Tema 5 - Capacidad de obrar 2/3 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Huelva
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 21/04/2016
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1. DISCAPACIDAD: CONCEPTO Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Podemos entender por personas discapacitadas aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad.
Las personas con discapacidad carecen de las oportunidades que tiene la población en general y se enfrentan a una serie de obstáculos físicos y sociales que les impiden su participación social.
Nuestra constitución dedica el artículo 49 a la atención específica de las personas con discapacidades. Este precepto contiene un mandato de protección que ha sido desarrollado por el legislador español desde los años ochenta.
La norma fundamental se inspiró en el modelo denominado médico o rehabilitador, el cual consideraba la discapacidad como un problema de la persona, causado por una enfermedad, accidente o condición de su salud.
La legislación española sobre la materia ha ido avanzando hacia un modelo social que se caracteriza fundamentalmente por entender que la integración social de las personas con discapacidad requiere la adaptación del entorno social a las especiales capacidades de las personas.
Ley 51/2001. Con esta norma el legislador da un decidido impulso reformador en el sentido de salvaguardar los derechos de tales personas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida.
Dentro de este marco legar, es de destacar la Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Tiene como objeto fundamental la regulación de una masa patrimonial, la cual queda inmediata y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona discapacitada.
Los bienes y derechos que forman este patrimonio se aíslan del resto de patrimonio personal de su titular-beneficiario. Se trata de un patrimonio de destino, en cuanto que las distintas aportaciones tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares. Beneficiarios de este patrimonio pueden ser las personas con discapacidad afectadas por unos determinados grados de minusvalía: las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33% y las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%.
Debemos hacer referencia a la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que marca un hito en la protección legal de las personas discapacitadas.
La mencionada Convención supera definitivamente la perspectiva asistencial de la discapacidad. Se logra así que se considere a las personas con discapacidad plenamente como sujetos titulares de derechos.
2. LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE INCAPACITACIÓN Y EL INTERNAMIENTO POR RAZÓN DE TRASTORNO PSÍQUICO 2.1.
Consideraciones generales La incapacitación supone la limitación de la capacidad de obrar de una persona por sentencia judicial, que ha de estar fundada en alguna de las causas legalmente previstas. El art.200 CE establece que son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.
Para que proceda la incapacitación de una persona se requiere que padezca una deficiencia física o psíquica que ha de ser persistente y no 1 Mireia Gómez Muñoz @Unybook “mgomezmunoz” 2.2.
2.3.
meramente temporal. Lo que se persigue con la incapacitación es atender de manera estable su incapacidad para gobernarse a sí mismo tanto en el aspecto personal como en el patrimonial.
Los menores de edad podrán ser igualmente incapacitados cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad.
La incapacitación es en esencia una medida de protección de la persona que no se halla en condiciones de protegerse a sí misma, que permite poner en funcionamiento las instituciones de guarda previstas en la ley con esta finalidad. El fundamento de la limitación a la capacidad de obrar radica en el deber que se impone a los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública y se corresponde con el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud.
El procedimiento de incapacitación En nuestro Derecho existe una presunción legal de capacidad general de obrar que se aplica a toda persona mayor de edad. Esta presunción solo podrá desvirtuarse si se prueba fehacientemente la concurrencia de una causa de incapacitación. Para ello es necesario instar un procedimiento judicial al efecto.
El procedimiento de incapacitación se inicia ante el Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona afectada.
La declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable.
De no existir estas personas o si existiendo no solicitaran la declaración, será el Ministerio Fiscal quien deberá promover la incapacitación. La incapacitación de menores de edad solo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.
El presunto incapaz puede comparecer en el proceso con su propia defensa y representación. Si no lo hace, será defendido por el Ministerio Fiscal, siempre que no haya sido éste el promotor del procedimiento.
Han de practicarse una serie de pruebas y audiencias preceptivas en todo proceso de incapacitación; el tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a éste por sí mismo y acordará los dictámenes periciales necesarios en relación con las pretensiones.
Efectos de la incapacitación La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.
La resolución de incapacitación establecerá el régimen de asistencia al que queda sometido el incapacitado. Dicho régimen podrá ser la tutela o la curatela.
La tutela conlleva la representación legal del incapacitado, lo que construye la principal diferencia con la curatela, pues el curador no representa al incapaz, solo le asiste.
La sentencia que declare la incapacitación es constitutiva, es decir, no tiene efectos retroactivos.
Los efectos de la incapacitación comienzan al dictarse sentencia.
Por tanto, no se podrán impugnar los actos realizados por el incapaz con anterioridad a la sentencia alegando su incapacitación judicial. Eso no quiere decir que dichos actos puedan ser impugnados por otra vía.
2 Mireia Gómez Muñoz @Unybook “mgomezmunoz” La sentencia de incapacitación debe ser inscrita en el Registro civil. La sentencia no impedirá que pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.
2.4.
El internamiento por razón de trastorno psíquico El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, requerirá la autorización judicial.
La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que por razones de urgencia fuese necesaria la inmediata adopción de la medida. En este supuesto, el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y dentro del plazo de veinticuatro horas.
El internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad.
Antes de conceder la autorización, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministro Fiscal y a cualquier otra persona que estime conveniente o le sea solicitada por el presunto incapaz. El tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate. Dicha persona podrá disponer de representación y defensa en todas las actuaciones.
En la misma resolución se expresa la obligación de los facultativos que atienden a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida.
2.5.
Incapacitación, discapacidad y dependencia La discapacidad de una persona puede requerir o aconsejar su incapacitación judicial o desaconsejarla y sustituirla por medidas de protección de distinta naturaleza.
Otro término a tener presente en este orden de ideas es el de dependencia. Se entiende por dependencia “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensoria, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.
Persona dependiente es aquella que necesita ayuda o la asistencia de un tercero para realizar los actos básicos de la vida diaria. Tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial… La incapacidad, la discapacidad y la dependencia son situaciones no necesariamente coincidentes. La persona incapacitada padece una enfermedad o deficiencia física o psíquica persistente que le impide gobernarse por sí misma, y ha sido declarada como tal por resolución judicial. La persona discapacitada presenta una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que dificulta su participación plena y efectiva en la vida social. Y la persona dependiente necesita asistencia o ayuda de un tercero para realizar las tareas más elementales de la vida diaria.
3. LA DECLARACIÓN DE PRODIGALIDAD 3 Mireia Gómez Muñoz @Unybook “mgomezmunoz” El Código civil no contiene una definición de la prodigalidad, pero sí regula la misma como una circunstancia fundada en el interés privado familiar.
Pródigo es aquella persona que de forma habitual gasta su patrimonio de manera desordenada y excesiva. Es preciso, para que proceda la declaración de prodigalidad que se acredite un derroche desmedido por parte del sujeto que coloque a su familia en un inminente estado de necesidad, de manera que su conducta pueda considerarse como socialmente condenable.
Las notas que definen la prodigalidad son: - Ha de tratarse de una conducta habitual.
- Ha de ser una conducta condenable, entendiendo por ello que los gastos realizados supongan el dilapidar sus bienes o realizar gastos excesivos en proporción a sus posibilidades.
- La conducta ha de suponer un riesgo injustificado para el patrimonio.
- La conducta ha de perjudicar gravemente a la familia.
Es importante diferenciar la prodigalidad de la incapacitación previamente estudiada. El presupuesto de la prodigalidad es el despilfarro o derroche del patrimonio de una persona en perjuicio de su familia más íntima, pero no por padecer una enfermedad. Si su conducta desordenada en su esfera patrimonial fuese debida a dicha enfermedad, entonces deberá ser incapacitado. La declaración de prodigalidad no conlleva la incapacitación del pródigo, sino que limita su capacidad de obrar impidiendo que pueda realizarse por sí mismo determinados actos patrimoniales de disposición o administración.
El procedimiento para la declaración de prodigalidad se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil conjuntamente con el de incapacitación.
La persona que sea declarada judicialmente pródiga quedará sujeta en todo caso a curatela. Se excluye la posibilidad de que al pródigo se le nombre un tutor que asuma su representación legal. Las restricciones a su capacidad de obrar solo podrán ser de carácter patrimonial.
Los actos jurídicos realizados por el pródigo sin la intervención del curador, cuando ésta sea preceptiva, serán anulables a instancia del propio curador.
Es importante señalar que los actos del declarado pródigo anteriores a la demanda de prodigalidad no podrán ser impugnados por esta causa.
4 Mireia Gómez Muñoz @Unybook “mgomezmunoz” ...