TEMA 10. Las cuentas anuales (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho de sociedades
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 11/06/2017
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TEMA 10: Las cuentas anuales (SA) PUNTO 1: Introducción Con carácter general, las cuentas anuales pretenden fijar la composición y valoración del patrimonio social y el resultado del ejercicio, es decir, determinar si ha existido un beneficio (el valor del patrimonio neto ha aumentado durante el año) o una pérdida. La medida del resultado del ejercicio presupone necesariamente la del valor del patrimonio social, pues el cálculo de dicho resultado es el del incremento o la disminución de valor del patrimonio neto durante ese periodo de tiempo. La Ley establece que las cuentas anuales y documentos complementarios (que forman una unidad) deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad de conformidad con la LSC y el CComercio. Por último destacar la obligación de todo empresario de llevar una contabilidad ordenada y de confeccionar las cuentas anuales. PUNTO 2: Documentos que conforman las cuentas anuales El ejercicio social en ningún caso puede ser superior al año y, a falta de disposición estatutaria, se entiende que el ejercicio termina el 31 de diciembre de cada año. La LSC nos dice que las cuentas anuales comprenderán: 1- El balance: resumen del inventario en el que se muestran cuáles son los elementos que forman el patrimonio social agrupados en torno al activo (formado por los bienes y derechos que posee la sociedad) y separados entre AC y ANC. El pasivo del balance estará formado por las obligaciones de la sociedad divididas en PC y PNC. Figurarán de forma separada las provisiones/obligaciones en las que exista incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Por último, el patrimonio neto contable estará formado por: • El capital social. • Las reservas. • Los resultados del ejercicio. 2- La cuenta de pérdidas y ganancias: resume cuáles son los elementos positivos y negativos que componen el resultado del ejercicio, divididos entre: • Debe: se recogen las alteraciones negativas en el valor del patrimonio (= pérdidas, gastos). • Haber: se recogen las alteraciones positivas en el valor del patrimonio (=ganancias, ingresos). Si predomina el haber habrá un beneficio neto, y si se produce lo contrario habrá una pérdida. Lo importante de esta cuenta es que mediante ella puede saberse cómo se ha formado el resultado del ejercicio. 3- Un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio: podríamos definir al patrimonio neto como la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos, incluyendo también las aportaciones efectivamente realizadas por sus socios así como los resultados acumulados y otras variaciones que le afecten. En el estado deberá comprenderse (además del resultado del ejercicio) las variaciones por los cambios en criterios contables, las correcciones de errores y otros ajustes y variaciones de valor. 4- Un estado de flujos de efectivo: ha de poner de manifiesto, debidamente ordenados y agrupados por categorías o tipos de actividades, los cobros y los pagos realizados por la sociedad con el fin de informar acerca de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio. Este estado de flujos de efectivo no será obligatorio cuando la sociedad pueda formular un balance y un estado de cambios de patrimonio neto abreviados. 5- La memoria: completará, ampliará y comentará el contenido de los otros documentos que integran las cuentas anuales. A estos documentos que forman las cuentas anuales han de unirse el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas y el informe de gestión consolidados en el caso de que se trate de una sociedad dominante de un grupo de sociedades. PUNTO 3: Cuentas abreviadas Los minuciosos esquemas de balance, estado de cambio en el patrimonio neto y cuenta de pérdidas y ganancias exigidos por el «plan general de contabilidad» pueden ser simplificados en las SA de dimensión económica relativamente reducida (esto es, para pequeñas y medianas empresas). La posibilidad de presentar un balance abreviado tiene para la sociedad dos consecuencias complementarias: 1- También la memoria que ha de presentar puede ser abreviada. 2- No está obligada, en principio, a someter sus cuentas a los auditores. a) Sociedades que pueden presentar un balance y un ECPN abreviados Serán las sociedades en las que durante 2 años consecutivos en la fecha del cierre del ejercicio concurran, al menos, 2 de las 3 circunstancias siguientes: 1- Que el total de las partidas del activo no supere los 4 millones de euros. 2- Que el importe neto de su cifra anual de negocios sea inferior a 8 millones de euros. 3- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. El balance abreviado significa que sólo ha de contener el número reducido de partidas fijadas por la Ley y las normas reglamentarias. Además, cuando pueda formularse balance y ECPN en modelo abreviado, el EFE no será obligatorio. b) Sociedades que pueden presentar una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada Serán las sociedades en las que durante 2 años consecutivos en la fecha del cierre del ejercicio concurran, al menos, 2 de las 3 circunstancias siguientes: 1- Que el total de las partidas del activo del balance no supere los 11.400.000 euros. 2- Que el importe neto de la cifra anual de negocios sea inferior a 22.800.000 euros. 3- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 250. PUNTO 4: Proceso de elaboración de las cuentas anuales a) Formulación por los administradores La elaboración de las cuentas anuales, con la consiguiente determinación del resultado del ejercicio y del valor del patrimonio social, es fruto de la colaboración de los tres órganos sociales. Los administradores formulan el proyecto de las cuentas anuales (y no las cuentas definitivas, las cuales adquirirán la condición plena de definitivas cuando, examinadas por los auditores, hayan sido aprobadas por la Junta general). Los administradores, como encargados de la gestión social, tienen a su cargo la llevanza de la contabilidad; los administradores y, por lo tanto, los miembros del Consejo de administración de la sociedad, tienen conocimiento de la contabilidad (salvo prueba en contrario). Se impone la obligación a todos los administradores de firmar las cuentas anuales y se prohíbe que la rendición de cuentas pueda ser objeto de delegación por su parte. El proyecto de cuentas anuales deben formularlo los administradores, en unión de la propuesta de aplicación del resultado y el informe de gestión, en el plazo máximo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio social. Por otro lado, ha de estimarse admisible la validez de la cláusula estatutaria que acorte ese plazo. En todo caso, las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los administradores. b) Verificación de las cuentas anuales Formuladas las cuentas anuales y el informe de gestión por los administradores, deberán ser revisados por los auditores de cuentas de la sociedad. Esta obligación se impone con carácter general a las SA, pero están exceptuadas de la misma aquellas que durante 2 ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos 2 de las circunstancias siguientes: 1- Que el total de las partidas del activo no supere los 2.800.000 euros. 2- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 euros. 3- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. Sin embargo, cabe tener presente que estas sociedades estarán obligadas a someter sus cuentas anuales a verificación por un auditor si lo solicita el 5% del capital social y siempre que no hubiesen transcurrido 3 meses a contar desde la fecha del cierre del ejercicio. En cuanto al nombramiento de los auditores, debemos diferenciar los siguientes supuestos: 1- Nombramiento por la junta: cuando el nombramiento de auditores es obligatorio, será la Junta la que nombre mediante un acuerdo a las personas que ejercerán la auditoría de cuentas. La Junta podrá designar 1 o varias personas (f/j) que actuarán conjuntamente, y su nombramiento ha de efectuarse por un tiempo determinado que no podrá ser inferior a 3 años ni superior a 9 (a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar). 2- Nombramiento por el Registrador mercantil: debemos diferenciar 2 supuestos: • La Junta no nombra al auditor: estarán legitimados para solicitar al Registrador su nombramiento los administradores de la sociedad y cualquier socio. • Nombramiento del auditor en sociedades no legalmente obligadas: es un derecho de la minoría, podrán realizar dicha solicitud los socios que representen al menos el 5% del capital social y siempre que no hubieran transcurrido 3 meses desde el cierre del ejercicio cuyas cuentas se quiere someter a revisión. 3- Nombramiento judicial: parte de la revocación del auditor nombrado y la designación de un sustituto. En cuanto a la remuneración del auditor, establecer que se prohíbe que reciba ninguna otra remuneración o ventaja de la sociedad auditada distinta a la que proviene de su trabajo como auditor para así asegurar su independencia. Referente a su revocación, el auditor cesa normalmente por el transcurso del tiempo por el que fue nombrado. La Junta general no podrá revocar a los auditores antes de que finalice el período inicial para el que fueron nombrados, o antes de que finalice cada uno de los trabajados para los que fueron contratados una vez que finalice el período inicial, a no ser que medie justa causa (art. 264.3 LSC). Igualmente no podrá pedirse al Juez por las personas que están legitimadas para solicitar su nombramiento que revoque al designado por la Junta general, por el Registrador mercantil y que nombre otro, si no media justa causa (en la práctica puede ser la simple voluntad de la sociedad). Conforme indica el artículo 153.3 RRM es suficiente para la inscripción del acuerdo de la Junta General de “revocación” del auditor que se exprese que ha mediado justa causa, aun cuando en el caso de que así lo acuerde el Juez es mejor hablar de destitución o separación del auditor. Además del transcurso del tiempo y de la revocación en la forma indicada, pueden producirse otras causas de cese del auditor, como su dimisión, la pérdida de su condición e auditor o la sanción administrativa que prohíba su ejercicio durante un determinado período de tiempo. Informe de los auditores de cuentas Los auditores han de redactar un informe sobre si las cuentas anuales examinadas expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad o, en su caso, las razones por las que no lo expresan. El informe puede ser de tres tipos: • Indicará que las cuentas han sido redactadas cumpliendo las normas legales, estatutarias y las normas contables de carácter técnico. • Hará observaciones sobre las eventuales infracciones a todas esas normas, lo que implicará hacer determinadas “reservas” en el informe. No es obligatorio rectificar por parte de las compañías cuando les ponen salvedades. No obstante, de cara al público y en interés de mercado, algunas compañías rectifican. A veces, se pacta que los auditores introduzcan párrafos de énfasis, en vez de “reservas”. Estos párrafos, técnicamente no son limitaciones al informe de la sociedad sino que muestran alguna discrepancia respecto a lo que han formulado los órganos directivos en las cuentas. Estas divergencias son pequeñas como para ponerlas como salvedades (o reservas) y se ponen así. • En el supuesto de que el informe contenga reservas graves o declare que las cuentas no reflejan la imagen fiel, son causas tenidas en cuentas por la jurisprudencia para declarar la nulidad de la aprobación de las cuentas anuales. Si se publica el informe de los auditores se han de acompañar las cuentas anuales íntegras, prohibiéndose, en todo caso, que el informe se publique de forma parcial o en extracto. Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y de los auditores de cuentas (art. 272 LSC). Los auditores han de disponer, como mínimo de un plazo de un mes, a partir del momento en que les fueran entregadas las cuentas firmadas por los administradores, para presentar su informe (art. 270.1 LSC). Ha de tenerse en cuenta que si los auditores se ven obligados a formular reservas sobre las cuentas anuales redactadas por los administradores, éstos tienen la facultad de mantener las cunetas tal como las han formulado sin hacer modificación alguna, o bien introducir algunas modificaciones en las cuentas, si es posible, con el fin de eliminar o al menos de atenuar esa reservas. La Ley dice que si como consecuencia del informe de los auditores, los administradores modificaran las cuentas anuales, los auditores habrán de ampliar su informe e incorporar una referencia a esos cambios producidos. c) Aprobación de las cuentas anuales Los documentos elaborados por los administradores y el informe de los auditores deben estar a disposición de los accionistas a partir de la convocatoria de la Junta general, y cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, esos documentos, debiendo hacerse mención en la convocatoria de ese derecho (art. 272.2 LSC), considerándose el incumplimiento de este deber por parte de los administradores, según la jurisprudencia, como una infracción del derecho de información del accionista que da lugar a la nulidad de la Junta general de aprobación de las cuentas anuales. La Junta, por lo que se refiere a aprobar o no las cuentas anuales, puede operar con una cierta discrecionalidad en el sentido de que no está obligada a aprobarlas simplemente por el hecho de que las cuentas estén redactadas de acuerdo con las prescripciones legales, ya que éstas dejan un amplio arbitrio a los administradores para aplicar los criterios de valoración y la Junta puede disentir en cuanto a la aplicación de esos criterios. Por el contrario, no se deben aprobar las cuentas anuales que no estén redactadas dentro del cauce de la legalidad, pues en este caso el acto de aprobación de las mismas será nulo, y, por consiguiente impugnable. En caso de no aprobar las cuentas, el órgano de administración deberá proceder a reformularlas. El acuerdo de aprobación de las cuentas anuales completa el ciclo de elaboración de las mismas. PUNTO 5: Depósito en el Registro Mercantil Los administradores de la sociedad deberán presentar en el RM, dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, para su depósito en el mismo, una certificación de los acuerdos de la Junta de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado. A esta certificación se acompañará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, del informe de gestión y del informe de la auditoría, cuando la sociedad esté obligada a practicarla o se haya practicado a petición de la minoría. Además, ha de adjuntarse una certificación de que las cuentas que se depositan se corresponden con las auditadas. La calificación del Registrador no se extiende a la validez y exactitud de los documentos contables depositados, sino simplemente si los documentos que se han presentado para su depósito son los exigidos por la Ley. El Registro Mercantil deberá conservar los documentos depositados durante el plazo de seis años (art. 280.2 LSC). Publicidad del depósito Se dice que la publicidad de las cuentas depositadas se ha de hacer efectiva por medio de certificación expedida por el Registrador o por medio de copia de los documentos depositados, a solicitud de cualquier persona. La publicación del depósito ha de efectuarse mediante un anuncio que publicará el Boletín Oficial del RM, que indicará las sociedades que han cumplido con la obligación de depósito. Las cuentas no se inscriben, se depositan. La diferencia es que el registrador no efectúa una valoración del fondo de lo que se aporta, simplemente revisa la existencia de los documentos. Una vez verificada tal existencia y que se cumplen ciertos requisitos se podrán depositar. El Registrador tendrá 15 días para depositarlas. Hasta 1985 el depósito de cuentas en relación al número de empresas era muy bajo. Esto es así porque la obligación era muy laxa, porque no había sanción prevista, además de por el hecho de que no había interés en que se supieran las cuentas de una empresa. Las cuentas tienen toda la información de forma que la competencia lo conocería todo, por lo que muchas compañías decidían no revelar esta información. Con la ya derogada LSRL y LSA, y con la ley del Registro Mercantil se incluye un régimen sancionador para las empresas que no depositan las cuentas. La sanción verdaderamente efectiva se reguló en el 1985 con todas las leyes mencionadas: cuando no se presenten las cuentas en el período legalmente establecido se procederá al cierre de la hoja registral de la sociedad en cuestión (aumentos o disminuciones de capital, administradores…) lo que ocasiona la imposibilidad de que la compañía opere regularmente. De esta forma se han invertido los porcentajes y la mayoría de las sociedades cumplen con esta obligación. Publicación de las cuentas El artículo 284 LSC se refiere a la publicación de las cuentas anuales. Tal artículo, siguiendo la indicación de la cuarta Directiva comunitaria, exige que cuando se publiquen las cuentas se indique expresamente si tal publicación es íntegra o abreviada. En el primer supuesto, deberá reproducirse fielmente el texto de los depositados en el RM, incluyendo siempre íntegramente el informe de los auditores. En el segundo caso, se hará referencia a la oficina del RM en que hubieran sido depositados los documentos. Efectos del incumplimiento de la obligación de depositar El incumplimiento por parte de los administradores de la obligación de depositar en el RM las cuentas anuales y los documentos complementarios dentro del plazo antes indicado produce ciertas consecuencias: • La Sociedad, mientras el incumplimiento subsista, no podrá inscribir en el RM documento alguno, salvo determinados documentos enumerados por la Ley. La inscripción del cese de los administradores o liquidadores consiente, con la finalidad de que la sociedad no se quede acéfala, bien que se nombren como administradores a los suplentes que figuran en el Registro o que se nombren nuevos administradores o liquidadores para que ejerzan sus funciones, los cuales no tendrán acceso al RM. • El incumplimiento del deber de depósito dará lugar a la imposición a la sociedad de una multa por importe de 1200 a 60000€, que puede ascender hasta 300000€ por cada año de retraso si se trata de una sociedad que factura anualmente más de 6 millones de euros, art. 283.1 LSC. Esta sanción se impondrá, previa instrucción de expediente administrativo, por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), art. 283.1 LSC. PUNTO 6: La aplicación del resultado Determinado el resultado del ejercicio será preciso que la Junta general resuelva sobre su aplicación: • Si el resultado ha sido negativo su aplicación se efectuará, si es posible, con cargo a las reservas de la sociedad. • Si el resultado es positivo el régimen sobre este punto es más complejo, ya que es una operación de superior alcance al simple reparto de dividendo a los accionistas, y a la constitución de reservas, pues la aplicación de ese resultado positivo viene condicionada por determinadas normas. El acuerdo de la junta general que resuelve la distribución del beneficio es distinto del de aprobación del balance, aun cuando se produzca en la misma reunión. Es la Junta general ordinaria la que ha de deliberar sobre este extremo (Art. 273.1 LSC). La distribución del beneficio neto de ejercicio tiene como presupuestos el que resulte un balance regularmente aprobado y que el valor del patrimonio neto sea superior al capital social. Esto último es así porque si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará necesariamente a la compensación de esas pérdidas. Tampoco se podrá distribuir el beneficio del ejercicio si el importe de las reservas disponibles no es superior al de los gastos de primer establecimiento y de investigación y desarrollo. La Junta general “resuelve” sobre la aplicación del resultado del ejercicio, lo que no quiere decir que pueda actuar con arbitrariedad, sino que debe operar teniendo en cuenta los intereses sociales. La ley ha establecido un proceso de distribución de beneficios porque tiene en cuenta que esa distribución debe efectuarse dentro de ciertos márgenes de elasticidad que permitan adecuarla a la situación económica y financiera de la sociedad. La Junta habrá de valorar las circunstancias que concurren para distribuir entre los socios sólo una parte de los beneficios disponibles una vez hechas las deducciones señaladas por la Ley y los Estatutos, y aumentar las reservas sociales o hacer otras asignaciones, e incluso podrá, si las circunstancias lo reclaman, suprimir el reparto de dividendo. Si se niega el derecho sin que exista motivo para ello o se limita de modo arbitrario, el acuerdo podrá ser impugnado. Reparto de dividendos La Junta que delibera sobre la distribución del beneficio ha de fijar la cuantía del mismo que puede ser repartida entre los socios. Pero lo que no puede hacer es entrar en determinar qué proporción corresponde a cada socio, pues ésta se encuentra delimitada por el derecho al dividendo configurado por la ley y los estatutos. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción al capital que hayan desembolsado (art. 2755.2 LSC). (Excepción en cuanto a acciones privilegiadas y acciones sin voto con derecho a percibir un dividendo anual mínimo). Acordada la distribución de los dividendos, surge un derecho de crédito del socio frente a la sociedad, que se califica con frecuencia como derecho concreto al dividendo. El crédito es una cantidad de dinero que vence en el momento fijado por la junta para su pago, cuya determinación suele delegar en los administradores. La ley nos dice que en el acuerdo de distribución de dividendos se determinará por la Junta el momento y la forma del pago. A falta de determinación sobre estos particulares, el dividendo será pagadero en el domicilio social a partir del día siguiente al del acuerdo (art. 276.2 LSC). La acción para solicitar el pago de los dividendos vencidos prescribe a los cinco años. Reservas legales, estatutarias y voluntarias Parte del beneficio es destinado a la constitución de reservas. Éstas indican una cierta medida del valor del patrimonio neto que se afecta a determinados fines generales, y en especial al fortalecimiento económico de la sociedad. Las reservas pueden clasificarse en: • Legales: viene impuesta por el art. 274 LSC, de forma que todas las sociedades están obligadas a detraer como mínimo un 10% del beneficio neto hasta que el fondo de reserva alcance la quinta parte del capital social. Este fondo, mientras no llegue a ese límite, sólo puede emplearse para cubrir pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. La reserva legal en la parte que exceda del 10% del capital podrá destinarse para aumento de capital, conforme a lo previsto en el art. 303 LSC. También ha de dotarse una reserva indisponible equivalente al importe del fondo de comercio que aparezca en el activo del balance destinándose a tal efecto anualmente, al menos, una cifra del beneficio o si éste no existiera de las reservas de libre disposición, que representen al menos un 5% del mencionado fondo. • Complementarias: podrán destinarse a las finalidades previstas en los estatutos o por la Junta general. Una de esas finalidades suele ser la de buscar un equilibrio en los dividendos que se distribuyen anualmente. o Estatutarias o Voluntarias: los dividendos pueden destinarse aquí, siempre que se cumpla con los requisitos mencionados. Si no se dan estos supuestos estamos ante dividendos ficticios, que están prohibidos. En el caso de que se repartan estos dividendos, el acuerdo de distribución es nulo, y, declarada su nulidad, todos los accionistas que los hubieren percibido deberán restituirlos. Dividendos a cuenta Los llamados dividendos “a cuenta” consisten en determinados anticipos que se entregan por los administradores a los socios antes de que se haya aprobado el balance y acordado la distribución de los mismos. No tienen naturaleza de auténticos dividendos, y por esta razón, si luego la Junta no pudiera o no quisiera repartir aquéllos, los accionistas estarían obligados a su devolución, cosa que normalmente no sucede normalmente. ...

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