Tema 10 Derecho Procesal (2015)

Resumen Español
Universidad Universidad de Alicante (UA)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Introducción al derecho procesal
Año del apunte 2015
Páginas 8
Fecha de subida 31/03/2016
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Lección 10. Personal colaborador I.
EL MINISTERIO F ISCAL A. NATURALEZA JURÍDICA Su estudio debe ser hecho en relación a los Poderes del Estado para, a partir de ello, afirmar su grado de dependencia y su posición respecto a ellos.
a) Regulación Legal Es difícil definir el Ministerio Fiscal. Puede decirse “a priori” que la regulación de la institución que se analiza es sumamente contradictoria.
La norma esencial que define al Ministerio Fiscal se halla en la propia CE, ART.124, el cual se limita a decir que el “Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios”.
El hecho de que se encuentre recogido en el Título VI de la CE ha llevado a pensar en que se le pretendía otorgar carácter jurisdiccional al Ministerio Fiscal.
El ART.2 DE LA LO 50/1981 , amplía el concepto que encontramos en la CE. De esta ampliación se puede afirmar la pertenencia del Ministerio Fiscal al Poder Judicial, pero no del todo integrado.
b) Ministerio Fiscal y Poder Judicial Varias razones sirven para negar la pretendida integración del Ministerio Fiscal en el Poder Judicial: 1) El Ministerio Fiscal se encuentra al margen del autogobierno del Poder Judicial y no se somete al CGPJ. Depende del Ministerio de Justicia, por lo que en realidad se encuentra sometido al Poder Ejecutivo.
2) El MF no puede ejercer la potestad jurisdiccional, pues su función es la de constituirse en parte en el proceso.
3) El MF se rige por principios (“unidad de actuación” y “dependencia jerárquica”) opuestos a los de Jueces y Magistrados (“independencia” e “imparcialidad”).
c) Ministerio Fiscal y Poder Ejecutivo Según los ARTS. 124 CE y 2 DE LA LO 50/1981 , el Ministerio Fiscal actúa mediante órganos propios y con autonomía funcional. Por lo que se puede decir que no se encuentra integrado tampoco dentro del Poder Ejecutivo.
d) Conclusión previa Excluyendo toda posible inclusión en el Poder Legislativo, el Ministerio Fiscal solo puede ser definido como “ÓRGANO DEL ESTADO” o como “ÓRGANO COLABORADOR DE LA JURISDICCIÓN ”. Es decir, como un órgano que desarrolla sus funciones al margen del resto de Poderes del Estado, sometido únicamente al principio de legalidad.
e) El control del gobierno sobre el Ministerio Fiscal Podemos encontrar una especial relación entre el Ministerio Fiscal y el Poder Ejecutivo, relación que no tiene por qué oponerse a su autonomía. Lo que no es aceptable, es que tal relación se conciba como una de subordinación del MF al Poder Ejecutivo, pues podría perder su papel de garante de legalidad en aquellos casos en que el Ejecutivo o cualquiera de sus órganos deba ser perseguido ante Tribunales.
El control del Ejecutivo sobre el MF se limita a: 1) El nombramiento del Fiscal General del Estado. Estado lo es a propuesta del Gobierno y oído el CGPJ entre juristas de reconocido prestigio que no han de provenir necesariamente de la Carrera Fiscal. El Gobierno no puede cesar al Fiscal General con plena libertad, estando limitado por causas establecidas.
2) El Fiscal General del Estado puede impartir órdenes a aquellos que forman parte del Ministerio Fiscal.
3) Corresponde al Ministro de Justicia a propuesta del Fiscal General del Estado la imposición de sanciones disciplinarias a los miembros del Ministerio Fiscal.
4) El Gobierno puede proponer al Fiscal General la actuación del Ministerio Fiscal en un asunto determinado. Pero el Fiscal General no está obligado a cumplir con la voluntad del Gobierno.
f) Conclusiones acerca de la naturaleza del Ministerio Fiscal Por todo lo dicho, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) El MF no forma parte del Poder Judicial, al contrario, se rige por principios completamente opuestos a los del Poder Judicial.
2) El MF es un órgano del Estado. Sin embargo, debido a su relación con el Ejecutivo, es imprescindible su independencia en lo que respecta a evitar la impunidad del Gobierno.
La independencia del Ministerio Fiscal es necesaria e imprescindible, PERO SOLO Y EXCLUSIVAMENTE EN LO QUE RESPECTA A EVITAR LA IMPUNIDAD DEL LA AUSENCIA DE CONTROL DEL GOBIERNO Y POR TANTO EJECUTIVO. Incluso, en aquellos países en los que existe “acción popular”, como sucede en España, la necesidad de independencia aparece muy mermada si se tienen en cuenta las amplias posibilidades de actuación de los particulares, personas físicas o jurídicas.
Fuera de los supuestos en que es necesario un control del Gobierno en su actuación, no puede calificarse de positiva la idea de preservar o asegurar la independencia del Ministerio Fiscal por cuanto es conveniente coordinar su actuación con la política criminal del Gobierno, que no es otra cosa que un segmento más de la política general y que depende de unos determinados medios económicos sean personales o lo sean materiales.
B. ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL Según el ART.124 DE LA CE, el Ministerio Fiscal está sujeto a dos principios que explican el porqué de su organización: a) Unidad de actuación Al contrario de Jueces y Magistrados que ostentan la potestad jurisdiccional individualmente y que, por ello, son absolutamente independientes en su ejercicio con el único límite de la sujeción al derecho, El Ministerio Fiscal es ÚNICO PARA TODA ESPAÑA por lo que solo debe haber un órgano que represente una única y uniforme actuación.
b) Dependencia jerárquica La unidad solo queda garantizada mediante una organización jerárquica, en la cual los superiores tengan la potestad de establecer las decisiones referidas a la función de la institución.
De esta forma el Fiscal General del Estado le corresponde impartir, para todo el territorio nacional, órdenes e instrucciones referentes al servicio y a la organización del Ministerio Fiscal. Pero se autoriza al Fiscal General del Estado impartir igual de órdenes generales o particulares en relación con la función misma.
Aunque se permite a los Fiscales plantear objeciones a las órdenes recibidas, será el criterio del Fiscal General o los Fiscales Jefes el que se imponga.
c) Órganos del Ministerio Fiscal 1) Fiscal General del Estado.
2) Consejo Fiscal.
3) Junta de Fiscales de Sala 4) Fiscalía del Tribunal Supremo 5) Fiscalía ante el Tribunal Constitucional 6) Fiscalía de la Audiencia Nacional.
7) Fiscalía para la prevención del tráfico de drogas.
8) Fiscalías de los Tribunal Superior de Justicia.
9) Fiscalías de las Audiencias Provinciales.
10) Fiscalía para la represión de delitos relacionados con corrupción.
C. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL El Ministerio Fiscal está sujeto a dos principios que rigen su actuación.
a) Principio de legalidad Significa sujeción a la CE, las leyes y demás normas que integren el ordenamiento jurídico. Por lo que el único interés que debe perseguir el MF debe ser la protección y defensa de la legalidad.
b) Principio de imparcialidad Es complicado, pues el Ministerio Fiscal se establece como parte en los juicios y ello conlleva cierta parcialidad. Pero en el sentido de que tiene un interés en el respeto al ordenamiento jurídico, por lo que es “objetivamente parcial”.
Por tanto, imparcialidad aquí se refiere a la ausencia de un interés subjetivo en el asunto o a que no tenga el Ministerio Fiscal que en concreto interviene en un proceso determinado ninguna actitud que le haga apartarse de la aplicación seria y rigurosa del ordenamiento jurídico. Por tal razón y aunque los fiscales no pueden ser recusados, sí deben abstenerse por las mismas causas que son de aplicación a Jueces y Magistrados, en el bien entendido de que las partes pueden siempre interesal del Fiscal superior que ordene al inferior su no intervención en el pleito si acaece una causa de abstención.
D. FUNCIONES DEL MINISTERIO FISCAL En los ARTS. 124,1 DE LA CE y 3º DE LA LO 50/1981 se establecen múltiples funciones que luego son ampliadas en las diversas leyes: defensa de la legalidad, protección de los derechos de los ciudadanos, defensa del interés público y salvaguarda de la independencia de Tribunales y Juzgados.
Estas cuatro grandes rúbricas se pueden reconducir a dos: a) Ejercicio de las acciones que sean pertinentes en el orden penal incluyendo las civiles derivadas del delito.
Intervención en el proceso penal por delitos no privados en calidad de parte.
Intervención en el proceso civil en aquellos casos en que la ley lo establezca en orden a la tutela de la legalidad y el interés público, especialmente en procesos sobre estado civil de las personas o aquellos en que haya incapaces a los que debe representar y proteger.
Legitimación para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Intervención en los procesos administrativos.
b) Debe velar por la independencia de los Juzgados y Tribunales promoviendo al respecto las acciones pertinentes.
Ha de tender hacia una función jurisdiccional eficaz.
Procurará el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.
II.
ABOGADOS A. FUNCIÓN DE LA ABOGACÍA En el ART. 542 DE LA LOPJ se establece que la función de la abogacía consiste en la dirección y defensa de los ciudadanos en toda clase de procesos, así como en el asesoramiento y consejo jurídico.
Se considera como ABOGADO, a aquel Licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos.
B. INGRESO EN LA ABOGACÍA Se produce por la incorporación de los Licenciados en un Colegio de Abogados, sin necesidad de realizar pruebas selectivas.
A partir del 1 de Noviembre de 2011, además de la licenciatura, aquel que quiera ingresar a un Colegio de Abogados deberá acreditar una capacitación profesional adquirida mediante una formación especializada. Esta formación se llevará a cabo en cursos realizados por Universidades o por las Escuelas de Práctica Jurídica.
C. ESTATUTO JURÍDICO Viene regulado en la LOPJ y en el EGA (Estatuto General de la Abogacía). Sus rasgos principales son: a) La Abogacía constituye una PROFESIÓN LIBERAL , razón por la que entre Abogado y cliente se establece una relación contractual de la que deriven derechos y obligaciones mutuas. No obstante, en ocasiones el ejercicio de la defensa adquiere dimensiones públicas en casos en los que se actúa gratuitamente ante la insuficiencia de medios del defendido.
b) Los Abogados, necesariamente HAN DE INCORPORARSE A UN COLEGIO DE ABOGADOS. Teniendo estos colegios la finalidad de regular el ejercicio profesional y defender los intereses de sus colegiados.
c) INCOMPATIBILIDADES : 1) Políticas. Ser Abogado es incompatible con el ejercicio de altos cargos públicos.
2) Judiciales. Los Abogados no pueden desempeñar cargos judiciales o fiscales.
3) Profesionales. Las profesiones Abogado y Procurador también son incompatibles.
4) Publicidad. Los Abogados podrán realizar publicidad de sus servicios, siempre que sea digna, leal y veraz respetando la legislación sobre publicidad y competencia desleal.
d) DERECHOS de los Abogados: 1) Derecho al mantenimiento del secreto profesional.
Constituye un derecho-deber. DEBER en tanto es fruto de una relación especial de confianza que surge entre el Abogado y su patrocinado que puede verse mermada si se quiebra el secreto. DERECHO en la medida en que solo así se garantiza una plena libertad en el ejercicio profesional que se vería frustrada ante presiones dirigidas a su vulneración.
En la LECrim dispensa al Abogado de declarar respecto de los hechos conocidos por este en su cualidad de defensor y configura las declaraciones prestadas en violación de tal deber como pruebas ilícitas o no útiles para fundamentar su condena.
2) Libertad e independencia en el ejercicio de la función.
Libertad supone expresarse sin más límite que el Código Penal y el debido respeto al resto de intervinientes en el proceso.
La independencia implica la ausencia de toda sujeción a otros intereses que no sean los de la defensa. Los Colegios Profesionales adquieren aquí una importancia decisiva frente al Estado y sus diferentes Poderes y todo intento de coartar la libertad en la defensa.
3) Derecho al cobro de honorarios.
e) DEBERES de los Abogados: 1) Guardar el secreto profesional.
2) Cooperación con la Administración de Justicia. Solo tiene sentido si se interpreta como obligación de defender los intereses debidos, según el ordenamiento jurídico. No se puede interpretar en ningún caso como renuncia a la defensa de cualquier persona que es titular de este derecho constitucional al margen de su culpabilidad penal o de su falta de razón. La primera norma del ordenamiento jurídico es la Constitución y el derecho de defensa es superior a todo otro tipo de consideraciones 3) Cumplimiento de sus obligaciones para con las partes.
f) RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA: La LOPJ reitera que los Abogados, además de la correspondiente responsabilidad civil y penal, están sujetos a responsabilidad disciplinaria.
Esta última es de dos tipos diferentes: 1) La exigida por Jueces y Tribunales con al base al cumplimiento de sus obligaciones en el proceso.
2) La exigida por los colegios Profesionales por infracción de los deberes profesionales y normas éticas de conducta.
III.
PROCURADORES Es una de las figuras más desconocidas, a pesar de que el Procurador es un profesional clave en el desarrollo del proceso.
A. FUNCIONES La función de los Procuradores consiste en la representación de las partes en el proceso mediante el oportuno apoderamiento otorgado por su representado. En España se ha optado por negar, salvo excepciones, la personificación de las partes en el proceso por sí mismas, debiendo hacerlo a través del Procurador.
Esto supone un beneficio, pues los Procuradores cargan con la totalidad de la tramitación, lo cual no podrían hacer los particulares debido a su desconocimiento del Derecho.
B. INGRESO Al igual que los Abogados, los Procuradores deben ser Licenciados en Derecho e ingresar en el respectivo Colegio.
C. ESTATUTO JURÍDICO Viene regulado en la LOPJ y en el EGPT (Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales), es muy similar a la Abogacía: a) Es una profesión liberal, al igual que la Abogacía.
b) El régimen de incompatibilidades (art. 8 del EGPT) es muy similar al de la Abogacía.
c) De entre los derechos destacan: el derecho de guardar el secreto profesional, y el de percibir los honorarios.
d) Los deberes más importantes son: 1) Guardar el secreto profesional.
2) Colaboración con los órganos jurisdiccionales mediante una actuación leal con los representados y la parte contraria.
3) Los que específicamente señala el EGPT referidos a la forma en que han de desempeñar su función.
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