Generalidades del Derecho Procesal Civil (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Procesal Civil
Año del apunte 0
Páginas 27
Fecha de subida 03/06/2014
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TEMA 1. GENERALIDADES DEL DERECHO PROCESAL Vivimos en una sociedad en la cual, por la convivencia, surgen conflictos. Existen 4 mecanismos, según una clasificación doctrinal, para la resolución de conflictos: - Autotutela (autodefensa) es típico de las sociedades primitivas. Ojo por ojo y diente por diente.
Significa tomarse la justicia por su propia mano. Para evitar la autotutela se deben: tipificar los delitos, tipificar como delito la realización arbitraria del derecho y reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva. Siempre intervienen dos sujetos y uno de ellos se interpone por encima del otro.
- Autocomposición  también hay dos sujetos, que se encuentran en un plano de igualdad. Existen 4 métodos: 1. Desistimiento  una persona reclama 1000 euros y deja de hacerlo. Desistes en la reclamación, pero no renuncias al derecho que tienes. Se desiste en un momento, más tarde se puede volver a reclamar 2. Renuncia  se renuncia al derecho. Ejemplo: la condonación 3. Allanamiento  la parte demandada es la que se allana. Reconoce que debe 1000 euros y paga.
Se reconoce el derecho y se cumple 4. Transacción  las partes negocian y llegan a un acuerdo. Te debo 1000 euros pero te pago 500 euros. Es un mecanismo típico en épocas de crisis.
- Heterocomposición  intervienen tres sujetos. Son métodos heterocompositivos para la resolución de conflictos. Un tercer sujeto ayuda para que las partes lleguen a un acuerdo. El tercero se sitúa en un plano de igualdad entre las partes. Propone soluciones pero no impone nada.
1. Mediación  se intenta aproximar a las partes 2. Conciliación  además de mediar e intentar aproximar a las partes, el tercero propone soluciones. Existe la conciliación intraprocesal (dentro del proceso) y preventiva o extraprocesal (anterior al proceso) - Heterotutela  se encuentran tres sujetos, pero el tercero se sitúa siempre por encima de las partes.
Es decir, éstas se someten a un tercero que resolverá el conflicto e impondrá la solución. Son el arbitraje y la vía jurisdiccional (jurisdicción) 1. Arbitraje  es para materias de libre disposición para las partes, sobre derecho privado (derecho civil). La ley que lo regula es la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, modificada en 2011 para favorecer la utilización de este mecanismo a los ciudadanos. El sujeto que se sitúa por encima o tercero recibe el nombre de árbitro. Para poder acudir a esta vía es necesario que exista entre las partes un convenio arbitral que bien puede realizarse antes del conflicto (se firma un contrato y se establece que en caso de controversia quedarán sometidos a arbitraje) o bien después del conflicto. El árbitro dictará un laudo arbitral que se puede ejecutar ante la jurisdicción civil y es un título ejecutivo. El árbitro puede adoptar medidas cautelares para intentar asegurar la eficacia en el supuesto de una eventual sentencia estimatoria. Deben ser idóneas y proporcionadas. La ventaja del arbitraje es que la resolución llega en un tiempo breve i el procedimiento viene regulado por la ley en defecto de que las partes no hayan establecido otro. La desventaja es que se trata de derecho privado y, por lo tanto, no es gratuito. Ejemplo clásico  las multinacionales, les interesa la brevedad (6 meses) y que la noticia no se filtre. Contra el laudo no cabrán recursos pero sí cabrá la acción de anulación del laudo arbitral (no es considerada recurso porque no se revisará el contenido del laudo, si no que únicamente atiende a cuestiones formales) FUENTES DEL DERECHO PROCESAL El artículo 1 del CC establece, las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
Existen dos tipos de normas: - - Normas procesales  normas que regulan el proceso. Es un mecanismo puesto a disposición de las partes para resolver el asunto. Ejemplo  LEC 1. Normas procesales orgánicas: regulan los órganos jurisdiccionales, los jueces y magistrados 2. Normas procesales procedimentales: regulan el procedimiento 3. Normas procesales materiales: regulan determinadas instituciones procesales. Ejemplo: la litispendencia, cosa juzgada, etc.
Normas materiales  hacen referencia a la cuestión de fondo. Ejemplo  CC Las fuentes del derecho procesal son: - - - - Constitución  es la norma suprema del ordenamiento jurídico y es la principal fuente del derecho procesal Ley  en caso de ser orgánica desarrolla derechos fundamentales y en caso de ser ordinaria, el resto.
El art. 122 de la CE establece que la constitución, organización y funcionamiento de los Tribunales lo regulará la LOPJ. Es decir, se trata de un mandato del legislador de que debe ir por LO, como también el estatuto de jueces y magistrados y del personal al servicio de la Administración de Justicia. La ley que regula los procesos será ley ordinaria (Ejemplo: LEC, LECr, etc).
Costumbre  no puede crear un tribunal y se puede considerar que no es fuente del derecho procesal. No se considera porque todo debe estar regulado por ley ordinaria o ley orgánica. Aun así, pueden existir tribunales consuetudinarios reconocidos en la propia CE. Existe el uso forense que se trata de prácticas concretas que se llevan a cabo en los tribunales, es decir, prácticas diarias en estos juzgados o tribunales.
Principios generales  hay quien los considera fuentes del derecho procesal, pero no pueden crear tribunales ni establecer un plazo de contestación a la demanda, por ejemplo. Quien sí los considera fuente se ampara en el hecho de que vienen recogidos en el art. 1 del CC.
Jurisprudencia  no es considerada fuente del derecho procesal a pesar de complementar al ordenamiento jurídico.
Derecho comunitario  toda normativa que emane de la UE sí que es fuente.
Tratados internacionales  al ser publicados en el BOE pasan a ser una ley ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL - Ámbito espacial  es allí donde son eficaces las normas procesales en España. Emanan del Parlamente y se aplican en todo el territorio español. El art. 149.1.6 CE establece que la legislación procesal es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de que las CCAA puedan legislar conforme a sus especialidades y a su derecho sustantivo o material y derecho especial que puedan tener - (derecho civil foral). Por lo tanto, se deduce que no solo el Estado, si no que las CCAA también tienen competencia, aunque ésta sea mínima. Puede darse la situación de que algo deba notificarse en el extranjero, es decir, pedir auxilio judicial en el Estado donde se quiere llevar a cabo un acto jurisdiccional. Estas actuaciones, por lo tanto, se llevarán a cabo por otra normativa Ámbito temporal  en derecho procesal se aplica siempre la norma vigente en cada momento. Si la ley que entra en vigor establece en sus disposiciones transitorias que aun regirán disposiciones de la ley derogada, para no crear disfunciones y que por lo tanto, finalice al menos en una primera etapa con la ley que se ha iniciado. Ejemplo: entra en vigor la LEC de 2000 y establece en sus disposiciones que hasta dictar sentencia en todos los procedimientos empezados seguirá en vigor la LEC de 1881, a partir de esta primera etapa, toda la etapa de recursos se regirá por la ley en vigor, la de 2000, todo ello para no crear disfunciones.
JURISDICCIÓN Es la declaración del derecho al caso concreto y de forma irrevocable. La característica de irrevocabilidad es su característica básica y la diferencia del resto de poderes del Estado. Mediante la irrevocabilidad se consigue la cosa juzgada.
Existen dos tipos de resoluciones: - Firmes  aquellas contra las cuales no cabe recurso alguno, bien porque la ley no lo establece o bien porque ha transcurrido el plazo legalmente previsto para ello.
Definitiva  aquellas que resuelven en primera instancia o resuelven recursos contra estas resoluciones. Contra estas sí que cabe recurso Pasar en autoridad de cosa juzgada (solo las sentencias firmes) deviene dos efectos principales: - Efecto Efecto positivo o prejudicial  cualquier órgano que vaya a conocer de un asunto distinto debe de pasar o estar por lo que se ha dicho en esa sentencia. Cualquier sentencia firme debe ser cumplida y acatada por cualquier órgano jurisdiccional. Hay que pasar por aquello que ya se ha juzgado.
Existen 2 tipos de cosa juzgada: - Cosa juzgada material  se dan dos efectos (positivo y negativo) Cosa juzgada formal  una vez el juez ha dictado sentencia, no puede variar la resolución dictada, ésta será invariable.
Para que haya cosa juzgada se deben dar tres identidades: - Objeto Sujeto Causa de pedir El momento de emisión de la sentencia es el momento en que se produce el juicio jurisdiccional, cuando un juez va a resolver, se dice que debe realizar 3 tipos de juicios distintos: - Juicio histórico  se compara al órgano jurisdiccional con un historiador. Desarrolla los hechos a partir de la práctica de la prueba Juicio lógico  interpretación de la ley aplicada a esos hechos - Juicio de valor  aunque no se debería, valores y principios de quien resuelve se plasman en la sentencia. Contra estos juicios nace la figura del recurso Existen 3 principios o garantías básicas de la jurisdicción: - Principio de igualdad jurisdiccional Principio de unidad  puede analizarse desde el punto de vista de la organización y desde el punto de vista del funcionamiento de los tribunales  Desde el punto de vista de la organización  deben existir unos Tribunales ordinarios, aquellos que prevé la LOPJ, y por lo tanto solo puede existir un cuerpo único de jueces y magistrados y deben tener un estatuto propio regulado en la propia ley. Deben ser técnicos, licenciados en derecho y que hayan realizado oposición de carrera (excepto juez de paz). Por el contrario, se permite la existencia de Tribunales especiales previstos en la CE, tales como el Tribunal de las aguas de la vega de Valencia, la Jurisdicción militar, Tribunal de Cuentas, Consejo de los Hombres Buenos de Murcia (conflictos de regadío).
Con todo ello, se debe diferenciar entre: 1. Órganos jurisdiccionales con competencia general, como son los juzgados de primera instancia, es decir, estos pueden conocer de todo tipo de asuntos 2. Órganos jurisdiccionales con competencia especializada. Como son los Juzgados de Familia o de lo Mercantil. Conocen dentro del orden civil de cuestiones especializadas 3. Órganos jurisdiccionales con competencia especial. El claro ejemplo es la Audiencia Provincial que conoce de determinados delitos Se prohíben en todo caso los Tribunales de excepción, es decir, aquellos que se crean para juzgar un asunto en concreto.
 Desde el punto de vista del funcionamiento  los órganos jurisdiccionales deben actuar siempre de acuerdo a los principios y garantías constitucionales y también los procesos. Siempre en base al principio de unidad.
- Principio de exclusividad  dos puntos de vista  Estatales 1. Internacional  el art. 93 de la CE permite que el Estado, mediante tratados internacionales ceder competencias a un órgano jurisdiccional internacional. Existen tres tribunales con competencia que España se la reconoce  el TEDH, TJUE y Corte Penal Internacional 2. Interno  el Estado tiene exclusividad y monopolio competencial en la Administración de Justicia. La función de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde únicamente a jueces y magistrados (interpretado en el sentido negativo). Aun así, pueden casar, y llevar los registros civiles.
 Judicial Los límites - El art. 4 de la LOPJ establece que la jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio en la forma que establezcan las leyes y la CE - El art. 9.2 de la LOPJ establece que, en cuanto al orden civil, los órganos jurisdiccionales españoles conocerán de todas aquellas materias que les son propias y todas aquellas no atribuidas a cualquier otro orden jurisdiccional Fueros - - Fueros exclusivos  materiales en las que el Estado español se declara el único competente para conocer. Si una sentencia es de otro Estado sobre un materia de estas, no será reconocida por España al tratarse de un fuero exclusivo Fuero general  España es competente pero reconoce resoluciones dictadas por otros Estados Artículo 22 LOPJ En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes 1º. Con carácter exclusivo, en materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en España; en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos; en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español; en materia de inscripciones o de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere solicitado o efectuado en España el depósito o registro; en materia de reconocimiento y ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.
2º. Con carácter general, cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los Juzgados o Tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España.
3º. En defecto de los criterios precedentes y en materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiere tenido su último domicilio en territorio español; en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, cuando éstos tuviesen su residencia habitual en España; en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro; en materia de filiación y de relaciones paternofiliales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España; para la constitución de la adopción, cuando el adoptante o el adoptado sea español o resida habitualmente en España; en materia de alimentos, cuando el acreedor de los mismos tenga su residencia habitual en territorio español, en materia de obligaciones contractuales, cuando éstas hayan nacido o deban cumplirse en España; en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tenga su residencia habitual común en España; en las acciones relativas a bienes muebles, si éstos se encuentran en territorio español al tiempo de la demanda; en materia de sucesiones, cuando el causante haya tenido su último domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España.
4º. Asimismo, en materia de contratos de consumidores, cuando el comprador tenga su domicilio en España si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos destinados a financiar su adquisición; y en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles, cuando la celebración del contrato hubiere sido precedida por oferta personal o de publicidad realizada en España o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español los actos necesarios para la celebración del contrato; en materia de seguros, cuando el asegurado y asegurador tengan su domicilio habitual en España; y en los litigios relativos a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español. En materia concursal se estará a lo dispuesto en su ley reguladora.
5º. Cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España.
ÓRDENES JURISDICCIONALES Existen 4 órdenes (5 órdenes) - Orden civil Orden penal Orden de la jurisdicción social Orden contencioso –administrativo Quinto orden  militar CONFLICTOS JURISDICCIONALES - - Conflictos jurisdiccionales  se dan cuando dos órganos (administrativo y jurisdiccional) se declaran competentes o incompetentes para conocer de un determinado asunto. También cuando un órgano jurisdiccional militar y un órgano jurisdiccional de cualquier otro orden se declaran competentes o incompetentes para conocer de un asunto. Se trata de conflictos positivos (competentes) o negativos (incompetentes) de la jurisdicción. Para resolver estos conflictos se acude a la SALA DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Conflictos de competencia  cuando dos órganos de distinto orden jurisdiccional se declaran competentes o incompetentes para conocer de un determinado asunto.
Cuestiones de competencia  nunca de dará en el orden penal, pues este tiene preferencia. Son los conflictos entre órganos jurisdiccionales de igual orden jurisdiccional y siempre se resolverán por el superior jerárquico ORDEN CIVIL TSJ CCAA – TS (recurso de casación) Audiencia Provincial (recurso de apelación) Juzgados de primera instancia (+90 euros) Juez de paz (-90 euros) TIPOS DE PROCESOS CIVILES - Juicio ordinario 1. Se presenta demanda por escrito 2. Se deja plazo de 20 días para contestar a la demanda 3. AUDIENCIA PREVIA se convoca a las partes para intentar que lleguen a un acuerdo, se resuelven cuestiones procesales, se fijan los hechos controvertidos y se propone la prueba, que se debe admitir o inadmitir y se fija la fecha para la celebración del juicio 4. JUICIO  se practica prueba y se realizan conclusiones y finalmente, queda visto para sentencia 5. Sentencia - Juicio verbal 1. Se presenta demanda por escrito 2. No hay un plazo de 20 días para contestar a la demanda, sino que directamente se cita a las partes para el acto de la vista o del juicio 3. JUICIO  se intenta aproximar a las partes para que éstas lleguen a un acuerdo, se subsanan defectos procesales, se fijan los hechos controvertidos y es en este momento cuando el demandado, de forma oral, contesta a la demanda, se propone la prueba que será, en ese momento admitida o no por el juez y en caso de ser admitida se practicará y, finalmente, se realizarán conclusiones (se debe preguntar al inicio de la vista si se dejarán realizar conclusiones o no) y quedará visto para sentencia 4. Sentencia SUJETOS DEL PROCESO Tres tipos de personal: - Personal jurisdiccional  Jueces y Magistrados: los jueces son los titulares de los órganos unipersonales (juzgados, al frente de estos se encuentra el juez, es él quien tiene la potestad jurisdiccional), y como excepción están los Juzgados de lo Mercantil, que al frente de ellos se encuentra un magistrado. Por el contrario, los Tribunales son órganos colegiados (a diferencia de los unipersonales que son los Juzgados) y la potestad jurisdiccional la tendrán las Salas y Secciones, formadas por un conjunto de personas. La Audiencia Provincial es un Tribunal, es decir, la potestad jurisdiccional se atribuye a la Sección, que es la que resuelve.
Existen tres categorías en la carrera judicial: juez, magistrado y magistrado del TS.
Vías de acceso para juez y magistrado 1. Oposición libre (juez) sujeto, mayor de edad, español, licenciado en derecho se presenta a un examen de oposición para acceder a un curso teórico –práctico en la Escuela Judicial que tiene su sede en Barcelona. Todo ello para ser jueces de carrera. Por otro lado, los jueces sustitutos (no son de carrera) deben ser licenciados en derecho y tener un currículum suficientemente valorado por la sala de Gobierno del TSJ de la CCAA, y ocupan vacantes en determinados juzgados.
2. Concurso de méritos (magistrado)  entre juristas de reconocida competencia con más de 10 años en el ejercicio de la profesión 3. Designación discrecional (magistrado)  por el Consejo General del Poder Judicial (a dedo se deciden magistrados del TS y del TSJ CCAA) Vías de acceso juez- magistrado 1. A través de la antigüedad  a partir del puesto que se ocupa en el escalafón. Se ascenderá a la categoría de magistrados si existen vacantes y rige la antigüedad 2. Pruebas selectivas o de especialización  para determinados puestos en juzgados, siempre y cuando haya vacantes Vías de acceso para magistrado del TS 1. Designación discrecional Los Jueces de paz, acceden a través de la designación por la Sala de Gobierno del TSJ CCAA.
Además existe la figura del Tribunal del Jurado. La LOPJ establece que se podrá participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, solo para determinados procesos penales y para delitos del art. 1 de la ley del Jurado.
En el estatuto jurídico de jueces y magistrados rigen 3 principios fundamentales: 1. Principio de independencia  no están sometidos a nada ni a nadie porque lo único que deben cumplir y a lo que están sometidos es a la ley, en sentido amplio. No deben obedecer a nadie ni recibir instrucciones. La única obligación que tienen es juzgar y ejecutar lo juzgado. A su vez, se establecen:  Incompatibilidades  es decir, no pueden desempeñar otro cargo o trabajo. El ejercer la potestad jurisdiccional lo hace incompatible con cualquier otro tipo de trabajo.
 Prohibiciones  no pueden pertenecer a partido político ni a sindicato, ni censurar ni felicitar, ni dar su opinión sobre autoridad o cargo público, no acudir a reuniones salvo como miembros del poder judicial. Únicamente pueden participar en elecciones legislativas mediante la emisión de voto.
2. Principio de inamovilidad  no pueden ser trasladados de su puesto de trabajo salvo por:  Renuncia voluntaria  Pérdida de la nacionalidad española  Sanción disciplinaria  Condena o pena privativa de libertad por comisión de delito doloso 3. Principio de inmunidad  solo pueden ser detenidos por orden del juez competente o por delito flagrante.
DERECHOS  A ocupar un puesto en el escalafón judicial  A honores que deriven de su cargo, tales como las puñetas  A una retribución económica  A una Asociación profesional, siempre que esté inscrita en el CGPJ y adscrita a la defensa de los derechos e intereses de los mismos  Independencia judicial  Inamovilidad  Inmunidad DEBERES      - Tomar posesión del cargo Prestar juramento de fidelidad a la CE y lealtad a la Corona y a las leyes Ser imparcial Cumplir con las leyes (en sentido amplio) y disposiciones reglamentarias Guardar secreto profesional de todo lo que conozca en el ejercicio de sus funciones Personal auxiliar  Secretarios judiciales  son funcionarios públicos que constituyen un cuerpo jurídico superior al servicio de la Administración de Justicia y dependiente del Ministerio de Justicia. Sirven para dar fe pública judicial (dentro del Juzgado o Tribunal, ya que fuera están los notarios). A este cargo se puede acceder por dos vías:  Concurso por oposición libre (50% de las plazas)  Cuerpo de gestión procesal (50% de las plazas) Las funciones que ejercen son:  Dar fe pública registral  Encargarse del archivo y custodiarlo, como también los libros y expedientes del Juzgado o Tribunal  Poner en conocimiento del Juez todos los escritos y actuaciones que se hayan producido ante el propio secretario  Oficina judicial (médicos forenses)  se trata de una organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Magistrados. Está integrada por dos tipos de unidades distintas:  Unidades procesales de apoyo directo  integran directamente al Juez o Magistrado, están dentro de su Juzgado o Tribunal y están formadas por Secretarios Judiciales y los puestos necesarios  Servicios comunes procesales  no están integrados dentro del órgano jurisdiccional, sino que únicamente sirven de apoyo. Existen de tres tipos: 1. Servicios comunes generales 2. Servicios comunes de ordenación del procedimiento 3. Servicios comunes de ejecución Los principios fundamentales que rigen en las Oficinas Judiciales son:  Principio de afinidad  Principio de eficacia  Principio de eficiencia     - Principio de racionalización del trabajo Principio de responsabilidad por la gestión Principio de coordinación Principio de cooperación Personal colaborador  Abogados  se encargan de la defensa de las partes dentro de un proceso jurisdiccional. El abogado está para cumplir el principio de igualdad entre partes. Se encarga de asesorar y defender. Tiene los deberes de:  Guardar secreto profesional  Pueden rechazar asuntos  Actuar de buena fe  Derecho a recibir honorarios (tasados en el Colegio de Abogados) Los Abogados del Estado asumen la representación y defensa de los organismos estatales. Por ello, al asumir también la representación no necesitan de procurador. Las CCAA pueden ir representadas y defendidas por el Abogado del Estado con los propios servicios jurídicos, o bien abogados externos para actuar por el organismo autonómico. Aun así, no se prevé que el Abogado del Estado pueda comparecer por Ayuntamientos o entes locales.
Artículo 31 Intervención de abogado 1. Los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado.
2. Excepciones: 1.º Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
2.º Los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado también deberá éste firmar el escrito, si fuera posible.
 Procuradores  se encargan de la representación de la parte ante el órgano jurisdiccional, están en contacto directo con éste y cumplen órdenes del abogado y entregan los escritos a la parte que representa. Hay dos maneras para otorgar la representación:  Mediante escritura otorgada ante notario  se da poderes a determinados procuradores como si el proceso fuera a tener recursos. Este tipo de vía supone un coste.
 Representación apud acta  es gratuita y se debe comparecer ante el Secretario Judicial y se establecen poderes para ese pleito a un determinado procurador. Se da únicamente para ese asunto en concreto y en esa instancia concreta. No cabe una designación general (que si que cabe en la escritura ante notario).
Artículo 23 Intervención de procurador 1. La comparecencia en juicio será por medio de Procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes comparecer por sí mismos: 1.º En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
2.º En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, o para concurrir a Juntas.
3.º En los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
3. El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.
 Ministerio Fiscal quien propone a la persona que será el Fiscal General del Estado es el Gobierno. Por ello, la naturaleza jurídica está entre el poder ejecutivo y el poder judicial, es decir, más cerca del Gobierno porque depende de él para el nombramiento. El resto de Fiscales actúan por delegación del Fiscal General del Estado (pues éste marca todas las directrices). Por ello, por el nombramiento y dependencia que existe, puede concluirse que la naturaleza es más ejecutiva que judicial. Los principios que rigen en la fiscalía son los siguientes:  Principio de unidad desde el punto de vista de la organización, pues todos están subordinados al Fiscal General del Estado  Principio de dependencia, tanto interna como externa. Externa entendida la dependencia del Gobierno, por su nombramiento y interna, entendida la dependencia respecto del Fiscal General del Estado.
 Principio de legalidad. Están sometidos al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico, y por encima la primacía de la CE. Deben ejercitar todas las acciones procedentes y oponerse a todas aquellas indebidamente planteadas  Principio de imparcialidad. Basado en principios de objetividad, independencia… FUNCIONES 1.
2.
3.
4.
Promover la acción de Justicia en defensa de la legalidad Promover los derechos de los ciudadanos y el interés público La actuación en los procesos penales se basa en el ius puniendi del Estado La actuación en los procesos civiles se basa principalmente en los procesos de incapacitación y en defensa de los menores cuando estos no tengan representante  Policía judicial (realmente es personal auxiliar)  dependen de los Jueces y Magistrados y del Ministerio Fiscal. Su naturaleza jurídica se discute. Está formado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los miembros de la policía judicial no pueden ser separados si no es por una resolución motivada del órgano competente. El lugar donde, normalmente, se deben llevar a cabo los actos procesales es en la sede del Juzgado o Tribunal pero, en caso de reconocimiento judicial, se dará traslado al órgano jurisdiccional para que visualice la prueba, en estos casos se puede requerir el auxilio o ayuda de la policía.
FUNCIONES  Averiguación de delitos  Descubrimiento  Aseguramiento del delincuente (para que éste esté en el acto jurídico) RESPONSABILIDAD JUDICIAL La responsabilidad judicial puede ser de 3 tipos - Responsabilidad civil  es por los daños y perjuicios que se causen en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales se deberá pagar una indemnización. Para que se decrete responsabilidad civil sebe haber habido dolo o culpa. Para poder exigirla al Juez o Magistrado, además es necesario haber puesto de manifiesto la queja o falta de diligencia que ocurren dentro del mismo proceso. Si se declarase que da lugar a responsabilidad civil, no alterará la sentencia que declara daños y perjuicios, está será firme, ejecutable y seguirá su curso. El proceso donde se declara responsabilidad civil no alterará la sentencia firme ya ejecutable.
- Responsabilidad penal  los órganos encargados de enjuiciar penalmente son la Sala de lo civil y lo penal del TSJ CCAA y la Sala de lo penal del TS.
- Responsabilidad disciplinaria  Artículo 415 1. La responsabilidad disciplinaria sólo podrá exigirse por la autoridad competente, mediante el procedimiento establecido en este capítulo.
2. La incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal.
En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone término al procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de distinta calificación jurídica que puedan merecer en una y otra vía.
3. Sólo podrán recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico y de bien jurídico protegido.
Artículo 416 1. Las faltas cometidas por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus cargos podrán ser muy graves, graves y leves.
2. Las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves en el plazo previsto en el Código Penal para la prescripción de las faltas.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido. No obstante, en el supuesto previsto en el artículo 417.5, el plazo de prescripción se iniciará a partir de la firmeza de la sentencia que declare la responsabilidad civil del Juez o Magistrado.
3. La prescripción se interrumpirá desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario o, en su caso, de las diligencias informativas relacionadas con la conducta investigada del Juez o Magistrado.
El plazo de prescripción vuelve a correr si las diligencias o el procedimiento permanecen paralizados durante seis meses por causa no imputable al Juez o Magistrado sujeto al expediente disciplinario.
Artículo 417 Son faltas muy graves: 1. El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución establecido en el artículo 5.1 de esta ley, cuando así se apreciare en sentencia firme.
2. La afiliación a partidos políticos o sindicatos, o el desempeño de empleos o cargos a su servicio.
3. La provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción en que el juez o magistrado desempeñe el cargo, por motivos ajenos al ejercicio de la función jurisdiccional.
4. La intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado.
5. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave conforme al artículo 411 de esta ley.
6. El ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, establecidas en el artículo 389 de esta ley, salvo las que puedan constituir falta grave con arreglo a lo dispuesto en el artículo 418.14 de la misma.
7. Provocar el propio nombramiento para juzgados y tribunales cuando concurra en el nombrado alguna de las situaciones de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 391 a 393 de esta ley, o mantenerse en el desempeño del cargo en dichos órganos sin poner en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial las circunstancias necesarias para proceder al traslado forzoso previsto en el artículo 394.
8. La inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.
9. La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales.
10. El abandono de servicio o la ausencia injustificada y continuada, por siete días naturales o más, de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.
11. Faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas.
12. La revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona.
13. El abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales.
14. La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales 15. La absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones judiciales que la precisen, siempre que dicha falta haya sido apreciada en resolución judicial firme. Si la resolución inmotivada no fuese recurrible, será requisito para proceder la denuncia de quien fue parte en el procedimiento 16. La comisión de una falta grave cuando el juez o magistrado hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves, que hayan adquirido firmeza, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 427 de esta ley.
Artículo 418 Son faltas graves: 1. La falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad.
2. Interesarse, mediante cualquier clase de recomendación, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de otro juez o magistrado.
3. Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición.
4. Corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por los inferiores en el orden jurisdiccional, salvo cuando actúen en el ejercicio de la jurisdicción.
5. El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial.
6. La utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico. En este caso, el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso.
7. Dejar de promover la exigencia de responsabilidad disciplinaria que proceda a los secretarios y personal auxiliar subordinado, cuando conocieren o debieren conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les corresponden.
8. Revelar el juez o magistrado y fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta cuando no constituya la falta muy grave del apartado 12 del artículo 417 de esta ley.
9. El abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por más de tres días naturales y menos de siete de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.
10. El incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pública y la inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia pública que estuvieren señalados, cuando no constituya falta muy grave.
11. El retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave.
12. El incumplimiento o desatención reiterada a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o Salas de Gobierno, o la obstaculización de sus funciones inspectoras.
13. El incumplimiento de la obligación de elaborar alarde o relación de asuntos pendientes en el supuesto establecido en el apartado 3 artículo 317 de esta ley.
14. El ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables a que se refiere el artículo 389.5.º de esta ley, sin obtener cuando esté prevista la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
15. La abstención injustificada, cuando así sea declarada por la Sala de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221.3 de esta ley.
16. Adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de medición fijados por el Consejo General del Poder Judicial.
17. Obstaculizar las labores de inspección.
18. La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resolución firme por otras dos leves sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 427.
Artículo 419 Son faltas leves: 1. La falta de respeto a los superiores jerárquicos cuando no concurran las circunstancias que calificarían la conducta de falta grave.
2. La desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico, con los ciudadanos, los miembros del Ministerio Fiscal, médicos forenses, abogados y procuradores, graduados sociales, con los secretarios o demás personal que preste servicios en la Oficina judicial, o con los funcionarios de la Policía Judicial.
3. El incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado.
4. La ausencia injustificada y continuada por más de un día natural y menos de cuatro de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.
5. La desatención a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o Salas de Gobierno.
Artículo 420 1. Las sanciones que se pueden imponer a los Jueces y Magistrados por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos son: a) Advertencia.
b) Multa de hasta 6.000 euros.
c) Traslado forzoso a Juzgado o Tribunal con sede separada, al menos, en cien kilómetros de aquella en que estuviera destinado.
d) Suspensión de hasta tres años.
e) Separación.
El Juez o Magistrado sancionado con traslado forzoso no podrá concursar en el plazo de uno a tres años. La duración de la prohibición de concursar habrá de determinarse necesariamente en la resolución que ponga fin al procedimiento.
2. Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta cincuenta mil pesetas o con ambas; las graves con multa de cincuenta mil una a quinientas mil pesetas, y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación.
3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años; las impuestas por faltas graves al año, y por faltas leves en el plazo previsto en el Código Penal para la prescripción de las faltas. Dichos plazos de prescripción comenzarán a computarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impusieron las sanciones.
Artículo 421 1. Serán competentes para la imposición de sanciones: a) Para la sanción de advertencia, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, a los jueces y magistrados dependientes de los mismos.
b) Para la sanción de multa o de advertencia y multa correspondiente a faltas leves, las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia respecto a los jueces y magistrados dependientes de cada una de ellas.
c) Para las sanciones correspondientes a faltas graves, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.
d) Para las muy graves, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Comisión Disciplinaria.
2. No obstante, los órganos a que hacen referencia las anteriores reglas pueden imponer sanciones de menor gravedad que las que tienen ordinariamente atribuidas si, al examinar un expediente que inicialmente está atribuido a su competencia, resulta que los hechos objeto del mismo merecen un inferior reproche disciplinario.
3. En la imposición de sanciones por las autoridades y órganos competentes deberá observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.
Artículo 422 1. La sanción de advertencia se impondrá sin más trámite que la audiencia del interesado, previa una información sumaria.
Contra la resolución que recaiga sobre dicha clase de sanción podrá interponer el sancionado con carácter potestativo, antes de acudir a la vía contencioso-administrativa, recurso administrativo y el denunciante, en su caso, acudir a la vía contencioso-administrativa de acuerdo con las normas de legitimación establecidas en la ley reguladora de la expresada jurisdicción.
2. Las restantes sanciones deberán ser impuestas por el procedimiento establecido en los artículos siguientes.
3. Las sanciones a que alude el artículo 421.1,d) de esta Ley se impondrán por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Comisión Disciplinaria y previa audiencia del juez o magistrado contra el que se dirija el expediente, que podrá alegar y presentar los documentos que estime pertinentes en un plazo no inferior a 10 días ni superior a quince si la propuesta se separase de la formulada por el instructor.
* Cuando existe un proceso penal abierto y un procedimiento disciplinario también abierto, el disciplinario no se puede resolver hasta que no exista una sentencia firme del procedimiento penal o bien un auto de sobreseimiento. Con todo, el órgano sancionador debe recoger los hechos sancionados en el proceso penal.
No cabe sancionar disciplinariamente y penalmente por iguales hechos, excepto que los fundamentos jurídicos y el bien jurídico sean distintos.
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO CGPJ  es el órgano de gobierno del PJ. La LOPJ establece su régimen y estatuto.
Composición Está compuesto por: - 20 vocales  nombrados por 5 años por el Rey. De los 20 vocales:  12 son escogidos entre jueces y magistrados de todas las categorías que se hallen en activo y que anteriormente no hayan sido miembros. De esos 12, 6 son escogidos por el Congreso de los Diputados y 6 por el Senado, por mayoría de 3/5  8 son escogidos de entre abogados y juristas de reconocida competencia, con más de 15 años en el ejercicio de su profesión y que no hayan sido miembros del consejo saliente. De esos 8, 4 son escogidos por el Congreso de los Diputados y 4 son escogidos por el Senado, por mayoría de 3/5 - Presidente CGPJ  ostenta la representación del Poder Judicial, pues es el presidente del órgano de gobierno, y también es la primera autoridad judicial de la nacional, pues también es presidente del TS.
Es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ. Se escoge entre miembros de la carrera judicial de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio de la profesión. Requiere una mayoría de 3/5 por el Pleno. Será sustituido por el vicepresidente en casos de vacancia, ausencia, enfermedad o motivo legítimo. Sus funciones son, principalmente:     Convocar y presidir las sesiones del pleno y de la Comisión permanente Respecto de las sesiones, debe fijar el orden del día Debe someter al pleno las propuestas de nombramiento de magistrados del TS Debe firmar todos los acuerdos adoptados en el pleno - Vicepresidente  es escogido por los 20 vocales de entre ellos, por mayoría de 3/5 partes de componentes del pleno y es nombrado por el Rey. Cuando ejerza la sustitución del Presidente, desempeñará las mismas funciones que éste - Pleno  está formado por los 20 miembros, pero para estar válidamente constituido bastan 11 vocales + el presidente (o vicepresidente). El pleno tiene dos tipos de funciones: Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial: 1. La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos de sus miembros de: a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el Vicepresidente de este último.
b) Los miembros del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde.
c) Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
d) El Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo ContenciosoAdministrativo, del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como la del Magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que lo sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad.
Para el cómputo de la mayoría cualificada exigida en este apartado se tomará siempre como base la totalidad de los veintiún miembros integrantes del Consejo General del Poder Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 111 de esta Ley.
Para efectuar dichas propuestas de nombramiento previstas en este apartado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial velará, en todo caso, por el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad.
2. La propuesta de nombramiento de los demás cargos de designación discrecional.
3. Evacuar la audiencia prevista en el artículo 124.4 de la Constitución sobre nombramiento del Fiscal General del Estado.
4. Resolver los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Comisión Permanente, de la Comisión Disciplinaria y de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de los órganos de gobierno de los Tribunales y Juzgados.
5. Resolver los expedientes de rehabilitación instruidos por la Comisión Disciplinaria.
6. Evacuar los informes previstos en la Ley y ejercer la potestad reglamentaria atribuida por la Ley al Consejo General del Poder Judicial.
7. Acordar, en los casos legalmente establecidos, la separación y jubilación de los Jueces y Magistrados en los supuestos no previstos en el artículo 131.3.
8. Elegir y nombrar los Vocales componentes de las Comisiones y Delegaciones.
9. Aprobar la memoria anual que con motivo de la apertura del año judicial leerá su Presidente sobre el estado de la Administración de Justicia.
10. Elaborar el Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial, que se integrará en los Generales del Estado, en una sección independiente.
11. Dirigir la ejecución del presupuesto del Consejo y controlar su cumplimiento.
12. Cualesquiera otras funciones que correspondan al Consejo General del Poder Judicial y no se hallen expresamente atribuidas a otros órganos del mismo.
Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial: 1. La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos de sus miembros de: a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el Vicepresidente de este último.
b) Los miembros del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde.
c) Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
d) El Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo ContenciosoAdministrativo, del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como la del Magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que lo sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad.
Para el cómputo de la mayoría cualificada exigida en este apartado se tomará siempre como base la totalidad de los veintiún miembros integrantes del Consejo General del Poder Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 111 de esta Ley.
Para efectuar dichas propuestas de nombramiento previstas en este apartado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial velará, en todo caso, por el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad.
2. La propuesta de nombramiento de los demás cargos de designación discrecional.
3. Evacuar la audiencia prevista en el artículo 124.4 de la Constitución sobre nombramiento del Fiscal General del Estado.
4. Resolver los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Comisión Permanente, de la Comisión Disciplinaria y de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de los órganos de gobierno de los Tribunales y Juzgados.
5. Resolver los expedientes de rehabilitación instruidos por la Comisión Disciplinaria.
6. Evacuar los informes previstos en la Ley y ejercer la potestad reglamentaria atribuida por la Ley al Consejo General del Poder Judicial.
7. Acordar, en los casos legalmente establecidos, la separación y jubilación de los Jueces y Magistrados en los supuestos no previstos en el artículo 131.3.
8. Elegir y nombrar los Vocales componentes de las Comisiones y Delegaciones 9. Aprobar la memoria anual que con motivo de la apertura del año judicial leerá su Presidente sobre el estado de la Administración de Justicia.
10. Elaborar el Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial, que se integrará en los Generales del Estado, en una sección independiente.
11. Dirigir la ejecución del presupuesto del Consejo y controlar su cumplimiento.
12. Cualesquiera otras funciones que correspondan al Consejo General del Poder Judicial y no se hallen expresamente atribuidas a otros órganos del mismo.
 Funciones decisorias  escoger el presidente del CGPJ i TS, escoger a los magistrados del TC, inspección de Juzgados y Tribunales, todo lo relativo al estatuto personal de Jueces y Magistrados, todo aquello que afecta a la escuela judicial, tienen potestad reglamentaria (crean Comisiones)…  Funciones de informe  cualquier anteproyecto de ley que afecte al poder judicial, el CGPJ siempre deberá realizar un informe…  Funciones de audiencia  Respecto a la naturaleza jurídica, todos los actos que emanan del CGPJ son actos administrativos, así que gozan de privilegios, es decir, que cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala 3ª del TS, cualquier resolución del Pleno puede recurrirse - Comisión permanente es designada por CGPJ. Está integrada por 4 vocales + Presidente CGPJ. De esos 4 miembros, 2 están escogidos de entre jueces y magistrados y dos entre juristas y abogados con más de 15 años en el ejercicio de la profesión. Para estar legalmente constituida bastan 3 vocales y el presidente. Las funciones principales de la comisión permanente son:  Preparar las sesiones del pleno  Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del pleno  Resolver, autorizar y establecer el escalafón de la carrera judicial  Todas aquellas funciones que le delegue el pleno - Comisión disciplinaria  está integrada por 5 miembros. De esos 5 miembros, 3 son escogidos entre jueces i magistrados y 2 entre abogados y juristas. Son ellos mismos los que escogen al presidente. Se encargan, principalmente, de instruir aquellos procedimientos sancionadores y disciplinarios de jueces y magistrados e imponer sanciones cuando sea de su competencia.
- Comisión de calificación  está integrada por 5 miembros, de entre ellos 3 son vocales de carrera judicial y 2 son abogados y juristas. Ellos mismos escogen al presidente. Se encargan, principalmente, de informal al pleno de todos aquellos nombramientos que deban realizarse y, posteriormente, será el pleno el que resuelva.
- El resto de Comisiones son creadas por el CGPJ mediante su potestad reglamentaria SUBORDINADOS AL CGPJ - Salas de gobierno están constituidas en régimen de Comisión. Únicamente hay salas de gobierno en el TS, la Audiencia Nacional y los TSJ de CCAA. No habrá salas de gobierno en los Juzgados y en las Audiencias Provinciales. De las atribuciones de las salas de gobierno, la principal es aprobar normas de reparto de asuntos, aquellas que sirven para distribuir los asuntos y demandas entre los distintos juzgados, salas y secciones. Las salas de gobierno de los TSJ de CCAA aprueban las normas de reparto de asuntos para las secciones de las Audiencias Provinciales y para los juzgados de primera instancia.
- Presidentes de los Tribunales  se encargan de fijar el orden del día de las reuniones, de escuchar todas aquellas quejas que puedan recibir por parte de los ciudadanos. El presidente del TSJ de CCAA ostenta la representación del poder judicial de la CCAA, siempre que no concurra el presidente del CGPJ.
- Presidentes de la Sala cada sala de cada tribunal debe tener un presidente. Además de tener funciones jurisdiccionales, también asume ciertas funciones gubernativas y de administración - Juez Decano  aparece su figura en aquellas poblaciones donde haya 2 o más juzgados de primera instancia. Las funciones principales son:  Velar por la buena utilización de locales judiciales  Velar porque el servicio de guardia funcione de forma correcta  Función jurisdiccional  adopta medidas urgentes en aquellos asuntos que no estén repartidos.
Velar por el reparto de asuntos, por lo tanto, el juez decano siempre asume una función jurisdiccional, aunque cuando se ostenta la figura de juez decano se aparta de la función jurisdiccional, es decir, se le aparta de su juzgado (pero en realidad sigue desempeñando funciones jurisdiccionales)  En caso de más de 10 juzgados de primera instancia, se escoge al juez decano por votación. En caso de menos de 10 juzgados de primera instancia, se escoge de entre aquel que ocupe el mejor puesto en el escalafón judicial - Juntas de jueces  pueden ser generales, sectoriales, autonómicas o provinciales  Generales  se reúnen los jueces de una misma localidad y de todos los órdenes jurisdiccionales  Sectoriales se reúnen únicamente del jueces del mismo orden jurisdiccional DERECHOS Y GARANTÍAS - Derecho a la tutela judicial efectiva  Derecho de acceso  Derecho a obtener resolución  Derecho a la ejecución de las resoluciones  Derecho a poder interponer recursos que estén legalmente establecidos  Derecho a que la resolución adquiera firmeza, es decir, que sea cosa juzgada  Derecho de defensa - Derecho a un juez constitucional  tiene que venir predeterminado por la ley. Es decir, es el derecho a que un tercero imparcial. Debe venir predeterminado pues las normas deben estar creadas con anterioridad al conflicto. Debe existir una reserva de ley para garantizar la imparcialidad, pues se precisa que el juez sea imparcial.
- Derecho a la defensa  Derecho a conocer de qué se nos acusa  Derecho a no declarar o a no declarar contra uno mismo  Principios que rigen (para poder conseguir que se dé el principio de igualdad)  Principio de audiencia  nadie puede ser condenado sin ser anteriormente oído. Se tiene derecho a la celebración de un juicio  Principio de notificación o de no sufrir indefensión  Principio de asistencia letrada - Derecho a la presunción de inocencia  hasta que se demuestre lo contrario. Quien acusa es quien tiene la carga de la prueba, pues la inocencia se presume. La actividad probatoria debe ser suficiente como para desvirtuar la presunción de inocencia.
- Derecho al recurso  es decir, derecho a revisar la resolución obtenida en una primera instancia.
Para revisar los juicios de valor.
- Derecho de abstención y recusación  la ley objetiviza una serie de situaciones que si se dan se presume que el Juez puede ser imparcial. Para ello se dan dos vías: la abstención y la recusación.
Las causas de abstención y recusación son las siguientes: 1.ª El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal.
2.ª El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o el procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa.
3.ª Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de éstas.
4.ª Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.
5.ª Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes.
6.ª Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo.
7.ª Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.
8.ª Tener pleito pendiente con alguna de éstas.
9.ª Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.
10.ª Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.
11.ª Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia.
12.ª Ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa.
13.ª Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo 14.ª En los procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho por razón de los cuales se sigue el proceso en alguna de las circunstancias mencionadas en las causas 1.ª a 9.ª, 12.ª, 13.ª y 15.ª de este artículo.
15.ª El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado que hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso.
16.ª Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.
ACTOS PROCESALES - Lugar  deben ser realizados los actos procesales siempre dentro de la sede del tribunal o en aquellos lugares donde se deba llevar a cabo el reconocimiento judicial.
- Tiempo los actos procesales deben ser realizados en días hábiles (de lunes a viernes). Los días inhábiles serán los fines de semana, del 24 al 31 de diciembre, todo el mes de agosto y festivos locales, autonómicos o nacionales. Se deben empezar a contar los días a partir del día siguiente. Hay que diferenciar entre:  Plazo (se emplaza) es el lapso de tiempo dentro del cual se debe llevar a cabo una determinada actuación procesal  Plazo propio  se da a las partes para que realicen una determinada actuación. Si no se realiza dentro de este plazo, precluye y se pierde la posibilidad de realizarla  Plazo impropio  se da al órgano jurisdiccional y si no cumple dentro del plazo, no ocurre nada. Puede realizar el acto procesal fuera de plazo sin ninguna consecuencia como la preclusión  Término  (se cita) es el momento concreto en el tiempo donde se debe llevar a cabo una determinada actuación procesal.
  Diez a quo  día siguiente a partir del cual se empieza a contar Diez ad quem  día de vencimiento del acto procesal - Forma  es la manifestación externa del acto y dependiendo de su manera de exteriorizarse, puede ser oral o escrito  Oral  rige el principio de inmediación o presencia judicial, es decir, las personas que establezca la ley deberán realizar el acto en presencia del secretario, se exige que el tribunal mantenga un contacto directo con los intervinientes sin elemento que se interponga fundándose el juez a la hora de dictar sentencia en lo visto y oído personalmente. A su vez, rige el principio de publicidad (aunque podrán practicarse los actos a puerta cerrada como excepción en casos de protección del orden público y seguridad nacional, protección de intereses de menores, vida privada de las partes, protección de derechos y libertados y cuando la publicidad pudiese perjudicar a los intereses de justicia)  Escrita  hacen referencia a la firma de su autor y, esencialmente, a su contenido. Si son actos de parte, se requiere presentar tantas copias como partes haya en el proceso. En estos casos se supone el secreto, se puede solicitar toda la información que se desee salvo que el tribunal haya decretado carácter reservado de la totalidad o parte de los autos  Común  el castellano es la lengua oficial del Estado, pero se admiten las lenguas propias de cada CCAA y las partes, el procurador, el abogado, los peritos y los testigos deberán manejarse en la lengua propia de la CCAA y ésta tendrá plena validez y eficacia y no se precisará traducción al castellano TIPOS DE ACTOS DE COMUNICACIÓN - Actos de comunicación de las partes  hay dos tipos de actos de las partes  Los que buscan la obtención de una resolución judicial, entendiendo cualquier solicitud en que se pida algo que está legitimado. Debe reunir dos requisitos para su eficacia: 1. Debe cumplir una serie de requisitos procesales 2. Debe estar fundado en derecho (para poder entrar a conocer sobre la cuestión de fondo)  Las que crean por si solos una situación jurídica (no se quiere continuar con el proceso). Ejemplo: desistimiento, renuncia, etc.
- Actos de comunicación del órgano jurisdiccional  Interlocutorias 1. Providencias Se dictará providencia cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial por así establecerlo la ley, siempre que en tales casos no exigiera expresamente la forma de auto.
2. Autos Se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones, acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones.
También revestirán la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta Ley tramitación especial, siempre que en tales casos la ley exigiera decisión del Tribunal, así como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que, respecto de estas últimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto.
 Sentencias Se dictará sentencia para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la ley. También se resolverán mediante sentencia los recursos extraordinarios y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes.
1. De fondo o materiales: resuelven sobre la cuestión de fondo 2. Procesales o de absolución en instancia  no entra a conocer sobre el fondo del asunto, si no que porque falta algún presupuesto procesal que no se ha subsanado - Actos de comunicación del secretario  Diligencias (de ordenación, de constancia, de ejecución y de comunicación) Se dictarán diligencias de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal.
Se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca.
 Decretos Se dictará decreto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el Secretario tuviera atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto.
- Actos de comunicación del órgano jurisdiccional que no resuelven, pero sirven para ponerse en contacte con distintas personas del proceso  Notificaciones  Emplazamientos  Citaciones  Requerimientos  Mandamientos  dirigidos a Registradores de la Propiedad, Registradores mercantiles, notarios  Oficio  en lo único que se diferencian de los mandamientos, es que van dirigidos a autoridades distintas NORMAS DE REPARTO DE ASUNTOS Son normas gubernativas, no competenciales, caen bajo los efectos del juez constitucional. La LEC excluye la declinatoria como medio de impugnación del reparto, pudiendo las partes denunciar la vulneración en el momento de presentar la demanda.
La infracción de normas de reparto  nulidad de todo acto posterior Diligencia de procedimiento  primer acto que debe llevar a cabo el Juez Decano en un plazo de 2 días Para que pueda repartirse un asunto civil, en la ciudad o en la población deben haber 2 o más juzgados de primera instancia (o más de una sección si es una Audiencia Provincial) El juez decano o el presidente de Tribunales y Audiencias, a instancia de parte, podrán adoptar medidas urgentes en asuntos no repartidos si de no hacerlo se quebranta algún derecho o pudiese surgir algún perjuicio grave NULIDAD DE ACTUACIONES Las partes deben poner de manifiesta los casos en que tenga lugar la nulidad de actuaciones. En caso de sentencia firme, es cuando se produce el incidente de nulidad de actuaciones, y debe fundarse en la vulneración de un derecho fundamental (recogidos en los artículos 14 a 29 de la CE) que no se haya podido denunciar en el proceso.
- De la nulidad conoce el mismo Juzgado o Tribunal que ha adoptado la resolución que ha adquirido firmeza Se da un plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia o bien desde que se tiene conocimiento del incidente, pero que no pasen más de 5 años Aunque se interponga incidente de nulidad se puede pedir la ejecución de la resolución Los actos que producen la nulidad de pleno derecho son:  Cuando los actos se produzcan delante de Tribunal con falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional  Cuando se realicen los actos con violencia o intimidación  Cuando se prescinda de normas esenciales del proceso y por ello se haya podido producir indefensión  Cuando se realicen sin intervención de abogado, cuando la ley especifique que es preceptivo  Cuando se celebren sin la preceptiva intervención de secretario judicial  Cuando se resuelvan por diligencia de ordenación o decreto cuestiones que debieran de ser resueltas por auto, providencia o sentencia  Casos en que las leyes procesales así lo establezcan - Los supuestos de nulidad de actuaciones son:  Art. 166 LEC  serán nulos los actos de comunicación que puedan causar indefensión, pero si la persona a quien se notifica se ha dado por enterada y no ha denunciado la nulidad en su primer momento, se darán por nacidos los efectos como si se hubieran dado de arreglo con la ley (si no lo manifiesta en su primera comparecencia ante el Tribunal)  Art. 280 LEC  nulidad de actuaciones si la copia entregada a un litigante no se corresponde con el original, entonces el Tribunal procederá a la entrega del original  Art. 48.2 LEC  cuando un Tribunal conozca en segunda instancia o recurso extraordinario considere que la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado  Art. 204.3 LEC  las resoluciones judiciales deberán ser autorizadas o publicadas mediante firme del secretario judicial, si no, se producirá la nulidad del acto  Art. 137.3 LEC  principio de inmediación  principio de oralidad  Art. 68.4 LEC  en los casos en que conozca un Tribunal distinto al que debiera haber conocido según las normas de reparto de asuntos LÍMITES TERRITORIALES A LA JURISDICCIÓN CIVIL. TRATAMIENTO PROCESAL Los tribunales españoles no pueden asumir el conocimiento de cualquier asunto que plantee cualquier persona y referido a cualquier materia. Existen una serie de límites - Los Tribunales españoles se abstendrán de conocer del asunto si:  Demanda o ejecución de sujetos con inmunidad de jurisdicción  Cuando de acuerdo con tratados internacionales o convenios en los cuales España es parte, debe conocer del asunto otro Estado  Cuando no comparezca el demandado ...