Tema 5. Expropiación Forzosa (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas o Economía - 2º curso
Asignatura Actividad de las Administraciones
Año del apunte 2017
Páginas 11
Fecha de subida 02/07/2017
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Apuntes de la asignatura Actividad de las Administraciones impartida por Andrés Betancor contrastados con su libro.

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Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES TEMA 5. EXPROPIACIÓN FORZOSA La expropiación es un poder extraordinario de la AP que le permite privar a un ciudadano de sus bienes o derechos de naturaleza patrimonial.
ART.1 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA.“Cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio ”.
Este poder está rodeado de garantías para proteger la propiedad, como su propia constitucionalización. La Constitución enumerar las protecciones que la propiedad disfruta, la garantía expropiatoria. Por lo que la privación sólo se podrá llevar a cabo mediante el ejercicio de un poder y a través de un procedimiento que está rodeado de garantías.
Por lo tanto, en esta institución jurídica hay 3 elementos fundamentales: 1.
2.
3.
Propiedad: habla del fundamento, incluso constitucional de la expropiación.
Poder: tiene unos sujetos que lo puede ejercer, sobre unos bienes y que, incluso, tiene un beneficiario.
Procedimiento: cauce formal, lleno de garantía, que la AP ha de seguir para llevar a cabo la privación.
Un aspecto nuclear que conecta a los tres elementos es la indemnización: la AP privará mediante un procedimiento lleno de garantías, pero deberá compensar al ciudadano. ¿Por qué? Porqué la expropiación es un poder de transformación de un bien en su equivalente económico para que el propietario pueda mantener, al menos, indemne su patrimonio.
PROPIEDAD: FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL ART. 33 CE: 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
La CE habla de tres dimensiones esenciales e interconectadas: 1.
2.
3.
Reconocimiento del derecho.
El derecho está “delimitado” por la función social (no es absoluto).
Garantía contra la privación.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com Además, el derecho a la propiedad puede ser analizado desde 3 perspectivas: 1.
2.
3.
Como expresión de riqueza, soporta distintas figuras tributarias que permiten que el Estado, en sentido amplio, pueda recaudar los ingresos imprescindibles para su funcionamiento.
Como “base” para el desarrollo de actividades, caso de la propiedad inmobiliaria que sirve de soporte a las edificaciones muy distintos usos.
Como “obstáculo” para la realización de actividades por parte del Estado en desarrollo de sus distintas funciones de servicio al interés general. privación.
Para la expropiación, la CE enumera cuatro requisitos que forman la garantía expropiatoria: 1.
Privación sólo de bienes y derechos que sólo pueden ser aquellos apropiables e integrables en el patrimonio. No es expropiable otros derechos, caso de los vinculados a la personalidad, como la intimidad o la libertad de expresión.
2.
Causa justificada de utilidad pública o interés social. Si no hay causa o la que hay no encaja en las indicadas, es una privación inconstitucional, una lesión injustificada del derecho reconocido constitucionalmente.
3.
“Mediante” la correspondiente indemnización. Salva la posibilidad de que la privación sea anterior al abono de la indemnización (lo que pasa actualmente), pero lo lógico es que se haga a la inversa, el anterior perjudica gravemente a los ciudadanos 4.
Conforma a lo dispuesto por las leyes. No es una operación ad hoc. Habrá que seguir un procedimiento previamente establecido por Ley (Ley de Expropiación Forzosa).  GARANTÍA. Pero no excluye que pueda haber leyes específicas para expropiaciones ad hoc.
POTESTAD EXPROPIATORIA El régimen jurídico de la potestad expropiatoria está contenido esencialmente en la Ely de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1964 (LEF). Son las 2 normas más antiguas en nuestro Derecho administrativo, el estudio de esta legislación tiene que tener en cuenta que ja de interpretarse para adaptarse a nuestra presente realidad constitucional.
CAUSA EXPROPIANDI “la declaración de utilidad público o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado”, art. 9 LEF No suele destacarse este requisito porque ha sido difuminado por la legislación mediante referencias genéricas a su concurrencia en distintos supuestos. Ej: art.10 LEF con la aprobación de planes de obras.
Toda potestad está asociado a un fin de interés público, en este caso, al tratarse la potestad expropiatoria del reverso de la propiedad, por lo que su correcta ordenación se convierte en una garantía más de esta.
Es la Ley la que conecta el poder expropiatorio con la privación de ciertos bienes mediante la declaración de unos fines como de interés general (utilidad pública o interés social). Es la que “cualifica” ciertos fines para que su “complacencia” pueda, incluso, llevar a la privación de bienes o derechos privados.
En términos dogmáticos es “causa expropiandi”  causa de la expropiación.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com EJEMPLOS 1.
2.
3.
4.
LEY 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Es posible la expropiación de una invención con un fuerte interés general, ya que es un derecho patrimonial del inventor (art. 10).
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales en relación con todas las actuaciones que sean necesarias realizadas en relación con los objetivos que condujeron a la declaración de cierto espacio natural como parque nacional (art. 7).
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (art.54), declara de utilidad pública el establecimiento de las instalaciones.
La declaración implícita es la más confusa. La aprobación de los proyectos de carreteras del Estado, que implicará la declaración de utilidad pública (art. 12 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras). El artículo 17 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. En este caso la declaración de utilidad es implícita a la solicitud, pero deberá justificar su “interés para la idónea prestación de los servicios ferroviarios y para la seguridad de la circulación.
Con los ejemplos expuestos, podemos diferenciar la mecánica de la declaración en 1.
2.
3.
Declaración legal caso a caso. Ej: Ley de Patentes.
Declaración genérica por Ley. (los demás ejemplos), plantea la necesidad de concretar qué instalación o qué parque precisa de la expropiación.
Declaración implícita, que es extenso pero anómala, porque frustra la efectividad de esta garantía.
SUJETOS: EXPROPIANTE, EXPROPIADO Y BENEFICIARIO ART 3 REF“A los efectos del presente Reglamento se entiende por expropiante el titular de la potestad expropiatoria; por beneficiario, el sujeto que representa el interés público o social para cuya realización está autorizado a instar de la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiados, y por expropiado, el propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la expropiación” EXPROPIANTE El expropiante es el titular de la potestad expropiatoria, y tan sólo puede ser un sujeto público; la Administración.
La legislación aplicable determinará el órgano de la AP que deberá ejercer la potestad (en la AGE corresponde a los Delegados del Gobierno en la CA correspondiente).
El art. 2 LEF menciona al Estado, la provincia y el municipio, donde debemos entender incluidas las AP de las CCAA.
Sin embargo, no se incluye a las entidades públicas del sector institucional ni a los organismos públicos estatales, (estos últimos pueden poseer otras potestades, pero no la titularidad y ejercicio de la potestad expropiatoria).
Como hemos dicho, en el caso de la AP locales tan sólo las entidades locales territoriales (municipio, provincia e isla) disfrutaran de la potestad expropiatoria, aunque las CCAA podrán atribuirla a otras entidades locales.
EXPROPIACIÓN LEGISLATIVA El poder legislativo ha dado lugar a las expropiaciones legislativas, que son operaciones expropiatorias que llevan a cabo, mediante una ley especial, la privación singular de ciertos bienes o derechos. Se aplica cuando no es posible usar el poder expropiatorio de la AP y seguir el procedimiento ordinario y general.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com Sentencia 48/2005“las expropiaciones legislativas están constreñidas a supuestos estrictamente excepcionales, frente a los que no resulta posible responder mediante el sistema expropiatorio general contenido en las leyes generales. En contraposición, en efecto, a las expropiaciones legislativas, ciertamente excepcionales, las operaciones expropiatorias ordinarias exigidas por la satisfacción de los intereses públicos se efectúan aplicando en cada caso concreto la legislación expropiatoria general.” El análisis de constitucionalidad de estas expropiaciones se despliega en 2 planos: 1.
La excepcionalidad de las circunstancias: sólo puede llevarse a cabo utilizando la vía de la Ley singular por las circunstancias en que se ha de producir lo que obliga a “adaptar” el régimen expropiatorio para la más y mejor satisfacción del interés público.
2.
La proporcionalidad de las medidas en relación con el sufrimiento de los derechos del expropiado, en particular, el de la tutela judicial efectiva.
EXPROPIADO El expropiado es el que sufre la privación de sus bienes y derechos de naturaleza patrimonial, es decir, “el titular o propietario de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa o derecho expropiable” (art. 3 REF).
El problema jurídico que se plantea es el de la multiplicidad de derechos sobre la cosa o bien a expropiar: como la indemnización es unitaria se deberá repartir posteriormente entre los distintos titulares de derechos.
Todos los expropiados pueden intervenir en el procedimiento; en el caso de los propietarios (necesarios) la participación es preceptiva; en los demás casos (titulares de derechos que no consten en los registros públicos) se podrá participar siempre que comparezcan y acrediten su derecho.
BENEFICIARIO En este caso aparece un tercero, el beneficiario, que es el sujeto que se beneficia de la expropiación realizada por la AP, o en otras palabras “el que representa el interés público o social para cuya realización está autorizado a instar de la AP expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiados” Puede ser que este sujeto beneficiario sea la propia AP o un tercero; lo usual es que las figuras de expropiante y beneficiario coincidan. Si no coinciden, el beneficiario puede serlo (art. 2 LEF) por: - Causa de utilidad pública: entidades públicas o los concesionarios de las AP.
- Causa de intereses social: cualquier persona natural o jurídica.
La Ley se encarga de “reconocer” a los beneficiarios así como enumerar los requisitos para disfrutar de esta condición. En el primer caso bastará una ley general, mientras que en el segundo se habla de una ley especial.
EJEMPLO: Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (pàg.281) La AP expropiante, como titular de la potestad expropiatoria, deberá (art. 4 LEF): 1.
Ejercerla en favor del beneficiario, a instancia del mismo.
2.
Decidir ejecutoriamente en cuanto a la procedencia y extensión de las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado.
3.
Adoptar todas las demás resoluciones que impliquen ejercicio de dicha potestad.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com A su vez, el beneficiario deberá “solicitar de la respectiva AP expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su favor, para lo que deberán justificar plenamente la procedencia legal de la expropiación y su cualidad de beneficiarios, pudiendo la AP expropiante pedirles cuantas justificaciones estime pertinentes y efectuar por sus propios medios las comprobaciones necesarias” (art. 5 REF). Además, será titular de las facultades y deberá cumplir las obligaciones del segundo apartado de este artículo.
OBJETO: EL BIEN EXPROPIABLE El objeto de la expropiación puede ser cualquier bien o derecho de naturaleza patrimonial, en particular la propiedad privada. El art. 1.2 REF dispone que la enumeración de bienes del art. 1 LEF tiene carácter enunciativo, así que no excluye la posibilidad de otros distintos.
Se excluye de esta clasificación a los bienes de dominio público, que disfrutan (ope Constitutione) de la inalienabilidad (art. 132 CE), lo que impide que puedan ser objeto de privación. Un ejemplo son algunos recursos naturales (ej. aguas terrestres), sobre los que no se puede construir un título de propiedad privada.
Otra exclusión son los derechos y bienes de naturaleza personal (ej. intimidad, libertad).
EFECTOS JURÍDICOS PRIVACIÓN (SUSTRACCIÓN) Como ya hemos mencionado anteriormente, el primer efecto de la expropiación es la “privación singular (titulares concretos)de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos […] acordada imperativamente(de manera deliberada)” (art. 1 LEF) para satisfacer un objetivo de interés general (el fin justifica la privación).
Dada la falta de especificidad a la hora de exponer la figura de la expropiación se pueden crear supuestos confusos, como es el de la delimitación (configuración) y limitación (restricción) de los derechos. En este caso la diferencia esencial es la singularidad de la privación expropiatoria (sujetos específicos), ya que la delimitación y limitación afectan a un colectivo de sujetos en general.
TRASLACIÓN (ENRIQUEC IMIENTO) Existe otro efecto, el de la traslación, consecuencia del anterior. Consiste en el traslado del bien expropiado a la AP expropiante o a un tercero para que se destine al fin u objetivo que se pretendía al realizar la expropiación.
Este efecto también sirve para diferenciar entre la expropiación y otros supuestos, ya que se crea un efecto de enriquecimiento del expropiante o beneficiario. Por lo tanto, si no hay enriquecimiento no habrá expropiación.
EJEMPLO:Privación sin singularidad y sin enriquecimiento(pág. 288) INDEMNIZACIÓN El art. 33 CE expone con claridad que la privación se lleva a cabo mediante o mediando indemnización (garantía patrimonial). Esta figura crea dos problemas esenciales: Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com VALORACIÓN La valoración del bien expropiado debe conducir a una indemnización considerada como justa; “justo precio” o “justiprecio”. Este precio debe ser objetivo, y no puede quedar en manos del funcionamiento del mercado (institución imperfecta), sino que la Ley se encarga de exponer los criterios y procedimientos para fijarlo.
REGLAS DEL PROCESO DE VALORACIÓN El valor del bien: - Debe ser exclusivamente el objetivo, aunque la LEF habilita que se incluya el “premio de afección” para compensar los valores subjetivos (5% del justiprecio).
- Debe ser el de substitución, es decir, el que permita adquirir en el mercado un bien equivalente.
- Debe ser el que el bien tenía en el momento en que se inició el expediente de justiprecio (art. 36.1 LEF).
- No debe tener en cuenta las plusvalías consecuencia directa del proyecto de obras que da lugar a la expropiación (art. 36.1 LEF).
- Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de expropiación no será objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de los bienes (art.
36.2 LEF).
VÍAS DE FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO Si en la expropiación se ha diferenciado entre expropiante y beneficiario el último será el que soporte las actuaciones siguientes y el abono de la indemnización.
MUTUO ACUERDO Amistosa ACUERDO JUSTIPRECIO El justiprecio se puede fijar a través de tres procedimientos o vías: MUTUO ACUERDO Ejecutiva JUZGADO PROVINCIAL DE LA EXPROPIACIÓN ART. 24 LEF“La AP y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado.
En caso de que en el plazo de quince días no se llegara a tal acuerdo se seguirá el procedimiento que se establece en los artículos siguientes, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas parte llegar a dicho mutuo acuerdo.” Esta expropiación es una adquisición amistosa, pero no por ello deja de ser una expropiación; aunque el expropiado pueda negociar los términos de la privación ésta se sigue llevando a cabo en contra de su voluntad.
Tal y como dicta la segunda parte del artículo, en el caso en que en 15 días no se llegara a un acuerdo se seguirá el procedimiento por las siguientes vías: Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com EXPEDIENTE ORDINARIO DE FIJACIÓN AMISTOSA DEL JUSTIPRECIO Se realiza un acuerdo ente la AP y el expropiado que tiene como único objetivo determinar el justiprecio, es decir, acordar el valor del bien y su correspondiente indemnización. El procedimiento a seguir es el siguiente: 1.
El expropiado presenta una “hoja de aprecio” donde estima el valor del objeto que se expropia, hoja que deberá ser motivada y avalada por la firma de un perito (art. 29 LEF).
2.
La AP puede aceptar o rechazar la hoja de aprecio: a.
Si la acepta se entenderá determinado el justiprecio y la AP procederá a su pago.
b.
Si la rechaza deberá extender otra hoja de expropiación que se notificará al propietario. Si la acepta se concluye el expediente de justiprecio, y si la rechaza se pasará el expediente al Jurado provincial de expropiación (3ª vía).
EXPEDIENTE TRAMITADO ANTE EL JURADO PROVINCIAL DE LA EXPROPIACIÓN En este caso no hablamos de un acuerdo amistoso, sino que será un tercero el que decida de manera ejecutiva(vinculante para todas las partes, con la única posibilidad de interponer un recurso contenciosoadministrativo).
El Jurado es un órgano de la AP, pero que cuenta con autonomía funcional. Está formado por un Magistrado y 4 vocales, dos que defienden a la AP y otros dos que defienden al expropiado.
CRITERIOS DE VALORACIÓN Para fijar la valoración se deben seguir unos criterios. Debemos diferenciar entre: - Criterios legales especiales, recogidos en los arts. 40, 41 y 42 LEF.
- El criterio legal general, de libertad de estimación, que se aplica en defecto de los anteriores cuando de su aplicación no resulte una valoración que se ajuste al valor real de los bienes.
ART 43 LEF “tanto el propietario como la AP podrán llevar a cabo la tasación aplicando los criterios estimativos que juzguen más adecuados, si la evaluación practicada por las normas que en aquellos artículos se fijan no resultare, a su juicio, conforme con el valor real de los bienes y derechos objeto de la expropiación, por ser éste superior o inferir a aquélla.
El Jurado provincial de expropiación también podrá hacer aplicación de este artículo cuando considere que el precio obtenido con sujeción a las reglas de los anteriores resulte notoriamente inferior o superior al valor real de los bienes, haciendo uso de los criterios estimativos que juzgue más adecuados” Hay dos excepciones a la libertad de valoración: la absoluta enuncia que “no será en ningún caso aplicable a las expropiaciones de bienes inmuebles”, y la relativa dice que “sólo será de aplicación a las expropiaciones de bienes muebles cuando no tengan criterio particular de valoración señalado por leyes especiales”.
ABONO Una vez terminada la valoración y cuantificada la indemnización se procede a su pago mediante el régimen ordinario o extraordinario (urgencia). Para diferenciarlos nos basamos en: Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com MOMENTO DEL PAGO Como ya hemos mencionado, uno de los efectos jurídicos de la expropiación es la obligación de indemnizar. El pago toma lugar previamente a la privación y traslación (garantía): - “Una vez determinado el justiprecio se procederá al pago de la cantidad que resultado en el plazo máximo de seis meses” (art. 48 LEF).
- “Hecho efectivo el justiprecio […] podrá ocuparse la finca por vía administrativa o hacer ejercicio del derecho expropiado” (art. 51 LEF).
El art. 52 LEF habilita el procedimiento de urgencia, que supone una ocupación previa al abono de la indemnización.
GARANTÍAS FRENTE EL RETRASO DEL ABONO Si la AP se retrasa en el abono de la indemnización: - Si el retraso es superior a 6 meses el expropiado tiene derecho a una compensación (art. 57 LEF).
“La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el artículo cuarenta y ocho.” - Si el retraso es superior a 4 años se habrá de evaluar de nuevo y fijar una nueva indemnización (art. 58 LEF).
“Si transcurrieran cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación” PROCEDIMIENTO EXPROP IATORIO La potestad expropiatoria se lleva a cabo mediante un procedimiento administrativo regulado en la LEF y el REF.
Como requisito previo al procedimiento se debe realizar una declaración de la utilidad pública o interés social del fin por el que se realiza la expropiación, que es la causa expropiandi que la justificará.
PROCEDIMIENTO GENERAL Este procedimiento tiene tres fases: la necesidad de ocupación, la determinación del justiprecio y el abono y ocupación, y deberá girar en torno a los efectos privativos y traslativos ya mencionados.
INICIO: ACUERDO DE NECESIDAD DE OCUPACIÓN El procedimiento se inicia con el acuerdo de necesidad de ocupación (art. 21 LEF), que tiene como contenido identificar los bienes e interesados afectados (vincula la causa expropiandi con bienes y sujetos). Antes de formular el acuerdo la AP deberá seguir unos pasos: Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com - El beneficiario estará obligado a formular una relación concreta e individual en la que se describan los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación (art. 17.1 LEF).
- La relación se someterá a la información pública durante un plazo de 15 días. Al anuncio se le dará la máxima publicidad (Diarios Oficiales, BOE, Boletín Oficial de la Provincia respectiva, etc.).
Durante este trámite puede comparecer cualquier persona para alegar razones de forma o fondo en relación con la expropiación pretendida (indicar errores, oponerse a la ocupación o incluso considerar preferente la expropiación de otros bienes o derechos – art. 19.1 LEF).
- La AP resolverá en 20 días sobre la necesidad de ocupación, describiendo los bienes y derechos que afecta y designando los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites (art. 20 LEF).
La resolución se publicará en los mismos términos que la relación de bienes y se notificará a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento (art. 21).
El régimen general tiene una excepción; las relaciones implícitas de bienes que conducen a liberar a la AP de seguir la tramitación indicada para formular el acuerdo de la necesidad de ocupación.
ART. 17.2 LEF “Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada a que se refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados ”.
En este caso se entiende que con la aprobación del proyecto ya se cumple con el acuerdo de la necesidad de ocupación (ya que incluye la relación de bienes necesarios para su ejecución), contra el que caben recursos administrativos y contencioso-administrativos (art. 22 LEF).
El problema que se plantea es que se afecta a las posibilidades de defensa de los afectados, por lo que el beneficiario deberá formular la relación a los solos efectos de la determinación de los interesados.
FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO Como ya hemos expuesto anteriormente, existen dos procedimientos o vías para fijar el justiprecio; la amistosa y la ejecutiva (Ref 5.5 Efectos Jurídicos).
ABONO Y OCUPACIÓN También nos hemos referido anteriormente al abono y ocupación.
La ocupación consiste en la toma de posesión física del bien expropiado, que se materializa con la traslación. Se plantean varias cuestiones: - Eventual protección de la inviolabilidad del domicilio y la necesidad de la autorización judicial: se necesitará del consentimiento del titular para ocupar el domicilio de las personas físicas y jurídicas (Art.
18.2 CE) y los locales cerrados sin acceso al público.
Respecto de los demás inmuebles la AP podrá entrar y tomar posesión directamente de ellos una vez cumplidas las formalidades establecidas por la Ley (art. 51 LEF).
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com - Como se lleva a cabo la ocupación: la AP deberá formalizar el acta de ocupación, regulada en el art. 53 LEF: “El acta de ocupación que se extenderá a continuacióndel pago, acompañada de los justificantes delmismo, será título bastante para que en el Registrode la Propiedad y en los demás Registros públicos seinscriba o tome razón de la transmisión de dominioy se verifique, en su caso, la cancelación de las cargas,gravámenes y derechos reales de toda clase aque estuviere afectada la cosa expropiada” “El actade ocupación, acompañada del justificante de la consignacióndel precio o del correspondiente resguardode depósito, surtirá iguales efectos.” Con la ocupación finaliza formalmente el procedimiento de expropiación.
PROCEDIMIENTO DE URG ENCIA.
A RT. 5 2 L EF Como ya se ha mencionado anteriormente, este procedimiento ha desnaturalizado completamente los esquemas esenciales de la institución expropiatoria, destruyendo la premisa del previo pago como condición imprescindible para llevar a cabo la translación de titularidad. Esto se ha debido a los defectos de la regulación que ha alentado el abuso de la previsión legal.
Encontramos dos fases fundamentales en este procedimiento (art. 52 LEF): - La Declaración de la Urgente Ocupación: acuerdo que habrá de adoptar de manera excepcional el Gobierno o el Consejo de Gobierno de la CA, una vez realizada la relación de bienes afectados, y se someterá a información pública durante un plazo de 15 días para formular alegaciones. El acuerdo necesitará de una motivación reforzada por alterar la estructura general.
- La ocupación misma: está precedida por unos trámites: - Levantamiento del acta previa de ocupación: documento donde se describen el bien o derecho expropiable y se hacen constar todos los datos útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, su valor y los perjuicios de la rápida ocupación (art. 52.3 LEF).
- La hoja de depósito: documento en que la AP consigna el valor en el que estima el bien a expropiar (tanto el valor como la indemnización), que se depositará en la Caja de Depósitos.
Una vez realizados los trámites se puede llevar a cabo la ocupación en un plazo máximo de 15 días, sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar. Posteriormente se realizará el justiprecio y pago (art. 52.7 LEF).
REVERSIÓN La expropiación se puede extinguir cuando desaparece el fin de utilidad pública o interés social que justificó y legitimó la expropiación. Es un derecho en manos de los expropiados o sus causahabientes regulada en el art. 54 LEF. Se ha configurado en los términos siguientes: - El derecho a la revisión hace surgir los siguientes supuestos: - Inejecución de la obra o no establecimiento del servicio que motivó la expropiación.
- Existencia de bienes sobrantes expropiados.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com - - Desaparición de la afectación (se extingue el fin): no habrá derecho de reversión cuando:  Simultáneamente a la desafectación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social.
 La afectación se prolongue durante 10 años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.
El plazo para ejercer el derecho es de 3 meses. La AP puede notificar su inicio, pero esto no suele suceder.
El art. 54.2 LEF establece que: “En defecto de esta notificación, el derecho de reversión podrá ejercitarse por el expropiado y sus causahabientes en los casos y con las condiciones siguientes: a) Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o derecho expropiados y no hubieran transcurrido veinte años desde la toma de posesión de aquéllos.
b) Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio.
c) Cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran suspendidas más de dos años por causas imputables a la Administración o al beneficiario de la expropiación sin que se produjera por parte de éstos ningún acto expreso para su reanudación.” - El derecho puede ser ejercido tanto por el dueño primitivo como por sus causahabientes, que tendrán que proceder a la devolución de la indemnización. Tal y como enuncia el art. 55.1 LEF: “Es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión la restitución de la indemnización expropiatoria percibidapor el expropiado, actualizada conforme a la evolucióndel índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente dejustiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. Ladeterminación de este importe se efectuará por la Administraciónen el mismo acuerdo que reconozca el derechode reversión” - La competencia para resolver sobre la reversión corresponderá a la AP en cuya titularidad se halle e bien o derecho en el momento en que se solicite o a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación.
Sentencia del Tribunal Constitucional 48/2005 (pág. 527 - 539) ...

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