4º seminario (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Constitucional III: Derechos y Libertades
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 15/09/2017
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Paula Campelo Seminario 301-Drets i llibertats fonamentals 29/05/17 Seminario 4: LIBERTADES INFORMATIVAS Supuesto de hecho: El diario de Cantabria “Alerta” ha publicado en la sección de cartas al director un artículo que dice lo siguiente: «LO QUE COBRA H.: Naturalmente, el Alcalde de Santander cobra lo que le da la gana. Eso ya lo sabíamos. Siempre hace lo que le da la gana, incluso investigar a los ciudadanos que no están de acuerdo con sus actuaciones, sus impuestos de atraco, sus frases de extrema derecha, su analfabetismo y su manera de andar por la vida insultando como un chulo barriobajero. Como habitante de Santander, la verdad es que cuesta trabajo guardar la calma ante un señor tan poco sereno, tan impertinente, tan chabacano, tan despilfarrador, tan mentiroso y que, además, cobra de nuestros dineros "lo que quiere".
Así es como nos encanta: que nos roben a cara descubierta.
El señor H.es muy quien para discrepar de la orden y de los decretos del Gobierno, según los cuales le estaba terminantemente prohibido cobrar dinero al margen de su sueldo. Pero no es quien para seguir cobrando. Yo también discrepo de los impuestos y los pago, de las multas y las pago, de los precios del autobús y los cumplo. Pero el señor H., no. Para él no valen las leyes de los demás. Así que como 50.000 € de sueldo anual le parecían poco, hete aquí el buen señor cobrando cada mes de un fondo municipal (el Fondo de Inspección), unas "nimias" cantidades de casi 30.000 € en los últimos años.
Lo de nimias lo dice el señor Alcalde de Santander para quitarle hierro al asunto, según los indicios.
"Robo, pero robo poco", "cobro fuera de la ley, pero cobro una nimiedad: sólo unos 30.000 € en los últimos cuatro años". Así da gusto, personajes así adornan de dignidad la piel de toro que llamamos España. Y como no podía faltar el estilo de la casa, H., cogido in fraganti, infringiendo la legalidad y cobrando indebidamente, sólo se le ocurre insultar a quienes le descubrieron y decir que todo ese dinero él lo declara a Hacienda. Bonita manera de salir adelante. Con gente así da asco ser ciudadano y pagar como tal.» FUNDAMENTOS JURÍDICOS Art. 1.2 CE: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Art. 9.3 CE: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos Art. 14 CE: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Art. 18 CE: 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Art. 20 CE: 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Art. 25.1 CE: Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
Art. 7 Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo: Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta Ley: - 1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.
- 2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.
- 3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.
- 4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.
- 5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.
- 6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
- 7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
- 8. La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas.
Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo: - Art. 1: Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio / Podrán ejercitar el derecho de rectificación el perjudicado aludido o sus representantes y, si hubiese fallecido aquél, sus herederos o los representantes de éstos.
- Art. 2: El derecho se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal que permita tener constancias de su fecha y de su recepción. / La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar. Su extensión no excederá sustancialmente de la de ésta, salvo que sea absolutamente necesario.
- Art. 3: Siempre que el derecho se ejercite de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas. / Si la información que se rectifica se difundió en publicación cuya periodicidad no permita la divulgación de la rectificación en el plazo expresado, se publicará ésta en el número siguiente. / Si la noticia o información que se rectifica se difundió en espacio radiofónico o de televisión que no permita, por la periodicidad de su emisión, divulgar la rectificación en el plazo de tres días, podrá exigir el rectificante que se difunda en espacio de audiencia y relevancia semejantes, dentro de dicho plazo. / La publicación o difusión de la rectificación será siempre gratuita.
- Art. 4: Si, en los plazos señalados en el artículo anterior, no se hubiera publicado o divulgado la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicación social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación.
- Art. 5: La acción se ejercitará mediante escrito, sin necesidad de Abogado ni Procurador, acompañando la rectificación y la justificación de que se remitió en el plazo señalado; se presentará igualmente la información rectificada si se difundió por escrito; y, en otro caso, reproducción o descripción de la misma tan fiel como sea posible. / El Juez, de oficio y sin audiencia del demandado, dictará auto no admitiendo a trámite la demanda si se considera incompetente o estima la rectificación manifiestamente improcedente. En otro caso convocará al rectificante, al director del medio de comunicación o a sus representantes a juicio verbal, que se celebrará dentro de los siete días siguientes al de la petición. La convocatoria se hará telegráficamente, sin perjuicio de la urgente remisión, por cualquier otro medio, de la copia de la demanda a la parte demandada. / Cuando el Juez de Primera Instancia hubiese declarado su incompetencia podrá el perjudicado acudir al órgano competente dentro de los siete días hábiles siguientes al de la fecha de notificación de la correspondiente resolución, en la cual se deberá expresar el órgano al que corresponda el conocimiento del asunto.
- Art. 6: El juicio se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales, con las siguientes modificaciones: a) El Juez podrá reclamar de oficio que el demandado remita o presente la información enjuiciada, su grabación o reproducción escrita. b) Sólo se admitirán las pruebas que, siendo pertinentes, puedan practicarse en el acto. c) La sentencia se dictará en el mismo o al siguiente día del juicio. / El fallo se limitará a denegar la rectificación o a ordenar su publicación o difusión en la forma y plazos previstos en el artículo 3.º de esta Ley, contados desde la notificación de la sentencia que impondrá el pago de las costas a la parte cuyos pedimentos hubiesen sido totalmente rechazados. / La sentencia estimatoria de la petición de rectificación deberá cumplirse en sus propios términos. / El objeto de este proceso es compatible con el ejercicio de las acciones penales o civiles de otra naturaleza que pudieran asistir al perjudicado por los hechos difundidos.
- Art. 7: No será necesaria la reclamación gubernativa previa cuando la información que se desea rectificar se haya publicado o difundido en un medio de comunicación de titularidad pública.
- Art. 8: No serán susceptibles de recurso alguno las resoluciones que dicte el Juez en este proceso, salvo el auto al que se refiere el párrafo segundo del artículo 5.º que será apelable en ambos efectos, y la sentencia, que lo será en un solo efecto, dentro de los tres y cinco días siguientes, respectivamente, al de su notificación, conforme a lo dispuesto en las secciones primera y tercera del Título Sexto del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La apelación contra el auto a que se refiere el artículo 5.º se sustanciará sin audiencia del demandado.
Art. 41 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional: 1. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución.2. El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. 3. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso.
Art. 2 CP: 1. No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración.
Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. 2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.
Art. 205 CP: Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
Art. 206 CP: Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses.
STEDH de 14 de marzo de 2013 (Caso Eon contra contra Francia) Leeros detenidamente el artículo transcrito y el artículo que os facilitamos y contestad a las siguientes preguntas: 1.
Suponga que usted es el alcalde de Santander y considera que la información contenida en esta carta es inexacta y lesiona su reputación. ¿Puede rectificar la información? En su caso, ¿cómo lo haría? Existe una vía legal para rectificar la información: el art. 1 de la Ley orgánica 2/1984 reguladora del derecho de rectificación establece que “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio”. De este modo, cabe seguir los pasos que establece dicha ley para rectificar la información que estamos tratando alegando que: En primer lugar, se debe remitir el escrito de rectificación al director del medio en un plazo de 7 días naturales desde la publicación o difusión de la información que se quiere rectificar con el objetivo de que haya constancia de su fecha y recepción. Dicha rectificación no debe extenderse a hechos de la información que no se desee rectificar salvo que sea absolutamente necesario.
En segundo lugar, siempre que el primer paso se haya cumplido, el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación en un plazo de 3 días desde su recepción.
Es necesario concretar que en el caso en que la información que se rectifica se haya difundido en publicación cuya periodicidad no permita la divulgación de la rectificación en el plazo de 3 días, ésta será publicada en el número siguiente. Además, si la noticia o información que se rectifica se ha difundió por radio o televisión de forma que tampoco permita, por la periodicidad de su naturaleza, divulgar la rectificación en el plazo requerido, el rectificante podrá exigir que se difunda en un espacio de audiencia y relevancia semejantes pero siempre dentro del plazo de 3 días. Por último, cabe decir que la publicación siempre es gratuita.
En tercer lugar, si no se cumple con el plazo de 3 días que requiere la ley a la hora de publicar o divulgar la rectificación o se hubiera notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicación social que aquélla no puede ser difundida o se ha publicado o difundido sin respetar alguno de los requisitos establecidos anteriormente, el perjudicado podrá ejercer la acción de rectificación dentro de los 7 días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación.
En cuarto lugar, la acción se ejercitará mediante escrito sin necesidad de Procurador ni Abogado acompañando la rectificación y la justificación de que se remitió en el plazo establecido legalmente. En este caso, la información rectificada se presentará igualmente si se difundió por escrito. El Juez de oficio y sin audiencia del demandado dictará auto no admitiendo a trámite la demanda si se considera incompetente o estima la rectificación manifiestamente improcedente. En otro caso convocará al rectificante, al director del medio de comunicación o a sus representantes en un juicio verbal que se celebrará en un plazo de 7 días desde la petición. La convocatoria se hará telegráficamente sin perjuicio de la urgente remisión por cualquier otro medio de la copia de la demanda a la parte demandada. Así pues, cuando el Juez de Primera Instancia hubiese declarado su incompetencia podrá el perjudicado acudir al órgano competente dentro de los 7 días hábiles siguientes al de la fecha de notificación de la correspondiente resolución en la cual se deberá expresar al órgano al que corresponda el conocimiento del asunto.
Seguidamente, el juicio se celebrará según lo establecido en la LEC con las modificaciones establecidas en el art. 6 de la Ley orgánica que estamos tratando y el fallo se limitará a denegar la rectificación o a ordenar su publicación o difusión en la forma y plazos previstos en el art. 3 de esta Ley contados desde la notificación de la sentencia que impondrá el pago de las costas a la parte cuyos pedimentos hubiesen sido totalmente rechazados. Cabe añadir que la sentencia estimatoria de la petición de rectificación deberá cumplirse en sus propios términos y que el objeto de este proceso es compatible con el ejercicio de las acciones penales o civiles de otra naturaleza que pudieran asistir al perjudicado por los hechos difundidos.
Finalmente, no serán susceptibles de recurso alguno las resoluciones que dicte el Juez en este proceso, salvo el auto al que se refiere el párrafo segundo del art. 5 que será aplicable en ambos efectos, y la sentencia, que lo será en un solo efecto dentro de los 3 y 5 días siguientes, respectivamente, al de su notificación, conforme a lo dispuesto en las secciones 1ª y 3ª del Título Sexto del Libro II de la LEC.
Además, la apelación contra el auto a que se refiere el art. 5 se sustanciará sin audiencia del demandado.
En conclusión, si fuera el alcalde alegaría que las entidades locales disponen de un instrumento rápido y eficaz para contrarrestar las informaciones inexactas.
2.
Ahora imagine que para restablecer su derecho (presuntamente vulnerado) quiere llegar hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué derecho fundamental invocaría? Describa cuál sería el iter procedimental, el tipo de recurso que interpondría ante el alto tribunal y los plazos y requisitos necesarios para su interposición.
Llegaría al TC invocando la vulneración del derecho fundamental del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, regulado en el art. 18.1 de la Constitución Española al creer que se ha dañado su reputación debido a que las expresiones que se utilizan en la carta al director para referirse a él las considera una injuria (acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona despreciando su fama o atentando contra su propio aprecio) que ha dado lugar a la condena del recurrente por delito de desacato.
El derecho al honor se puede entender desde una vertiente objetiva como “la reputación, buen nombre o fama de que goza ante los demás” y subjetiva como” ‘el sentimiento de estimación que una persona tiene de sí misma en relación con la conciencia de la propia dignidad moral”. Dicho derecho se protege en nuestro ordenamiento tanto por vía civil como penal.
En este caso, claramente interpondría un recurso de amparo. En palabras del TC el recurso de amparo es una de las principales competencias atribuidas al TC, siendo el objeto de este proceso la protección frente a las vulneraciones de derechos y libertades regulados en los arts. 14 a 19 y 30.2 de la Constitución Española originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. La única pretensión que puede hacerse valer a través del recurso de amparo es la del restablecimiento o preservación de los derechos o libertades.
Los legitimados para interponer un recurso de amparo son toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Para poder interponer dicho recurso es necesario haber agotado anteriormente la vía judicial previa y haber invocado en ésta tan pronto como sea la vulneración del derecho fundamental que pretende hacerse valer ante el TC.
Los plazos para interponer el recurso contra decisiones gubernativas o administrativas y del recurso contra decisiones judiciales es de 20 y 30 días, respectivamente, desde la notificación de la resolución que pone fin a la vía judicial previa.
Un requisito insubsanable y común a todas las modalidades de recurso de amparo existentes es que el demandante justifique la especial trascendencia constitucional del recurso. Es un requisito que no cabe confundir con el de la propia fundamentación de la lesión constitucional denunciada, de modo que la carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso no es lo mismo que razonar sobre la existencia de la vulneración de un derecho fundamental por el acto o la decisión impugnado.
El recurso de amparo se inicia mediante demanda dirigida al TC donde, además de acreditarse el cumplimiento de los requisitos antes referidos, deben hacerse constar con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, los preceptos constitucionales infringidos y fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o reestablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. El demandante debe comparecer representado por Procurador del Colegio de Madrid y asistido por el Letrado de cualquier colegio de España. La demanda debe presentarse en el Registro General del TC dentro del plazo legalmente previsto o hasta las 15 horas del día siguiente al del vencimiento del plazo en el propio Registro del Tribunal o en la oficina o servicio de registro central de los Tribunales civiles de cualquier localidad.
La demanda ha de ser objeto de una decisión de admisión por parte de las Secciones o de las Salas.
Para que se admita a trámite, además de cumplir los requisitos legalmente previstos, cabe que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del TC en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.
Las decisiones de inadmisión adoptadas por las Secciones o las Salas deben especificar el requisito incumplido y sólo pueden ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal. La Sentencia dictada al conocer del fondo del recurso otorgará o denegara el amparo solicitado y, si se otorga el amparo, puede dar lugar a tres consecuencias diferentes: declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución impugnado, reconocimiento del derecho o libertad pública vulnerado o restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.
Si el recurso hubiera de ser estimado porque a juicio del órgano que conoce del mismo la ley aplicada lesiona derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno del Tribunal, con suspensión del plazo para dictar sentencia en el proceso de amparo hasta que el Pleno se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley aplicada.
Generalmente, la interposición del recurso de amparo no suspende los efectos del acto o decisión impugnado, aunque el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede disponer su suspensión total o parcial cuando la ejecución del acto o decisión recurrido pudiera producir al demandante un perjuicio que pudiera hacer perder al amparo su finalidad y si la suspensión no ocasiona perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.
Además, el órgano que conozca del recurso de amparo puede adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento que por su naturaleza puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad.
3.
Si usted fuera el autor de la carta en el diario, ¿qué derecho o derechos invocaría en su defensa? ¿Podría en este caso llegar hasta el Tribunal Constitucional? Razona tu respuesta.
Si fuera el autor de la carta en el diario, invocaría a la libertad de expresión y de información (art. 20.1 CE) y al derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), el cual protege a los ciudadanos españoles de no ser discriminados por razón de opinión personal.
El objeto del derecho a la libertad de expresión son los pensamientos, las ideas y las opiniones aunque también debemos entender que se incluyen las creencias y los juicios de valor. En cambio, el derecho a comunicar y recibir libremente información trata sobre hechos que puedan considerarse noticia. El TC entiende vulnerado el derecho a la información cuando se impide comunicar o recibir información veraz y cuando se difunden noticias que no son veraces. Este derecho sirve sobre todo a periodistas y medios de comunicación y su objeto son los hechos que puedan considerarse como noticiables (los que puedan contener trascendencia pública y que sean necesarios para que la participación de los ciudadanos en la vida colectiva sea real). Seguidamente, se requiere que la información que se comunica debe ser veraz.
Según el TC, dicha veracidad no ha de ser tratada como si fuera un juicio, es decir, exigiendo esta veracidad no está desprotegiendo a las informaciones que puedan ser erróneas debido a que estas informaciones erróneas son inevitables en un debate libre y así, como consecuencia, de “la verdad” como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio.
Así pues, si fuera el autor de la carta me apoyaría en el amparo y protección constitucional que ofrece la libertad de expresión e información al ser un derecho fundamental que permite que pueda expresar ideas y pensamientos veraces, que en este caso lo son, y refugiándome en el derecho a la crítica. Además, este derecho está vinculado con el art. 1.2 CE donde se recoge el principio de la legitimidad democrática, por lo tanto, una vulneración del derecho que tratamos implicaría también una vulneración de la democracia.
Este caso, al igual que el anterior, también podría llegar al TC presentando el pertinente recurso de amparo debido a que los derechos a los que nos referimos son derechos fundamentales (del art.14 al 29 y el 30.2 CE) tal y como se establece en el art. 41 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional al establecer que una de las competencias del TC es resolver recursos de amparo, los cuales tienen el objeto de protección de los derechos fundamentales.
4.
Imagine que un juez penal le condena por considerarlo autor de un delito de calumnias a una pena de un año de prisión, y cuando ya ha cumplido 6 meses es modifica el código penal castiga este tipo de delitos con una pena máxima de 6 meses de prisión. ¿Le afectaría la modificación legal? ¿En qué sentido? Razone la respuesta.
La irretroactividad penal es un principio en virtud del cual ninguna norma penal posterior tendrá efectos retroactivos sobre hechos perpetrados anteriormente a su entrada en vigor salvo cuando ésta produzca efectos más favorables al imputado o reo (art. 2 CP y 9.3, 25.1 CE) De este modo, aunque generalmente reina la irretroactividad, el art. 2.1 CP establece que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”. Así pues, en el caso que se nos propone, la modificación legal le afectaría teniendo en cuenta que se establece una nueva norma penal que favorece al reo.
Consecuentemente, aunque un juez penal le hubiera condenado por delito de calumnias (art. 205 y 206 CP) a una pena de 1 año de prisión, debido a que la nueva disposición es favorable al reo al establecer que el máximo de tiempo con que se puede penar este tipo de delito son 6 meses y el reo ya ha cumplido dichos 6 meses de condena, éste debe ser puesto en libertad. La nueva disposición deroga a la disposición anterior, y aunque deberíamos siempre regirnos por el principio de la irretroactividad, en casos como éste siempre se aplica la disposición sancionadora que sea más favorable al reo.
5.
Imagínese que usted es el magistrado del Tribunal Constitucional que debe resolver el caso, ¿qué argumentos jurídicos utilizaría para resolverlo? Le haría cambiar de parecer la doctrina contenida en la sentencia del TEDH de 14 de marzo de 2013 (Caso Eon contra Francia). Lea la Sentencia y razone su respuesta.
Desde que se protegieron constitucionalmente las libertades de expresión e información, ha sido muy complicado compaginarlo con los delitos contra el honor cuando dicha vulneración se ha cometido en el ejercicio de esas libertades. Por eso, si tuviera que resolver el caso, ante todo empezaría valorando que no se trata de establecer si el ejercicio de las libertades de información y de expresión han vulnerado el derecho al honor, sino de determinar si este ejercicio opera o no como causa excluyente de la antijuridicidad. De este modo, en el caso que nos ocupa quedan confrontadas las libertades de expresión e información (art. 20.1 CE) y el derecho al honor (art. 18.1 CE).
Para empezar, debemos establecer quienes son poseedores de las libertades del art. 20.1 CE separando dos situaciones: la carta en sí (ajena al medio de información) y el hecho de que ésta haya sido publicada en el diario. Que estemos amparados constitucionalmente por la libertad de expresión no significa que podamos referirnos a otras personas (y en este caso al mismo alcalde) con expresiones insultantes que exceden de forma clara el derecho a crítica atentando contra el honor de éste. En el caso que nos ocupa, es necesario fijarnos en que no se tratan de expresiones injuriosas que han tenido lugar en un debate público, sino expresiones que han sido redactadas y publicadas habiendo existido tiempo para reflexionar si cabía publicarlo en un diario.
El director del diario, al autorizar la publicación de dicho escrito, posibilita el ejercicio de la libertad de expresión del autor y, a su vez, ejerce su derecho a comunicar esa opinión ajena al medio. Además, también hay que tener en cuenta el derecho de los lectores a leer información veraz. Consecuentemente, el deber de diligencia del director le lleva al deber de comprobar la identidad del autor de la carta antes de confirmar su publicación debido a que en caso de que lo que contenga la carta constituya delito se sepa quién ha sido el responsable con independencia de la responsabilidad que el director puede asumir si, conociendo su identidad, decide no revelarla. Si no existiera dicho deber de diligencia por parte del director del diario supondría que: no quedarían debidamente deslindados el ejercicio de la libertad de expresión de una determinada persona ajena al medio (que posibilita publicar la carta) y el derecho del diario de informar a sus lectores y, por otro lado, se vulneraría el derecho de los lectores de leer información veraz.
Seguidamente, hay que considerar que se trata de una noticia elaborada por los profesionales que trabajan en un medio de comunicación al tratarse de una carta al director. Consecuentemente, el director de dicha carta ejerce su derecho a la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones mientras que el recurrente, al autorizar la publicación, sólo se ha limitado a difundir esa opinión ajena al medio al considerar que era importante por el debate político que estaba teniendo lugar en Santander en el momento de los hechos. Así pues, esto no le sitúa en el ámbito del derecho a la libertad de expresión, sino en el del derecho a comunicar libremente información veraz (art. 20.1 CE). En este aspecto, este derecho solo es prevalente ante el derecho al honor cuando existe relevancia pública de lo comunicado y, a su vez, se trata de información veraz. Por tanto, resulta bastante claro que éste ha incumplido el deber de diligencia que le cabía ejercitar debido a que no ha actuado dentro del ámbito constitucional del derecho a la información. En definitiva, por todo lo expuesto, debe estimarse que en el conflicto entre la libertad de información y el derecho al honor, el ejercicio de la libertad no alcanza plena eficacia legitimadora que justifique la lesión del derecho al honor.
La STC del TEDH muestra otro conflicto en el que ha habido una confrontación de los derechos que hemos estado tratando a lo largo del trabajo: el derecho a la libertad de expresión y de información y el derecho al honor. Sabiendo que se trata de derechos fundamentales que, por su propia naturaleza, no son absolutos, hay que hacer un juicio de ponderación para ver cuál de los dos es preferente en cada situación, siendo la solución, por tanto, casuística.
Personalmente, la lectura de la otra STC no me ha hecho cambiar de parecer porque comparto los fundamentos en los que se basa el tribunal en el caso de Santander. En el caso de la STC del TEDH se entiende que, dado que la expresión “piérdete, gilipollas” no era de su propia boca, sino que simplemente era algo parecido a un “lema” con un gran significado detrás, se entiende que debe ser preferente el derecho a la libertad de expresión, lo cual no comparto debido a que no se deben permitir expresiones insultantes en ningún caso sin excepción, independientemente de la situación. De este modo, el TEDH considera que “el castigo penal de comportamientos como el del recurrente puede tener un efecto disuasorio sobre eventuales sátiras relativas a personas con proyección social, las cuales pueden jugar un papel muy importante en el libre debate de cuestiones de interés general, sin el cual no puede existir una sociedad democrática“.
Vemos claramente cómo el fallo de la STC del TEDH se diferencia de la que hemos estado tratando en que el personaje que presuntamente atenta contra el derecho al honor es un militante socialista que, por su propia posición, el TEDH considera que tiene más libertad de expresión que un particular debido a que se expone inevitablemente a un control de sus acciones tanto por parte de la sociedad. Personalmente considero que este hecho interfiere a la igualdad entre personas debido a que todos los ciudadanos deberían tener la misma libertad de expresión independientemente de si su cargo o posición social.
En conclusión, la forma en la que expresar nuestros pensamientos puede hacer que perdamos la razón y el derecho de expresarlo si no sabemos medirlo y, aunque el contenido sea veraz y pueda hasta llegar a tener una gran trascendencia, toda crítica se puede expresar utilizando las palabras adecuadas y sin utilizar expresiones que denigren o atenten contra a la dignidad y honor de la persona o entidad a la que nos referimos.
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