tema 2 Derecho Procesal (2015)

Resumen Español
Universidad Universidad de Alicante (UA)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Introducción al derecho procesal
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 31/03/2016
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Lección 2. Fuentes del Derecho Procesal I.
NOCIONES GENERALES La determinación de las fuentes del Derecho procesal es fundamental ya que nos permite conocer los instrumentos legales o de otra naturaleza de aplicación a la actividad procesal.
Es una labor compleja debido a la: - Dispersión normativa existente Ausencia de un precepto procesal específico que contemple de modo sistemático y particular la materia, como el ART. 1 CC (que se aplica al D. material e indica a los órganos jurídicos los instrumentos) Algunos ejemplos de esa dispersión normativa son:  Art. 1 CC  Art 1 LEC y LECrim  Art. 117 CE  Art. 5.1 LOPJ Podemos decir que la única fuente del Derecho procesal viene constituida por los actos legislativos emanados de las Cortes Generales, es decir, la Constitución y las Normas con rango de Ley.
Por último decir que conviene indagar en principios generales del derecho a efectos de determinar su posible valor como fuente de D. Procesal.
II.
COSTUMBRE La costumbre NO es fuente de Derecho Procesal, porque: a) El CARÁCTER PÚBLICO del Derecho Procesal impide el proceso convencional y la eficacia de la autonomía de la voluntad b) La UNIFORMIDAD del Derecho Procesal en todo el territorio nacional pugna con el carácter local que la costumbre ha de ostentar para adquirir condición de fuente del Derecho.
III.
LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Se considera como fuentes del Derecho Procesal solo los principios generales del Derecho que han sido asumidos o por la lay o por la constitución o por la jurisprudencia. Esta es la opinión que sustentan los iusnaturalistas.
En cambio, de la Oliva, tiene otra postura la cual se basa en que hay dos tipos de principios generales: - Lo que son los postulados elementales de justicia, de virtualidad necesaria y universal. Son fuentes del Derecho Procesal aunque no están recogidos en la CE, la ley o la jurisprudencia.
- Criterios históricos de convivencia La teoría de la Oliva no la aplica el Tribunal Supremo y por tanto, no tiene operatividad práctica. Pero teniéndola en cuenta se puede afirmar que es necesario respetar ciertos principios inherentes a la condición u organización de las relaciones humanas, que transcienden a una civilización y cultura determinadas y que ni siquiera el Poder legislativo puede, legítimamente, modificarlos o derogarlos.
IV.
JURISPRUDENCIA Y CREACIÓN DE DERECHO A. DERECHO JUDICIAL Y DERECHO OBJETIVO La consideración de la Jurisprudencia como fuente del Derecho resulta compleja, pero debido a su incidencia práctica resulta posible confirmar el valor de la jurisprudencia como instrumento útil para crear Derecho. Sobre todo debido a su capacidad o fuerza de obligar de la doctrina jurisprudencial.
En el sistema jurídico continental se realiza la aplicación estricta de la ley vigente y en el Derecho anglosajón la jurisprudencia es fuente creadora del Derecho.
Haciendo una mirada a nuestras fuentes legislativas nos permitirá comprender lo dicho y la complejidad de la presente situación:   ART. 117 CE → sólo somete al Juez a la Ley ART. 1 CC → asigna a la Jurisprudencia una función de complementación del orden jurídico.
   ART. 5.1 LOPJ → vincula Jueces y Tribunales a las resoluciones del TC que interpretan la CE ART. 3 CC → establece los criterios de interpretación normativa ART. 477 LEC → entre otros incluye como motivo de casación civil el interés casacional:  Que la sentencia recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial  La jurisprudencia como integrador de la ley, que la sentencia recurrida resuelva principios y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia de las Audiencias Provinciales contradictoria.
La función general de los órganos que integran la Jurisdicción es la aplicación del Derecho al caso concreto. Así encontramos dos realidades constituidas por:   Un conjunto de disposiciones normativas emanadas del Poder Legislativo (derecho positivo).
Resoluciones judiciales dictadas en base a ese Derecho pero individualizadas al caso concreto.
Estas son dos realidades diferentes que a veces en el derecho continental llevan al error de equipararlas y sustituirlas en el mismo plano y asigna a la labor jurisprudencial cualidades que no le son propias.
- El derecho positivo que emana de las Cortes Generales tiene como fin regular la convivencia y sirve para la prevención de los conflictos cuando los ciudadanos se acogen a él.
- Las resoluciones judiciales cumplen y verifican que el derecho mediante su aplicación y traslación a los hechos concretos y particulares.
NO CABE UNA APLICACIÓN MECÁNICA DE LA LEY, en todo caso, porque la ley, por su carácter general y su insuficiencia para prever todas las situaciones de la vida, no es completa. La Ley no siempre se expresa de forma clara, ni precisa, además de que contiene contradicciones que generan conflictos cuando concurren diversas leyes que tipifican un supuesto fáctico similar o idéntico.
Los órganos jurisdiccionales deben indagar en la norma aplicable y elegir la que más se adapte al caso, no solo en su sentido literal, sino también en su dimensión histórica y social. Es decir, que han de interpretar la ley conforme a lo dispuestos en el art. 3 CC1.
También tienen que complementar el ordenamiento jurídico cuando no exista norma específico, que haya una laguna legal.
1 1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.
Los jueces crean derecho pero solo para el caso concreto. El Derecho Judicial no es derecho objetivo equiparable a la CE, la Ley o los principios generales del derecho. Y no lo es porque: - Los órganos que lo ordenan no son el Poder Legislativo y por tanto no tienen potestad para ello.
- Su finalidad, que es resolver el caso enjuiciado a cuya eficacia se limita - Su coactividad y fuerza de obligar a terceros.
B. CARÁCTER NO VINCULANTE DEL DERECHO JUDICIAL Los abogados y el resto de intervinientes tienen la costumbre de invocar citas jurisprudenciales en las que fundamentan sus pretensiones. Esto no se les puede reprochar, pero lo negativo es que se incurre en un hábito por ambas partes olvidan la necesaria concreción de cada proceso y objeto litigioso.
Los Jueces y Magistrados no están obligados a aplicar la jurisprudencia porque no tiene fuerza vinculante. Si que la tienen cuando no se actúa conforme a lo dicho por la jurisprudencia y la sentencia pueda ser revocada en vía de recursos aunque tampoco se puede realizar esta afirmación de forma tajante porque el Tribunal Supremo o las Audiencias Provinciales en apelación pueden variar su doctrina en cualquier momento.
La Jurisprudencia es un criterio o elemento de interpretación y complemento útil para los Juzgados y Tribunales, pero nunca es vinculante como sí lo es la Ley.
Pero todo ello se enfrenta con 2 tipos de problemas : a. Consecuencias derivadas del pronunciamiento de sentencias manifiestamente contrarias a la jurisprudencia A veces los órganos jurisdiccionales inferiores dictan sentencias que están en oposición a lo dispuesto de forma constante y reiterada por los órganos jurisdiccionales superiores, que probablemente modificaran por vía de recurso. En estos casos se produce un resultado perjudicial para la parte que debe esperar a ver realizado su derecho ya que se ve obligada a recurrir la resolución previa.
Esta situación no se puede solucionar de forma coactiva obligando a los Jueces inferiores a aceptar mecánicamente lo que dicho los Jueces superiores, ya que sería contrario al principio que habla de la independencia judicial y daría a la jurisprudencia un valor que no tiene en realidad.
b. El valor de la doctrina del Tribunal Constitucional a la luz de lo dispuesto por el art. 5.1. de la LOPJ2.
El art. 5.1. LOPJ plantea unos inconvenientes, este artículo establece una vinculación de todos los Jueces y Tribunales a las resoluciones del Tribunal Constitucional que interpretan la CE hasta tal punto, que la LOPJ apunta como causa de responsabilidad disciplinaria grave el incumplimiento de dicho artículo. Con lo cual: - Se le tiene que reconocer un valor normativo a las sentencias que se dictan en procesos de inconstitucionalidad siempre que las sentencias declaren la inconstitucionalidad de la norma, pero no se le reconoce en caso contrario.
- Las sentencias pronunciadas en recursos de amparo si el recurso se configura como una casación especial en materia de derechos fundamentales se tienen que equipara a las dictadas por el Tribunal Supremo en sede casacional y servir solo de criterio interpretativo y complementario tal y como resulta de lo previsto en el art. 477 LEC3.
2 La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.
3 Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en casación.
1. El recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso.
2. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos: 1º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución.
2º Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros.
3º Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.
3. Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.
Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se entenderá que también existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del ...

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