Tema 6: Las objeciones de conciencia (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Eclesiástico
Año del apunte 2015
Páginas 10
Fecha de subida 16/03/2016 (Actualizado: 16/03/2016)
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RCOSTA 6. Las objeciones de conciencia El Derecho presupone que se cometen injusticias y se quebranta el orden social. Sin embargo, no todos los incumplimientos son iguales. A pesar del clima de relativismo en el que estamos sumidos, diferenciamos entre incumplimientos motivados por el egoísmo, la avaricia, la ira, las pasiones humanas en general, de aquellos otros incumplimientos paradójicamente causados por el amor a la justicia, la fidelidad a un orden normativo que se considera superior o, en definitiva, lo coherencia con un bien que se presenta como imperativo a la propia conciencia.
La objeción de conciencia es un subtipo de desobediencia al Derecho. Se han interesado por ella diversas ramas jurídicas: el Derecho Constitucional (estudiando si la objeción de conciencia es un derecho fundamental o no), la Filosofía del Derecho (en el marco de las distintas patologías de desobediencia al Derecho) y el Derecho Eclesiástico del Estado. La multiplicación de formas de objeción de conciencia va siendo tan relevante, con caracteres ciertamente peculiares cada una, que la doctrina ha entendido que debemos hablar de objeciones de conciencia, en plural.
Ahora bien, el carácter religioso de la objeción de conciencia tiene de suyo cierta relevancia jurídica.
Hay tres razones para entenderlo así. En primer lugar, estadísticamente las objeciones de conciencia de mayor diversificación presentadas por grupos minoritarios con de origen religioso. En segundo lugar, no es tampoco infrecuente que los mecanismos jurídicos formales de los que se sirven los ordenamientos jurídicos para aproximarse a los problemas planteados por los objetores religiosos sean precisamente las configuraciones legales y/o constitucionales de la libertad religiosa. En tercer y último lugar, debe tenerse en cuenta que uno de los elementos a los que habitualmente se atiende cara a la admisión jurídica de la objeción de conciencia es la autenticidad o sinceridad del objetor. Pues bien, precisamente en la objeción de conciencia de raíz religiosa, el legislador o el juez pueden identificar objetivamente una prueba de sinceridad de los motivos del objetor a través de los contenidos rituales y axiológicos de la religión a la que el objetor pertenece, siempre y cuando tales motivos se presenten como un deber moral ineludible.
Noción de objeción de conciencia Ley 1/1996, 10 enero, de asistencia jurídica gratuita y Artículo 32Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 2014.
La objeción de conciencia es una de las más destacadas manifestaciones prácticas de discordancia entre el derecho y la moral. Se define como la decisión contraria y opuesta a una obligación establecida por el legislador de modo que, a la obligación de observar un determinado comportamiento, de acuerdo con la Ley, la persona responde que en conciencia no puede. Debe fundarse en motivos graves y nobles. Tiene una serie de características que la diferencia de la desobediencia civil, y por lo tanto, no se pueden confundir. La primera, es que es una conducta pacífica y no violenta, es más, es una conducta pasiva ya que consiste en abstenerse de cumplir un determinado o una determinada obligación legal. En segundo, es que la objeción de conciencia no es un acto político, es decir, no tiene como objetivo primario ejercer una presión sobre el poder con la finalidad de que modifique el Derecho, sino que, la finalidad de la objeción de conciencia es simplemente la salvaguarda de la propia conciencia, ya que, la objeción de conciencia se produce porque el objetor considera que la Ley es injusta pero no para que deje de serlo. La tercera, es que tiene vocación de legalidad, a diferencia de la desobediencia civil, el objetor pretende el reconocimiento legal de su conducta, es decir, pretende que del cumplimiento de sus imperativos de conciencia no se deriven sanciones jurídicas.
RCOSTA Sirva como definición descriptiva de objeción de conciencia la siguiente: comportamiento individual omisivo, basado en los motivos de conciencia y contrario a la norma jurídica estatal. Esta definición excluye posiciones maximalistas y minimalistas.
La objeción de conciencia no es el reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico de un modo alternativo de cumplimiento de un deber normativo. Para el objetor, es importante que se llegue a producir ese reconocimiento, pero las objeciones de conciencia no están limitadas a aquellos comportamientos admitidos o eximidos por el Derecho de un Estado. La objeción de conciencia no es una forma de exención del cumplimiento de la norma jurídica, sino una forma de desobediencia al Derecho con pretensiones de legitimidad.
La objeción de conciencia es un comportamiento del individuo, pues la conciencia pertenece al individuo singular, no a una asociación o colectivo. En la práctica, sin embargo, se está produciendo una extensión de la objeción de conciencia como realidad atribuible a algunas personas jurídicas (objeción de conciencia institucional).
La objeción de conciencia se restringe normalmente a comportamientos omisivos, poco frecuentes, de baja peligrosidad social. Es decir, el objetor quiere omitir el comportamiento que el Derecho estatal exige o protege. A este respecto, en la STC 154/2002, 18 julio, se observa que los mandatos de actuación, cuyo incumplimiento da lugar a los delitos omisivos, restringen la libertad en mayor medida que las prohibiciones de actuación, cuya infracción genera delitos de acción.
El individuo debe tener el convencimiento de que, al observar la conducta que la norma le exige, se sigue un mal personal que atenta contra sus profundas convicciones, contra si propia dignidad, contra instancias superiores de obediencia, de forma que ve necesario seguir el juicio de la conciencia antes que cumplir la norma, aun cuando ésta dispare el mecanismo represivo o le prive de un beneficio.
Cobertura jurídica de la objeción de conciencia Hay una parte de la doctrina que dice que la objeción de conciencia es tan solo un valor informador del ordenamiento constitucional. Para otro sector de la doctrina, se trata de uno de los nuevos derechos de libertad deducidos de la evolución de la conciencia social. Otro sector, que es el más numeroso, considera que es un verdadero Derecho Constitucional. Otro sector habla de un claro derecho fundamental. Y por último, hay otros que lo consideran un simple derecho subjetivo no fundamental. Desde el punto de vista legislativo, solo el Artículo 30.2CE habla de la objeción de conciencia.
La jurisprudencia, es bastante contradictoria. En primer lugar, STC 15/82, 23 abril reconoce que es un Derecho Constitucional. En segundo lugar, STC 53/85, 11 abril se refería a la objeción de conciencia al aborto, y reconoce un derecho general. En tercer lugar, STC 160/87, 27 octubre no reconoce la objeción de conciencia. En cuarto lugar, STC 161/87, 27 octubre tampoco reconoce la objeción de conciencia.
Hay que situar en su hábitat natural, es decir, en el campo de la prudencia jurídica, es decir, no es tanto admitir o no admitir un teórico derecho general a la objeción de conciencia, sino establecer sus límites, ya que la tutela de la objeción de conciencia es un problema de sensibilidad jurídica, y en lo que se plantea en todos los supuestos es un equilibrio de intereses donde debe determinarse cuando debe prevalecer la objeción de conciencia y cuando han de primar otros intereses sociales que resultan afectados por esta objeción de conciencia. El Tribunal Constitucional considera que la objeción de conciencia es un Derecho Constitucional autónomo pero no fundamental.
RCOSTA La inicial respuesta del ordenamiento jurídico estatal a la conducta omisiva antijurídica es la sanción.
Sin embargo, es probable que el ordenamiento no active el mecanismo represivo por entender que la calidad de los motivos del objetor, unida precisamente al carácter del comportamiento, autoriza una exención a la ley general.
La objeción de conciencia fiscal La noción La objeción de conciencia fiscal es la pretensión del impago de aquella parte de las tasas o tributos del Estado o a otras organizaciones de derecho público, que según cálculos financieros, corresponden a la financiación de actividades contrarias a la conciencia de determinados contribuyentes. La forma más conocida, aunque no la única, es la que reduce el impuesto sobre la renta de las personas físicas en la medida correspondiente al porcentaje que el Estado destina a los gastos militares, de defensa o sanitarios.
Normalmente los llamados objetores fiscales plantean como alternativa destinar a otros fines, compatibles con su conciencia, la cantidad que inicialmente se niegan a pagar.
Derecho comparado La objeción de conciencia fiscal no se admite en ningún Estado y donde más se da es entre los cuáqueros (Estados Unidos), los mennonistas y los baptistas alemanes.
En Alemania e Italia, la objeción de conciencia fiscal ha adquirido bastante transcendencia hasta el punto de que se han presentado diversos Proyectos de Ley con el objetivo de crear un fondo para que recoja estas cantidades sustitutorias o de ofrecer diferentes alternativas al pago de aquellos impuestos que puedan ser objeto de objeción. Estos Proyectos de Ley no han prosperado.
En California, el caso que se planteo es el de unos estudiantes universitarios que se negaban a pagar una parte de las tasas académicas, que era aquella parte que iba destinada a la asistencia sanitaria, ya que de esta cantidad, podía salir la financiación de loso gastos para los abortos de sus compañeras universitarias, por supuesto, esta objeción no prosperó.
El único caso que si se ha aceptado es en Estados Unidos, y ha sido ante la negativa de un grupo de Adventistas del Séptimo Día que se negaban a pagar las cuotas obligatorias a los sindicatos, por motivos de conciencia, y se ofrecían a pagar la misma cantidad para que el Estado lo destinara a instituciones benéficas, este supuesto si se ha aceptado en Estados Unidos, y es muy parecido al supuesto en España del servicio militar.
La Comisión Europea de Derechos Humano establece que la obligación de pagar impuestos es una obligación de orden general que no tiene ninguna incidencia precisa en el plano de la conciencia. También está a favor de que no se acepte la objeción de conciencia fiscal.
Derecho español En el Derecho español, no hay ninguna norma, ninguna cláusula de conciencia en materia tributaria. Los casos que se han presentado, siempre son con el mismo argumento, el no querer financiar gastos de armamento, el Ministerio de Defensa, y para ello alegan los argumentos jurídicos del Artículo 16CE (libertad religiosa e ideológica) y del Artículo 30CE (objeción de conciencia al servicio militar).
RCOSTA En España, en junio 2005, se presentó en el Congreso de Diputados una proposición de Ley relativa a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares, y lo presentó el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
Jurisprudencia La Jurisprudencia ha utilizado tres argumentos para decir que no: • La objeción de conciencia fiscal, es una cuestión política, y que corresponde decidir del tema a las Cortes Generales.
• Al no estar regulada, la objeción de conciencia no puede existir ni siquiera amparándose en la libertad ideológica o de conciencia, que por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales por motivos de conciencia.
• Si se acepta la objeción de conciencia fiscal, esto supondría la quiebra del principio de no aceptación, que significa que no se pueden destinar determinados ingresos a determinados gastos (derecho tributario).
La objeción de conciencia al aborto La noción La objeción de conciencia al aborto es la negativa de ejecutar o cooperar directa o indirectamente en la realización de prácticas abortivas. La negativa viene motivada por la convicción de que dicho proceder constituye una grave infracción de la ley moral, de los Códigos Deontológicos, o en el caso de los creyentes, de una norma religiosa. Normalmente, esta objeción de conciencia la plantea el personal médico y paramédico en los centros hospitalarios. La medicación del aborto a través de la denominación “píldora del día después” ha significado también la extensión de esta forma de objeción de conciencia a los profesionales farmacéuticos.
Derecho comparado La objeción de conciencia al aborto está reconocida en la mayoría de las legislaciones que han despenalizado la interrupción del embarazo.
Así, en Estados Unidos, todos los Estados de la unión, han establecido cláusulas de conciencia al aborto, en estas cláusulas se prohíbe con sanciones civiles e incluso penales discriminar a cualquier facultativo que por motivos de conciencia se niegue a participar en un aborto. Así mismo también, reconocen que los hospitales privados pueden establecer cláusulas prohibiendo la realización de prácticas abortivas dentro de sus instalaciones, prohibición que también pueden establecer los hospitales públicos.
En Europa, excepto Suecia, que remite a los directores de los hospitales la posibilidad de tener en cuenta o no la objeción de conciencia de sus facultativos, todas las demás legislaciones, que tienen la despenalización del aborto, tienen también reconocida la objeción de conciencia.
En Francia, entran en conflicto dos artículos del Código de la Salud, el Artículo 645CS establece que son los farmacéuticos las únicas personas bajo prescripción facultativa y el Artículo 62CS solamente cita a los médicos, a las enfermeras y al personal auxiliar como personas que pueden plantear objeción de conciencia a las prácticas abortivas. Los farmacéuticos, lo llevaron a los tribunales que querían que en el Artículo 62CS RCOSTA se planteara que los farmacéuticos también pudieran la objeción de conciencia al aborto. La jurisprudencia dijo que no, porque precisamente la persona que iba a comprar venía con una prescripción médica.
Derecho español En el Derecho español, la primera Ley del aborto que se aprobó en España, la aprobó la Generalitat de Catalunya en 1936 y no incluía la objeción de conciencia. En la actualidad, la Ley vigente que es la Ley 2/2010, 3 marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo sí que regula en su Artículo 19 la posibilidad de que los médicos puedan plantear objeción de conciencia y lo que establece que la objeción debe hacerse de forma individual, por escrito y debe estar justificada.
Hasta el año 2010, la objeción de conciencia a las prácticas abortivas que planteaba el personal médico estaba amparada por la STC 53/1985, 11 abril, que abordaba el tema de la cláusula de conciencia sanitaria.
Por otra parte no se puede olvidar de que existen Códigos Deontológicos que establecen en el Artículo 27CD, que el medico por razón de sus convecciones éticas o científicas se abstenga de intervenir en la práctica del aborto. El Código de Médicos y Enfermeras también recoge que puedan plantear los médicos y las enfermeras la objeción de conciencia, y en los Códigos Deontológicos se prohíbe que ningún enfermero o enfermera medico pueda sufrir discriminación por plantear objeción de conciencia. ST 20 enero 1987 y STS Junta Aragón 18 diciembre 1990.
La objeción de conciencia al aborto goza de una doble protección constitucional, la otorgada por la Constitución española a la vida; y la que se sigue de la propia objeción de conciencia. Por otra parte, el ejercicio de la deontología médica también apoya la cláusula de conciencia, ya que el objetivo de la profesión médica es salvar vidas.
La objeción de conciencia a los tratamientos médicos La noción El problema se plantea a los médicos en aquellos supuestos en que determinados pacientes, por convicciones religiosas, se oponen o se niegan a recibir un determinado tratamiento que es necesario para salvar su vida. En esta objeción de conciencia se produce un choque entre dos conciencias: por una parte tenemos la conciencia deontológica, que tiene la obligación de salvar la vida del paciente; y por la otra, tenemos la conciencia religiosa del paciente, que le lleva a rechazar el tratamiento médico.
Confesiones que plantean más problemas, son los Testigos de Jehová, que tienen sus raíces en los Estados Unidos en el siglo XIX, y que hoy en día están extendidos por la mayoría de los países europeos. Los miembros tienen vetada la ingestión de sangre, porque hacen una interpretación peculiar de la biblia (Lev.
12, 10). Hay otra que es la Christian Science, que fue fundada en Boston en 1979 por Mary Baker Eddy, que está extendida por casi 75 países del mundo, están en contra de cualquier medicamente, porque creen que cualquier enfermedad se resuelve con una oración, solamente admiten algunos analgésicos.
Es una objeción de conciencia impropia. Además entran en juego otros muchos derechos de la persona como el derecho al propio cuerpo, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho que corresponde a los padres con relación a la educación de sus hijos. Derechos que al producirse una objeción de conciencia, colisionan con dos intereses públicos de primer orden, el primero, es el interés del Estado en preservar la vida y la salud de sus ciudadanos; y el segundo, es el interés en mantener la integridad ética de la profesión médica cuyo objeto es sanar y salvar a sus pacientes.
RCOSTA Derecho comparado Si se trata de un mayor de edad capaz, según la jurisprudencia norteamericana, debe respetarse siempre la decisión de la persona, excepto cuando existan personas, que son hijos menores o no nacidos, que dependan económica, educativa y efectivamente de la supervivencia del adulto. El caso más conocido es el Caso Melideo, que es el que inicia la jurisprudencia en este caso. La Corte de Nueva York rechazó la petición del hospital para atenderla, porque entendía que la persona era totalmente capaz y no estaba ni embarazada ni tenía hijos que dependían de ella.
Si se trata de un menor de edad, la regla general es que no debe respetarse la decisión adoptada por el menor de edad incapaz ni por sus representantes legales siempre que el tratamiento sea necesario para salvar su vida. Del análisis del Derecho comparado, muestra de forma unánime, que un juez puede y debe, en caso de peligro de muerte, ordenar la realización de los tratamientos médicos que considere oportunos.
El Caso Patterson inicia la jurisprudencia en este caso.
Si se trata de un menor de edad en que los padres se han negado a implantarle el tratamiento. Hay dos sentencias en Italia, Sentencia de la Corte de Casación 13 diciembre 1983 y Sentencia del Tribunal de Roma 13 junio 1986. En cambio las jurisprudencias norteamericanas y alemanas son más prudentes y no se atreven a condenar a los padres.
Derecho español Se puede decir que la jurisprudencia solamente se ha ocupado en la mayoría de los casos de una doble perspectiva: la primera, es abordando temas exclusivamente de transfusión de sangre; y segundo, desde el punto de vista de la vertiente penal. STS 26 septiembre 1978 se trata de Testigos de Jehová, unos padres una menor de edad. Auto del Tribunal Supremo de 22 diciembre 1983, el hombre demando al juez alegando que vulneraba el Artículo 522CP, pero el tribunal no condena al juez, este caso llega a una STC 20 junio 1984, que por encima de la libertad religiosa, está la vida de la persona, y en base de esto se pide la autorización judicial. STC 154/2002, 18 julio, en una transfusión de medico a un menor, en el momento de ir a hacer la transfusión, el menor se niega, así que se traslada al menor a otros hospitales, pero como no pueden, se lo llevan a casa, y el alcalde del pueblo donde vivían, avisa al fiscal, se llama a la ambulancia, pero el niño ya está muerto. El Tribunal Supremo los condena, pero el Tribunal Constitucional no los condena, ya que no impidieron en ningún momento a los médicos para que actuaran.
Lo que dice el fiscal con respecto a que los padres se nieguen (Ley 1/2012, 30 octubre): hay cuatro supuestos: primero, se trata de un menor maduro que se niega a un tratamiento pero en cambio sus representantes legales son favorables a que se los haga, el fiscal general dice que en este caso el medico puede llevar a cabo la intervención sin acudir al juez, si no es de urgencia mejor pedir la autorización del juez. Segundo, un menor maduro que rechaza el tratamiento y sus representantes también, en este caso el médico debe plantear el caso ante el juez o fiscal, pero si el caso es de urgencia, puede llevar a cabo el tratamiento médico sin autorización judicial, argumentando por el cumplimiento de un deber y de estado de necesidad. Tercero, el menor de edad maduro que presta su consentimiento y sus representantes se oponen, en este caso, se puede aplicar el tratamiento judicial dado la capacidad de autodeterminación que la Ley reconoce al menor maduro. Cuarto, los representantes del menor no maduro, no consienten la intervención generando un riesgo para la vida y salud del niño, tiene que plantear el caso ante el fiscal, pero si es urgente, puede aplicar el tratamiento alegando estado de necesidad. En definitiva, casi siempre, los médicos pueden actuar cuando se trata de un menor de edad. STS 3 mayo 1994, dice que no se financia el tratamiento alternativo.
RCOSTA La objeción de conciencia en el ámbito de las relaciones laborales La noción Cuando se produce un conflicto entre la realización de una determinada actividad y los principios religiosos de la persona que está obligada a cumplirlos. Los principales supuestos que aquí se plantean son aquellos que se niegan a la realización de trabajar en días festivos determinados así por las confesiones religiosas.
Los motivos que se argumentan son normalmente de ámbito religioso, y las confesiones que suelen plantear más este tipo de objeción, son los Adventistas del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, y los Ortodoxos Judíos que adoptan el sábado como día festivo.
Derecho comparado En Estados Unidos pero ahora ya también en Europa, ya se está aplicando una teoría, una doctrina que se llama que las partes que entran en juego, tienen que llegar a una razonable acomodación, es decir, que las partes que intervienen (empresario, trabajador y sindicato) lleguen a un acuerdo. Esta razonable acomodación exige una conducta activa del trabajador, una oferta del empresario, y en caso de desavenencia, una contraoferta. Contraoferta que no debe producir un gravamen excesivo en el desarrollo normal del trabajo y en las relaciones con los demás trabajadores.
El Caso Shebert, que es de donde salió esta doctrina, es una Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano, y el caso es el siguiente: una mujer Adventista del Séptimo Día, es despedida porque se negó a trabajar el sábado por motivos religiosos. Esta mujer fue a otras empresas a buscar trabajo, y no la contrataban, pero es que además, el Estado también le negó el derecho a cobrar el subsidio de desempleo porque el Estado entendió que no era una causa razonable, rechazar un trabajo por motivos religiosos. El Tribunal Supremo en este caso entendió que ponía a la trabajadora en una difícil situación o dilema, y este dilema era si tenía que actuar de acuerdo a su conciencia o si debía quebrantar esta conciencia y acudir al trabajo. Y de ahí que el Tribunal Supremo entendió que este dilema implicaba un atentado contra la libertad religiosa y por lo tanto entendió que debía concederle el subsidio de desempleo.
El Caso Minkus, es un caso que se da en Chicago, en el distrito del hospital, es un judío ortodoxo, y solicita un cambio de día del examen. Pero el distrito del hospital le niega cambiar los días y este presenta una demanda. La Corte norteamericana hace notar que siguiendo el razonamiento planteado que los exámenes orales nunca serian conforme a la ley porque nunca son simultáneos. Y concluye que el cambio de día del examen solicitado no constituye un gravamen para el Estado.
En Europa, hay el caso de Vivian Prais, que es una mujer de religión judía que se quiere presentar a una plaza de jurista en el Consejo de las Comunidades Europeas, y ponen una fecha de examen, pero este señor dice que no puede porque coincide con el día de la fiesta de pentecostés que su religión le prohíbe el desplazamiento y la escritura, y solicitaba realizar el examen en otro día. El Consejo de Europa dijo que no, porque los exámenes deberían realizarse simultáneamente por todos los opositores. Presenta demanda ante el Tribunal de Justicia alegando que se está vulnerando el Artículo 27.2Estatutos de los Funcionarios de la Unión Europea en el que se establece en que los funcionarios no podrán ser discriminados en función de su raza, sexo o religión, y que además según el Artículo 9 y 14Convenio Europeo de Derechos Humanos, vulnerándose así la libertad religiosa y la igualdad en los ciudadanos.
RCOSTA En Gran Bretaña, las exigencias empresariales de higiene y uniformidad del trabajo prevalecen sobre la objeción de conciencia de los “Sikhs” que son los que llevan el turbante y la barba.
En Italia, se reconoce la objeción de conciencia en diferentes acuerdos con las confesiones religiosas, y además se ha aprobado la Ley de 12 diciembre 1993 sobre normas de objeción de conciencia de experimentación animal, que pueden ser el personal investigador y el sanitario. Y en este caso no están obligados a experimentar con animales, pero sí que lo tienen que solicitar en el momento que van a solicitar el trabajo. Y en el caso de que venga a posteriori, se le puede cambiar de sitio y esto no supone discriminación.
Derecho español En España, conviene partir de que el día de descanso es de un día y medio ininterrumpido, según el Artículo 37Estatuto de los Trabajadores, que incluye normalmente el sábado por la tarde y el domingo. Esta regla pertenece meramente al ámbito dispositivo, y por lo tanto se puede cambiar a través de Convenio o Contrato. También tenemos que tener en cuenta el Artículo 17Estatuto de los Trabajadores que establece que serán nulos los Pactos o Acuerdos que impliquen discriminación por motivos religiosos y por otra parte, el Artículo 2.2Ley Orgánica de Libertad Religiosa declara incluido dentro del derecho de libertad religiosa a que toda persona pueda practicar los actos de culto y conmemorar sus festividades.
STJSM 27 octubre 1997, el caso es que es una trabajadora de Aldeasa, cuando le comunican que tiene que utilizar un uniforme, se niega a ponérselo y que no puede ir a unos destinados sitios de la empresa. El Tribunal de Justicia de Madrid, por entender que los derechos han de ser ejercitados de buena fe, y tendría que haberlo notificado cuando solicitó el trabajo.
Una Sentencia del Tribunal Constitucional, es un policía municipal, y hay una fiesta que en este caso es la fiesta de una virgen, donde siempre han participado la policía municipal desfilando, pero este hombre se niega a participar. El Tribunal Constitucional da la razón al hombre, porque dentro del contenido de libertad religiosa es que se tiene derecho a actuar de acuerdo a las convicciones de uno mismo.
En otra Sentencia del Tribunal Constitucional, una trabajadora llevaba mucho tiempo en una empresa textil, y dejo de querer ir a trabajar el sábado, porque es Adventista del Séptimo Día, y el empresario la despide. Esto llega al tribunal, y determina que no se le puede imponer al empresario que cambie el horario a un trabajador de esa manera.
La objeción de conciencia de los farmacéuticos En la STC 145/2015, 25 junio se da la razón a los farmacéuticos sobre la píldora del día de después, se puede plantear objeción de conciencia. Pero no se ha pronunciado el tema de los preservativos.
La objeción de conciencia a formar parte de un jurado Este supuesto se caracteriza en la negativa a no querer formar parte de un jurado. En este caso también existe una Ley Orgánica 5/1995, 22 mayo, del Tribunal del Jurado donde su Artículo 6LO 5/1995, 22 mayo, se establece que es un deber para aquellas personas que no estén inmersos en una causa de incompatibilidad o prohibición y no puedan excusarse, pudiéndose además ser castigado el acusado que no quiera formar parte de un jurado.
Derecho comparado RCOSTA Viene de una extrema interpretación muy rigorosa de un hecho biblia que dice “no juzguéis y no seréis juzgados”.
En Bélgica, Italia y Portugal, los ministros de culto, los sacerdotes, no pueden formar parte del jurado, por la posible deformación profesional y por el excesivo protagonismo que pudieran tener ante el resto de los miembros.
En Alemania no se admite la objeción de conciencia a formar parte de un jurado. En Italia si se admite la objeción de conciencia a formar parte de un jurado amparándose en el ejercicio de la libertad religiosa. En Austria y Bélgica, no existe una lista detallada de excusas, y lo dejan al margen de discrecionalidad para aceptarla o no. En Irlanda y Gran Bretaña tampoco permite la intervención de los ministros de culto y sacerdotes en formar parte de un jurado.
En Estados Unidos, la institución del jurado es una de las más serias y rigurosas, y en este sentido, no existe una causa aceptable para plantear objeción de conciencia, ya que incluso se puede ingresar en prisión por desacato al tribunal. Pero sin embargo en 1986, se dicta la Sentencia del caso Jenison donde aquí por primera vez es donde se consolida la doctrina de que la objeción de conciencia puede ser una causa legitima para ser eximida de formar parte de un jurado.
La objeción de conciencia a formar parte de una mesa electoral El supuesto de hecho es que una persona dice que no puede participar en una mesa electoral, suelen ser los Testigos de Jehová.
Existe una Ley Orgánica de Régimen Electoral que es la Ley Orgánica 5/1985, 19 junio, del Régimen Electoral General en esta Ley se establece el derecho a ejercer ser presidente de una mesa electoral, pero también se permite que las personas que tienen que formar la mesa electoral pueden presentar alegaciones porque no pueden presentarse en días determinados.
El Tribunal Supremo acepta este tipo de objeciones de conciencia pero alega que no basta una simple manifestación, sino que, la acepta siempre y cuando se den tres requisitos, se tienen que demostrar que se pertenece a una confesión religiosa; se tiene que demostrar que los miembros de la confesión tienen prohibido por prescripción religiosa, participar en un proceso electoral; y se tiene que demostrar que dicha confesión prohíbe a sus miembros participar como presidentes o como vocales de una mesa electoral (Instrucción 6/2011, 28 abril, de la Junta Electoral Central). Hay otras sentencias que no admiten esto, porque consideran que participar en una mesa electoral no es una actividad política debido a la parcialidad que deben tener sus miembros (STS 8 junio 1994).
Otras manifestaciones de objeción de conciencia La objeción de conciencia de las normas administrativas A medida que la regulación administrativa estatal va invadiendo nuevas áreas de la vida diaria de los ciudadanos, es normal que se produzca mayores puntos de colisión con las regulaciones, tradicionales y costumbres religiosas. El despliegue de un eruv en las barriadas de judíos ortodoxos, con la posible contravención de las normas urbanísticas; la circulación de los carros de tracción animal de los Amish por carreteras de alta velocidad sin triángulos reflectantes, el rechazo de algunos grupos religiosos a que se utilice una serie de números como código de identificación personal, son algunos ejemplos gráficos de ese tipo de colisiones. En algunos casos, este rechazo a la regulación estatal conlleva que no se puedan cumplir RCOSTA los requisitos administrativos necesarios para obtener un beneficio, una documentación, etc. de forma indirecta, una regulación aparentemente neutral, que nada tiene que ver con la conciencia o con la religión, está haciendo más gravoso el derecho al libre ejercicio de la religión o las convicciones.
La objeción de conciencia en el ámbito de empresa por gestión ética La objeción de conciencia al juramento La objeción de conciencia a los sistemas de aseguración obligatoria Todos los “Amis” plantean esta objeción de conciencia.
La objeción de conciencia vertido religioso del ejército La objeción de conciencia a colocar fotografías en los documentos importantes La objeción de conciencia de las mujeres que no deseen hacer carnets de identidad con el velo ...