El procedimiento de gestión tributaria (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Procedimientos y Sistemas Tributarios
Año del apunte 0
Páginas 17
Fecha de subida 05/06/2014
Descargas 20
Subido por

Vista previa del texto

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Está dirigido a la liquidación. Tradicionalmente, los obligados tributarios presentaban una declaración y, posteriormente, la AP realizaba la liquidación. En realidad, se ha generalizado otra forma de procedimiento en la cual los contribuyentes deben presentar una autoliquidación, ellos mismos realizan la liquidación tributaria (cuantificación de la D tributaria). Los obligados tributarios declaran, liquidan e ingresan.
DECLARACIÓN (procedimiento tradicional) > Liquidar  Ingresar AUTOLIQUIDACIÓN (procedimiento actual) > Declarar  Liquidar  Ingresar En el sistema actual generalizado, hay una autoliquidación, con lo cual se incluye una declaración de los contribuyentes, en la cual se debe hacer una calificación jurídica, una liquidación y, finalmente, un ingreso.
Al haberse cambiado el procedimiento, sucede que las tareas de liquidación que antes realizaba la AP, ahora, en su mayor parte, la realizan los contribuyentes, se ha producido un desplazamiento de la actuación.
La organización de las Agencias Tributarias, de la AP destinada al ejercicio de las funciones de Hacienda Pública tenía y aun tiene órganos destinados con funciones de gestión tributaria, y órganos distintos dedicados a la inspección tributaria.
Si las funciones de liquidación se transfieren a los órganos tributarios, los órganos de inspección se quedarían sin trabajo. Entonces, paralelamente a este cambio de la declaración a la autoliquidación, se ha producido que los órganos de gestión, actualmente, no realizan liquidaciones tributarias pero sí comprueban y verifican si las declaraciones realizadas por los obligados tributarios son formalmente correctas.
Han surgido las denominadas funciones de comprobación realizada en los procedimientos de gestión, que tratan de verificar si la declaración realizada por el obligado es formalmente correcta, es decir, que esté adecuadamente realizada, no solamente en el aspecto formal de los documentos presentados o la ausencia de errores, sino también en relación con el contenido de incorpora. Pero sin ir más allá, sin descubrir nuevas cosas.
La gestión tributaria tiene como finalidad llegar a una liquidación. Dentro de los procedimientos de gestión encontramos funciones y procedimientos de comprobación.
En el art. 117 LGT se enumeran las FUNCIONES de la gestión tributaria: - Información y asistencia: la AP tributaria tiene obligaciones de información y ayuda a los obligados tributarios, y estas labores se realizan dentro de procedimientos de gestión tributaria.
- Tramitación de declaraciones y autoliquidaciones: los obligados tributarios que han de presentarlas lo hacen antes los órganos de gestión, son ellos quien tienen encomendada esta función.
- Liquidación: liquidan en los casos en los cuales el obligado tributario no la haya hecho, cuando el obligado tributario no está obligado a presentar liquidación.
- Verificación o comprobación: si la AP en los órganos de gestión, realiza funciones de comprobación, y comprueba que la forma en que ha declarado el obligado no es correcta, esto puede dar lugar a una nueva liquidación.
- Coordinación: se pueden entender en varios sentidos, pero, por ejemplo, las AP reciben declaraciones o autoliquidaciones de los obligados, como también información suministrada por obligados. Deben cruzar los datos, comprobar y tramitar y tratar la información.
- Censar: realización de los denominados “censos tributarios”, que son Registros donde se incorporan datos con finalidad de recaudación tributaria. Por ejemplo, hay un Registro de empresarios y profesionales (cualquier PF o PJ que quiera realizar AE debe darse de alta), esta obligación es una obligación censal, pues se refiere al censo. Éste lo lleva la propia Administración tributaria, y lo realizan órgano de gestión. Otro ejemplo sería el Catastro Inmobiliario, que es un censo de las fincas con finalidades tributarias, aunque tenga otras finalidades secundarias, ésta es la principal.
Hay otros censos como el Registro de Vehículos que lo lleva la Dirección General de Tráfico, y no lo lleva la AP tributaria propiamente. Pero aun así, realiza una función de gestión tributaria, entendida en sentido objetivo, como las actuaciones tendentes a la liquidación.
- Certificación: la AP tributaria, órganos de gestión, debe emitir certificados cuando esté previsto en la normativa. Puede expedir un documento afirmando, por ejemplo, determinadas actuaciones. Por ejemplo, un certificado usual es el de residencia fiscal. Si un Estado certifica que un sujeto es residente allí, sirve de cara a otros Estados como mínimo para tener indicio que no será residente en éste Estado.
Además, para solicitar subvenciones, el obligado debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Las AP pueden emitir este tipo de certificados.
En otros artículos y no de modo sistemático se establecen los PROCEDIMIENTOS que se deben seguir para realizar las funciones: - Procedimiento de consultas: una de las modalidades de suministrar información por parte de las AP es la respuesta a las consultas formuladas por los obligados tributarios. Estas consultas deben seguir unos requisitos y un mínimo procedimiento.
- Denuncia: en realidad es una actuación, una posibilidad que tienen los obligados tributarios, como cualquier sujeto, de poner en conocimiento de la AP hechos que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o puedan tener trascendencia tributaria.
Cualquier persona puede poner en conocimiento estos datos de un tercero. Una vez presentada ésta, la LGT señala que el denunciante no es parte ni interesado en los procedimientos que se puedan derivar. No tendrá ninguna de las dos cualificaciones. Una vez presentada la denuncia, la AP puede, o archivarla si entiende que no está fundamentada, entre otros, o bien iniciar un procedimiento. Lo normal en estos casos es que, si se inicia un procedimiento, será de inspección.
- Procedimientos declarativos: son procedimientos distintos, todos de gestión tributaria, pero no finalizan en una liquidación, si no que declaran o manifiestan la existencia de una circunstancia relevante en el ámbito tributario.
 Censales, de información y asistencia  Exenciones: en ocasiones, las exenciones que figuran en las normas tributarias son exenciones rogadas, es decir, la ley contempla una exención pero la misma ley puede establecer que es necesario que la AP reconozca esa exención en ese caso concreto. No siempre es así, hay muchas exenciones y no es necesario pedir el sujeto que se encuentra en esa situación a la AP. Hay algunas de las exentas en el IRPF que sí es rogada (aunque la mayoría no)  los premios literarios, artísticos y científicos. Se debe solicitar la declaración de exención de estos premios, aunque materialmente cumplan los requisitos.
 Devoluciones: un obligado tributario presenta autoliquidación, y tiene cuota tributaria negativa, es decir, se han hecho ingresos a cuenta superiores a la cuota líquida que se debe ingresar. En estos casos, el obligado solicita devolución. Esta se puede obtener mediante la presentación de la autoliquidación o, en otras ocasiones, sin necesidad de presentar autoliquidación también se puede solicitar. La AP declara que el obligado tiene derecho a que se le devuelva una cantidad, por ello es procedimiento declarativo.
 - De acreditación e identificación: todo lo referente a certificados Procedimientos de verificación o comprobación: la APT examina la corrección de lo presentado por los obligados tributarios, pero no va más allá, es decir, se limita a lo presentado, que puede ser lo presentado en declaraciones o autoliquidaciones, o bien en las obligaciones de información. La APT podrá comprobar y verificar determinantes para la obligación tributaria. Los procedimientos son de verificación de datos, comprobación limitada y comprobación de valores: VERIFICACIÓN DE DATOS: comprobar la corrección formal y ausencia de errores de las declaraciones o autoliquidaciones. Se puede iniciar cuando haya defectos formales, cuando los datos consignados no coincidan con los que obren en poder de la APT, cuando haya una aplicación indebida de la normativa que resulte patente, o cuando se requiere la aclaración o justificación de algún dato.
Se inicia de oficio por la APT mediante requerimiento. Si ve que hay error patente, la APT puede hacer una nueva liquidación, pero debe notificar una propuesta de liquidación, y por ello, a continuación hay posibilidad de que el obligado pueda realizar alegaciones y manifestar lo que estime oportuno. La ley emplea el término de liquidación provisional. El resultado del procedimiento es que la APT constata que unos datos de un obligado están o no justificados (en caso de no estarlo, quizás hay que hacer una liquidación distinta a la que ha hecho el administrado), que hace la APT.
Para hacer liquidaciones tributarias, hay que partir de unos hechos, sea el HI o supuesto de hecho de otros elementos de la obligación tributaria. Es decir, en un procedimiento de gestión (también de inspección), la norma se aplica sobre unos hechos. En el procedimiento generalizado de autoliquidación, se declaran los hechos, los califica y realiza el ingreso correspondiente. En el caso, por el contrario, que la APT tenga que hacer declaraciones, la propia APT debe tener en cuenta y examinar los hechos.
Se concluye que para la práctica de liquidaciones tributarias deben quedar acreditados hechos.
Sobre todo, si hay un procedimiento iniciado por la APT después de la declaración del obligado, cabe la posibilidad de controversia sobre los hechos.
Para constatar los hechos y dejarlos acreditados en un procedimiento está el medio de la PRUEBA.
En caso de controversia, existe necesidad de probarlos, acreditarlos, de que queden constatados en un procedimiento. En Derecho tributario existen especialidades respecto de la prueba. La LGT la regula en los art. 105 y siguientes (artículos relativos a normas comunes para todos los procedimientos) En el art. 105  afirmación común para el derecho, criterio general que indica la carga de la prueba  quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
En cualquier situación de estos procedimientos en que sea necesario aclarar hechos para liquidar o cobrar la deuda tributaria, podemos decir que, si hay que probar y hechos, tendrá la carga de la prueba la Administración Tributaria (si hay que probar hechos para cobrar la D tributaria). Si quiere acreditar hechos distintos a los declarados por el obligado, también tendrá la Administración la carga de la prueba.
En caso de controversia entre APT y obligado, el derecho que puede alegar el contribuyente es la exención. La exención es un derecho del obligado tributario, por ello él tiene la carga de la prueba.
Si existe la carga de la prueba, sea para la APT o para el obligado, el art. 106 establece cuáles serán los medios de prueba (cómo pueden quedar acreditados esos hechos). Se remite al CC y a la LEC (medios de prueba generalmente admitidos en derecho).
Cuando un obligado realiza declaración, comunica hechos, no puede considerarse que los esté probando.
Tiene gran importancia la prueba documental. La concepción y existencia del documento sí que es relevante a efectos tributarios y la ley lo pueden reconocer como un elemento de prueba de los distintos hechos.
Para considerar realizados unos gastos o pagos, u operaciones que dan derecho a deducciones, cuando sean realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria mediante la factura. La factura es un documento en que debe constar la operación realizada, y que debe cumplir unos requisitos. Existe un R de facturación. La norma no da un criterio de valoración de la prueba que sea ineludible. Pero sí se puede entender que si se presenta la factura, hay un elemento de prueba muy consistente, y que es suficiente para considerar probado el hecho. La presentación de factura no constituye siempre y en todo caso, siempre cabe destruir ese medio de prueba probando la falses de esas facturas. Como la mayor parte de los hechos sometidos a tributación son operaciones que se realizan por un valor y pueden documentarse por facturas, éstas pueden considerarse un medio de prueba muy relevante.
Hay otros criterios para la valoración de las pruebas como son: el valor probatorio de las diligencias (uno de los documentos en los cuales se constatan las actuaciones tributarias, los actos de la APT.
Son emanados por la APT en los cuales se hace constar la práctica de actuaciones, y se reflejan hechos). En el caso de que en un procedimiento la APT haya realizado algunas actuaciones, por un lado, existe obligación de hacer constar estos hechos en diligencias. Estas diligencias hacen prueba de los hechos que motiven su formalización. Cabe la prueba en contrario, es posible destruir el contenido de la diligencia si se presenta otra prueba que tenga una consistencia superior. Los hechos que consten en las diligencias aceptados por el obligado tributario, se presumen ciertos.
El art. 108 regula presunciones en materia tributaria. Por una parte, presunciones que consten en las respectivas normas tributarias (en el ISD hay presunciones, se presume que eran bienes del titular aquellos de los que constase su pertenencia en el año anterior a su fallecimiento), (en IRPF e IS, en todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios, se presumen retribuidas, salvo puesta en contrario). En lugar de deber probar la AP que la persona ha cobrado por su trabajo, es el obligado quien debe probar que no ha cobrado por el trabajo, que lo ha hecho gratuitamente. Si no existiera la presunción, la carga de la prueba la tendría la APT, la existencia de la presunción provoca la inversión de la carga de la prueba.
Existen presunciones generales, que ya no están referidas a un punto en concreto. Por ejemplo, la titularidad de los bienes, “se podrá considerar como titular del bien a quien figure como tal en un Registro fiscal u otro de carácter civil”.
Otra presunción, “los datos consignados en autoliquidaciones y declaraciones presentadas por los obligados tributarios, se presumen ciertos”. Un obligado tributario está obligado a poner a disposición de la APT hechos, pero no queda obligado a probarlos. Se presumen incluso probados.
Si la APT quiere desvirtuar lo dicho por un obligado, la APT debe presentar medios de prueba e invertir la carga de la prueba.
COMPROBACIÓN DE VALORES: el valor de un bien es relevante a efectos tributarios. Una controversia que puede existir sobre ese hecho, debe ser resuelta y se debe acreditar cual es el valor de ese bien, y presentar medios de prueba. Hay dos especialidades: por un lado, la Ley prevé una forma y un medio de prueba específico y, por otro lado, prevé un procedimiento específico para llevarlo a cabo (procedimiento específico de comprobación de valores). Puede existir un medio más rápido y económico para dirimir esta controversia de la valoración de los bienes, más que someterla al procedimiento general, por ello se ha regulado un procedimiento específico.
El medio de prueba esencial que se tiene en cuenta es la tasación pericial, por lo tanto, podemos decir que es una prueba pericial. La APT podrá proceder a la comprobación de valores por los medios del art. 57 (cotización en mercados, tasaciones periciales, capitalización de los bienes e ingresos, entre otros). Una vez presentada la valoración por el obligado, la AP puede ver o tener controversia sobre ésta, un parecer distinto, y probar que el valor es otro. Existen los acuerdos previos de valoración y la información sobre la valoración de BI (previstos en la LGT), por lo tanto, si un obligado utiliza esos medios, y solicita una información a la APT, si se han utilizado estos medios y luego el obligado presenta una autoliquidación habiendo presentado estos bienes, entonces la APT no puede realizar una comprobación de valores (existe una vinculación para la APT de tal manera que se elimina una fuente de litigiosidad y controversia sobre los valores, pues la APT informa y el obligado se limita y ajusta a eso).
La APT puede notificar al obligado una nueva valoración y hará una propuesta de liquidación. Si el valor determinado por la APT es distinto al declarado por el obligado, la APT debe declarar la propuesta de valoración debidamente motivada.
Los actos administrativos de la APT son impugnables, pero no lo son los actos de comprobación de valores. El obligado tributario no puede recurrir, debe utilizar el procedimiento especial de tasación pericial. Intervendrán peritos que tasen el bien, se dice que la tasación pericial es contradictoria (TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA) porque habrá peritos de la APT y del obligado.
Hay un criterio  si la diferencia entre la valoración (si las valoraciones están próximas) de uno u otro es igual o inferior a 120.000 euros o al 10%, la valoración realizada por el perito del obligado tributario se admite como valor del bien.
La APT pedirá cada año una lista de sujetos que puedan hacer peritajes a Colegios o entidades que tengan expertos. Confeccionará listas y nombrará peritos por sorteos que irán interviniendo en estas tasaciones. La tasación que dé el perito (tercero), es finalmente la que se admite como valor del bien.
COMPROBACIÓN LIMITADA: cuando se quiere controlar el correcto cumplimiento de los obligados tributarios, la función de control, la realiza la inspección tributaria, que controla a los obligados viendo si han declarado bien y lo han declarado todo, con la finalidad de descubrimiento. Los órganos de gestión al haberse generalizado el sistema de autoliquidación, se les ha añadido, a su mera función de tramitación de las declaraciones, algunas funciones de comprobación. Estas funciones que realizan los órganos de gestión tributaria se refieren solamente a lo declarado por los obligados tributarios. No pueden realizar actuaciones que vayan más allá de lo declarado, para descubrir cosas que no han declarado (esto se hará mediante la inspección).
Este procedimiento va más allá de la mera verificación de datos. Se habla de comprobación limitada porque está sometida a unos límites, se debe realizar dentro de límites, uno de ellos es que se deben limitar a examinar lo declarado por los obligados tributarios.
Cuando hablamos de comprobación, en definitiva, la AP lo que debe examinar son hechos, para después verificar si las autoliquidaciones presentadas se corresponden con dichos hechos. La comprobación se dirige al examen de hechos con relevancia tributaria.
El nombre de comprobación limitada responde a que estas facultades que tiene la APT tienen unos límites. La Ley empieza estableciendo el ámbito de la comprobación (pueden examinarse o comprobarse los datos consignados por los obligados tributarios y los datos o antecedentes que estén en poder de la Administración). Dado que la comprobación debe dirigirse sobre hechos, estos datos deben tener un apoyo fáctico, es decir, son el reflejo de unos hechos, y por lo tanto, la comprobación buscará correspondencia entre datos y hechos que se manifiestan.
Se basarán también en datos que hayan aportado terceros, no el propio obligado. Dentro de la comprobación puede utilizarse datos de terceros y solicitarse estos datos. También pueden examinarse Registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria.
Hay una serie de limitaciones que dan lugar a que la comprobación sea limitada.
 La APT puede revisar documentos con excepción de la contabilidad mercantil.
 En ningún caso se podrá requerir a terceros información sobre movimientos financieros  Las actuaciones que realice la APT no podrán realizarse fuera de las oficinas de la misma. Todo el examen de datos y documentos debe realizarse en la propia APT. Los documentos aportados por terceros debe ser en estas oficinas. La APT no puede salir fuera de la oficina a realizar registros, exámenes, inspeccionar elementos, entre otros.
Salvo lo previsto en la normativa aduanera y las comprobaciones censales.
 A la hora de aplicar el impuesto aduanero, se pueden examinar los bienes y mercancías para saber cuál es la cuota tributaria que se debe pagar (se aplica procedimiento de declaración con posterior liquidación por la APT).
 En el caso de comprobaciones censales, existe la estimación objetiva mediante módulos (se activa la cuota tributaria en función de determinadas circunstancias físicas). Dentro de una comprobación tributaria la APT puede acudir a los vocales para examinar si los módulos que se han declarado y constan en una empresa son reales.
La LGT dedica una serie de artículos a regular la tramitación. Por un lado, las actuaciones de comprobación se inician de oficio. Se debe notificar al obligado tributario el inicio del procedimiento mediante una comunicación (se ponen en conocimiento del obligado hechos relevantes, y un hecho relevante es el inicio del procedimiento de comprobación). Además, la APT si entiende que ha de realizar una liquidación distinta a la que ha realizado el obligado, debe hacer una propuesta de liquidación, es decir, si la APT entiende que ya tiene los datos necesarios para liquidar sin hacer más trámites previos para hacer una nueva liquidación, junto con la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento, puede comunicar la propuesta de liquidación.
Hay que emitir, por parte de la APT, comunicaciones y diligencias (documentos donde se hacen constar hechos y actuaciones practicadas). Hay una obligación por parte del obligado de personarse ante la APT. Se debe comunicar la propuesta de liquidación para que éste alegue lo que considere necesario.
Los medios o formas de terminación del procedimiento son:  Forma ordinaria  resolución expresa por parte de la APT. Si la APT entiende que ha de realizar una nueva liquidación, en la resolución se realizará.
 Caducidad. Es decir, la APT no ha resuelto en el plazo de 6 meses desde el inicio del procedimiento, y siempre que no haya habido dilaciones imputables al obligado tributario  Por el inicio de un procedimiento inspector. Es decir, que en el curso de las actuaciones se compruebe que, quizás, es más conveniente para el caso realizar el procedimiento de inspección, por el que se debe terminar el procedimiento de gestión para iniciar otro, pues son dos procedimientos distintos, no es un mismo procedimiento que continúa En lo relativo a efectos en la regularización practicada, hay un efecto que se ha establecido en garantía y como derechos de los obligados tributarios. En el caso de que a un obligado se le haya hecho una comprobación limitada por una determinada obligación tributaria, sobre esos mismos hechos, no se puede realizar una nueva regularización, salvo que se descubran nuevos hechos o circunstancias distintas de las especificadas en la resolución. Hay un elemento de seguridad jurídica, que no existe en otros procedimientos como el de verificación de datos.
Si un obligado ha prestado su conformidad a esos hechos en un procedimiento de comprobación, solo se podrá admitir una acción de estos hechos si el obligado tributario prueba error de hecho. De otra manera, el obligado no puede impugnar la resolución. Si no llega a probar el error no cabe la imputación.
- Procedimientos de liquidación El art. 123 LGT establece 5 procedimientos: - El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos: en la aplicación de los tributos hay dos situaciones en las cuales un obligado puede solicitar una devolución.
 Derecho a devolución de cantidades como consecuencia a la aplicación de la normativa de los tributos. Que se hayan hecho ingresos a cuenta o se hayan soportado retenciones superiores a la cuota tributaria, por lo tanto, hay derecho a solicitar devolución, y la AP está obligada a devolver. Cuando se hicieron ingresos a cuenta, estos eran debidos, no hubo aplicación incorrecta de la normativa. Finalmente, a la hora de realizar la autoliquidación, se comprueba que el resultado es superior a lo que se debe en cuota tributaria.
 Se realizó un ingreso que ya, en el momento de su realización, se trataba de un ingreso indebido. No era necesario pero, por la causa que fuese, por ejemplo, error, o aplicación indebida de la normativa, se realizó el ingreso. También hay derecho a solicitar la devolución, aun siendo situación distinta. El procedimiento en este caso no es de gestión tributaria, si no que está dentro de la revisión en vía administrativa, mediante procedimiento de devolución de ingresos indebidos. La AP debe constatar que efectivamente fue indebido.
La LGT prevé estas situaciones en artículo 31 y 32, es decir, el derecho material ya lo prevé.
En el ámbito procedimental, se sitúa en procedimientos de gestión tributaria, la devolución como correcta aplicación de los tributos.
- El procedimiento iniciado mediante declaración - El procedimiento de verificación de datos - El procedimiento de comprobación de valores - El procedimiento de comprobación limitada ¡! La autoliquidación es un acto del obligado tributario, y en este acto, simultáneamente, presenta liquidación, liquida y realiza el ingreso o solicita la devolución. En la mayoría de los casos, el obligado presenta autoliquidación, realiza el ingreso, y en la mayoría de supuestos, termina ahí.
Como hay gestión tributaria mediante un único acto, el legislador tributario ha considerado excesivo decir que se sigue un procedimiento, pues éste es un conjunto de actos, no un único acto.
Por este motivo, la autoliquidación está regulada antes de los procedimientos en la LGT (se regula en el art. 120 y los procedimientos en el 123).
-------------En el ámbito de los impuestos estatales, solamente hay un impuesto donde se mantiene la posibilidad de presentar declaración y posterior liquidación por la AP (ISD). Pero en este Impuesto se establece que, como es cedido a las CCAA, cada una determina la forma de liquidación. Hay muchas CCAA, como CAT, en que se obliga a que se presente autoliquidación.
Solo en el caso de impuestos locales se puede hablar de declaración y posterior liquidación. Como es el caso del IBI, IAE, Impuesto de vehículos. En realidad no se adopta el procedimiento o método de autoliquidación pues se trata de impuestos periódicos que se liquidan mediante recibo emitido por la AP. En estos Impuestos no es necesario que los obligados presenten declaración cada vez que van a pagar el impuesto, solo se presenta una declaración inicial.
También ocurre declaración y posterior liquidación en muchas tasas.
-------------En el ámbito de la gestión, la LGT tiene la siguiente ESTRUCTURA: - En los artículos 97 a 116, la LGT tiene un Capítulo dedicado a normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. Estos artículos se aplican a procedimientos de gestión, inspección y recaudación.
 Art 98, 99 y 100 regula los conceptos iniciación, desarrollo y terminación de procedimientos tributarios.
 En el art. 99.7 se regulan la documentación en el ámbito tributario. Las actuaciones de la APT se documentan en comunicaciones, diligencias e informes. No se recogen aquí las actas pues éstas son únicamente para el procedimiento de inspección.
 Comunicaciones: todo documento en el cual la APT pone en conocimiento del obligado tributario un hecho con relevancia tributaria. Por lo tanto, se trata de un documento muy general. Los actos de la APT deben ser notificados, se les debe presentar personalmente el documento respectivo. Pero no se debe confundir comunicaciones con notificaciones, pues son cosas distintas. Comunicación es un documento, mientras que la notificación es un acto.
 Diligencias: son documentos donde se reflejan las actuaciones de la APT.
 Informes: son documentos de la APT que muchas veces no están ligados a muchos procedimientos, pero debe confeccionar y emitir una AP, y en muchas ocasiones, a favor de otra Administración, tributaria o Pública en general.
- En los artículos 117 a 122 hay una serie de artículos que regulan cuestiones comunes a toda la gestión tributaria.
- Del artículo 123 en adelante se regulan los procedimientos -----------------La LIQUIDACIÓN consiste propiamente en las operaciones de cuantificación y determinación de la D tributaria. En el art. 101 LGT se regula la liquidación. En este precepto también se hace una clasificación en dos categorías: - Liquidaciones provisionales: son aquellas que pueden ser modificadas por la APT. Como garantía para los obligados tributarios, al regular el procedimiento de inspección, si éste se da, y esta termina con una liquidación sobre esos hechos, la APT no podrá volver a liquidar.
Esto es una garantía para contribuyentes y responde a la seguridad jurídica. La APT puede variar esa liquidación, y naturalmente hay un nuevo procedimiento.
Se puede pensar que lo provisional es aquello que dura un tiempo y posteriormente puede ser modificado. No es éste el sentido al que se refiere la LGT. En muchísimos casos, liquidaciones que tienen el carácter de provisionales, son liquidaciones que después no se modifican, que no variarán nunca.
- Liquidaciones definitivas: son aquellas que realiza la APT como consecuencia o terminación de un procedimiento de inspección. La propia APT ya no puede varias, y por ello es definitiva, no se pueden volver a revisar esos actos y hacer una nueva liquidación. Esto solamente se puede alcanzar mediante un procedimiento de inspección. Hay otros procedimientos, como el de gestión, en los cuales pueden terminar en liquidación, pero cuando esto se produzca, no se impide que sobre esos hechos después pueda haber una inspección y se pueda variar dicha liquidación.
Dentro de las liquidaciones, hay unas muy concretas que son las que realiza el obligado tributario, las denominadas AUTOLIQUIDACIONES (art. 120 LGT). Hay una liquidación tributaria, que responde al mismo concepto del art. 101, con la particularidad de que, en este caso, quien realiza la operación no es la APT, si no el propio obligado tributario. Una autoliquidación es una liquidación provisional.
En el mismo art. 120 se habla también de formas de modificación de la autoliquidación. El obligado tributario presenta una autoliquidación y la APT, después, podrá variarla, porque podrá utilizar los procedimientos existentes de gestión tributaria e inspección y sobre esos hechos puede establecer una nueva liquidación.
Una vez hecha una autoliquidación por un obligado tributario, el mismo obligado puede variarla, es decir, puede encontrar que aquella autoliquidación no era correcta y la modifica. Se distinguen dos casos en este supuesto: - Por una parte, que la autoliquidación sea errónea porque en realidad ha de ingresar una cantidad mayor. Es decir, el obligado tributario es consciente de que no se ha declarado todo, no se ha pagado lo que era necesario. En este caso el obligado puede presentar una autoliquidación complementaria, tiene como finalidad completar o modificar la presentada anteriormente, cuando resulte una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior. Esta posibilidad la LGT la contempla junto con la posibilidad de presentar declaraciones complementarias, es decir, sirve también para aquellos otros actos que sean de declaración, que no estén dentro de una autoliquidación. El límite es la prescripción de la obligación tributaria. Si se realiza dentro del plazo, se considera que hay un cumplimiento de la obligación como si se hubiese presentado una autoliquidación. Por el contrario, están las sustitutivas, mediante las cuales no se debe tener en cuenta la anterior. Si se considera que está presentada fuera de plazo, devenga el recargo correspondiente.
- Una autoliquidación se puede haber presentado inicialmente y puede ser el obligado consciente después que ésta perjudica a sus intereses. Se podrá variar la autoliquidación en este caso. Pero el procedimiento que se sigue varia con respecto a las autoliquidaciones complementarias, pues en este caso ya se ha autoliquidado e ingresado una cantidad, y se considera que se debe devolver la parte que se ingresa. Esto ya no se produce de modo tan automático. El art. 120.3 LGT denomina esta situación solicitud de rectificación de autoliquidación. Se podrá instar esta rectificación de la autoliquidación cuando haya perjudicado, de cualquier modo, sus intereses, mediante un procedimiento que se regula reglamentariamente. En este caso no se presenta nueva autoliquidación, si no solicitud de rectificación de la autoliquidación. La APT después debe analizar el caso y resolver si procede o no la rectificación de la autoliquidación.
Los procedimientos de gestión tributaria tienen una forma de inicio (declaración, autoliquidación), un desarrollo y una terminación (que puede ser por resolución u otras formas, como la caducidad).
La resolución es la forma ordinaria de terminación. La APT ESTÁ OBLIGADA A RESOLVER Cuando la respuesta sea constitutiva de obligaciones o reconozca derechos, debe tratarse de una resolución motivada (los actos administrativos deben ser motivados). En el art. 104 de la LGT se regula en concreto en qué plazos deben resolver la APT y qué efectos tiene, en su caso, la falta de resolución en ese plazo.
Cada procedimiento tributario tendrá un plazo de resolución que vendrá en cada caso determinado, pero si no hay otro especificado, el plazo será de 6 meses. Hay un caso concreto, en el procedimiento de inspección, para el cual se señala un plazo de 12 meses prorrogables.
La resolución se le ha de notificar al obligado tributario dentro de ese plazo, contado a partir del inicio del procedimiento (en caso de ser iniciado por solicitud del obligado, a partir del momento de presentación del documento; pero si es iniciado de oficio, a partir de la notificación al obligado de inicio del procedimiento).
Si la APT no resuelve en el plazo determinado, cabe destacar dos situaciones: - En aquellos procedimientos en los que el obligado haya solicitado el reconocimiento de derechos, la falta de resolución equivale a la desestimación (silencio negativo). Tiene el efecto porque este efecto de silencio negativo, que equivale a una resolución desestimatoria, pues produce los mismos efectos, se puede impugnar. Puede continuar el procedimiento.
- En aquellos procedimientos iniciados de oficio por la APT, la falta de resolución en plazo, comporta la caducidad del procedimiento. Es decir, el procedimiento finaliza, e incluso, la caducidad implica que se tiene por no iniciado el procedimiento. Esto es relevante pues puede afectar al cómputo del plazo de prescripción. En el caso de que el procedimiento sea de inspección, la inspección, en realidad, no está sometida a caducidad. Que haya caducado no impide que la APT no pueda iniciar un nuevo procedimiento, pero será uno nuevo, se deberá notificar al obligado, pues no se puede seguir el anterior. Sí que hay un principio de conservación de las actuaciones, en beneficio del obligado tributario (ejemplo: en un procedimiento caducado se ha presentado facturas, y en el nuevo se solicita su presentación, el obligado, en su beneficio, puede solicitar la conservación de las actuaciones para no volver a presentarlas).
En muchos casos, la resolución del procedimiento comporta una liquidación. En el caso de inspección, si ésta finaliza, puede también realizarse una nueva liquidación. La resolución, por lo tanto, consiste en una nueva liquidación tributaria.
La LGT señala que las liquidaciones tributarias, en general, y la resolución de los procedimientos, deben haber NOTIFICACIÓN a los obligados tributarios. La ley regula, con cierto detalle, estas notificaciones, pues son una pieza esencial en los procedimientos, pues el éxito de estos, el cumplimiento de sus finalidades, en buena parte descansa en estas notificaciones. Respecto a la documentación de las actuaciones, hay tres tipos documentos dentro de cualquier procedimiento: comunicaciones, diligencias e informes (y actas respecto de inspección). Las comunicaciones son los documentos mediante los cuales se pone en conocimiento de los obligados hechos que son relevantes, y esto no se debe confundir con notificaciones. La notificación es el acto de entrega al obligado tributario de cualquier documento, es decir, la notificación es un acto, no un documento.
Si la APT no notifica, no tendrá efecto, pues para que los actos desplieguen efectos deben estar notificados. De ello depende que se logre la finalidad de los procedimientos.
Al ser una pieza fundamental, también están reguladas en la Ley 30/92 en los art. 30 y siguientes.
En la LGT se regula en los art. 109 y siguientes. Ésta última hace remisión a la normativa administrativa. Se regulan tres cuestiones en cuanto a notificaciones:  El lugar de práctica de las notificaciones. En el caso de que el obligado hubiera señalado el lugar, la notificación se practicará en ese lugar. Debe decir expresamente dónde quiere ser notificado. Si el obligado no ha especificado un lugar, los actos se notificarán en su domicilio. En realidad, se puede notificar en lugar distinto al domicilio si el obligado señala otra y es apto para notificar (local u oficina, sede del asesor fiscal). El domicilio esencialmente, en el ámbito tributario, es el lugar de práctica de las notificaciones. Para PF, lugar de residencia habitual, para PJ, sede de negocios.
 Las personas aptas para recibir la notificación. Podrá el propio obligado/interesado, y también cualquier persona (con capacidad de obrar), que se encuentre en el lugar de práctica de la notificación, así como los empleados de la comunidad. Una persona puede rechazar la notificación, son aptas para recibir pero no están obligadas. Si el propio obligado o su representante rechazan la notificación, se entienden notificados, por lo que el rechazo es irrelevante. Si el obligado tributario la rechaza, se da por notificada, o bien su representando en quien haya delegado representación y ésta quede acreditada. PERO, si otra persona legitimada (empleado finca, hijo, cónyuge), rechaza la notificación, ésta no se tiene por hecho, pues estos sí que pueden rechazarla.
Cuando se intenta una notificación y ésta no se puede realizar, se debe intentar una segunda vez. Además, la Ley 30/92 (que se aplica supletoriamente) especifica que se debe intentar dentro de los 3 días siguientes, a una hora distinta realizada al primer día.
Para que se considere hora distinta, debe haber diferencia de 60 minutos (señalan los TJ).
 Hay notificación por comparecencia (se utiliza otro medio distinto al domicilio), que hay dos posibilidades:  Notificación electrónica (en buzón de correo electrónico habilitado por la Agencia Tributaria). Ésta es necesaria para las grandes empresas, aunque también está puesta a disposición de los contribuyentes que lo soliciten.
 Notificación por comparecencia a través de la publicación en Boletines: se publicará en los BO correspondientes, y se notificará a los obligados un requerimiento para que comparezcan ante la APT, si éste comparece, se le entregará. Si no comparece cuando se le cita, la notificación se tiene por hecha.
--------------------- ...