Lección 4 (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad de Burgos
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Filosofía
Año del apunte 2012
Páginas 6
Fecha de subida 20/06/2017
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FILOSOFÍA DEL DERECHO LECCIÓN 4 1. Los fines del sistema normativo a) La función de certeza y seguridad Es verdad que el Derecho debe encarnar valores superiores como el de justicia. Es verdad que el Derecho debe tratar de realizar esos valores en la vida social, y que el Derecho no está justificado sino en la medida en que sirva a dichos valores, pero es verdad también que el Derecho no surge primeramente como mero tributo a unos valores de rango superior, sino al impulso de una urgencia de seguridad.
Si nos preguntamos por qué y para qué los hombres establecen el Derecho, y si para ello tratamos de descubrir el significado del surgimiento del Derecho, a fin de conocer su esencia, nos daremos cuenta de que la motivación radical que ha determinado el nacimiento del Derecho no deriva de los valores éticos superiores, sino de un valor de rango inferior, a saber: de la seguridad en la vida social, (motivación inicial). Si bien la justicia (y los demás valores jurídicos supremos), representan el criterio axiológico que debe inspirar el Derecho, sin embargo, éste no ha nacido en la vida humana para rendir culto a la justicia, sino para colmar una ineludible urgencia de seguridad y de certeza en la vida social. Temporalmente es antes la seguridad, axiológicamente es antes la justicia. (Clases de prioridades).
De igual modo que el hombre primitivo aterrado ante la naturaleza buscaba seguridad en la técnica o en la magia, así los hombres en todos los tiempos han buscado seguridad en las relaciones sociales. Esta seguridad afectaba a su propia persona, a sus propiedades, a su familia, a sus relaciones con los demás. Incluído en la certeza jurídica está el poder prever el comportamiento de los demás en determinadas ocasiones, circunstancias y relaciones sociales. En el origen del Derecho está el poder prever y saber a qué atenerse. También nos dicen los juristas y politólogos que el Estado surge principalmente por razones de seguridad: evitar las venganzas personales, que cada uno se tome la justicia por su mano. De aquí que lo primero que hace un Estado cuando surge es asumir el monopolio de la administración de justicia.
El Derecho surge precisamente como instancia determinadora de aquello a lo cual el hombre tiene que atenerse en sus relaciones sociales, esto es la certeza. Pero no sólo la certeza teórica (saber lo que se debe hacer), sino también certeza práctica: saber que esto tendrá necesariamente que ocurrir, porque será impuesto por la fuerza si es preciso, por ejemplo en Derecho contractual.
El Derecho no es puro dictamen o máxima, regla, indicación o pauta, sino que es norma cierta y de cumplimiento seguro (de imposición inexorable). Norma garantizada por el máximo poder social, 1 por el Estado, a cuyo imperio no se podrá escapar. Claro está que con la certeza y la seguridad no basta, pues éstas deben darse en normas justas. Sin embargo la certeza y seguridad constituyen el momento inicial, el sentido formal de la función del Derecho.
El Derecho es seguridad y es certeza práctica, pero ¿seguridad de qué? Seguridad de aquello que a la sociedad de una época le importa fundamentalmente garantizar por estimarlo ineludible y necesario. Hay fines sociales: justicia, libertad, igualdad, paz, que bien pudieran en principio ser conseguidos por otros medios que no sean Derecho: educación, propaganda, iniciativa individual, realización social, consejos o recomendaciones, pero éstos medios no jurídicos no dan seguridad. El Derecho segura la consecución o realización de esos fines imponiendo su cumplimiento de manera inexorable, por ejecución forzosa. Lo que cambiaría sería el contenido de los fines pero no la seguridad en su cumplimiento.
Lo jurídico y la juridicidad son ya por sí mismos expresión de determinados fines o indicación de determinados fines. Pero además añaden una especial manera o forma de realización de fines sociales: el modo imperativo y coercitivo.
Lo jurídico es ya por sí mismo un concepto de finalidad: la justicia, pero los modos concretos de realización de esa justicia pueden tener muy variados orígenes: humanos, libertad, técnicos, educativos, sanitarios, económicos, políticos, sociales, científicos, etc. El Derecho señala los fines sociales y además garantiza su consecución de modo coactivo, si fuera necesario.
La seguridad es el valor fundamental de lo jurídico, no el único ni el supremo, que es la justicia.
Sin seguridad no hay ningún derecho, ni bueno ni malo, ni justo ni injusto.
La seguridad es el motivo radical o la razón de ser del Derecho pero no su fin supremo que es la justicia. Hay valores superiores en rango o jerarquía, pero la seguridad, aun siendo inferior valor, defiende a otros superiores o más elevados. Las funciones de seguridad y certeza jurídicas no se justifican por sí mismas sino que realizan una función jurídica cuando están al servicio de la justicia (es decir, si no, no son Derecho).
b) Distinción entre seguridad y certeza jurídicas El hecho de la precedencia en el tiempo de la función de seguridad no quiere decir que axiológicamente se haya de dar prioridad a ésta con respecto a la justicia. En la escala de valores la justicia está por encima de la seguridad, aunque no hay oposición entre una y otra sino necesidad recíproca.
La seguridad jurídica pide que se respete el principio de legalidad, pero más allá de esa justificación la seguridad jurídica ha de ajustarse a las exigencias de la justicia. A su vez esa misma justicia reclama que en la norma jurídica haya seguridad y certeza.
No hay justicia sin seguridad jurídica y la seguridad tampoco es verdadera sin justicia. No basta con que la norma jurídica responda de alguna manera a un ideal de justicia. Se requiere además que esté dotada de suficiente estabilidad y de la adecuada eficacia en la vida social. La seguridad significa que la norma será eficaz, es decir, tendrá fuerza para imponerse. Por muy fuerte que sea una norma si no tiene fuerza para imponerse no hay seguridad. Ésta es un elemento necesario para la estabilidad del orden social (seguridad jurídica).
Esta estabilidad requiere también que los miembros de la comunidad tengan el conocimiento de que el ordenamiento jurídico posee eficacia, fuerza y estabilidad que permitan a cada uno de ellos saber a qué atenerse habida cuenta del constante proceso de cambio que experimenta la vida social (certeza jurídica).
La necesidad de organizar la vida social pide que el ordenamiento jurídico sea eficaz. Es preciso garantizar a cada ciudadano una protección eficiente que lo ponga al abrigo de toda posible prepotencia de otros hombres miembros del cuerpo social, y de una hipotética arbitrariedad del que detenta el poder.
Por una parte, se hace necesaria la objetiva garantía de la protección y, por otra, debe darse en 2 los ciudadanos el conocimiento de que tal garantía existe porque existen los medios adecuados jurídicos y no jurídicos, que permiten asegurarlo.
Podemos decir que en la comunidad política hay seguridad jurídica cuando el ordenamiento garantiza eficazmente el ejercicio de los derechos de los ciudadanos porque tiene a su servicio un buen sistema de policía para mantener el orden público, una buena administración de justicia, una adecuada organización administrativa, unos buenos órganos de gobierno competentes y eficaces, etc...Esto es la seguridad jurídica.
Si todo esto lo conocen los ciudadanos y saben que de hecho existe esta protección jurídica, entonces no solamente están realmente protegidos, sino que tienen la convicción o consciencia de que pueden ejercer sus derechos y que éstos serán respetados y efectivos, porque hay un poder legítimo y eficaz que los garantiza. La certeza jurídica es el convencimiento, la conciencia, la convicción de que existe seguridad jurídica.
Seguridad y certeza son dos nociones que aunque se implican mutuamente no deben confundirse. La seguridad es objetiva y se deriva de la fuerza del orden social establecido. La certeza es subjetiva y es el convencimiento de la firmeza, eficacia y estabilidad del orden social.
c) La solución de conflictos sociales Otra de las funciones del Derecho es la resolución de los conflictos de intereses por medio de normas imperativas. Cada persona tiene una multitud de deseos que pretende conseguir. Así los deseos de cada uno, los intereses de cada cual frecuentemente entran en competencia (concurrencia), e incluso en conflicto con los deseos e intereses de los demás.
En innumerables ocasiones se dan intereses contrapuestos entre los seres humanos y surge el conflicto. En principio, no hay más que dos procedimientos para zanjar o resolver los conflictos de intereses.
1º.- Bien la fuerza, el triunfo del más fuerte (por sus músculos, sus armas o su astucia).
2º.- Bien una regulación objetiva, es decir, que no derive de ninguna de las partes (sujetos) en conflicto, sino de una instancia imparcial y que sea impuesta a ellas por igual, la cual sea obedecida por los antagonistas.
Las normas jurídicas positivas representan precisamente la adopción del segundo tipo de procedimiento para resolver los conflictos de intereses, es decir, la regulación objetiva, que se imponga por igual a las partes en oposición, con el fin de evitar que sea la fuerza la que decida tales conflictos.
Para zanjar los conflictos de intereses entre individuos o grupos el Derecho positivo procede de la siguiente manera: 1º.- clasifica los intereses opuestos en dos categorías: a) intereses que merecen protección.
b) intereses que no merecen protección, 2º.- Establece una especie de tabla jerárquica en la que determina respecto de los intereses que merecen protección, cuales tienen o deben tener prioridad o preferencia sobre otros intereses, y los esquemas de posible armonización o compromiso entre intereses parciales opuestos.
3º.- Define los límites dentro de los cuales esos intereses deben ser reconocidos y protegidos mediante preceptos jurídicos que sean aplicados por la autoridad judicial o administrativa en caso necesario, es decir, cuando no sean espontáneamente cumplidos por los sujetos.
4º.- Establece y estructura una serie de órganos o funcionarios para: a) Declarar las normas que sirven como criterio para resolver los conflictos de intereses (poder legislativo, poder reglamentario).
b) Desarrollar y ejecutar las normas (poder ejecutivo y administrativo).
3 c) Dictar normas individualizadas (sentencias y resoluciones) en las que se apliquen las reglas generales (poder jurisdiccional). (En las decisiones judiciales o jurisdiccionales ya no existen los caracteres de las normas, la generalidad, la abstracción, la tipicidad, sino que se refieren particularmente a los casos concretos).
En la realización de dichas tareas y en la resolución de los conflictos de intereses influyen innumerables factores: * Los deseos y las necesidades de las gentes.
* Las creencias y convicciones sociales sobre lo que es justo, decente u honesto.
* Depende también de las ideas y los sentimientos, de las tradiciones y costumbres, las aspiraciones colectivas, de los peligros que tengan las personas, clases sociales, grupos de presión y otros factores sociales, políticos, económicos, espirituales, públicos, educativos, culturales, etc.
d) La finalidad esencial del Derecho: la promoción del bien común (El bien común, sinónimo del interés social o general) La actividad humana brota del interior del hombre y está movida por la causalidad del fin y como decían los antiguos refiriéndose al obrar humano, es la causa de las causas. (La causa final es la causa de las causas). (Argumento teleológico de Aristóteles).
El carácter dinámico y dinamizador del Derecho se manifiesta en una triple función puesto que es un elemento que impulsa y obliga, que dirige y que evalúa.
1º.- El Derecho tiene un función impulsora e imperativa, el Derecho es fuente de acción y lo es porque la finalidad que persigue pertenece al mundo de la "praxis ", responde a un fin social que se sintetiza en el bien común. No sólo estimula a la acción (o a la omisión) sino que también, llegada la ocasión, la impone: ej: la obligación que el ordenamiento jurídico impone a los padres de dar alimento a sus hijos.
2º.- El Derecho tiene una función directora, el Derecho regula aspectos fundamentales del comportamiento social atendiendo a los que se refieren al bien común. Tal función reguladora puede guiar directamente las relaciones privadas entre miembros del grupo, así, por ejemplo, el Derecho regula la relación contractual entre el propietario y el inquilino. Aunque parece algo privado tiene también una enorme resonancia social. Basta considerar el enorme trastorno que supondría el que a la materia contractual le faltase la regulación jurídica, (grandes abusos de los más fuertes, condiciones leoninas).
Otras veces la regulación tiene como objeto las relaciones que afectan directamente a la vida social y al desarrollo del bien común como es el caso de la exención fiscal.
3º.- El Derecho tiene una función evaluadora, sirve como criterio para analizar y calificar un determinado comportamiento, una determinada acción, tanto si ésta se ha realizado ya, como si se trata de una acción futura, por ej. la muerte voluntaria libre de un inocente es calificada de homicidio y, por tanto, de delito. Un contrato se declara válido o inválido según se hayan observado o no las condiciones esenciales fijadas en la norma.
El Derecho mira directa e inmediatamente a la realización del bien común entendido éste como el conjunto de medios que el hombre necesita ineludiblemente para procurar su plena realización personal, que constituye el fin mediato y último del Derecho. Medios que sólo en la vida social le es dado alcanzar son las exigencias esenciales de la naturaleza humana, que justifican y dan sentido al orden jurídico y marcan los fundamentos del mismo.
El fin propio e inmediato del Derecho es la promoción del bien común, teniendo en él la fuente de su dinamismo y la justificación de su existencia. Siendo esto así, cuando una norma pierde totalmente su razón de ser porque su finalidad de promover el bien común se ha desvanecido aunque no haya sido formalmente declarada inexistente en realidad ha dejado de existir y se convierte en un inerte resto del pasado: por ej. alguna señal de la circulación olvidada cuando ya se 4 han cambiado las calles o los edificios en la configuración arquitectónica de la ciudad.
2. Naturaleza del bien común a) La concepción individualista-liberal En torno al concepto de bien común giran un buen número de doctrinas que han tenido su aplicación en los ámbitos sociales-públicos y jurídico-económicos. Reduciremos estas doctrinas a tres fundamentales. La primera es la individualista-liberal. Esta actitud parte de la reducción del hombre a individuo, considerándolo como un sujeto más del grupo políticamente organizado al que pertenece.
Se concibe el Estado como una creación de las voluntades individuales de los miembros que forman parte del mismo, asignándose como misión primordial la protección de los derechos del individuo. Es el "Estado gendarme" o "Estado policía" que ha de dedicarse a guardar el orden establecido y a intervenir lo menos posible en la vida social (defensa, moneda, policía, administración de justicia y poco más).
Según este modo de contemplar al hombre y la realidad socio-política el bien común queda en cierto modo proyectado al nivel cuantitativo. Los que tienen relevancia son los bienes particulares de cada ciudadano.
De acuerdo con ello el principio de autonomía de la voluntad y el de "pacta sunt servanda" (los pactos deben ser cumplidos) son elevados a la ley suprema. Lo que cuenta no es el contenido de lo pactado, ni las condiciones de indigencia que pueden concurrir en una de las partes forzando a aceptar condiciones leoninas (no hay equilibrio en las `prestaciones de los dos contratantes).
Se pretende eliminar toda traba, incluso las legales, al desarrollo natural de las fuerzas socioeconómicas, evitando cualquier intento de intervencionismo por parte de los poderes públicos.
Hay que dejar libre curso al juego espontáneo de fuerzas que condicionan y dirigen la vida de la sociedad. Se proclama como principio básico el "dejar hacer, dejar pasar". El bien común aparece más bien como el conjunto de bienes particulares que han de ser protegidos (inactividad extrema, muy antisocial).
No cabe concebirlo como un bien superior. Hacerlo constituiría una amenaza a todos y cada uno de los bienes privados. Al atribuirle más peso que a éstos, al considerarlo más excelente, los bienes de los individuos podrían ser sacrificados a dicho bien común.
Cada actitud aparece claramente expresada en "La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano" nacida de la revolución Francesa (Ésta suponía un avance sobre el absolutismo político, pero comparada con el Estado de bienestar social y democrático es un atraso). Y en las leyes restrictivas referentes a la asociación profesional que conoció el Mercado de Trabajo. Después de la caída del Antiguo Régimen, se rechaza la intervención del Estado en cuestiones laborales, se proclama la supremacía de la libertad (libertad del más fuerte) entendida ésta como libertad abstracta y como tal muy lejana de las libertades concretas históricamente determinadas y protegidas. Tal planteamiento conducía de hecho a la indefensión del débil frente al poderoso.
Históricamente esta mentalidad individuo-libertad se construyó durante la Revolución industrial (fin S. XVIII). Uno de los principales elementos de la formación del proletariado y un cauce del enriquecimiento de unos al lado de la pobreza de otros (libertad del que pueda ejercerla)(Sin embargo, el liberalismo tiene aspectos positivos al defender las libertades de los ciudadanos, pero aquí hemos descrito el liberalismo individualista extremo).
5 b) La concepción totalitaria (Corrientes marxistas extremas de carácter colectivista, opuestas a la anterior).
La visión totalitaria se apoya en la prevalencia del todo sobre las partes sin reconocer en el hombre la condición de persona. El hombre es parte de un todo y queda subordinado al todo, es en la totalidad donde el hombre tiene su razón de ser, por ej. el sistema filosófico-político hegeliano subordina el hombre al Estado entendido éste como la suprema realización de la idea del espíritu objetivo, es decir, del desarrollo del mismo. (El Estado está por encima de la persona).
En los totalitarismos modernos (por ej. el nazismo, fascismo, comunismo) se descubre fácilmente su raíz hegeliana, no pocas veces expresamente invocada. (Diferencia entre contradictorio y contrario).
Pero no todo se reduce a Hegel. En esta doctrina antes que él se han dado también formas de sumisión del hombre al Estado y, por tanto, de total sometimiento del bien particular al bien común, por ej. la teorización del absolutismo político de T. Hobbes en la que el Estado del Leviatan aparece como fuerza irresistible y omnipresente. Ante el Estado hobbesiano los súbditos no pueden hacer valer los derechos que por su conducta de hombres les corresponde. La posición del totalitarismo sacrifica la persona, reducida a la condición de individuo, al Estado.
Es éste, (el Estado), quien tiene todo Derecho y es quien regula la actividad de los súbditos no dejando aspecto alguno de la vida personal, social y pública sin explorar y dominar.
No se trata de una primacía del bien común sobre el bien personal (que correctamente entendido es admisible, (por ej. en una guerra ante una invasión extranjera), sino de la supremacía plena de lo que se considera bueno para la comunidad políticamente organizada, colocándolo sobre todo bien que no fuese el que se asigna al del todo social que es definido autocráticamente por quien detenta el poder.
c) La concepción personalista-comunitaria Esta doctrina considera al hombre como persona y no como mero individuo. Cada hombre en su condición de individuo está subordinado a la comunidad de la que es miembro. Sin embargo, como persona su finalidad trasciende a la del grupo social y supera la subordinación al grupo.
Hay una primacía del bien común pero esta primacía requiere el respeto a los bienes personales de cada uno. Cada hombre tiene, por su condición de hombre y de persona, una constelación de derechos fundamentales, como la dignidad de la persona, que no dependen del grupo y que éste ha de reconocer y tutelar. El bien común y los bienes personales de los hombres que forman el grupo están recíprocamente relacionados.
El bien común no puede circunscribirse a la promoción del grupo políticamente organizado y ha de referirse en último término a la promoción de la persona, de cada miembro de la comunidad política. En la doctrina liberal-individualista el bien particular es siempre causa del bien común. En la doctrina totalitaria, el bien común es siempre causa del bien particular. En la doctrina personalista el bien común unas veces es causa y otras efecto del bien particular.
En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana, es decir, el bien común abarca el conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales y culturales con las cuales los ciudadanos, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Decía Valerio Máximo (escritor romano) que es preferible ser pobre en un Estado rico que rico en un Estado pobre, idea que se refiere a nuestro tema pero que puede tener no pocas interpretaciones).
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