Derecho Concursal - Tema 7 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura Derecho Mercantil
Año del apunte 2013
Páginas 9
Fecha de subida 06/10/2014
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Calificación, conclusión y reapertura del concurso

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TEMA 7: CALIFICACIÓN, CONCLUSIÓN Y REAPERTURA DEL CONCURSO 7.1. La calificación del concurso 7.1.1. La calificación del concurso La calificación del concurso es una operación eventual del procedimiento para sancionar civilmente aquellas conductas del concursado, de sus representantes legales, de sus administradores o liquidadores, de sus apoderados generales o incluso de terceros que hubieran provocado o agravado el estado de insolvencia que determina la declaración de concurso.
La calificación del concurso sólo tiene efectos civiles, hasta el punto de que es independiente de las actuaciones penales que procedan por actuaciones del deudor que puedan ser constitutivas de delito (art. 163.2 LC).
La formación de la sección de calificación NO tiene carácter necesario, sino que se hace depender de la solución que se alcance en el concurso: • Mientras que en caso de apertura de la fase de liquidación el concurso deberá ser necesariamente calificado, en caso de convenio NO se formará la sección de calificación cuando se acuerde, para todos los acreedores o para los de alguna clase, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera para el pago inferior a 3 años (art. 167.1 LC) -que suele denominarse “convenio no especialmente gravoso para los acreedores”-.
Con esta medida se trata de estimular al deudor que se encuentre en estado de insolvencia a instar su concurso mientras las expectativas de satisfacción de los acreedores sean todavía razonables, aunque puede ocurrir que estimule a determinados acreedores a votar en contra de un convenio no gravoso, precisamente para conseguir que se forme la sección de calificación.
La formación de la sección de calificación se llevará a cabo por el correspondiente procedimiento, que culminará con la calificación del concurso como fortuito o como culpable (arts. 163.1 y 172.1 LC). La ley se limita a establecer cuando el concurso se calificará como culpable, para lo cual se establecen 2 sistemas de enjuiciamiento de conductas: Ø En primer lugar, el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado DOLO o CULPA GRAVE del deudor persona natural o de sus representantes legales o de los administradores o liquidadores (de hecho o de derecho), o de los apoderados generales de la persona jurídica (art. 164.1 LC).
Se presume iuris tantum que existe dolo o culpa grave (aunque no la generación o la agravación de la insolvencia) cuando se incumplan alguno de los siguientes deberes legalmente impuestos (art. 165 LC): o Con carácter general, para cualquier deudor, los de solicitar el concurso, colaborar con el juez del concurso y con la administración concursal, facilitar la información necesaria o conveniente para el interés del concurso, asistir a la junta de acreedores (personalmente o por medio de apoderado).
o Ø Y respecto a los deudores obligados a llevar contabilidad, los de formular cuentas anuales, someterlas a auditoria o depositarlas en el Registro Mercantil en alguno de los 3 últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.
Para facilitar la calificación, se prevé un segundo sistema que puede denominarse de “HECHOS DE CALIFICACIÓN CULPABLE”, cuya simple concurrencia determina la calificación del concurso como culpable (art. 164.2 LC). Esos hechos implican conductas de los referidos sujetos que, por su especial gravedad, implican de modo necesario la calificación del concurso como culpable: o o o o o o El primero de esos hechos es el incumplimiento sustancial del deber de contabilidad en el caso de que exista, en el que se incluyen expresamente la llevanza de doble contabilidad y la comisión de irregularidades relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
El segundo hecho es la falsedad o inexactitud grave de cualquiera de los documentos que acompañen a la solicitud de concurso o que se presenten durante la tramitación del procedimiento..
El tercero es la apertura de oficio de la fase de liquidación por incumplimiento del convenio imputable al concursado.
El cuarto es el alzamiento de todo o parte de los bienes en perjuicio de los acreedores o la realización de actos que retrasen, dificulten o impidan la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.
El quinto es la salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor dentro de los 2 años anteriores a la declaración de concurso.
Y el sexto es la realización con anterioridad a la declaración de concurso de cualquier acto jurídico de simulación de una situación patrimonial ficticia.
En la sección de calificación también se sanciona la COOPERACIÓN con las personas afectadas.
Tendrán la consideración de cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable (art.
166 LC).
7.1.2. Los efectos de la calificación de concurso culpable La sentencia de calificación del concurso como culpable produce importantes efectos sobre las personas afectadas y sobre los cómplices (si los hubiera – art. 172.2 LC). De ahí que se exija que la sentencia determine las causas en que se fundamenta la calificación, las personas afectadas por ella (y, en su caso los cómplices) y los propios efectos de la calificación.
Ø El primer efecto es la INHABILITACIÓN de las personas afectadas por la calificación para administrar bienes ajenos durante un período de 2 a 15 años, para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo período y para el ejercicio del comercio, aunque se permite excepcionalmente que la sentencia de calificación autorice al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada (art. 172.2.2º-II LC).
Para fijar la duración de la inhabilitación, se atenderá a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, teniendo en cuenta que, en caso de inhabilitación en varios concursos, el periodo de inhabilitación será la suma de cada uno de ellos (art. 172.2.2º-III LC).
Los administradores y liquidadores de la persona jurídica que sean inhabilitados cesarán en sus cargos y si el cese impidiese el funcionamiento del órgano, la administración concursal convocará junta o asamblea de socios para el nombramiento de quienes hayan de substituirles (art. 173 LC).
Ø El segundo efecto es la PÉRDIDA de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o los declarados cómplices tuvieran como acreedores en el concurso, así como, en su caso, la DEVOLUCIÓN de los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente y la INDEMNIZACIÓN de los daños y perjuicios causados (art. 172.2.3º y 4º LC).
Ø Por último, cuando la sección de calificación se hubiera formado o reabierto como consecuencia de la liquidación concursal, la sentencia podrá condenar a los administradores y liquidadores (de hecho o de derecho), a los apoderados generales y a quienes hubieran tenido esa condición dentro de los 2 AÑOS anteriores a la declaración de concurso y hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la COBERTURA, total o parcial, del déficit que resulte de la liquidación.
La Ley se preocupa de establecer el régimen jurídico de tal responsabilidad, estableciendo que, en caso de pluralidad de concursados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso.
La legitimación para solicitar la ejecución de la condena corresponde a la administración concursal, si bien los acreedores que hayan instado por escrito de la administración concursal la solicitud de la ejecución estarán legitimados para solicitarla si la administración concursal no lo hiciera dentro del MES siguiente al requerimiento.
Además, todas las cantidades que se obtengan en ejecución de la sentencia de calificación se integraran en la masa activa del concurso.
Finalmente, para hacer efectiva esa eventual “responsabilidad concursal” a la cobertura del déficit resultante de la liquidación, es posible que el juez acuerde como medida cautelar, el embargo preventivo de bienes y derechos de quienes pudieran resultar condenados (administradores, liquidadores y apoderados generales desde los 2 AÑOS anteriores a la declaración de concurso), cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de tal condena, medida que podrá ser sustituida por un aval de entidad de crédito (art. 48 ter LC).
7.2. La conclusión del concurso 7.2.1. La conclusión del concurso Las soluciones ordinarias del concurso son el convenio y la liquidación à así se consideran expresamente como causas de conclusión del concurso tanto el CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DEL CONVENIO, exigiéndose la firmeza del auto que lo declare y la caducidad o rechazo de las acciones de declaración de incumplimiento (arts. 141 y 176.1.2º LC), como la FINALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN (arts. 152.2 y 3 y 176.1.2º LC).
Esto no sucede así con las operaciones de liquidación y de pago de los créditos, lo que obliga a reconducir formalmente la finalización del concurso a otras causas de conclusión, en función del resultado de la liquidación: o o O bien, de forma excepcional, el pago de todos los créditos reconocidos (art. 176.1.3º LC).
O, lo que será más frecuente, la inexistencia de bienes y derechos (art. 176.1.4º LC).
Junto al convenio y la liquidación, son causas extraordinarias de conclusión del concurso (art. 176.1 LC): - La revocación de su declaración.
La insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa.
El pago íntegro de todos los créditos.
La solvencia sobrevenida del concursado.
Y el desistimiento y la renuncia de todos los acreedores.
!! NO constituye causa de conclusión del concurso el fallecimiento del concursado persona natural, porque el procedimiento continuará como concurso de la herencia, que se mantendrá indivisa durante la tramitación (art. 182 LC).
Merece especial atención la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa (art. 176 LC), cuyo fundamento se encuentra en la imposibilidad de que el concurso cumpla su función que es la satisfacción, en la medida más justa y eficiente posible, de los créditos de un deudor insolvente.
Procede la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa en cualquier momento (incluso en el propio auto de declaración) cuando el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa (y tales créditos no se encuentren suficientemente garantizados por un tercero), siempre que no sea previsible el ejercicio de: § § § § Acciones de reintegración.
Acciones de impugnación.
Acciones de responsabilidad de terceros.
Ni la calificación del concurso como culpable.
Por eso se dice que no podrá dictarse auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros, EXCEPTO si las correspondientes acciones hubieran sido objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa (art. 176.1 LC).
Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal debe proceder al pago de los créditos contra la masa conforme a un orden fijado legalmente y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, descontados los gastos necesarios para la conversión en dinero de los bienes y derechos que eventualmente subsistan en la masa activa.
Hasta el día en que se dicte el auto de conclusión del concurso, los acreedores y cualquier otro legitimado podrán solicitar la REANUDACIÓN DEL CONCURSO, siempre que justifiquen indicios suficientes para considerar que pueden ejercitarse acciones de reintegración o aportando por escrito hechos relevantes que pudieran conducir a la calificación de concurso culpable y que justifiquen el deposito o consignación ante el juzgado de una cantidad suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa previsibles (art. 176.5 LC).
Si el concurso concluye por (i) revocación de la declaración, (ii) por cumplimiento íntegro del convenio, (iii) por pago íntegro de todos los créditos, (iv) por solvencia sobrevenida del concursado o (v) por desistimiento o renuncia de todos los acreedores, la finalidad del concurso habrá quedado cumplida.
No obstante, si el concurso concluye por liquidación (sin pago íntegro de los créditos) o por insuficiencia de activo, es necesario pronunciarse acerca de la situación en la que se encontrarán los créditos que no hubieran sido satisfechos.
o Si el concursado fuera una PERSONA JURÍDICA, la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de activo producirá la extinción y la cancelación de los correspondientes asientos registrales (art. 178.3 LC), sin perjuicio de la eventual reapertura del concurso si sobrevinieran nuevos bienes (art. 179.2 LC).
o Mientras que, si el concursado es una PERSONA NATURAL, continuará siendo responsable de los créditos no satisfechos en el concurso, de manera que los acreedores quedaran en libertad para iniciar nuevas ejecuciones singulares mientras no se acuerde la reapertura del concurso o se declare un nuevo concurso. Además, para tales ejecuciones, cuentan con la inclusión de su crédito en la lista de acreedores del concurso concluido, que se equipara a esos efectos a una sentencia de condena firme (art. 178.2 LC).
En todos los casos de conclusión del concurso CESARÁN las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor, salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación (art. 178.1 LC), y la administración concursal deberá realizar la oportuna rendición de cuentas (art. 181 LC).
7.2.2. La reapertura del concurso Si el concurso concluye por revocación de la declaración, por cumplimiento íntegro del convenio, por pago íntegro de todos los créditos, por solvencia sobrevenida del concursado o por desistimiento o renuncia de todos los acreedores, la finalidad del concurso habrá quedado cumplida y por lo tanto se considerará DEFINITIVAMENTE EXTINGUIDO.
Sin embargo, cuando el concurso concluye por liquidación (sin pago íntegro) o por insuficiencia de la masa activa, la decisión legal de no liberar en ningún caso de responsabilidad a los deudores personas naturales y de extinguir a las personas físicas deudoras obliga a prever la REAPERTURA del concurso.
Tendrá la consideración de reapertura del concurso la declaración de concurso de deudor persona natural que se produzca en los 5 AÑOS siguientes a la conclusión de un concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa (art. 179.1 LC).
La reapertura del concurso de una persona jurídica que hubiera concluido por liquidación o por insuficiencia de la masa se limitará a la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad (art. 179 LC).
La característica fundamental de la reapertura del concurso es que se trata del MISMO PROCEDIMIENTO, que continúa, y no de un nuevo concurso. Por ello, el procedimiento reabierto se limitará a actualizar las masas activa y pasiva y proceder en consecuencia (art. 180 LC).
ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN: Los acuerdos de refinanciación La LC permite que en determinados casos el deudor insolvente que tenga la condición de EMPRESARIO alcance un acuerdo con la mayoría de sus acreedores financieros para la refinanciación de los créditos y evite así la declaración de concurso.
Mediante el denominado ACUERDO DE REFINANCIACIÓN se trata de favorecer la continuidad de aquellas empresas cuyos problemas fundamentales sean de tesorería y también de sustituir el procedimiento de concurso (que es lento y costoso) por soluciones más ágiles y económicas.
Para ello, se establece que el deudor que ponga en conocimiento del juez que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación dispondrá de un plazo mayor (hasta 4 MESES más) para cumplir con el deber de instar el concurso (art. 5 bis LC). !! Durante este plazo NO se admitirán solicitudes de concurso realizadas por otros legitimados (art. 15.3-I LC).
NO existe una posibilidad semejante para los deudores no empresarios.
En las sucesivas reformas de la LC se han introducido 2 modalidades de acuerdos de refinanciación: - Los acuerdos de refinanciación ORDINARIOS, que son aquellos que alcance el deudor con el 70% del pasivo y que, si bien limitan su eficacia a los acreedores que lo suscriban, producen efectos importantes en caso de declaración de concurso del deudor refinanciado à la irrescindibilidad de tales acuerdos y de los actos que resulten de ellos (art. 71.6 LC), y la atribución de privilegio a los acreedores que aporten liquidez a la empresa firmante (arts. 84.2.11º y 91.6º LC).
- Los acuerdos de refinanciación HOMOLOGADOS (disposición adicional 4ª LC), que deberán ser suscritos por acreedores que representen, al menos, el 75% del pasivo titularidad de entidades financieras, en cuyo caso se extiende a todos los acreedores financieros la espera acordada, hasta un máximo de 3 AÑOS, y puede producirse, además, por ese mismo plazo, la suspensión de ejecuciones de tales entidades.
En ninguna de las 2 modalidades se establece una regulación del propio acuerdo, de manera que se aplicaran las normas generales sobre integración de los contratos.
El cumplimiento de los requisitos legales no evita tampoco el riesgo de la calificación como culpable del concurso que llegara a declararse, con la eventual declaración de complicidad de los acreedores firmantes que, con dolo o culpa grave, hubiesen cooperado en la realización de actos que fundamentaran la calificación como culpable del concurso (art. 167 LC), o incluso, en casos extremos, su consideración como administradores de hecho y la consiguiente responsabilidad concursal (art. 172 bis LC), lo que podrá suceder especialmente cuando el propio acuerdo de refinanciación sea alcanzado encontrándose ya el deudor en estado de insolvencia actual.
El acuerdo también carece de “presupuesto objetivo” à nada impide que lo negocie un deudor insolvente, si bien el deudor que, dentro del plazo para el cumplimiento del deber de instar el concurso, ponga en conocimiento del juez que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación tendrá un plazo mayor para cumplir con tal deber (art. 5 bis LC).
Tampoco se exige al deudor ningún requisito de merecimiento. Esto contrasta con los requisitos que se exigen al deudor para presentar una propuesta anticipada de convenio (art. 105 LC).
El acuerdo de refinanciación ordinario El ACUERDO DE REFINANCIACIÓN ORDINARIO es un simple acuerdo entre el deudor y la mayoría de sus acreedores, pero no constituye un convenio de masa, de manera que NO obliga a los no firmantes.
Ni el inicio de las negociaciones ni el propio acuerdo impiden que el acreedor dotado de título ejecutivo pueda iniciar ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, y que las distintas Administraciones Públicas puedan iniciar igualmente procedimientos administrativos de ejecución.
El acuerdo de refinanciación ordinario se tipifica legalmente con la concurrencia de 3 circunstancias: ü En primer lugar, es necesario que exista refinanciación. Es decir, que en tales acuerdos “se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones” (Art. 71.6-I LC).
La primera posibilidad es el acuerdo de AMPLIACIÓN SIGNIFICATIVA DEL CRÉDITO DISPONIBLE.
Por lo tanto, tiene que haber un aumento del riesgo acreedor (no basta con conceder crédito para saldar la deuda anterior) y tal ampliación ha de ser significativa.
La segunda posibilidad de contenido mínimo de la refinanciación es el acuerdo de MODIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL DEUDOR, que puede consistir en la prórroga del plazo de su vencimiento o bien en otras obligaciones contraídas en sustitución de aquéllas.
ü En segundo lugar, el contenido del acuerdo de refinanciación ha de responder a un plan de viabilidad, “que permita la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo”.
ü Y en tercer lugar han de cumplirse otros 3 requisitos: § El acuerdo de refinanciación ha de ser suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos TRES QUINTOS del total pasivo, considerado a la fecha de adopción.
Por lo tanto, no es necesario que tal porcentaje de pasivo refinancie o aporte nuevos fondos sino simplemente que CONSIENTA, mediante adhesiones, tal refinanciación. Además, la mayoría exigida puede alcanzarse con cualquier clase de créditos, incluyendo los que en el concurso posterior podrían ser clasificados como subordinados, y, en particular, los de personas especialmente relacionadas y también de acreedores privilegiados.
§ El INFORME favorable de experto independiente, designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor. Si el acuerdo de refinanciación afecta a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto (designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo, o, en su defecto, por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo).
El informe del experto tiene que versar sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad para la continuidad en el corto y medio plazo y la proporcionalidad de las garantías conforme a las condiciones normales de mercado. Por lo tanto, el experto NO comprueba si la mayoría del pasivo es real, o si la empresa era o no insolvente.
Si el informe del experto tiene reservas, su importancia deberá ser evaluada por los firmantes del acuerdo.
§ Que el acuerdo de refinanciación se formalice en INSTRUMENTO PÚBLICO al que se unirán todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.
!! NO es necesario que el instrumento se deposite en el Registro Mercantil y la existencia del acuerdo no se comunica al Juzgado de lo Mercantil competente para el concurso.
La ley también se preocupa de establecer los efectos del acuerdo de refinanciación si el deudor refinanciado finalmente es declarado en concurso: Ø En primer lugar, la IRRESCINDIBILIDAD CONCURSAL del propio acuerdo y de los negocios que lo integren (art. 71.6 LC), aunque el acuerdo sí podrá ser rescindido por la vía de la acción revocatoria o rescisoria general o impugnado por cualquier otra vía (art. 71.7 LC).
Ø El segundo efecto concursal del acuerdo de refinanciación es la atribución de PRIVILEGIO a los refinanciadores que aporten liquidez a la empresa en crisis, a cuyo fin los nuevos ingresos de tesorería que realicen se dividen en 2 partes iguales, a las que se atribuye, respectivamente, la consideración de CRÉDITO CONTRA LA MASA (art. 84.2.11º LC) y de CRÉDITO CON PRIVILEGIO GENERAL (art. 91.6º LC).
El acuerdo de refinanciación homologado Según la disposición adicional 4ª de la LC, los acuerdos de refinanciación podrán ser homologados judicialmente, en cuyo caso constituyen una verdadera solución preventiva o alternativa del concurso de acreedores, que produce efectos típicamente concursales, tales como la extensión a algunos acreedores que no hubieran sido parte.
En efecto, como consecuencia de la homologación: o Las esperas que se hayan pactado se extenderán, hasta un máximo de 3 AÑOS, a las entidades financieras que no lo hubieran suscrito, siempre que sus créditos no estén dotados de garantía real (apartado 1, segundo inciso).
o Y podrá acordarse la suspensión de algunas ejecuciones durante el mismo plazo máximo de 3 AÑOS (apartados 2 y 3).
De la homologación no deriva ningún otro efecto típicamente concursal y, en especial, se mantendrán en todo caso los derechos de los acreedores frente a los garantes del deudor (obligados solidariamente, fiadores y avalistas), quienes “no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquellos” (apartado 5).
Para que el acuerdo de refinanciación pueda ser homologado y producir sus efectos, no sólo deben cumplirse los requisitos dispuestos para los ordinarios (art. 71.6 LC) sino que además se establecen otros 3: ü ü ü Que el acuerdo haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75% del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de la adopción del acuerdo (requisito que sustituye el previsto para el acuerdo ordinario).
Que el acuerdo NO suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras que no lo suscriban (apartado 3-I).
Y que el deudor NO hubiera solicitado la homologación de un acuerdo de refinanciación en el ultimo año (apartado 6).
El procedimiento para la homologación es el siguiente à La solicitud debe formularse por el deudor, ir acompañada del acuerdo de refinanciación adoptado y del informe favorable del experto independiente y contendrá, en su caso, la solicitud de paralización de las ejecuciones (apartado 2-II) y deberá depositarse en el Registro Mercantil.
La admisión a trámite de la solicitud corresponde al secretario judicial por decreto, que, en caso de haberse solicitado, declarará la paralización de las ejecuciones singulares por un plazo máximo de 1 MES, hasta que se produzca la homologación, y que se publicará en el Registro Público Concursal indicando los principales datos del acuerdo y en especial los efectos de la espera acordada y con indicación también de que el acuerdo está a disposición de los acreedores en el Registro Mercantil en el que se hubiera depositado (apartado 2-III).
La competencia para la homologación se atribuye al juez de lo mercantil que será competente para la declaración de concurso (apartado 2-I), quien podrá mantener la paralización de las ejecuciones de las entidades financieras acreedoras durante el plazo de espera previsto en el acuerdo, que no podrá superar los 3 AÑOS.
La resolución se publicará en el Registro Público Concursal y en el BOE mediante un extracto que contendrá los mismos datos que el decreto del secretario judicial (apartado 3-III).
La homologación podrá ser impugnada, dentro de los 15 DÍAS siguientes a la publicación, por los acreedores afectados que no hubieran prestado su consentimiento, pero exclusivamente sobre la base de la falta de concurrencia del porcentaje exigido para la homologación y de la desproporción del sacrificio exigido (apartado 4).
Además, si el deudor incumpliera el acuerdo, CUALQUIER ACREEDOR (adherido o no) podrá solicitar la declaración de su incumplimiento y, declarado el incumplimiento, instar la declaración de concurso o iniciar, en su caso, la ejecución singular (apartado 6).
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