TEMA 5 Sujetos confesionales (2011)

Apunte Español
Universidad Universidad de Burgos
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho eclesiástico del estado
Año del apunte 2011
Páginas 30
Fecha de subida 20/06/2017
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TEMA 5 Sujetos confesionales/La personalidad jurídico-civil de las entidades religiosas.
Una confesión religiosa: es una asociación de personas dirigida a expresar de forma colectiva el principio de libertad religiosa y que tiene como nexo una creencia común concreta, derecho a creer en su supremo con el que se comunicarán a través de un unas prácticas de culto.
1.-Personalidad jurídico-civil de las entidades religiosas Cuando el art. 16.3 CE enuncia el principio de cooperación, los somete simplemente, a las efectivas creencias que en ese momento tenga la sociedad española.
A su vez, sienta las bases del futuro desarrollo legal que se le tenga que dar a la eventual cooperación. Estas bases a grandes rasgos son: - Reconocimiento expreso de la Iglesia Católica como sujeto de relaciones de cooperación, en tanto que las demás confesiones necesitarán el previas reconocimiento estatal.
- No suficiente con el reconocimiento de la confesión como tal, pues se sigue precisando “tener en cuenta”, para que el Estado establezca las relaciones, “ las creencias religiosas de la sociedad española”.
Esta última expresión es la que ha dado pie para que en la LOLR exija, a las confesiones que deseen firmar Acuerdos de cooperación con el Estado, el requisito de “notorio arraigo”, aparte de la inscripción previa en el registro de entidades religiosas.
Eso nos da los datos suficientes para poder decir que la actividad de cooperación se somete a dos requisitos:: - La prevista sección el registro público, creado en la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia. Este inscripción es constitutiva salvo para la Iglesia Católica y es el requisito que el Estado exige para reconocer a la entidad religiosa en cuestión, la personalidad jurídica civil.
- Adquirida la personalidad jurídica, aun habrá que tomar en consideración dos nuevos datos:  Sólo pueden ser parte de los Acuerdos de cooperación las entidades religiosas mayores (Iglesias, confesiones y comunidades religiosas).
 Deben haber alcanzado el llamado “notorio arraigo” en España, por su ámbito o y número de creyentes.
El “notorio arraigo” lo valorara los poderes públicos.
La efectiva cooperación del Estado y de una confesión religiosa determinada se alcanzará por medio de la firma de un Acuerdo de cooperación, pero como Estado se halla en posición de absoluta supremacía a la hora de decidir con quién firma sólo cuerdo y con quién no, en el fondo estamos ante una actividad administrativa delimitación y eso en el caso de que se llegue a firmar Acuerdos, nos encontraríamos ante una mera actividad de fomento (ayudas, subvenciones).
Tenemos que hacer una salvedad, respecto a la excepción que supone el caso de la Iglesia Católica que es la única que podría actuar ante el Estado de igual a igual.
Pero tratemos de explicarlo anterior por pasos: a) La actividad administrativa de limitación, genéricamente, supone una intervención de la administración por medio de la cual se restringe los derechos o libertades los particulares.
b) La cooperación efectiva sólo se alcanza de veras a partir de la firma de Acuerdos con el Estado. En principio, tendría derecho cualquier confesión religiosa c) Para alcanzar Acuerdos de cooperación es preciso que la administración considere que una confesión determinada, previamente inscrita, posee “notorio arraigo” en España en función de su ámbito o y número de creyentes, criterios de lo más vagos y aleatorios, que sólo puede concretar la propia administración.
d) La inscripción, se ve sometida a una resolución estima torio de la solicitud presentada por el grupo religioso ante el RER. Esta actividad está atribuida al ministerio de justicia, lo que significa que de nuevo es la administración la que acepta, o no, considera al sujeto colectivo como confesión religiosa, a partir de su inscripción.
e) La conclusión del anterior es que la administración puede someter la efectividad real del principio constitucional de cooperación a una simple actividad administrativa de limitación, al necesitarse, por dos veces consecutivas, que sea ella la que ir de día libre a los pasos previos y preceptivos para la posible cooperación.
El derecho eclesiástico, es el derecho General a todas las confesiones religiosas (LOLR) A las demás confesiones religiosas que no son la Católica, La personalidad jurídica se les otorga con el registro pero no es obligatoria, es potestativa pero constitutiva.
1.2.- El acceso al registro de entidades religiosas limitación activa Debemos tomar en consideración, para el estudio de este apartado, el art.5.1 LOLR y el R.D. 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del RRER.
Este registro depende del Ministerio de Justicia y, más directamente de la Dirección General de Asuntos Religiosos.
Analicemos algunos extremos de esa normativa: A. Articulo.5.1. LOLR: las entidades religiosas que se inscriban en el Registro que creará en el Ministerio de Justicia, gozarán de personalidad jurídica. Esas entidades que se pueden inscribir son: a) Las Iglesias. (Católica sin establece la constitución) b) Las Confesiones. (Otras confesiones: inscritas, no escritas (negado o tienen interés)) c) Las Comunidades religiosas.
d) Las Federaciones que las anteriores (agrupación de Iglesias confesiones o comunidades, a las que se legítima para inscribirse).
B. Art.2. R.D 142/1981: en este caso, se dice que serán inscribibles en el RER: a) Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas.
b) Las órdenes, congregaciones de institutos religiosos.
c) Las entidades asociativas religiosas constituidas como tales en el ordenamiento de las Iglesias y Confesiones.
d) Sus respectivas federaciones.
No hay más que comparar a una y otro regulación, para darnos cuenta de la desconexión entre ambas, por vía reglamentaria. Se amplía de listado de entidades religiosas susceptibles de ser inscritas: el elenco que presentaba la LOLR era más reducido.
Como todo, tiene explicación: la LOLR había olvidado incluir una serie de entidades menores a las que el Acuerdo Jurídico con la Santa Sede otorgado personalidad jurídica civil.
Sino que se quería vulnerar el principio de igualdad, era preciso salvar la inconstitucionalidad por algún medio, puesto que, se estaría discriminando a las equivalentes entidades menores de las otras confesiones religiosas.
Se creyó oportuno solucionar la laguna de la ley a partir de su incorporación en el reglamento. Esto, aunque su procedimiento resulte irregular no supone la ilegalidad de la ampliación, pues nos hallamos ante un claro ejemplo de reglamento independiente (cuyas características principales se cumplen: no contradice a la ley que regula el tema, no conculca la reserva de la ley orgánica, porque respeta el contenido esencial del derecho de libertad religiosa y trata de cuestiones puramente accidentales) Pero no terminan ahí los problemas de desconexión, pues el principio de igualdad alegado tampoco queda del todo salvado con esa ampliación, dado que el Acuerdo Jurídico con la Santa Sede a la vez reconoce la personalidad jurídica civil a las Fundaciones religiosas de la Iglesia Católica (sí la tiene ya en el momento de entrada en vigor del Acuerdo, la mantendrán y sea uno la poseen, la adquirirán a partir de la inscripción en el registro correspondiente).
Esto significa que, al no haberse incorporado las fundaciones religiosas alistado de entidades inscribibles en el registro, de momento, las fundaciones las confesiones religiosas aCatólicas no se pueden inscribir como tales, sino como meras fundaciones, según el régimen común. El tema todavía está por solventar.
Ni siquiera en los posteriores Acuerdos de cooperación con la FEREDE, FCI, CIE se ha tratado el asunto (en ello sólo se mencionan, al respecto, los beneficios fiscales aplicables a las fundaciones, como entidades creadas por la confesión correspondiente, pero nada se dice acerca de la personalidad jurídica civil, su status o inscripción) Queda mencionar, en cuanto a las expresiones empleadas en la LOLR y en el RER que eh, cuando se dice “Iglesias, confesiones o comunidad religiosas” se están utilizando lastres como sinónimas, pues cada confesión, Segú su idiosincrasia, considerará más apropiado uno u otro término, ya que “confesión” aunque se emplea en General para todos, no es siempre el nomenclátor más adecuado para algunas de ellas.
1.3- Proceso administrativo El art.5.2 LOLR sólo dice que “la inscripción se practicara en virtud de solicitud, acompañada de documento fehaciente y, en el que consten su fundación o establecimiento en España, expresión de sus fines religiosos, denominación y demás datos de identificación, régimen de funcionamiento y órganos representativos con expresión de sus facultades y de los requisitos para su valida designación” La expresión “documento fehaciente”: el art. 3, considera que es el “testimonio del documento de creación debidamente autenticado o el correspondiente documento o notarial de fundación o establecimiento en España” Lo cierto es que se trata de una distinción de la más absurda, ya que el primer tipo que nos marca como documento fehaciente (el testimonio cerrar paréntesis, no es otra cosa que el documento privado de creación de la confesión, autenticado por el notario y el segundo tipo (el documento notarial), es lo mismo, pero realizado directamente ante el notario.
Los requisitos que debe reunir la solicitud de inscripción (art.3.2 RRER):      Denominación: se puede dar a la confesión el nombre que se quiera, siempre que sea suficiente para diferenciarla de las demás confesiones inscritas.
Domicilio: aunque no se diga expresamente, debe entenderse que el domicilio tiene que estar en España.
Fines religiosos: se han de respetar los límites del art.3. LOLR (límites de respeto a los derechos de los demás, y límites del orden público) Régimen de funcionamiento y organismos representativos: se expresaran las facultades de los representantes y los requisitos precisos para su designación. (Es objetivo) Relación nominal de representantes: es potestativa (pero interesa porque sólo los representantes pueden actuar en los registros). Se trata de un listado de personas que en el momento de la solicitud, ostenta la representación legal de la entidad. Al ser variable con el tiempo, no tendría sentido que fuese obligatorio.
El punto fundamental, es el dato de “ fines religiosos”, pues sólo los demás son requisitos objetivos constatables. En este caso, la administración tiene que calificarse el contenido del documento que se presenta se adecua a la concepción que ella tiene de finalidad religiosa.
Las diferentes posturas sobre el significado de los “fines religiosos” son:  La doctrina eclesiástica: hay quien comienza por decir que la administración a debería entrar a valorar que es finalidad religiosa uno, pues al Estado no le puede interesar el contenido de las creencias de un grupo.
Esto no es del todo cierto, dado que por “finalidad religiosa” no se entiende el credo concreto o que se sustenta, sino la actividad que se desempeña.
Al ser la vertiente externa, ya sea que entra en el posible ámbito de la regulación estatal.
Además, siendo constitutiva la inscripción, tiene sentido que la administración verifique la concurrencia y certeza de los documentos exigidos en el RRER.
Por la experiencia del derecho comparado, sabemos que en Francia el “carácter religioso” se equipara a la actividad cultural (de culto).
LLAMAZARES: habrá finalidad religiosas y existe un credo, un culto o y una organización. Exigir sólo actos de culto sería demasiado simplista.
GONZÁLEZ DEL VALLE: la actividad cultural es el factor que identifica los fines religiosos.
LÓPEZ ALARCÓN: son solamente actividad religiosas, las actividades espirituales (culto y catequesis) MARTÍNEZ TORRÓN: basta con poseer dogmas y culto relativos a la divinidad.
CAMARASA: trata de zanjar la cuestión y dice que lo que está claro, en todo caso, es que el art.3.2 LOLR nos da pistas sobre lo que “no son” fines religiosos (las actividades de estudio y experimentación de fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de fenómenos humanísticos, espirituales o análogos) y que el único límite real sobre la actividad religiosa es el que se establecen el art.16.1 CE, el del orden público.
La administración pueden denegar la solicitud inscripción en dos supuestos diferentes: - En caso de que las actividades T relación con la fe y y lo trascendental estén incluidas en las materias del art.3.2 LOLR.
Porque dichas actividades vayan en contra del orden público.
 Resoluciones de la Dirección General de Asuntos Religiosos: El mejor modo de valorar lo que se acepta en realidad, es analizar el resultado de las solicitudes de inscripción.
Comodato inicial, hay que decir que sea cierta equiparación entre fin religioso y culto otros puntos se llega a considerar que lo que no es cultual no es propiamente religioso.
Por otro lado, se dice que hay una serie de actividades incompatibles con la finalidad religiosa, como son las actividades comerciales, la permission de que los fieles pertenezcan a cualquier otra confesión religiosa, la solicitud previa de inscripción como asociación común … La Dirección General de Asuntos Religiosos, considera que una entidad posee “fines religiosos” sí cumple los siguientes requisitos: o Posesión de un cuerpo de doctrina o conjunto de dogmas a los que los fieles se adhieren por medio de un acto libre y voluntaria.
o Liturgia en la que se recoja los ritos y ceremonias del culto, que se celebrarán en un lugar de culto o y con ministros de culto.
o Un número significativo de fieles previo a la inscripción porque el registro no está para recoger fenómeno sociológico si nuevos, sino para plasmar la realidad que ya existe en la sociedad.
El último de los requisitos mencionados es sorprendente, porque nada tiene que ver el número de fieles con los fines religiosos: se ha extraído a partir de la necesidad de “notorio arraigo” la confesión en cuestión.
 Lo recogido en los Acuerdos de cooperación firmados: lo que se ha considerado como “fines religiosos” es: o Acuerdo con la Santa Sede: se identifica lo religioso con lo cultural.
o Acuerdo con la FEREDE: de nuevo se da la equiparación entre lo religioso y lo cultural (art.6) o Acuerdo con la FCI: los fines religiosos son el culto, entendido de forma directa (ejercicio del culto estar vicio rituales) o de forma indirecta (función rabínica, formación de rabinos …) (Art.6) o Acuerdo con la CIE: son funciones islámicas de culto, la formación y asistencia religiosa Segú la ley y tradición islámica, emanadas del Corán o de la Sunna y protegidas por la LOLR (art.6)  La resoluciones judiciales: hay opiniones de todo tipo, algunas sentencias significativas al respecto son: o S.A.N de 8 noviembre de 1985: se deniega la inscripción de una confesión por resultar un fenómeno filosófico, cultural o humanístico, considerado que eso no es religioso.
o S.T.S de 2 de noviembre de 1987: se afirma que el Estado no está legitimado para valorar que son “fines religiosos”. Sólo puede comprobarse se reúnen o no, los requisitos formales. Acepta la inscripción en cuestión.
o S.A.N de 28 de octubre de 1988: se deniega una inscripción porque la entidad no poseen un “cuerpo de doctrina” que la identifique como confesión.
o S.T.S. de 25 de junio de 1990: (Iglesia de la cienciología) basa la denegación en el límite del orden público (y en concreto la salud pública). Hay ausencia de “fines religiosos” porque trata incluir una filosofía esencialmente humana, tendente al control de la subjetividad. Los fines deberían ser “esencialmente religiosos”, no “meramente religiosos” o S.A.N. De 30 de setiembre de 1993: se deniega la inscripción en aras de la “salvaguardia preventiva del orden público”, pues estamos ante una organización con multitud de condenas penales en otros Estados. Se afirma que el límite del orden público y el carácter religioso son requisitos reales y no meramente formales.
o S.T.S de 1 marzo de 1994: (patronato social escolar de obreras) se deniega la inscripción de esta entidad Católica, pese a que la conferencia episcopal había acreditado sus fines religiosos. Se considera que, pese a ello, la administración los debe comprobar, y en este caso, los fines eran “esencialmente educativos” y no esencialmente religiosos o culturales.
Procedimiento (cuando se da lagunas, el régimen legal supletorio, es la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común ( LPAC) Las distintas fases son: 1. Iniciación de procedimiento: lo inicia el que conste como representante de la entidad.
2. Ordenación del procedimiento: a partir de la solicitud, se siguen de oficio y con celeridad todos los trámites. Instruye el encargado del registro.
Sí en la instancia hubiese algún defecto, se comunicará a los interesados, dándoles 10 días para su subsanación.
3. Instrucción del proceso: es en ese momento cuando se comprueban los requisitos, se valora los fines religiosos y la no vulneración del orden público.
Se pronunciará la resolución.
Hay una audiencia del interesado, para evitar su indefensión.
4. Terminación del proceso: un desistimiento, declaración de caducidad o imposibilidad de continuación por la causa sobrevenida. Resuelve el ministro de justicia, pero sea delegado la competencia en el director General de asuntos religiosos. La resolución debe ser congruente y motivada.
5. La posibilidad de silencio administrativo: la administración está obligada a resolver en un máximo de 6 meses (R.D 1879/1994 de 16 de sep art.5) 1.4 El régimen de Recursos El art.4. LOLR establece que los derechos dimana antes de la libertad religiosa se podrán tutelar tanto por medio del amparo judicial ante los tribunales ordinarios, como por el amparo constitucional ante el tribunal constitucional.
A su vez, el art.6 RRER dice que “las resoluciones del ministro de justicia agotada la vía administrativa, y los interesados podrán ejercitar las acciones que previene en el art..3 LOLR.
Estos datos nos da las claves necesarias para ver de qué modo puede el sujeto de libertad religiosa atacar las resoluciones que no le son favorables en materia de inscripción. Los sistemas posibles son: ◙ El recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contenciosoadministrativo de la audiencia nacional (art.11.1 de la Ley 28/1988 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa).
Dado que la resolución de la causa Estado (agota la vía gubernativa), sólo se precisará la comunicación previa al órgano que la dictó.
El plazo para interponer lo es de 2 meses desde el día siguiente en que se notificó la resolución. Se presenta ante la sala de lo contencioso administrativo del audiencia nacional, que es la que ostenta la competencia para conocer en única instancia de los recursos relativos a las inscripciones en el RER.
◙ Ante la misma audiencia nacional por medio de procedimiento de protección judicial de los derechos fundamentales de la persona (artículos 114 a 127 de la LRJCA): al igual que en el caso anterior, sólo se precise la comunicación previa al órgano que dictó la resolución.
El plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo es de 10 días desde el siguiente de la notificación del acto denegatoria de la inscripción.
También se presenta ante la sala de lo contencioso administrativo del audiencia nacional ◙ Recurso de casación y recurso extraordinario de revisión: se presentarían ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal supremo, en contra de las sentencias, en primera y única instancia, que dictó la audiencia nacional (no cabe apelación).
El primer recurso tiene un plazo de 10 días desde la notificación de la sentencia y el segundo de 3 meses desde el conocimiento de las nuevas circunstancias.
◙ Recurso de amparo constitucional: ha suscitado polémica doctrinal su expresión en el art. 4 de la LOLR, en el sentido de que la inscripción de las entidades religiosas nos un derecho fundamental.
Para presentar este recurso será necesario haber agotado previamente la vía administrativa, lo que se produce en los siguientes casos: a) Sentencia desestimatoria de la audiencia nacional.
b) Inadmisión del recurso de casación o de revisión ante el tribunal supremo.
c) Resoluciones estima torio en el recurso de casación o de revisión. El plazo, en todo caso, es de 20 días desde la notificación de la resolución.
1.5.-La cancelación de los asientos: la legitimación de la administración Cancelación: se trata del supuesto en que, por medio de un asiento nuevo, se niega al contenido de un asiento anterior. Sus efectos son los mismos que los de la inscripción: eficacia es igualmente constitutiva.
El art.5.3 LOLR establece que “la cancelación de los asientos relativos a una determinada entidad religiosa sólo podrá llevarse a cabo a petición de sus órganos representativos o incumplimiento de sentencia judicial firme”.
Lo mismo dice el art. 6 RRER, sólo en este último caso, se concreta que en la legitimación la tienen, no los órganos representativos, sino los representantes legales de dichos órganos. Esos representantes, puede ser los mismos que constan como tales en el registro o los que se deduce que poseen esa facultad, a partir de los estatutos de la confesión.
No tenemos ningún problema con la legitimación para cancelar los asientos, diana de los representantes de la entidad, o bien de los tribunales por medio de sentencia judicial firme.
El problema viene con la tercera legitimación, que no aparece ni en la LOLR ni en el RRER, pero que existen por mor de la supletoriedad de la ley de procedimiento administrativo común (LPAC). En ella, se dice que la administración puede anular el acto de inscripción por medio de la revisión de oficio de los propios actos. Se prevé para supuestos en los que los actos serán nulos o anulables, y no para abrir una vía de hecho a un eventual control de oportunidad.
De este modo, encontramos 2/2 posibles para que la administración actual, de oficio, tratando de cancelar la inscripción de una confesión religiosa: - Anulación de actos nulos de pleno derecho (art.102 LPAC) a iniciativa del ministro de justicia, en cualquier momento o y con dictamen favorable del consejo de Estado.
Se debe haber agotado previamente la vía administrativa se tiene que estar ante un acto o con causa de nulidad - Anulación de actos anulables mediante el proceso de lesividad: (art.
103.2 LPAC) se puede utilizar para casos de entidades carentes de alguno de los requisitos objetivos que se proclaman.
Es para resoluciones que se consideran como lesivas al interés público. La impugnación se realizaba ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
1.6.- El régimen singular de las entidades religiosas de la Iglesia Católica Desajustes Normativos El Acuerdo jurídico entre España y la Santa Sede –3 enero 1979, regula el régimen jurídico de las entidades de la Iglesia Católica.
La LOLR (5 julio 1980) establece el que será el régimen General aplicable a las entidades religiosas.
De este modo, la ley superior en rango y más especiales es cronológicamente anterior a la más General, que la complementa en todos aquellos extremos en que se produzca lagunas.
La normativa que da base al Acuerdo de 1979, en el momento de su promulgación, era el código de derecho canónico de 1917 (CIC17) que se derogó y modificó sustancialmente con el código de derecho canónico de 1983 (CIC 83), por lo que ni siquiera en todos los supuestos coincide la nomenclatura entre el Acuerdo jurídico y del código que define en la actualidad las instituciones que haya se regula.
Hay alguna institución, en concreto la conferencia episcopal, que se mencionan el Acuerdo jurídico, pero que ni se relaciona con el CIC17 ni con el CIC83, sino que va referida a su propia fuente de creación, que es el Decreto Christus Dominus, sobre el oficio pastoral de los obispos, de 28 de octubre de 1965, del concilio Vaticano II. El motivo de ello está en que en el momento de firmar el AJ esa era la única norma de referencia vigente.
En otros casos, los desajustes término lógicos y normativos vienen dados por la modificación sustancial de la legislación canónica, aún no del todo previsible cuando se firmó el AJ.
En aquel momento es lógico ya que en el CIC 17 así se organizaba la división de la Iglesia: pero, en el vigente CIC 83 no sólo existen demarcaciones territoriales, sino que también se crean circunscripciones de base personal.
De ahí que, al interpretar el AJ tengamos que hablar más bien de “entidades orgánicas” de la Iglesia Católica, pues eres un término que encaja mucho mejor con la realidad actual.
Otros problemas término lógicos los encontramos en expresiones en las que se realizó listado de entidades hoy totalmente superado “órdenes, congregaciones religiosas y otros institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas”. En el CIC83 sólo se habla ya de “institutos de vida consagrada” como algo unitario El nuevo régimen postconstitucional Como existen tan variados tipos de entidades de la Iglesia Católica, el Acuerdo ha querido ser fiel a la especial naturaleza de cada una de ellas a la hora de otorgarles personalidad jurídica civil.
Por ello se han establecido diferentes modos de adquisición de la misma, lo que sí poseen todas en común es el requerimiento sine qua non, para adquirir personalidad civil, detenerla también reconocida en sede canónica.
Distintos tipos de entidades: 1. Entidades del organización oficial de la Iglesia Católica (art. I.2 y 3 AJ) a modo de generalización previa, hay que decir que, para que este tipo de instituciones adquieran personalidad jurídica civil: a) Deben poseer personalidad jurídica canónica.
b) Un no la tienen que acreditar ante la administración, sino sólo comunicarse la al director General de asuntos religiosos.
c) No es necesaria la inscripción en el RER. La comunicación se archiva en el protocolo y se ofrece a la entidad el acuse de recibo.
d) La personalidad jurídica civil se adquiere ope legis y surte eficacia civil retroactiva desde el momento en que la tuvo canónica.
e) El ámbito de la capacidad civil resultará el mismo que tenga canónica mente.
A.- La conferencia episcopal española (artículo I.3. AJ): Según el c. 447 CIC “ la conferencia episcopal, institución de carácter permanente, es la asamblea ante los obispos de una nación o territorio determinado que ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto de los pieles de su territorio …” Según el c.449.2 CIC “ la conferencia episcopal legítimamente erigida tiene de propio derecho personalidad jurídica” Según c.451 CIC “ cada conferencia episcopal debe elaborar sus propios estatutos, que deben ser revisados por la sede apostólica, en los que, entre otras cosas, se establezcan normas sobre las asambleas plenarias de la conferencia, la comisión permanente de obispos y la secretaría General de la conferencia y se constituyen también otros oficios y comisiones que, a juicio de la conferencia, puedan contribuir más eficazmente a alcanzar su fin” B.-Las demás entidades orgánicas (art.I.2 AJ) “la Iglesia puede organizarse libremente. En particular, puede crear, modificar o suprimir diócesis, parroquias y otras circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y está sea notificada a los órganos competentes del Estado” Como en el anterior caso, es necesaria la posesión previa de personalidad jurídica canónica. Se mencionan las diócesis, parroquias y “ otras circunscripciones territoriales”.
Igualmente, podemos entender que se refiere a cualesquiera entidades orgánicas, aunque su circunscripción no sea necesariamente territorial.
Se adquirirá personalidad jurídica civil ipso iure, a partir de la mera notificación a la DGAR (con acuse de recibo para la entidad). No se requiere la inscripción.
2. Institutos de vida consagrada (art. I.4.2 AJ): se refiere a las “ órdenes, congregaciones religiosas y otros institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas” a) Para que adquieran personalidad jurídica civil se precisa que la tengan canónica, a través de su erección canónica.
b) En este caso se exige que se inscriban en el RER. Eso se podrá hacer a través de un documento auténtico donde conste en su “ erección, fines, datos de identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento o y facultades de dichos órganos” La DGAR sólo examinará estos requisitos formales: no es preciso demostrar la finalidad religiosa de estas entidades.
c) La extensión y límites de la capacidad de obrar de estos institutos dependerá de la que posean canónicamente.
3. Asociaciones y otras entidades eclesiásticas (art. I.4.3 AJ) a) En primer término, que se exige a estas entidades que previamente gozarán de personalidad canónica, a partir de su erección canónica.
En este caso, el dato es muy relevante, pues está eliminando a multitud y asociaciones y entidades religiosas Católicas, que no gozan de dicha erección canónica.
b) Se tienen que inscribir en el RER por medio de un documento o auténtico en el que consten “ erección, fines, datos de identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento o y facultades de dichos órganos”.
Estos datos, presentados junto con la solicitud de inscripción, deben coincidir con los que consten en los estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica para su erección canónica.
c) Asimismo, se deberá acompañar una certificación de la conferencia episcopal en donde se acredite la naturaleza religiosa de los fines de la asociación. Sí bien la administración sólo comprobará los requisitos formales del documento auténtico, se valorará la certeza de la certificación de fines religiosos.
d) En el ámbito de capacidad jurídica y de obrar de la asociación o entidad inscrita, será el de las asociaciones civiles comunes, a salvo lo que disponga los estatutos de la institución de que se trate.
4. Fundaciones: aunque en el AJ las fundaciones de trate conjuntamente con el bloque anterior en el art. I.4.3, con posterioridad se ha dictado el R.D 589/1984 de8 de febrero, sobre fundaciones religiosas de la Iglesia Católica que puntualiza lo establecido en el instrumento internacional. A ella nos tenemos que remitir para concretar el régimen jurídico de ese tipo de entidades.
a) El título inscribibles la escritura de constitución de la fundación, acompañada de la certificación eclesiástica de finalidad religiosa.
b) El escritura de constitución deben constar el decreto de erección canónica y toda una serie de requisitos: i.
Datos de identificación de los fundadores ii.
Voluntad de fundar y dotación iii.
Estatutos de la fundación iv.
Órganos de representación y datos de sus iniciales representantes v.
Otras cuestiones que se juzgase inconvenientes.
c) Reunidas la escritura de constitución y la certificación de finalidad religiosa, se presentará la solicitud de inscripción ante el director General de asuntos religiosos.
d) Una vez lograda la inscripción, la capacidad civil se determinará respetando su propio tono mía, es decir, en función de lo que establezcan sus propias reglas de constitución y estatutos, sin necesidad de que sean de nuevo aprobados por la administración.
2.- El régimen económico y patrimonial de las confesiones religiosas.
Financiación Estatal de las Confesiones Religiosas Los ingresos de las confesiones religiosas tienen doble origen, pueden provenir: - De la propia confesión: aportaciones de sus fieles, sea por sus propios medios financieros… Del Estado.
Al hablar de financiación estatal de las confesiones religiosas, debemos referirnos a los 3 extremos, que son las 3 fuentes de las que se puede nutrir económicamente: 1) El tratamiento tributario de los bienes y servicios que presta la confesión religiosa 2) Las exenciones eclesiales 3) La financiación por parte del Estado de las confesiones.
Consideramos como “financiación directa” lo que hemos denominado financiación por parte del Estado y como “financiación indirecta” los beneficios o exenciones fiscales, que son un ingreso por razón de ausencia de pago.
Existen en derecho comparado diversos sistemas de relación financiera “directa” del Estado con las confesiones religiosas, son las siguientes: a) Sistema de consignación presupuestaria empiezas eclesiásticas: se sufraga el coste personal efectivo de los miembros de la confesión. Tiene el problema de resultar incompatible con el principio de libertad religiosa, además de que no cubre el gasto patrimonial.
b) Sistema de dotación presupuestaria: se trata de una cantidad única establecida por el Estado para el sostenimiento de la confesión. Es la propia confesión la que la distribuirá según sus necesidades.
c) Sistema de asignación tributaria: se aplican porcentaje determinado de la recaudación de un impuesto. Es el propio ciudadano el que escoge se quiere, uno, contribuir con la confesión. No es un impuesto nuevo, sino un tanto por ciento de lo que igualmente deberá pagar el contribuyente.
d) Sistema del impuesto religioso: el Estado recaba los fieles de una confesión un cierto tributo, que va a parar íntegramente a la propia confesión.
e) Sistema de autofinanciación: más que un sistema de colaboración, es la negociación del mismo. Son las confesiones las que deben sufragar la totalidad de sus gastos.
Asimismo, existen varios métodos de financiación estatal “indirecta”: i.
Las exenciones fiscales: consisten en evitar el pago de ciertos tributos que deberían cubrir las confesiones por algunas de sus transacciones, de sus ingresos o de sus bienes. Es compatible con cualesquiera de los sistemas de financiación directa ii.
Las deducciones en impuestos: normalmente suele ser deducciones (especialmente en el IRPF) de donaciones, herencias y legados a favor de confesiones religiosas. Por un lado estimulan la generosidad de los fieles y por el otro liberan al Estado de parte de la financiación iii.
Sistemas de subvenciones o conciertos directos para actividades sociales: se financia alguno de los servicios públicos concretos que cubre la confesión religiosa.
2.1.-Financiación estatal directa de la Iglesia Católica A.- Precedentes Históricos: La consecuencia directa de la desamortización eclesiástica y de la supresión de la obligación de pago de los diezmos y primicias que el Estado español se viese obligado a sufragar los gastos que tenía la Iglesia Católica. Hay que pensar que las necesidades del clero, el culto y del Patrimonio subsistente seguían siendo las mismas que antes de que le Iglesia se viese privada de sus bienes, mientras que los ingresos dejan prácticamente existir, al no ostentar ya esté la propiedad de buena parte de su Patrimonio.
Por eso, por lo que el art.11 Cede1837 establece que por primera vez, “la nación se obliga a mantener el culto o y los ministros de la religión Católica que profesan los españoles”. Eso modo de indemnizar a la Iglesia por todo lo que se le había arrebatado. Expresiones como la anterior se repetirán en lo sucesivo en otros textos posteriores (concordato de 1851, CEde1869, CEde1876) La continuidad se quiebra con la constitución republicana de 1931 hubo, en la que se suprime el presupuesto eclesiástico para que se vaya estén guiando en un periodo de dos años.
Poco duró esta situación, con la Ley de 9 de noviembre de 1939, el movimiento franquista retrotrae la situación al Estado en que se encontraba durante el periodo monárquico.
Más adelante se reorganizará el sistema por vía concordato haría, inicialmente a partir de Acuerdos parciales (Acuerdo de 16 julio 1946) y después por medio de un concordato General (1953).
En este último concordato no se hace otra cosa que elevar al rango de Acuerdo algo que ya la praxis venía haciendo desde los presupuestos generales del Estado de 1940: el Estado español se compromete a cooperar Kohl Iglesia Católica en la consecución de un Patrimonio “congruente con su función”, sí bien, mientras eso no se logre, cubrirá el sueldo del clero, a la vez que subvencionará la conservación del Patrimonio eclesiástico subsistente.
La recuperación del Patrimonio eclesiástico quedó en utopía. La consignación presupuestaria por piezas se justificó por la concepción del Estado confesional y a modo de compensación por los bienes perdidos por la Iglesia durante la desamortización. Asimismo, las subvenciones no se consideraron donaciones o libertades estatales, sino contraprestaciones justas y debidas a la Iglesia por su contribución al bien común.
B.-El Acuerdo concordato ario sobre asuntos económicos de 1979 (contienen la normativa básica de financiación de la Iglesia Católica) Se sistema de cooperación establecido en el concordato de 1953 se fundamentaba en una indemnización a cambio de la desamortización, en el Acuerdo sobre asuntos económicos de 1979, y por el respeto o que se le debe al principio de libertad religiosa, la rotación o aportación económica se sustenta en una anacrónica valoración positiva del hecho religioso por parte del legislador, y en la trascendencia que posee la innegable labor social que la Iglesia Católica desempeña.
Es bastante discutible que con este sistema no se ataquen la aconfesionalidad del Estado y el principio de igualdad religiosa, aunque, la mayor parte de la doctrina, curiosamente, no se cuestiona siquiera el asunto del evidente discriminación.
La financiación directa de la Iglesia Católica se rige por una especie de principios apoyados Toboso la constitución española y reflejados en el Acuerdo sobre asuntos económicos.
Estos son, los que inspiran el sistema: - Principio de cooperación del Estado con la Iglesia Católica: (art.II.1 AE) “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico …”. Se trata de una clara manifestación del principio de cooperación del artículo 16 CE - Respeto al principio de libertad religiosa (art.I 1.1 AE) “… Con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”. Podría decirse que se trata de salvar el principio de no discriminación, sí se observa como un compromiso del Estado de llegar a aceptar lo mismo para las demás confesiones, cosa que en la realidad no se ha producido.
- Principio de respeto o, pero de modificación, de las situaciones anteriores (preámbulo) “… El Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado”. No se pueden ignorar las obligaciones contraídas por el concordato de 1950 y iii, pero se deben adaptar a la realidad actual.
- El principio de aconfesionalidad del Estado: al no inspirarse ya en la confesionalidad, los Acuerdos deben tender a la cooperación, pero sino una necesaria obligación “moral” por parte del Estado.
- La autofinanciación eclesial como punto de mirada (art.11.5 AE) “la Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Cuando se puede autofinanciar, se extinguirá la cooperación estatal.
, Base de los anteriores principios, se prevé un sistema de financiación directa énfasis escalonadas. En cada una de ellas establece alguno de los tipos de colaboración económica: 1º FASE: la dotación presupuestaria: (art.II.4 AE) “… El Estado consignará en sus presupuestos generales la adecuada dotación a la Iglesia Católica, con carácter global y única, que será actualizada anualmente”.
En el momento en de la firma del Acuerdo, el Estado se comprometió a mantener la dotación de un tanto alzado anual durante un mínimo de tres ejercicios: lo hizo efectivamente durante 1979,1980,1981,1982.
2º FASE: sistema mixto de dotación presupuestaria y asignación tributaria: (art. II.2 AE) se explica a la vez una asignación tributaria (que se ha ido concretando alrededor del 0,5% del IRPF) de una dotación presupuestaria.
La asignación tributaria es voluntaria por parte del contribuyente: si no quiere colaborar con la Iglesia Católica, esa misma cantidad de su IRPF se destinará a otros fines. Conforme vaya ascendiendo lo recaudado por el método de asignación tributaria, irá descendiendo lo dado por el Estado como dotación presupuestaria.
De este modo, y durante otro periodo mínimo de 3 años, se mantendrá el mismo nivel de ingresos, pues el Estado suple hasta donde no alcance la asignación. Se trata de la fase en la que, en la práctica nos encontramos, sí bien teóricamente ya habríamos pasado a la siguiente.
3ºFASE: la asignación tributaria (art.II. 2y 3 AE) sustituye totalmente la dotación presupuestaria. Se desarrolló en el sistema de la ley de presupuestos generales de 1988, donde se estableció que a partir de 1991 se daría la suplencia total.
Esto duraría hasta que le Iglesia logre pasar por sí misma a la siguiente fase.
Se entregaría cada mes una doceava parte del total de lo recaudado en el penúltimo ejercicio, a cuenta de lo que se supone que será el resultado de IRPF del año en curso.
Como ya he dicho, aunque en teoría nos deberíamos hallar en esta fase desde 1991, en la práctica, la imposibilidad que ha demostrado la Iglesia Católica de concienciar a la población española para que marque la opción en su declaración de la renta, ha provocado que el Estado continúe supliendo lo que no logra recaudar con la estricta asignación tributaria. Eso significa que ha intentado salvar la inconstitucionalidad del antiguo sistema de dotación presupuestaria por medio de todo un esquema teórico que, a la hora de la verdad sólo cambia el nombre, y que continúa siendo la misma dotación presupuestaria solapada y vergonzante.
4ºFASE: la autofinanciación de la Iglesia (art.II.5. AE) aunque no se fijó un plazo para alcanzar esta meta, no sería posible prolongar el sistema de asignación tributaria sine die.
En todo caso, cuando la Iglesia haya conseguido to financiarse, se pondrá de Acuerdo con el Estado para extinguir el método anterior, lo que no significa, que finalice todo tipo de cooperación económica estatal, sino que ésta deberá encauzarse a través de otras vías.
2.2.- La financiación estatal directa de las otras confesiones con Acuerdo En los tres casos, (FEREDE, FCI, CIE) el art.11.1 dice que la confesión correspondiente podrá “ recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir ofrendas y libertades de uso” Eso es lo único que encontramos en los Acuerdos, lo cual significa que, simplemente, se ha reconocido estas iii confesiones religiosas la libertad recaudatoria (o capacidad impositiva), como consecuencia directa del principio de libertad religiosa, a partir del reconocimiento expreso de su facultad de autorregulación (art.6.1 LOLR) No se ha establecido ningún tipo de dotación presupuestaria ni de asignación tributaria, en el fondo, porque ninguna de las test confesiones hicieron la suficiente presión para ello.
Además, eso les ha supuesto o, probablemente, la mayor concienciación de sus fieles con respecto o a la necesidad de generosidad para sus comunidades, requisito sine qua non para lograr la autofinanciación.
Por otro lado, se puede afirmar que, en este sentido, lastres confesiones encuentran en un Estado financiero más evolucionado que el que aún ostenta la Iglesia Católica: ellos ya han logrado alcanzar la meta deseable, que la Iglesia todavía no es capaz de conseguir.
En cualquier caso, tengo noticias de que estas confesiones ya han iniciado conversaciones con nuestro Estado para dar “un paso atrás” en su grado evolutivo, en un intento de lograr lo mismo que le Iglesia Católica percibe.
Eso da pie a pensar que, posiblemente la Iglesia podría estar muy cerca de ser forzada por el Estado a alcanzar la cuarta y última fase (la autofinanciación), pues no parece que el Estado esté muy dispuesto a colaborar directamente con las demás confesiones, y de no hacerlo podría ser acusado de discriminador.
2.3- El régimen fiscal de la Iglesia Católica Entramos en la que se denomina el sistema de “financiación indirecta” de las confesiones religiosas, comenzando por el más desarrollado, el de la Iglesia Católica.
La fundamentación, de nuevo, la hallamos en la labor social que cumple actualmente la Iglesia. Se ha llegado a afirmar que todo lo que se quite a la Iglesia en concepto de impuestos, se le está quitando la sociedad, pues será dinero que ya no se podrá invertir directamente la actividades que, benefician a todos.
En cierto modo, se equipara la Iglesia con las entidades sin finalidad de lucro, pues, una vez cubiertas las necesidades básicas de culto o y clero, el resto se emplea en labores desinteresadas.
El régimen fiscal posee distintas vertientes: 1º Entidades del organización de la Iglesia:  Supuestos de no sujeción (artículo III AE) “ no estarán sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo” las publicaciones, actividades de enseñanza y la adquisición de objetos de culto (principalmente en el IVA y IRPF)  Supuestos de exención: (art.IV AE) Los inmuebles para fines propios de la Iglesia (fines religiosos, educativos o destinados a la vivienda o el sustento del clérigo y ministros de culto) están exentos de la contribución territorial urbana (actualmente impuesto sobre bienes inmuebles) Los impuestos reales o de producto sobre renta y sobre Patrimonio (reconvertidos a nuestros defectos en el actual impuesto de actividades económicas y impuesto de sociedades) Del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Del impuesto sobre transmisiones patrimoniales De las contribuciones especiales.
2ª Asociaciones y entidades religiosas con fines asociativos (art. V AE) 3.-  Entidades sin finalidad de lucro: su régimen es el mismo que el común para ese tipo de entidades.
 Entidades benéfico-docentes, médicas o hospitalarias o de asistencia social: existe un régimen de deducciones por las delaciones que se les hagan además de ciertos beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto sobre el Valor añadido, el impuesto o del Valor de los terrenos y el impuesto sobre actividades económicas.
3ª deducciones en impuestos a favor de donantes a entes eclesiásticos: (art. IV.2 AE): las donaciones realizadas para fines religiosos tienen las mismas deducciones en el IRPF que las previstas para las hechas a entidades benéficas o entidades públicas.
Actualmente se puede deducir un 10% de las cantidades dadas.
Igualmente se deducen íntegramente del impuesto de sociedades, siempre que no superen el 10% de la base imponible.
4ªotras ayudas económicas para fines determinados:    Ayudas económicas directas: se prevé en subvenciones de reservas de suelo para la construcción de templos.
Ayudas económicas indirectas: la retribución al personal (eclesiástico uno) que realice actividades de cooperación con el Estado (enseñanza, asistencia religiosa …) Ayudas a las actividades sociales realizadas por la Iglesia: no son en función de su finalidad religiosas y no en compensación directa por la cobertura de determinada labor social (educación, asistencia sanitaria, conservación del Patrimonio, beneficencia …) 4.-El Patrimonio cultural en del derecho español Concepto o de Patrimonio cultural: hace referencia al conjunto de documentos, bibliografía, tecnología, museos, archivos, obras de arte, testimonios Históricos, … Se puede decir, que “ el bien cultural es testigo o testimonio de los valores Históricos que la civilización del hombre ha ido alcanzando a lo largo de la historia”. Es precisamente este concepto amplio o el que acoge la Ley 13/1985 de 25 de junio sobre Patrimonio Histórico (LPH).
El objeto de protección de la LPH, nos aclara en su preámbulo, “esta ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y amplía notablemente su extensión. En ella quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio arqueológico y el etnográfico, los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio documental y bibliográfico” Naturaleza del Patrimonio cultural: poseer una doble naturaleza: - Sí se atiende al bien como tal (como objeto material mueble o inmueble) su soporte físico será de propiedad de la entidad que ostente su titularidad dominical, la que él le otorgara el destino que le parezca oportuno.
- Punto de vista de que es bien cultural: posee una vertiente de destinación hacia la fruición de la sociedad, de la colectividad: esa titularidad de la poseemos todos y en concreto el Estado nuestro nombre.
En caso de eventual conflicto entre la titularidad privada y la utilidad General, debe prevalecer la que resulten más digna de protección, lo cual no es fácil de averiguar.
Modos de protección del Patrimonio cultural: en función del mayor grado de evolución de una sociedad, mayor preocupación existe por la protección de los bienes culturales.
El problema que suele surgir, una vez ha aflorado esa sensibilidad social, es cómo conjugar los intereses privados, con los públicos.
Lo cierto es que a lo largo del historia se ha ido viendo que el modelo a a utilizar ha dependido del sistema político predominante en la sociedad: así, en los sistemas designa liberal la tónica ha sido la liberación absoluta del comercio de los bienes muebles, pero con ciertas limitaciones para los inmuebles, con vistas a garantizar, por encima de otros intereses, su conservación y rehabilitación.
Por el contrario, en los sistemas de corte intervencionista se limitan bastante los muebles con los inmuebles.
La Constitución y la Ley de Patrimonio Histórico La Constitución de 1978: en nuestra Norma Fundamental hay dos artículos que hacen referencia a la materia que estamos tratando: Art. 44 CE: "1. Los poderes públicos promoverán y tutelar and el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho" De este artículo se pueden extraer algunas conclusiones de interés: 1) Todas las personas tienen derecho al acceso la cultura, que es Patrimonio del pueblo.
Eso es posible acceder a ella de forma activa (creando cultura) o de forma pasiva (conociendo la, estudiándola y disfrutándola.
2) Los poderes públicos están llamados a promover y tutelar el acceso a la cultura.
3) El Patrimonio cultural pertenece a todos en su fruición, aunque no en su titularidad.
Art 46 CE: " los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualesquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionar a los atentados contra este Patrimonio" También en este segundo art. encontraremos algunas ideas dignas de mención: 1) Se imponen obligaciones concretas a los poderes públicos (promover el enriquecimiento, garantizar y conservar) no sólo a partir de la propia adquisición de estos bienes, sino también por medio de la permisión de creación privada.
2) Se introduce expresamente el término "Patrimonio cultural", junto a sus versiones más tradicionales ("Patrimonio Histórico y artístico").
3) Incorporación de la expresión " pueblos de España", lo que supone que el concepto comprende, por un lado, tanto a los pueblos autóctonos, como a todos los que han invadido el país, y por tanto, las diferentes nacionalidades históricas que configuran el mapa nacional (lo que incluye las distintas modalidades lingüísticas) 4) No importa la titularidad del bien (pública o privada) para que sea digno de protección. Lo que ocurre es que en ocasiones podrán tener un doble régimen jurídico, diferente para cada una de sus utilidades (la artística y cualquier otra que pueda tener) 5) Refuerza la protección con la sanción penal, lo que es sintomático de la importancia que se atribuye a los bienes culturales.
La Ley 13/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico: lo primero que hay que decir es que esta ley acoge el concepto moderno de Patrimonio cultural, por mucho que se titule de "Patrimonio Histórico" a) Regula el derecho a la propiedad de los bienes culturales atendiendo a su especialísima naturaleza: diferencia claramente entre lo que es la titularidad del bien como tal (el Valor económico del mismo) y la finalidad cultural o social que cumple (el Valor patrimonial en sí). El Valor económico pertenecerá a su dueño y el patrimonial a la sociedad, a través de los poderes públicos.
b) Establece los distintos ámbitos a los que se refiere el Patrimonio Histórico, a partir de la creación de toda una serie de categorías en las que ese encuadraran y que son: - Bienes inmuebles: monumentos, jardines Históricos, conjuntos Históricos, sitios Históricos y zonas arqueológicas.
Bienes muebles: no aporta categorías especiales.
Patrimonios especiales: arqueológico, y etnológico, documental, bibliográfico, archivos, bibliotecas y museos.
c) Actualmente existen problemas de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, acerca de quién es el legitimado para proteger el Patrimonio cultural, e incluso para determinar en qué categoría de protección se circunscribe el bien.
d) Las técnicas de protección que utiliza son variadas: la policía administrativa, de inspección, de inventariado, de coerción, de limitación de la propiedad, de impulso administrativo, de fomento … En función del tipo de bien del que se trate, la protección será una u otra: 1ª) Patrimonio Histórico Español: (art.1.2. LPH) " integran el Patrimonio Histórico español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, Histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico.
También forma parte del mismo el Patrimonio documental y bibliográfico, los nacimientos y zonas arqueológicas, así, como los sitios naturales, jardines y parques que tengan Valor artístico, Histórico o antropológico" Esta es la más General de las categorías. Por ello, ofrece un nivel de protección muy genérico, que siga concretando función de la clase de bien ante el que nos hallemos. Los protege a todos contra la expoliación y la exportación ilícita. Establece, incluso, una 2ª acción pública contra los que ataque en estos bienes. (Art.8.LPH) 2ª) Bienes muebles inventariados: se trata de muebles que tengan una especial relevancia, que se determina por vía reglamentaria (art.1.3 LPH) La administración posee sobre el propietario la facultad de inventariarlos: - El propietario está obligado a comunicar su existencia antes de proceder a su venta.
- El comerciante debe registrar las tramitaciones que haga de esos bienes - Se limita la propiedad de los bienes ya inventariados.
El régimen de protección empleado impone la utilización subordinada a su conservación, lo cual significa: - Notificación de la enajenación, derechos de tanteo y retracto a favor de la administración Prohibición de la exportación 3ª) Declaración de interés cultural: bienes de interés cultural (BIC).
Algunos bienes del Patrimonio Histórico, además, se declaran "de interés cultural" por la LPH o por RD.
Esta declaración supone que se inscriba el bien en Registro General, que ese expida su título oficial que lo identifique y una serie de limitaciones expresas para el propietario.
El régimen de protección es el siguiente: a) Para los bienes inmuebles: suspensión de licencias de obras, prohibición de separar el inmueble de su entorno, prohibición de obras, rótulos, publicidad y conducciones, suspensión de derribos, obras o intervenciones, previsión de enajenación.
b) Para bienes muebles: rige la misma prohibición de enajenación y existe un especial protección para aquellos que obren en posesión de instituciones eclesiásticas 4ª) Tutela de inmuebles no declarados de interés cultural: sólo se regula algún aspecto o a nivel urbanístico, así como la facultad de la administración de ordenar la suspensión de obras de demolición total o parcial o del cambio de uso.
5ª) Regímenes especiales: Patrimonio documental y bibliográfico. Archivos, bibliotecas y museos, Patrimonio arqueológico y Patrimonio etnográfico.
El Patrimonio cultural eclesiástico España Lo cierto es que la inmensa mayoría del Patrimonio cultural español está en manos de la Iglesia Católica, que durante muchos años fue la única depositaria de la cultura nuestro país. Se trata de muebles e inmuebles de la más variada índole, dispersos a lo largo de la geografía nacional.
Sí algo suele tener en común estos bienes en su finalidad esencialmente religiosa y habitualmente " cultual" (destinada al culto), es precisamente una característica que al Estado le trae sin cuidado: a él sólo le interesa el fin artístico de estos bienes. Esa es una de las cuestiones que plantea más problemas, es decir, cómo conjugar el fin cultural (que preocupa al Estado) y el "cultual" (preocupa la Iglesia) En la mayoría de ocasiones, ambos intereses serán compatibles, máxime, cuando es sabido que le Iglesia Católica siempre tuvo una especial interés en la protección y fomento del arte, aunque se sirviese de ese arte para adornar el culto.
A. Los Acuerdos con la Iglesia Católica: analicemos ahora los principales textos que se han firmado: 1º Acuerdo entre España y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 enero de 1979 (AEAC). De él se puede predicar lo siguiente:   Se reconoce la titularidad dominical de la Iglesia Católica sobre Patrimonio cultural que ostenta.
Patente voluntad de la Iglesia de poner su Patrimonio cultural servicio de la sociedad, sin renunciar por ello a la utilidad "cultual" de los bienes.
   Compromiso de establecer un sistema de conciertos con el Estado: es evidente que el interés de ambos es común. La cooperación resulta necesaria. Por eso se aceptan la ayuda que ofrece el Estado para la conservación.
Objetivos concretos de servicio del Patrimonio cultural a la sociedad: darlo a conocer, catalogarlo, preservarlo, facilitar su contemplación y estudio, lograr la mejor conservación en impedir cualquier clase de perdida.
Creación de una Comisión Mixta indeterminada y sin funciones claras.
2º) Acuerdo con la Conferencia Episcopal Española: la Comisión Mixta creada por el AEAC elaboró un documento con fecha de 30 de octubre de 1980 por el que se aprobaban una serie de criterios a seguir en relación con el Patrimonio cultural de la Iglesia. (Este Acuerdo dar respuesta muchas lagunas que dejó el Acuerdo con la Santa Sede) Dichos criterios eran:  Mutuo reconocimiento del Estado y le Iglesia de la necesidad de colaboración entre ambos para conservar el Patrimonio cultural.
 La Iglesia es la titular de los bienes, pero también ella reconoce que el Estado es titular del interés social sobre los mismos.
 El Estado reconoce que la finalidad "cultual" es primordial para la Iglesia, y por ello debe respetarla.
 La Iglesia se compromete a poner los bienes culturales al servicio de la sociedad y a cuidarlos y respetarlos.
 Las bases sobre las que se centrará la cooperación técnica y económica previstas son: Respecto al uso litúrgico de los bienes por parte de sus legítimos titulares.
2. Coordinación del uso cultural con el estudio científico y artístico y con su conservación.
3. Regulación de las vistas, conocimiento o y conservación, subordinadas a los dos anteriores puntos.
4. Los bienes se someterán en su emplazamiento original en la medida de lo posible. Sino lo fuese, se agruparán en edificios eclesiásticos.
La primera medida que se proponen realizar las partes es inventariar todos los bienes culturales de la Iglesia.
1.
 3º) Acuerdo de las Iglesias regionales o locales: al tener el Estado transferida la competencia de Patrimonio Histórico a la mayoría de las comunidades autónomas (art.148.1.16ª CE), le es posible, y de hecho se ha llevado a cabo ya en varias ocasiones, al firmar Acuerdos parciales con el Obispo o Arzobispo de lugar.
B. Incidencia y aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico: varios extremos curiosos de mención: 1º las restricciones dispositivas: para ver cómo incide en la LPH en los bienes culturales le Iglesia Católica. Hay que conjugar los preceptos: Art.28.1 LPH "los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el inventario General que estén en posición de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso gratuito ni ceder se ha particulares ni a entidades mercantiles. Dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades derecho público o a otras instituciones eclesiásticas" D.T.5ª LPH: "el los Díez años siguientes a la entrada en vigor de esta ley, lo dispuesto en el art. 28.1 de la misma se entenderá referido a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico español en posesión de las instituciones eclesiásticas" Queda claro que el Estado se asegurará han de que le Iglesia no transmita los bienes culturales a nadie que no se haya misma well propio Estado. Aunque se refiera a las "instituciones eclesiásticas", la principal afectada por estos preceptos ez la Iglesia Católica.
2º problemas de aplicación de la LPH: veamos algunos de los principales problemas que se presentan a la hora de aplicarla:  Está hoy en día claro que la regulación de la LPH incluye el Patrimonio cultural de la Iglesia Católica, y ello por diversos motivos: el más obvio es que, no sólo no se excluye en ningún momento dicho Patrimonio de la LPH, sino que en ocasiones se cita expresamente.
Otro motivo, de puro sentido común, es que sea la LPH no se refiriese al Patrimonio eclesiástico, quedaría prácticamente vacía de contenido, pues el 80% del Patrimonio cultural español está, en poder de la Iglesia Católica. En todo caso, incluso en el documento mencionado de la Comisión Mixta se hace referencia, indirecta pero clara, a la LPH.
 Aunque la LPH no esté mucho en la línea de la cooperación por la Iglesia Católica, que se predica en el AEAC, como la fórmula de éste fue tan sumamente ambigua como para aceptar casi cualquier sistema, no se puede decir que la LPH sea frontalmente contraria a aquél. Además, al ser una ley General para la globalidad del Patrimonio cultural, tampoco era preciso el Acuerdo con todos los titulares implicados.
 La doble finalidad del Patrimonio eclesiástico: cada una de las dos finalidades tiene una cobertura constitucional.
La finalidad cultural en el art. 44CE, donde el Estado se compromete a la promoción y tutela de la cultura, así como el art.46 CE, donde hace lo propio respecto de la conservación. La finalidad "cultual" en el art.16 CE.
En ocasiones no queda del todo claro cuál es el fin que se debe sacrificar en pro del otro.
El Patrimonio eclesiástico nos encuentra fosilizado en un museo, sino que tiene su razón de ser en el hecho de haber cumplido una función cultural para sus legítimos propietarios.
En cambio el Estado, que es el que dicta la legislación unilateralmente, sólo le interesa su vertiente puramente cultural.
Para los casos de conflicto, se ha buscado una solución consensuada entre la Iglesia del Estado, que ya se anticipó cuando nos referimos al documento de la Comisión Mixta: es propietario el respeto al uso litúrgico en actos religiosos, a la vez que lo es el estudio científico la conservación del bien. Ambos niveles se encuentran por encima del derecho de visita pública.
En realidad, lo que se quiere decir con esto o es que lo lógico es coordinar las actuaciones, es afectara a las obras, a la utilización pública de los bienes eclesiásticos, o al uso en sí mismo de los bienes que se subordinada al que resulte adecuado para su conservación.
El Patrimonio cultural de las confesiones no Católicas Estamos ante uno de los pocos casos en los que los tres Acuerdos de cooperación no son unánimes, pues sólo hallamos la regulación de este aspecto o en el Acuerdo de laCIE y en el de la FIE, el de la FEREDE nada estableció.
El art.13 de los Acuerdos de la CIE y la FCI dicen que: - Existe un compromiso de cooperación "en la conservación y el fomento del Patrimonio Histórico, artístico y cultural" El Patrimonio cultural de la confesión está al servicio de la sociedad para su contemplación y estudio.
Se fija los términos concretos de la cooperación en las siguientes actividades: catálogos el e inventarios, creación de patronatos, fundaciones u otras instituciones de carácter cultural.
En cuanto al tema de la aplicación de la LPH nos damos cuenta de que también habría que hacer aquí mención del comentado art.28.1 LPH, pues en él se refiere al Patrimonio en manos de las siguientes "instituciones eclesiásticas". Le es a trasladable lo expuesto sobre el problema de la doble finalidad cultural y "cultual", ambas igualmente protegidas por la constitución.
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