7 y 129 de este Código.
Artículo 570 quáter. 3. Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a toda organización o grupo criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, aunque se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero.
Artículo 571. 1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren o dirigieren una organización o grupo terrorista serán castigados con las penas de prisión de ocho a catorce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho a quince años.
2. Quienes participaren activamente en la organización o grupo, o formaren parte de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a catorce.
3. A los efectos de este Código, se considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características respectivamente establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis) y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública mediante la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en la Sección siguiente.
A diferencia de lo que ocurre con las organizaciones criminales con las terroristas, no existe diferenciación en la penalidad. Con independencia de lo que sean cada uno de ellos, para comprender lo que son los delitos de terrorismo debemos definir lo que es un acto terrorista.
Porque el terrorismo no solo se comete mediante grupos u organizaciones terroristas.
ACTO TERRORISTA 1. Acto grave o actos graves ejecutado por medios especialmente violentos 2. Comportan un peligro para la vida, integridad y salud de las personas, es decir, para aquellos bienes jurídicos más básicos 3. Tratan de influir ilegalmente en la toma de decisiones sobre asuntos políticos a través de la amenaza de repetición de actos 4. Dirigidos a subvertir el orden político La dirección que toma el legislador se traduce en esta reforma importante en 2010, y engloba en la exposición de motivos para ver qué pasa y cómo se reorganiza el CP. EXPOSICION DE MOTIVOS: El tratamiento de estas organizaciones y grupos se desplaza a un nuevo capítulo VII del Título XXII, aprovechando a tal fin el artículo 571, cuyo contenido se traslada al 572, lo que permite constituir con aquel una sección primera dedicada a dichas organizaciones y grupos, para mantener en la segunda los actuales delitos de terrorismo. Así, se sitúan las organizaciones y grupos terroristas -por obvias razones de proximidad conceptual, en los términos y por las razones ya expuestas- a continuación de las organizaciones y grupos criminales, al tiempo que se unifica en un mismo capítulo del Código penal la reacción penal contra todas las manifestaciones de terrorismo. En atención a la gravedad intrínseca de la actividad terrorista, considerada como la mayor amenaza para el Estado de Derecho, así como a la peculiar forma de operar de determinados grupos o células terroristas de relativamente reciente desarrollo en el plano internacional, cuyo grado de autonomía constituye precisamente un factor añadido de dificultad para su identificación y desarticulación, se opta a diferencia del esquema adoptado en el capítulo anterior para las otras organizaciones y grupos criminales- por equiparar plenamente el tratamiento punitivo de los grupos terroristas al de las organizaciones propiamente dichas, manteniendo en este punto la misma respuesta penal que hasta ahora había venido dando la jurisprudencia.
RESOLUCION MANIFESTADA: CONSPIRACION, PROPOSICION Y PROVOCACION. Nuevas conductas que aunque no lleguen a constituir resolución manifestada de delitos.
DELITOS TERRORISMO EN PARTICULAR RECOGIDO 572 Y ss del CP Artículo 572. DELITOS DE TERRORISMO 1. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con organizaciones o grupos terroristas cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las personas.
2. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con las organizaciones o grupos terroristas atentaren contra las personas, incurrirán: 1.º En la pena de prisión de veinte a treinta años si causaran la muerte de una persona.
2.º En la pena de prisión de quince a veinte años si causaran lesiones de las previstas en los artículos 149 y 150 o secuestraran a una persona.
3.º En la pena de prisión de diez a quince años si causaran cualquier otra lesión o detuvieran ilegalmente, amenazaran o coaccionaran a una persona.
3. Si los hechos se realizaran contra las personas mencionadas en el apartado 2 del artículo 551 o contra miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías de las Comunidades Autónomas o de los Entes locales, se impondrá la pena en su mitad superior.
Artículo 573. TENENCIA O DEPÓSITO DE ARMAS El depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de prisión de seis a diez años cuando tales hechos sean cometidos por quienes pertenezcan, actúen al servicio o colaboren con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas descritos en los artículos anteriores.
Artículo 574. OTROS DELITOS DE TERRORISMO Artículo 575.
Los que, con el fin de allegar fondos a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas señalados anteriormente, o con el propósito de favorecer sus finalidades, atentaren contra el patrimonio, serán castigados con la pena superior en grado a la que correspondiere por el delito cometido, sin perjuicio de las que proceda imponer conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente por el acto de colaboración. Se suprime el inciso indicado.
Artículo 576. IMPRUDENCIA 1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista.
2. Son actos de colaboración: • la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones; • la construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utilización de alojamientos o depósitos; • la ocultación o traslado de personas vinculadas a organizaciones o grupos terroristas; • la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, • y, en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas organizaciones o grupos terroristas.
Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas, se impondrá la pena prevista en el apartado 1 en su mitad superior. Si llegara a ejecutarse el riesgo prevenido, se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos.
3. Las mismas penas previstas en el número 1 de este artículo se impondrán a quienes lleven a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación, dirigida a la incorporación de otros a una organización o grupo terrorista o a la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo.
Artículo 576 bis.
1. El que por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo o para hacerlos llegar a una organización o grupo terroristas, será castigado con penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses.
Si los fondos llegaran a ser empleados para la ejecución de actos terroristas concretos, el hecho se castigará como coautoría o complicidad, según los casos, siempre que le correspondiera una pena mayor.
2. El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en la prevención de las actividades de financiación del terrorismo dé lugar, por imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado primero de este artículo, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en él.
3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en el anterior inciso.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis de este Código, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Artículo 577. SIN PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN O GRUPO TERRORISTA.
Los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional, cometieren homicidios, lesiones de las tipificadas en los artículos 147 a 150, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos, daños de los tipificados en los artículos 263 a 266, 323 ó 560, o tenencia, fabricación, depósito, tráfico, transporte o suministro de armas, municiones o sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, serán castigados con la pena que corresponda al hecho cometido en su mitad superior.
Artículo 579. PROVOCACIÓN, CONSPIRACIÓN Y PROPOSICIÓN 1. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 571 a 578 se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores.
Cuando no quede comprendida en el párrafo anterior o en otro precepto de este Código que establezca mayor pena, la distribución o difusión pública por cualquier medio de mensajes o consignas dirigidos a provocar, alentar o favorecer la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, generando o incrementando el riesgo de su efectiva comisión, será castigada con la pena de seis meses a dos años de prisión.
Gran abundancia de legislación que amplía hasta tal extremo el concepto de autoría y participación de la parte general, que existe ese problema conceptual.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y MEDIDAS ANTIBLANQUEO.
PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES.
A partir de los 80, impulsado por la política norteamericana contra la droga se dictaron normativas, para armonizar la legislación internacional contra el narcotráfico: Política sustantiva a través de la persecución, estrategia política que se traduce en estrategia normativa, posteriormente se proseguirá esa armonización tras los atentados del 2001 en cuanto al terrorismo.
“Lavado” (término por Al capone, lo realizaba en una lavandería).
La legislación internacional y nacional de casi todos los países ha introducido un par de instrumentos: 1.Administrativo. Prevención del blanqueo de capitales. SEPBLAC 19/1992 que depende del Banco de España, es una unidad de inteligencia financiera. Esta legislación es curiosa, porque es la única que trata de prevenir una determinada actividad considerada ilícita (convertir las ganancias de una actividad delictiva, introducirla en el mercado legal de forma legal), legislación en sectores de riesgo como la banca, hostelería, constructoras… que se limita el uso de dinero en pago en efectivo. Imponen protocolos a las empresas y el incumplimiento de éstos, supone una infracción administrativa. Preventiva y sancionadora de la administración. Si el SEPBLAC, se ha producido una conducta más grave lo pone en conocimiento de las autoridades judiciales para que abran un procedimiento penal. Establece vigilancia, mecanismos formales, ese incumplimiento conlleva sanciones administrativas.
2.Lo que vigila es lo que las entidades financieras (donde está el nudo) reporta al SEPBLAC, órgano vigilado le da la información al órgano vigilante. Fallos que se producen: 1.
Labor de supervisión. SEPBLAC 2.
Lo que quieren reportar de información de esas imposiciones, solamente refleja una parte de la actividad económica de un país que no figura a través de las entidades financieras 3.
El 3º fallo: tarjetas de crédito que permiten descargar hasta 10.000 euros diarios.
4.
La legislación tributaria respecto al crimen organizado, sistema que esconde una brecha para el blanqueo. (Por ejemplo, declaras a Hacienda que en el bar por los datos objetivos que ganas 20.000 euros, y no es así). Málaga y Castellón grandes volúmenes de blanqueo.
5. La legislación administrativa, como evitamos que llegue todo al juzgado de guardia, prevención del blanqueo. Llena de controles y supervisiones. En la medida que nos escapemos de esos controles administrativos, de esos funcionarios…. Las barreras están rotas y es mucho más fácil por consiguiente llevar a cabo esas operaciones.
ORGANISMO DEL ESTADO PARA PREVENCION ¿Si el crimen organizado designa una categoría que podamos aprender? ¿Es un término tan amplio? Tres ejemplos: Binomio Colombia-Méjico /España / Italia. El crimen organizado controla militarmente parte del territorio y las medidas que establezca el estado en Colombia Méjico no serán las mismas que se puedan implantar en España.
Frente al crimen organizado y terrorismo el análisis de las respuestas del estado se queda en la administración de Justicia, es decir, jueces, fiscales y policía. Están contemplados en las directivas de seguridad de la OTAN y las propias europeas como amenazas a la seguridad.
Están al máximo de potencial de peligro y destrucción de la seguridad nacional.
1. Fuerzas armadas, posibilidad de que actúen, ese choque militar contra grupos armados.
2. Administración de justicia 3. Servicios de Inteligencia.
SEPBLAC: ciclo de inteligencia que sirve para recolectar información, analiza y difundo a la persona que se la tiene que dar, en este caso al Gobierno. Uno de los dos organismos que tiene hacer inteligencia para el Gobierno, el blanqueo que puede desestabilizar la prima de riesgo española.
ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL Audiencia Nacional. Se creó la A.N. 6 juzgados de instrucción y sala de lo penal que se encarga de de todos los delitos de terrorismo y de crimen organizado. Especializó a un macro-organismo judicial (NO es usual en otros países donde se ocupan organismos no especializados) Fiscalías Especializadas. Se crean fiscalías especializadas, órganos centrales de la fiscalía desplegados por el territorio que están especializados determinados tipos de delito: antidrogas, anti-corrupción (dirigir a la policía en delitos de crimen organizado) el uso de fiscales y especialización usado en muchos países.
FFCCS.
• CNP • GC • Mossos d´esquadra: tiene departamento de inteligencia.
• Ertxantxa: tiene departamento de inteligencia.
Defecto en España pocos medios, pero bien organizado en cuanto a FFCCS. Tanto la brigada de Información de CNP y la de GC se dedican al anti-terrorismo, y radicalismo ideológico.
C.I.C.O. = Comité de Inteligencia de Crimen Organizado depende de Secretaria de Estado de Seguridad integrado por miembros especializados de CNP y GC de 2006. Brigada de policía judicial, es en el territorio determinado, ese comisario jefe es el que hace la inteligencia con el crimen organizado, no son grupos operativos sino de conseguir y analizar información.
COMISION DELEGADA DEL GOBIERNO DE INTELIGENCIA Reúne la comunidad de inteligencia española, vuelcan la información al máximo nivel gubernamental todos los organismos públicos españoles que obtienen información importante para la seguridad. Lo preside la Vicepresidenta, Ministro de Defensa (CIFAS, inteligencia Militar), Secretario de Estado de Seguridad, Ministro de Hacienda, Ministro de Asuntos Exteriores y Director del centro de inteligencia, en secreto y cumpliendo la directiva de seguridad nacional.
Los últimos años, trasvase metodológico de los servicios de inteligencia a la policía que se traduce en actuar con una metodología pro-activa: mira al futuro, anticiparse, no perseguir, detener o enjuiciar a un grupo terrorista, construcción de perfiles de riesgo, significa: Análisis tradicional. Método deductivo que a través de unos hechos, se reconstruye y se obtienen pruebas. Se reproducen en el proceso penal la acusación, probar un hecho delictivo.
Prospectiva: es la más exitosa.
MECANISMOS PROCESALES DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA CONTRA D.O.
ACCIONES ENCUBIERTAS: infiltrados. (282 LEcrim) Clave, un mecanismo clásico de inteligencia, alguien que desde dentro está suministrando información del delito. Esto se ha trasladado al ámbito procesal para luchar contra el terrorismo y delincuencia organizada. La policía y los servicios de inteligencia, integran infiltrados. Dos tipos de personas que nos van a dar información: 1. Infiltrado: agente preparado y formado, altísima formación, que significa cambio de identidad, cambio para no despertar sospechas 2. Desde dentro es presionado o descubierto por la policía y que a cambio de dinero ofrece información.
Las acciones encubiertas son todas las operaciones - Neutralizaciones: orden ejecutiva del presidente de EEUU, bajo cobertura actúa fuera de sus fronteras.
- Constitución de empresas que aparentemente son mercantiles y privadas, que intermedian pero que en realidad son “tapaderas” de un servicio de inteligencia.
- Acciones de influencia, para desestabilizar el gobierno de otro país y emplea diferentes coberturas para que no se conozca que país ha realizado esa acción.
DROGAS Y OTROS: VIGILANCIAS. (263 bis LEcrim), la policía permite que circulen con droga y no quiere abortar ese tránsito, sino que quieren seguirle para el recorrido y donde va a parar.
Descubrir el organigrama y relaciones que tengan. Es innegable que esa regulación, la traslación de ese mecanismo se realiza por del Convenio de Viena, habilita a los estados miembros incorporen mecanismos, regulen procesalmente de entre de sustancias y materiales que están fuera del comercio lícito.
Todo ello presenta problemas jurídicos ya que están participando en hechos delictivos, y pueden quedar exentos de responsabilidad penal, lo que se llama en penal “provocación al delito”, los abogados de la acusación intentan anular suelen tratar de romper la nulidad de actuación por causas de la contaminación de esa actitud. Por tanto, hay que hacerlo todo de acuerdo con la ley del 282 bis (supervisión judicial, casos límite) ARREPENTIDOS Tienen una serie de garantías y derechos. Visto desde esa perspectiva el problema de los arrepentidos o de utilizar normas premiales (a cambio de información, un tratamiento penal diferente). El juez puede poner la pena inferior en 1 o 2 grados, es el “premio”.
Problema jurídico: • Precaución porque la información que te da un arrepentido puede ser poco fiable • Puede desviar de la investigación • Jurídicamente el juez tiene que hacer lo mismo ¿podemos condenar a alguien con sólo el testimonio de un arrepentido? Puede ser un testigo protegido identidad sustraída al abogado de la defensa, no sabemos quién es, no se puede hablar con él… el abogado de la defensa dice que no hay contradicción y no hay un juicio justo. Precauciones jurídicas.
El testimonio no es válido por sí mismo si no es corroborado.
TESTIGOS PROTEGIDOS • Casos de testigos protegidos que no están vinculadas a hechos delictivos.
• Identidad nueva como medida de seguridad.
• ¿Nos fiamos del abogado de la defensa? No lo ven, no ratifican… RÉGIMENES ESPECIALES DE DETENCION USO PRÁCTICO DE LA PRISION PREVENTIVA. En España no hay un régimen especial de la detención, pero sí de la prisión preventiva en casos de crimen organizado y terrorismo.
• Macro-procesos: se enjuician mucha gente en muchos procesos. Se concentran investigaciones y se hacen unos procesos.
• Tiempo: las investigaciones no se acaban, se prolongan y se van abriendo ya no macroprocesos sino macro-causas. Se van convirtiendo en procesos ingobernables que se alargan se pueden transformar en una inquisición general (investigar todo).
En estas medidas de lucha contra el crimen organizado hay instrumentos de derecho penal material entre los cuales está la creación del delito de pertenencia a la organización criminal.
Este delito de pertenencia a la organización criminal desempeña dos funciones muy importantes que son dos funciones preventivas. Estas se manifiestan en primer lugar que se facilita con la propia creación de un delito de pertenencia al grupo criminal, la cuestión es que facilita la investigación y detección de pruebas. Así en un estado de derecho como es el nuestro, la investigación de un proceso penal está condicionada con la existencia unos indicios y sospechas fundadas y concretas de comisión de hechos delictivos. Por tanto la autorización de investigaciones que supongan la restricción de esos derechos (como serian la interceptación de entrada y registros etc. deben estar debidamente fundamentadas en la existencia de un delito).
No se puede llevar a cabo investigaciones policiales que supongan una vulneración de derechos fundamentales. Por tanto se necesitará justificar con la existencia de un delito.
La propia configuración legislativa de pertenencia a esa organización a grupo criminal ya está habilitando a los operadores jurídicos y a los operadores policiales ya está habilitando para solicitar una intervención o una entrada y registro.
La primera de las funciones que cumple esta tipificación al grupo criminal, simplemente la pertenencia a ese grupo sin que todavía se haya demostrado que se ha cometido un delito, simplemente la pertenencia ya facilita la investigación por parte del Estado.
Se habilita por tanto un elenco para la adopción de medidas que en otro caso serían excepcionales. NO cualquier delito autoriza al juez la entrada y registro, deben ser delitos graves, que exista peligro de desaparición de pruebas, etc.
Muchos de los procedimientos penales por corrupción siempre llevan como coletilla la imputación de pertenecer a una banda o grupo criminal. Por tanto, se tendrá que justificar el delito concreto que justifica esa entrada y registro.
Por tanto, la propia pertenencia ya está justificando la adopción de una serie de medidas de investigación y de medidas cautelares de carácter real y patrimonial.
Otra de las características importantes es que permite esta pertenencia la organización criminal la condena de aquellos miembros del grupo de los cuales no ha sido posible probar su participación en otros delitos, de tal manera que no podremos probar si ha participado en el homicidio pero si que podemos probar si pertenece a esa organización criminal.
Esa función preventiva lo que hace es una función de recogida respecto de lo que se ha llamado “el hombre de atrás”, porque normalmente es difícil encontrar pruebas que incriminen por hechos concretos a aquellas personas que dirigen u ordenan la comisión de los delitos. Es decir, que establecer la imputación directa del hombre que domina el hecho es difícil y con esta tipificación de banda organizada se amplia y se facilita que existan más personas que puedan haber participado en los hechos. Ya que en muchas ocasiones la organización de estas bandas es como una especie de empresa privada en donde se subcontratan.
AUTORIA Y PARTICIPACION EN ESTRUCTURAS JERARQUIZADAS Así, el grado de participación no se puede determinar. En nuestro derecho es obligado determinar cuál ha sido esa participación diferenciada de los otros participes. Por ejemplo, por un hecho concreto debemos concretar quien ha sido autor, inductor… En la regulación del crimen organizado y terrorismo se utiliza una superabundancia de verbos, de situaciones para poder intentar eliminar cualquier resquicio penal para evitar que cualquier persona que hubiere tenido responsabilidad de estos delitos quedara impune.
En tema de Crimen organizado y de terrorismo, la doctrina penal se ha planteado si las cuestiones clásicas de autoría y de participación son o no son extrapolables o sirven como instrumento jurídico para comprender todas las actividades delictivas de las personas intervinientes. Esto se considera porque por una parte, está claro que se ve la diferenciación entre jefes y dirigentes y por otra parte la de los cuadros intermedios.
Se plantea la cuestión de si los jefes o dirigentes que no han ejecutado el hecho por si o conjuntamente con otro que sería el concepto de autor en sentido estricto, donde colocamos al dirigente que no ha ejecutado o donde colocamos a los cuadros intermedios en función de estas categorías estrictas de autor, autor mediato, o inductor existenteà La solución mayoritaria en nuestra doctrina es considerar que se castiga a los dirigentes y jefes COMO INDUCTORES y a los escalones intermedios los cooperadores necesarios.
Independientemente de esto, existe un problema puesto que se exige que la inducción se haga de modo directa y aquí no existe esa inducción directa aunque se haya considerado así.
De este modo ha habido varias doctrinas en este sentido, destacando la teoría de Roxin de1963 para explicar la condena a muerte de Eisman (dirigente nazi). A partir de aquí Roxin intenta justificar de alguna manera que a esa persona que supuestamente no había intervenido de manera directa en un asesinato se podía juzgar. Así, se formula la teoría de unidad funcional, lo que significa que parte de la premisa de que el ejecutor concreto de un delito (de un asesinato por ejemplo) es alguien intercambiable, da igual quien lo haga y por tanto el autor concreto es fungible y no afecta para nadie sobre el hecho del hombre de atrás (el que manda, el que dirige).
Así, a partir de esta teoría (en este caso hablamos de crímenes del Estado) se generaliza hacia otras situaciones donde hay supuestos de situaciones jerarquizadas para poder imputar a esa persona que organiza o que manda los hechos que cometen otros y que esos otros son absolutamente intercambiables.
El problema que nos encontramos tb en nuestra regulación es que muchas veces la autoría mediata se articula porque hay alguien que está detrás que utiliza a otro como instrumento para la comisión del delito, pero normalmente esto se utiliza cuando el autor mediato se sirve del autor inmediato que ha ejecutado el hecho y que no tiene la capacidad de decisión. Por tanto, este es otro problema que surge hacia quien no es autor directo de la muerte sino que utiliza a otro que ha ejecutado el delito.
Otros autores en España, Muñoz Conde, son partidarios de castigar al hombre de atrás como coautor sin necesidad de probar ningún acuerdo previo. Por tanto, vemos una ampliación de las categorías tradicionales de autor.
Tb para poder llegar a la cabeza del núcleo de donde está el poder de organización y decisión del ámbito criminal (llegar al jefe superior) se han ido ampliando otras categorías jurídicas, considerando que categorías que en DP no serían dolosas se condenan a título de dolo, por ejemplo el hecho de haber vigilado.
Otra ampliación de este derecho excepcional estaría el ámbito de los delitos de omisión y de comisión por omisión, ampliando el concepto de posición de garante.
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS Esta responsabilidad es algo muy novedoso.
Existía antes de la regulación de las personas jurídicas muchísimas medidas que se aplicaban a las personas jurídicas. Pero en este caso ya existe una regulación específica de la responsabilidad de las personas jurídicas, regulado en el Art. 31 bis del CP que parte de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La responsabilidad de las personas jurídicas va paralela a la responsabilidad de los administradores. Puede existir que en un proceso tengamos solo la responsabilidad de un administrador o que tengamos la responsabilidad penal de ambos.
Por ejemplo, supuestos de que se cometan delitos de crimen organizado a través de personas jurídicas, como blanqueo de capitales. Pues bien, en este sentido existe esta regulación de las personas jurídicas.
Junto a este paquete legislativo existe toda la correspondiente legislación de las penas que le son aplicables a las personas jurídicas, Art. 33.7 CP, que serían: Multa, disolución de la persona jurídica, clausura de sus locales, prohibición de realizar en el futuro actividades, intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores… Por otra parte, el Art. 66 bis nos habla de la aplicación de la pena en los supuestos de personas jurídicas. (MEDIDAS DE CARÁCTER MATERIAL QUE ESTA EN EL CP PARA LA LUCHA DE LA DO) EL 116.3 habla de la responsabilidad civil de las personas jurídicas.
El 130.2 nos dice que la trasformación fusión incisión no extingue su responsabilidad que se trasladará a la entidad con la que se ha fusionado. Por tanto, este conglomerado de sociedades que se hayan extinguido o se hayan absorbido, seguirán teniendo la responsabilidad penal.
Luego en una serie de delitos existe responsabilidad concreta para las personas jurídicas Artículo 177 bis se contemplan las medidas para la trata de seres humanos se cometa por una persona jurídica.
El artículo 189 bis las penas para la corrupción de menores 197.3 para los delitos contra la intimidad 251 bis para las defraudaciones DELITOS CONEXOS Y RELACIONADOS Contrabando Existe una abundante regulación en materias como contrabando.
Ley Orgánica 12/95 de 12 de diciembre. Es una ley especial. El artículo 2 dice que: Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos: Hay una pluralidad de conductas que hablan de bienes como de licito comercio o ilícito.
Artículo 2 Tipificación del delito 1. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos: a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera. La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.
b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.
c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975.
d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito.
e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.
f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua.
g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982.
2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos: a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de: o Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.
o Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento (CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.
c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes: 1.º La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
2.º El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con productos incluidos en el anexo III del citado Reglamento, sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
3.º La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin las autorizaciones a las que se refiere el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, o habiéndolas obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
d) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación.
3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: a) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.
b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros.
4. También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 50.000 ó 15.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.
5. Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por imprudencia grave.
1.
Las personas jurídicas serán penalmente responsables en relación con los delitos tipificados en los apartados anteriores cuando en la acción u omisión en ellos descritas concurran las circunstancias previstas en el artículo 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de diciembre, del Código Penal y en las condiciones en él establecidas.
7. Asimismo, cuando el delito se cometa en el seno, en colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de personalidad jurídica, le será de aplicación lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de diciembre, del Código Penal.
Artículo 4 Responsabilidad civil En los procedimientos por delito de contrabando la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda tributaria y aduanera no ingresada, que la Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción, caducidad o cualquier otra causa legal prevista en la Ley General Tributaria o en la normativa aduanera de la Unión Europea, incluidos sus intereses de demora.
Artículo 5 Comiso 1. Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos a) Las mercancías que constituyan el objeto del delito.
b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.
c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en aquél y el Juez o el Tribunal competente estime que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.
d) Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.
e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito.
2. Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito.
3. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.
4. El Juez o Tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal. A estos efectos, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.
5. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aún cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.
6. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, tipificados en el artículo 2.3 a) de esta Ley Orgánica, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 a) y c) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
TRATA DE SERES HUMANOS. 177 bis del CP 1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes: a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad.
b) La explotación sexual, incluida la pornografía.
c) La extracción de sus órganos corporales.
Se aumenta la pena en determinadas situaciones: Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando: a) Con ocasión de la trata se ponga en grave peligro a la víctima; b) la víctima sea menor de edad; c) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o situación.
Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas en este en su mitad superior.
TRÁFICO DE DROGAS. 368 y ss del CP Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.
Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 1.ª El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.
2.ª El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.
DELITOS INFORMÁTICOS. Artículo 197 3. El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
DELITOS RELACIONADOS CON LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y LOS TRABAJADORES CONTRA LOS TRABAJADORES Artículo 313 Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
CONTRA LOS INMIGRANTES Artículo 318 El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.
Existen agravaciones por comisión organizada por delitos de prostitución.
LA PROSTITUCIÓN El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz será castigado con las penas de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.
La misma pena se impondrá al que solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con persona menor de edad o incapaz.
El punto 4: Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.
SUPUESTOS DE TARJETAS DE CRÉDITO Artículo 399 bis. [Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje] 1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.
RECEPTACIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES Artículo 302. [Agravación por ejecución en organizaciones] 1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
La receptación: se adquiere bienes de ilícita procedencia o procedentes de un delito. Este delito es muy importante en DO. Se castiga tanto al que vende como al que compra. El que compra ha de saber que viene de un delito. Aparece con el código penal de 1995. Con anterioridad existía el encubrimiento. (Personal y real) REGULACIÓN DEL COMISO Es una de las formas efectivas para luchar contra el crimen. TEDH establece dos conclusiones: Privación de los bienes procedentes del delito: El fundamento es que nadie puede enriquecerse por medio de un hecho injusto.
Política criminal en contra del CO: Con ese comiso se consigue la exclusión del uso futuro de ese producto procedente de una infracción. Ese uso puede propiciar la comisión de nuevos hechos delictivos.
La confiscación de un bien tenga su única justificación, no en la titularidad por parte de ese bien por la propia organización, sino por poner un poder de disposición de hecho de ese bien.
Tendencias o iniciativas en cuanto a qué autoriza el comiso: En Austria tres habilitaciones para decomisar: No se habla de titularidad, sino que el uso, que puedan disponer de ellos: • Bienes en poder de una organización criminal.
• Bienes de una organización terrorista • Bienes o facilitados o recolectados por la financiación del terrorismo.
En Suiza se amplía valores patrimoniales pertenecientes a quien participa o sostiene una organización criminal.
También se prevé posibilidad de que las legislaciones contemplen que la confiscación pueda abarcar todos los bienes de una organización criminal, sin que sea necesario probar que tienen su origen en un delito determinado, basta con que se sepa que proceden de la actividad de la organización ilegal.
En otros lugares se propone la inversión de la carga de la prueba. Así, que se permita la confiscación de todos los bienes materiales en poder de una persona. Es la persona quien ha de probar que esos bienes no tienen una procedencia ilícita.
Comiso por valor equivalente: Supone que en los casos de pérdida del objeto a decomisar o cuando este objeto haya sido transmitido a un tercero en condiciones que lo hagan irreivindicable se permita el comiso por valor equivalente. Es una respuesta adecuada en los que el bien ya ha salido del patrimonio o se ha consumido, destruido, ocultado o vendido.
Que se puedan hacer confiscaciones en el extranjero, para ello se hacen imprescindibles instrumentos de cooperación judicial.
El comiso (127 y 128 del CP) son consecuencias accesorias. No son una pena. Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes. Se propugna que el decomiso pueda operar como una medida preventiva o cautelar durante el proceso. Después del proceso se impone una pena, pero durante la tramitación del proceso se pueden imponer por parte del juez medidas cautelares.
En México está la ley de Extinción de Dominio. Son leyes administrativas, no penales. Con ellas, cuando no se pueda acreditar la procedencia lícita se puede decretar por via administrativa la extinción del dominio y pasan al estado.
REGULACIÓN LEGAL El decomiso en nuestro CP está regulado en los artículos 127 y 128 del CP Artículo 127. [Comiso de los efectos e instrumentos del delito] 1. Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. Los unos y las otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente.
El Juez o Tribunal deberá ampliar el decomiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal o terrorista, o de un delito de terrorismo. A estos efectos se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal o terrorista o por un delito de terrorismo cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.
2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el Juez o Tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito, cualquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.
3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho.
4. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aun cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.
5. Los que se decomisan se venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado si la Ley no previera otra cosa, y, si no lo son, se les dará el destino que se disponga reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán.
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA: En el artículo 130 se habla de la extinción de la responsabilidad criminal El 131 habla de la prescripción de los delitos. En el 131.4 dice: 4. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso. Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona.
Artículo 78: Beneficios penitenciarios.
Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del capítulo VII del título XXII del libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales, y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la anterior posibilidad sólo será aplicable: a) Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.
b) A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.
...