Tema 1 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Penal I
Año del apunte 2015
Páginas 11
Fecha de subida 04/05/2016
Descargas 3
Subido por

Descripción

Apuntes elaborados personalmente combinando las explicaciones de clase con los manuales. Muy claros y bien organizados.

Los temas marcados con una (i) son los más importantes de cara a examen.

Vista previa del texto

TEMA 1: CONCEPTO MATERIAL DE DERECHO PENAL 1) CONTROL SOCIAL Y DERECHO PENAL El derecho penal forma parte de un sistema de control social, es un subsistema. El control social es una condición básica e indispensable para la convivencia de una comunidad.
 ¿Cómo opera el control social? Su principal fin es asegurar la convivencia, y para ello se establecen en las sociedades unas normas vinculantes que deben ser respetadas por los miembros de esa comunidad. Por tanto, supone un proceso de comunicación entre los miembros de la comunidad que se consuma en una relación de carácter estructural que en la sociología recibe el nombre de "expectativa".
Esta expectativa se deriva de un conjunto de normas. Ej. Las normas de tráfico pretenden garantizar la seguridad.
Uno confía en que los demás van a pararse si el semáforo está en rojo.
Sin embargo, en ocasiones, estas expectativas resultan frustradas por muy distintas razones, y hay que plantearse la forma de canalizar esas frustraciones. Para ello, el sistema utilizado es la sanción, que es la declaración de que se ha frustrado una expectativa y se reacciona frente a ella. La sanción estabiliza la expectativa y confirma la vigencia de la norma.
En toda sociedad hay normas sociales que regulan la convivencia y que en conjunto forman el control social. Sin embargo, históricamente este sistema ha sido insuficiente, por lo que surge la necesidad de buscar otro tipo de normas (normas jurídicas) más precisas, no sólo con una sanción moral, sino jurídica, que forman el ordenamiento jurídico.
De ese conjunto, una parte de esas normas se ocupan de las conductas que atentan más gravemente contra esas normas, a las que hace frente con el instrumento más duro y eficaz, que es la pena.
Dentro de las normas jurídicas se encuentran las normas jurídico-penales, que también constituyen un sistema de expectativas. Por ello decíamos que el derecho penal es un subsistema del sistema de control social, ya que persigue los mismos fines y emplea los mismos instrumentos.
 ELEMENTOS BÁSICOS DEL CONCEPTO MATERIAL DE DERECHO PENAL: 1. El derecho penal tiene una virtualidad limitada en el cumplimiento de sus objetivos, ya que es un subsistema de un sistema mucho más amplio, y si se desliga de los otros subsistemas pierde su capacidad para garantizar el cumplimiento de las normas aunque emplee los medios sancionatorios más duros, por ejemplo, cuando el derecho penal se desliga de los valores.
2. El derecho penal tiene como función garantizar los presupuestos esenciales para la convivencia.
3. Lo que realmente diferencia al derecho penal de otros subsistemas del control social es su mayor grado de formalización:  Están previstas las conductas que son punibles y la sanción que se aplican en caso de que se infrinjan (predeterminación).
 Hay una serie de reglas básicas que forman el proceso.
 Con ello se trata de evitar la arbitrariedad, la sorpresa y la subjetividad de un juez.
1 2) CONTENIDOS DE TUTELA DEL DERECHO PENAL La propia naturaleza del derecho penal determina 4 principios que deben informar todo el ordenamiento penal y sirven como límites políticos (que están por encima del legislador) y de racionalidad.
Este conjunto de principios se llama principios de protección, y determina cuáles son los contenidos que tiene que tutelar el derecho penal. Estos principios son: A. Principio de lesividad: la sociedad debe proteger colectivamente frente a conductas que afecten a necesidades de convivencia social externas (hacer frente a conductas socialmente dañosas).
La exigencia de dañosidad social es un presupuesto para que una conducta pueda ser castigada penalmente.
En algunos casos, cuando la conducta no lesione los proyectos vitales de los demás, no es necesaria la intervención penal.
B. Principio de fragmentariedad: el derecho penal se percibe en la sociedad como un instrumento de control social para hacer frente a las conductas gravemente dañosas. Este principio se divide en otros dos:  Se especializa en proteger los presupuestos esenciales de la convivencia.
 Se especializa en proteger los ataques más graves a los presupuestos esenciales.
C. Principio de interés público: los comportamientos frente a los que tiene que intervenir el derecho penal deben afectar al sistema social en su conjunto. Ello implica dos exigencias:  Se tiene q tratar de conductas que trasciendan al conflicto entre autor y víctima. Cuando tengan efectos que se puedan extenderse y tener graves consecuencias si no se aplican medidas.
 El conflicto debe ser socialmente dañoso para los intereses generales o públicos.
D. Principio de correspondencia con la realidad: exige que toda conducta gravemente dañosa para los intereses públicos en el mantenimiento de una convivencia social externa tiene que ser constatada mediante las ciencias empírico-sociales.
E. Principio de subsidiariedad: condiciona la intervención del derecho penal a que éste ofrezca una razonable eficacia en la tutela de los intereses públicos. Ello se concreta en 3 exigencias:  No se emplea el derecho penal cuando se disponga de otros medios más eficaces de tutela de esos intereses.
 No se emplea el derecho penal cuando se disponga de otros medios de eficacia equiparable al derecho penal pero con menor incidencia en los derechos individuales de los ciudadanos.
 No se emplea el derecho penal por el mero hecho de que otros medios no sean eficaces.
La ejecución de la tutela a partir de estos principios precisa de unos instrumentos técnico-jurídicos. Los más importantes son el concepto de bien jurídico y la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos.
1. El bien jurídico se presenta como un instrumento para concretar los presupuestos esenciales para la convivencia. Para ello, el derecho penal elabora un catálogo de bienes que tienen que tener dos cualidades:  Que se ajusten esos bienes a los principios de protección.
 Que simultáneamente sean bienes capaces de configurar en su entrono unos preceptos legales que describan conductas que lesionen o pongan en peligro la convivencia.
2 Este concepto es irrebasable, y por ello se habla del dogma del bien jurídico protegido. Ello quiere decir que si una conducta no lesiona un bien jurídico, es decir, no atenta contra los principios básicos de la convivencia, el derecho penal no está legitimado para actuar.
Los titulares de los bienes jurídicos pueden ser:    Los individuos, como por ejemplo la vida, la integridad física, el patrimonio, etc.
La sociedad, como el medio ambiente.
El Estado.
Sin embargo, el Estado es el único que puede imponer sanciones, es el único que tiene el derecho a penar.
El concepto de bien jurídico es un concepto material, no ideal, ya que alude a realidades sociales. No obstante, también tiene un componente ideal, un juicio de valor positivo que hace la sociedad de ese bien jurídico y que lo sitúa dentro de un orden valorativo de las realidades sociales. Así se estima que el mantenimiento de la vida de las personas es más importante que el de su patrimonio.
 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BIENES JURÍDICOS: ¿qué juicios de valor debemos tener en cuenta para establecer los presupuestos básicos para la convivencia, los bienes jurídicos a proteger? a. Criterios ideales explícitos: algunos autores afirman que hay que acudir a criterios ético-objetivos, con carácter más o menos inmutable, y válido para todas las situaciones. Ej. Moral católica. La crítica que se le ha hecho a estos criterios es que no tienen en cuenta la relatividad de los valores en la sociedad democrática.
b. Criterios de personificaciones ideales: estos autores se niegan a acudir a una norma de valor basada en la naturaleza humana y que sea válido en todas las circunstancias. Afirman, en cambio, que hay que acudir a lo que en cada sociedad una persona media considera qué tiene que ser castigado penalmente y qué bienes tienen que ser protegidos. El problema está a la hora de determinar quién es una “persona media o normal”.
c. Criterio científico: afirma que hay que acudir a las realidades científicas. Hay que prestar atención a los resultados de una serie de investigaciones propias de disciplinas extrajurídicas. Sin embargo, este criterio tampoco es válido. Se le ha criticado que también esconde una determinada imagen de la sociedad y contradice los principios de una sociedad democrática, pluralista, en la que se entiende que los ciudadanos son personas autoresponsables y críticas. No es un criterio de concreción de los bienes jurídicos, sino que tiene carácter instrumental. Su ámbito de actuación es previo: pone de manifiesto una realidad social para después decidir mediante juicios de valores si ésta debe ser castigada o protegida.
d. Criterios constitucionales: considera que es en la norma constitucional donde ya se ha tomado la decisión de lo que deben ser bienes jurídicos protegidos. El legislador ordinario solo tiene que explicitarlos de manera adecuada. Este criterio también ha sido criticado porque ignora la complejidad y los cambios de las sociedades actuales, y la pluralidad de los grupos a los que tiene que hacer frente el derecho penal.
e. Criterio democrático o de las convicciones generales: son las mayorías sociales amplias las que deben determinar toda decisión política criminal. Es el criterio más coherente con las sociedades democráticas. Este criterio es susceptible de dos modos de utilización:  Pauta de las opiniones mayoritarias: llegamos a la restricción del pluralismo y de la libertad personal, ya que se imponen juicios de valor a las minorías.
3  Pauta de las opiniones medias: se exige casi unanimidad. Se han de penar aquellas conductas en que todas las corrientes de opinión significativas de la sociedad coincidan en que deben ser castigadas. Para averiguar la opinión media de la sociedad se emplea el método demoscópico.
2. La lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos: El derecho penal puede intervenir:   Una vez que la conducta ha dañado el bien jurídico: supuesto de lesión del bien jurídico.
Previamente, cuando existe un peligro de que cause tal daño.
La decisión está en función de diversos factores:    La importancia del bien jurídico.
La configuración de las conductas que pueden producir el daño al bien jurídico.
La alternativa más eficaz: actuar antes o después.
Se distinguen así entre delitos de lesión y delitos de peligro.
3) EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DEL DERECHO PENAL: LOS PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD El derecho penal previene la lesión o la puesta en peligro de sus bienes jurídicos incidiendo sobre las personas responsables o susceptibles de ser responsables de tales daños o riesgos. Por tanto, el derecho penal está obligado a respetar los criterios socialmente vigentes de atribución de responsabilidad, que se plasman en los principios de la responsabilidad. Estos son:      o Principio de certeza o seguridad jurídica.
Principio de responsabilidad por el hecho, que se subdivide en: no se castiga por el mero pensamiento (sino solo por el hecho) e impunidad del plan de vida.
Principio de imputación personal, dividido en los principios de imputación objetiva y subjetiva.
Principio de reprochabilidad.
Principio de jurisdiccionalidad.
El desarrollo del sistema de responsabilidad a partir de esos principios exige la utilización de determinados instrumentos técnico-jurídicos: A. Norma jurídico-penal: es el instrumento jurídico-penal imprescindible para:  Identificar los bienes jurídicos que deben ser protegidos penalmente.
 Cuáles son las bases del sistema de exigir responsabilidad penal.
Estas normas pueden ser de dos clases:   Prohibiciones: mediante la norma se prohíbe una acción dirigida a lesionar o poner en peligro bienes jurídicos.
Mandato: ordena realizar determinadas acciones para evitar la lesión o la puesta en peligro de bienes jurídicos.
4 Estas normas son de determinación, porque determinan si hay que realizar o no una conducta (juicio positivo). El concepto de norma y las bases de la teoría del delito parten de la doctrina de Binding y A.Kaufman, que definieron la norma como el precepto jurídico independiente, obligatorio, en la forma de un mandato o prohibición, sin referencia alguna a las consecuencias jurídicas.
Toda norma lleva implícito 3 juicios: o o Juicio de valor positivo: se valora positivamente una determinada situación y se convierte en bien jurídico.
Dos juicios negativos: respecto a los resultados de la lesión de tales bienes o sobre las conductas tendentes a lesionarlos.
Ello no altera su carácter de normas de determinación. La aceptación de las normas como de determinación permite comprender los preceptos permisivos, que no son mandatos o prohibiciones, sino que son autorizaciones para realizar conductas generalmente prohibidas u ordenadas.
B. Delito:   Desde un punto de vista material sería una conducta que lesiona o pone en peligro los presupuestos esenciales para la convivencia.
Pero desde un punto de vista analítico, en el que se trata de configurarlo como un instrumento técnico-jurídico, se define el delito como un injusto culpable. “Injusto” significa que constituye la infracción de una norma. Por tanto, los elementos que constituyen lo injusto son dos:  Desvalor de acción: que se pueda hacer una valoración negativa sobre la conducta que lesiona los presupuestos de la convivencia. En el homicidio, tiene que haber la intención de matar a alguien.
 Desvalor de resultado: que se pueda valorar negativamente los resultados de esa conducta. Ej. El resultado de muerte.
Por otra parte, que el injusto sea “culpable” significa que tiene que ser una conducta reprochable personalmente a un sujeto, que ocurre cuando una persona pudiendo actuar conforme a lo que dice la norma, actúa en contra de ella.
Ej. No será reprochable un asesinato a un menor de 4 años o a una persona en estado de enajenación mental, ya que no constituye un delito, porque no conocen la norma ni son capaces de dirigir su voluntad en ese sentido.
4) LAS REACCIONES SANCIONADORAS DEL DERECHO PENAL La decisión de emplear el derecho penal para hacer frente a las conductas que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos que antes hemos señalado, supone optar por uno de los subsistemas de control social más enérgicos, ya que cuenta con las sanciones más graves o duras de las que dispone el Estado.
El fundamento de esta decisión se encuentra, por un lado, en la importancia de los objetivos de tutela, de lo que se trata de proteger, y en segundo lugar por el carácter subsidiario que tiene el derecho penal. Solo entrará en juego siempre que no haya otro instrumento eficaz para hacerlo.
Ese conjunto de penas que va a utilizar el Estado tiene que adecuarse a los límites socialmente acordados de ejercicio de poder para mantener el orden social. Estos límites vienen recogidos en los principios de la sanción, que son los siguientes:  Principio de la humanidad de las penas y otras reacciones penales: significa que se impide el uso de determinadas sanciones penales o el uso de determinadas formas de ejecutarlas, por ser contrarias a la dignidad de las personas humanas. Este principio tiene un carácter incondicionado, que se va a aplicar con independencia de la gravedad de los daños causados y de la gravedad de la responsabilidad por el comportamiento realizado.
5   Principio teleológico o de los fines de las penas: trata de identificar cuáles son los efectos socialmente aceptables que las penas pueden producir.
Principio de proporcionalidad de las penas y otras reacciones penales: el mal que se produce con la sanción penal tiene que guardar relación con la gravedad del daño causado con la conducta delictiva y con la responsabilidad establecida. Garantiza la coherencia entre las necesidades de tutela y la graduación de la responsabilidad personal, y con la aflicción que las reacciones penales causan en virtud de su naturaleza, intensidad o efectos socio personales desencadenados.
Este principio tiene que desarrollarse tanto en un plano:  Abstracto: a la hora de que el legislador impone que pena imponer a un determinado delito en la ley.
 Concreto: el juez, a la hora de aplicar esa pena.
INTRUMENTOS TÉCNICO-JURÍDICOS DE LA SANCIÓN: el derecho penal se sirve de ellos para materializar las reacciones sancionadoras. Son dos: A. LA PENA: es la más antigua consecuencia jurídica del delito, así como la más importante. El aspecto más importante y debatido a lo largo de la historia es el de encontrar un fundamento teórico para que el Estado pueda imponer una pena. En primer lugar, ya hemos visto que el Estado tiene derecho de emplear el control social para proteger los presupuestos básicos de la convivencia, pero nadie ha justificado que pueda hacerlo mediante una pena. La fundamentación de la pena gira en torno a los distintos efectos socio-personales que se derivan de ella, es decir, los fines de la pena. Con la pena se consiguen unos efectos útiles para la sociedad, como por ejemplo, evitar que se produzcan próximos delitos.
Ahora la cuestión se centra en determinar los fines que debe cumplir una pena, y las respuestas que se han dado al respecto se agrupan en 3 teorías:  Teorías absolutas de la pena: encuentran la justificación de la pena exclusivamente en el delito cometido. Por ello afirman que la pena es retribución, es decir, imposición de un mal al sujeto por el delito cometido. En esto se agota y termina la función de la pena. Los efectos de la pena quedan desvinculados, son ajenos. Estos autores aparecen con el idealismo alemán, y los más importantes son: 1. Kant: Kant elabora la teoría de la retribución moral. Afirmó que es la propia idea de justicia la que exige que se aplique una pena cada vez que se comete un delito. Por tanto, la pena es una necesidad ética. Y refleja un imperativo categórico: se debe actuar según la máxima que uno querría ver convertida en ley general. Aunque una sociedad estuviera a punto de disolverse, las penas pendientes de ejecución deben ser aplicadas, ya que los delincuentes deben recibir la pena que se merecen.
2. Hegel: elabora la teoría de la retribución jurídica, siguiendo su fórmula dialéctica de tesis, antítesis y síntesis: la pena es la negación del delito y como tal la afirmación del Derecho. Hegel da un paso más que Kant y afirma que la pena no es solo un mal, sino la restauración ideal de un orden jurídico infringido. Con la pena se restablece la concordia. Además, si se le aplica la pena al delincuente se le trata como ser racional.
Los representantes de las teorías absolutas afirman que si se justificase la pena por sus efectos preventivos, se estaría utilizando al delincuente como un instrumento para conseguir fines sociales, lo que es contrario a la dignidad humana. Estas teorías nunca han encontrado seguidores dentro de la doctrina penal española, ni han sido recogidas en las legislaciones positivas. Incluso se ha sostenido que esa aplicación es inconstitucional.
6  Teorías relativas de la pena: entienden la pena como un medio para obtener fines útiles. La pena se justifica porque es necesaria para prevenir que se cometan delitos futuros. Estas teorías se han dividido a su vez en otras dos: TEORÍAS DE LA PREVENCIÓN GENERAL 1. Teorías de la prevención general intimidatoria o negativa: ven el fin de la pena en la intimidación de la generalidad de los ciudadanos para que se aparten de la comisión de delitos. Se le debe a Feuerbach, quien formuló la teoría de la coacción psicológica, según la cual compete al Estado la tarea de impedir la comisión de delitos, y para ello recurre a medios psicológicos. Esos medios son las amenazas de penas que desde las leyes penales se dirigen a todos los ciudadanos. Esta amenaza actúa en la mente del ciudadano como un freno del motivo que le inclina a cometer delitos.
2. Teorías de la prevención general positiva o integradora: se caracteriza porque atribuye a la pena efectos positivos de fomento y robustecimiento social de la conciencia jurídica de la norma. La pena tiene como función demostrar la inviolabilidad del ordenamiento jurídico ante la comunidad jurídica y reforzar la confianza del pueblo en la norma.
TEORÍAS DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL: consideran que la pena es un medio con el que se procura evitar la comisión de delitos, pero a diferencia de la prevención general, los delitos a evitar son los que pudieran provenir del sujeto al que ya se le ha impuesto una pena. Pretende evitar que un sujeto vuelva a delinquir en el futuro. Se distingue de la teoría general en varios aspectos: 1. La pena sirve como advertencia o intimidación individual frente a aquel sujeto que ocasionalmente comete un delito.
2. Sirve como corrección, para reeducar a aquel sujeto que se ha corregido.
3. Sirve para la separación o inocuización cuando se trata de un sujeto que es incorregible.
 Teorías unitarias o mixtas: reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de perseguir al mismo tiempo fines de prevención general y de prevención especial. Dentro de estas teorías encontramos diferencias entre los distintos autores. Nos centramos en la teoría de los fines de la pena según Cerezo Mir, quien afirma que la pena encuentra su justificación en el delito cometido, pero también en la necesidad de evitar delitos en el futuro. Por tanto, la pena tiene que ser justa (proporcional al delito) y necesaria para el mantenimiento del orden social.
 La pena se dice que es justa en cuanto se entiende como retribución, pero no entendido como compensar el mal cometido con el delito (no se compensa un mal con otro mal), sino que la retribución se entiende aquí como la reafirmación del ordenamiento jurídico que ha sido infringido. De aquí surge el principio de proporcionalidad de la pena y el delito, ya que si a una persona se le impone una pena más grave que el delito que ha cometido por razones de prevención general, se le utiliza como un instrumento, y ello es contrario a la dignidad humana (ej. Una persona comete un delito leve, pero para evitar que los demás cometan ese mismo delito, esa persona cumple una pena más grave de lo que le corresponde). En cambio, si se le impone una pena más grave que el delito cometido por razones de prevención especial, no sería contrario porque no se le trata como un instrumento, sino que él mismo sería el fin (se pretende evitar que cometa futuros delitos) (ej. Una persona comete un delito de abuso sexual, y es muy probable que lo vuelva a cometer con frecuencia en el futuro, por lo que desde el principio de inocuización, se le encierra durante más tiempo para reeducarlo).
7  Por otra parte, la pena ha de ser necesaria, por lo que se puede imponer una pena menor o incluso suprimir la pena (o al menos suspenderla durante un periodo de tiempo durante el cual el delincuente tiene la oportunidad de seguir unas normas de conducta. Ej. Rehabilitarse de la drogodependencia e integrarse de nuevo en la sociedad) cuando la pena no va a cumplir fines de prevención general ni especial, es decir, si no es necesaria para el mantenimiento del orden social.
Tesis de Díez Ripollés: Sobre delincu entes reales reallesr eales - La pena se fundamenta por los efectos socio personales que se quieren conseguir con ella, pero para conseguir esos efectos hay que cumplir dos principios: el de proporcionalidad y el de la humanidad de las penas. Partimos de una teoría unitaria.
- Los efectos socio personales legítimos que puede perseguir la pena pueden ser: 1. Inocuización del delincuente: - con la pena se persigue prevenir directamente la comisión de delitos.
- Incide, por tanto, sobre delincuentes reales, es decir, que ya ha cometido un delito (no tiene efectos sobre los demás). Lo que se hace es impedirle materialmente la comisión de delitos en el futuro.
- Se realiza en la fase de ejecución de la pena. Ej. Cuando se trata de una pena de prisión, durante el tiempo que esté encerrado no podrá cometer un delito, ya que se trata de una persona incorregible.
2. Resocialización del delincuente: - la pena va dirigida directamente a evitar que se cometan delitos futuros.
- Incide sobre un delincuente real, tratando de alterar sus pautas de comportamiento, que son el origen del delito.
- Se realiza en la fase de ejecución de la pena. Ej. Pena de prisión o de trabajos para la comunidad: puede ser un tratamiento para el sujeto.
3. Intimidación del delincuente: - también persigue la comisión directa de delitos.
- Incide sobre delincuentes reales, incidiendo en el proceso motivacional del sujeto para que al tomar la decisión de cometer un delito, el sujeto se frene.
- Se pretende lograr tanto en el momento de la imposición de la pena como en el de la ejecución de la pena.
8 Sobre delincu entes potenciales reallesr eales 4. Intimidación de posibles delincuentes: - también se previene de manera directa la comisión de delitos.
- Sin embargo, en este caso se incide sobre delincuentes potenciales, es decir, sujetos que todavía no han delinquido pero que se están planteando hacerlo. Con la pena se aspira a suscitar en estos ciudadanos unas representaciones mentales que frenen la decisión de cometer el mismo delito que el que ha cometido el delincuente real.
- Este efecto puede lograrse en las 3 fases: en la conminación, imposición y ejecución de la pena.
5. La socialización de posibles delincuentes: - por primera vez se previene la comisión de delitos de manera indirecta, ya que es a partir de corregir socializaciones defectuosas que son las que pueden llevar a cometer delitos (ej. Sujetos que no han sido educados para respetar los presupuestos esenciales de la convivencia).
- Se incide sobre ciudadanos que no se han planteado delinquir, pero que tienen dificultades para identificar correctamente los presupuestos esenciales para la convivencia. La forma de incidir es suscitando en esas personas unas representaciones mentales que vienen a consolidar esas pautas de comportamiento que son respetuosas con dichos presupuestos.
- Se puede lograr en las 3 fases de la pena: en la conminación, imposición y ejecución de la pena: en todas ellas el ciudadanos va a percibir que ante ciertas conductas se emplea por parte del Estado el medio de intervención más duro, que es el derecho penal, lo que le lleva a interiorizar esos valores.
6. La confirmación del orden social básico en ciudadanos con capacidad delictiva: - se previene la comisión de delitos mediante la prevención de la desorganización social (pretende que no se pierdan las pautas sociales básicas).
- Incide sobre ciudadanos que no se han planteado delinquir, pero que la ausencia de sanción puede suscitar en ellos comportamientos delictivos, al pensar que esa norma ya no está vigente y que se puede realizar esa conducta. Por tanto, se aspira a confirmar el orden social básico y sus contenidos.
- Este efecto se produce en todas las fases de la pena y en el conjunto de los ciudadanos.
En cuanto a nuestra Constitución, la opinión más generalizada es que el art.25.2 no realiza un planteamiento general de lo que son los fines de la pena, sino que se refiere únicamente a los fines que ha de cumplir la pena privativa de libertad y en un momento concreto, que es la fase de ejecución de la pena. Lo que recoge es un derecho del recluso de que la pena esté orientada a la reeducación y reinserción social, pero no incluye otros fines de la pena. El Tribunal Constitucional también se ha señalado en el mismo sentido.
Por otro lado, el Código Penal parte de una teoría unitaria de la pena, como queda apuntado en la Exposición de motivos. Sin embargo, hay una excesiva potenciación de lo que es la prevención general, por ejemplo en lo que es la duración de la pena. Desde el punto de vista de la prevención especial, se ha destacado como un acierto de este código los siguientes puntos:     Se suprimen las penas privativas de libertad inferiores a 3 meses, ya que no son útiles para la reinserción del delincuente, e incluso se consideran contrarias.
La posibilidad de sustituir las penas de prisión inferiores a 2 años por una multa o trabajos en beneficio de la comunidad.
La posibilidad de suspender la ejecución de penas concretas de prisión de hasta dos años, incluso cinco años en drogodependientes.
La posibilidad de sustituir la pena de prisión que lleva consigo el impago de una multa por la localización permanente o trabajos para la comunidad.
9 Por otra parte, se critican 2 aspectos:   Una reforma del 2003 incluyó otra vez la pena de prisión entre 3 y 6 meses.
El hecho de que el sujeto que haya sido condenado por varias penas no pueda pasar a tercer grado hasta que no haya cumplido la mitad de la condena.
B. LA MEDIDA DE SEGURIDAD: Es la segunda consecuencia jurídica que se deriva de un delito. A diferencia de las penas, estas medidas se orientan exclusivamente a la prevención especial en sus 3 aspectos: intimidación, corrección o inocuización.
En cuanto a su ámbito de aplicación, las medidas de seguridad se dirigen en principio a los delincuentes peligrosos, en cuyo caso la pena justa es insuficiente para hacer frente a la peligrosidad que presenta el sujeto. Se piensa fundamentalmente en los llamados delincuentes de estado o condición.
Su fundamento es la peligrosidad criminal, es decir, la posibilidad de que el sujeto vuelva a delinquir en el futuro. Por tanto, la duración de la medida vendrá determinada por la peligrosidad que presente el sujeto. De ello se deriva que las medidas de seguridad solo deben aplicarse en los casos en que los fines de prevención especial no pueden alcanzarse con la pena justa. Ej. Si nos encontramos ante un caso de asesinato llevado a cabo por una persona con deficiencias mentales, a pesar de la estancia en prisión, existen muchas posibilidades de que vuelva a delinquir en el futuro, por lo que se añaden las medidas de seguridad.
En cuanto a las clases de peligrosidad, históricamente se venía confundiendo lo que era peligrosidad criminal y la peligrosidad social.
  Peligrosidad criminal: existe la posibilidad de que la persona pueda llegar a cometer en el futuro una conducta delictiva.
Peligrosidad social: cualidad de una persona que lleva a cabo conductas asociales. Posibilidad o realidad de que una persona sea o pueda llegar a ser un marginado, parásito o persona incómoda para el resto de la sociedad. En estos casos se acepta hoy en día que se le haga frente con medidas de carácter social, y no ya con medidas de seguridad, como se hacía antiguamente (se encerraba en prisión a vagabundos y prostitutas).
Antiguamente se aplicaban:   Medidas de seguridad pre-delictuales: se establecen medidas de seguridad a un peligroso criminal pero que todavía no ha cometido un delito.
Medidas post-delictuales: se aplican a un peligroso criminal que ya ha cometido un delito.
El Tribunal Constitucional estableció que:   No se podían establecer a los peligrosos sociales medidas de seguridad.
Es inconstitucional establecer medidas de seguridad de carácter predelictual.
Atendiendo a la regulación del Código Penal, el supuesto de hecho que puede dar lugar a medidas de seguridad requiere:   Que el sujeto esté comprendido en una categoría de persona como un inimputable o un semi-imputable (se excluye de ellas a los delincuentes habituales).
En ese sujeto debe poderse apreciar la peligrosidad mediante la comisión de un hecho delictivo.
10 La medida de seguridad tiene que ser proporcional a la gravedad del delito cometido y a la peligrosidad criminal, por lo que un límite importante de estas medidas es que no puede resultar más gravosa ni de mayor duración que la pena que correspondería abstractamente a esa persona por el hecho cometido.
El sistema de reacciones penales que establece el Código penal es dualista: pena y medidas. Sin embargo, en la práctica aparece como un sistema monista, ya que cuando concurre una pena y una medida de seguridad se sigue el sistema vicarial, que significa que quien sea castigado con esas dos sanciones tendrá que cumplir primero la medida de seguridad, y su duración se computa como tiempo de cumplimiento de la pena. Si a pesar de computar este tiempo le queda por cumplir una parte, se puede: - Suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma.
O sustituirlo por una medida de seguridad que no sea una pena privativa de libertad.
11 ...

Comprar Previsualizar