Tema 14 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Jaume I (UJI)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Introducción al derecho procesal
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 04/05/2016 (Actualizado: 06/05/2016)
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Tema 14: PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL.
1. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y EL SISTEMA ECONÓMICO.
A la vista de los arts. 33 y 38 CE, principalmente, hay que partir del reconocimiento de la distinción entre intereses privados y públicos. El art. 33 reconoce el derecho a la propiedad privada, y éste es uno de los pilares del principio de oportunidad en el proceso civil. Por otra parte, el art. 38 comienza por reconocer la libertad de empresa, situando además este derecho “en el marco de la economía de mercado”.
La Constitución se asienta en una concepción que reconoce a los particulares la disposición de sus intereses, su autonomía de la voluntad, su libertad para decidir tanto qué relaciones jurídicas materiales contraen como la mejor manera de defender los derechos subjetivos que tienen, y de ahí se deriva el principio de oportunidad. Este principio es el determinante de toda la regulación posterior del proceso civil, aunque no venga previsto de modo expreso en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual se refiere, sí, a los principios que se derivan del mismo y, especialmente, al principio dispositivo.
2. EL PRINCIPIO DISPOSITIVO.
Dos principios: 1. El dispositivo se fundamenta en la naturaleza privada del derecho subjetivo deducido en el proceso, en la titularidad particular del mismo, en la autonomía de la voluntad de los ciudadanos y, en definitiva, en la libertad. El principio debe significar: a. La actividad jurisdiccional sólo puede iniciarse ante petición de parte.
b. La determinación concreta del interés cuya satisfacción se solicita de los órganos jurisdiccionales es facultad exclusiva de las partes.
c. Los órganos jurisdiccionales al satisfacer, por medio del proceso y de la sentencia, intereses privados, deben ser congruentes con la pretensión y la resistencia formuladas (art. 218 LEC).
d. Si las artes son las únicas que pueden incoar la actividad jurisdiccional, pueden también ponerle fin, disponiendo del interés o intereses cuya satisfacción se solicitaba (arts.19 a 22 LEC).
2. El principio de aportación de parte atiende a la aportación de hechos al proceso y a los medios de prueba para acreditar todos los hechos afirmados por las partes.
3. LA LLAMADA “PUBLICIZACIÓN” DEL PROCESO.
Frente a la idea de que el proceso es “cosa de las partes”, a lo largo del siglo XX fue surgiendo la llamada publicización del proceso, estimándose que esta concepción arranca de Franz Klein y de la Ordenanza Procesal Civil austríaca de 1895. A partir de Klein la evolución publicista fue destacando la función social del proceso, su consideración de fenómeno de masas, de modo que: 1. En los extremos llegó a sostener la conveniencia de suprimir el principio de iniciación del proceso a instancia de parte, como se hizo en los países comunistas, si bien hoy esto ya está superado y, 2. En las posiciones más comunes se incidió en el aumento de los poderes del juez a costa de los poderes de las partes y tanto en lo que se refiere a las facultades procesales como a las materiales.
4. LAS FACULTADES PROCESALES DE DIRECCIÓN.
La dirección formal del proceso atiende a quién asumirá en el mismo dos tipos de las facultades: 1. La de controlar la regularidad formal de los actos procesales.
2. La de impulsar el procedimiento para que éste se desarrolle pasando de una fase a otra.
La dirección formal afecta al proceso en sí mismo considerando y básicamente ha de resolver quién, si el tribunal o las partes: 1) Debe controlar la concurrencia de los presupuestos y de los requisitos procesales y, 2) Debe impulsar el proceso haciéndolo avanzar por las fases previstas legalmente.
A) Sobre los presupuestos procesales: debe distinguirse entre:  Presupuesto procesal: se refieren a todo el proceso, y la falta de alguno de ellos implica que todo el proceso se ha realizado de modo no válido.
 Requisitos procesales: atienden a actos procesales en concreto, y por ello la falta de un requisito producirá la invalidez de un acto determinado.
También debemos distinguir entre:  Verdaderos presupuestos: son aquellos que un Ordenamiento jurídico determinado ordena que sean controlados de oficio por el tribunal.
 Simples impedimentos: los que han de ser alegados por el demandado para que puedan ser tenidos en cuenta por el tribunal.
Que en un Ordenamiento jurídico existan más presupuestos que impedimentos, o viceversa, depende de cómo en ese Ordenamiento se han repartido las facultades entre el juez y las partes en general. El aspecto que importa del control de los presupuestos procesales, es el relativo a la inadmisión in limine o inicial de la demanda. Así:  El juez debe tener el deber de no admitir a trámite una demanda cuando no concurre algún presupuesto procesal.
 En el inicio del proceso el juez no puede atender a las posibilidades de éxito de la pretensión interpuesta en la demanda.
En conclusión, la decisión del juez sobre la admisión de la demanda pude atender a la concurrencia de los presupuestos y al cumplimiento de los requisitos procesales, pero no a la cuestión de fondo, así la pretensión tiene o no posibilidades de éxito.
B) Sobre el impulso procesal: la iniciación del proceso depende siempre del principio dispositivo. El impulso procesal presupone que las instancias o la ejecución ya se han iniciado, a petición de parte, y atiende a los pasos que han de darse dentro de cada una de ellas:  En el impulso de parte, el proceso avanza a instancia de parte; pues son éstas las que deben solicitar del juez que declare terminada una fase procesal y que abra la siguiente.
 En el impulso de oficio, el tribunal dicta las resoluciones precisas para hacer avanzar el proceso sin esperar a que exista petición de parte.
La LEC establece en su art. 179.1 la regla general de que, salvo que la ley disponga otra cosa, el impulso procesal corresponde al secretario judicial que dará de oficio al proceso, el curso que corresponda dictando las resoluciones necesarias.
5. LAS FACULTADES MATERIALES DE DIRECCIÓN.
Las facultades materiales de dirección del proceso atienden a los elementos que pueden influir en la sentencia, y son algo muy diferente al reparto de las facultades procesales.
A) La aportación de los hechos: el principio de aportación significa que corresponde a las partes la facultad de dirección que se refiere a que los hechos han de ser afirmados por ellas, pues a las partes se atribuye: 1) La determinación del objeto del proceso: los elementos objetivos de esa pretensión son: 1) lo que se pide y 2) la causa de pedir.
1º. El principio dispositivo sirve para determinar el objeto del proceso civil porque, tratándose de derechos subjetivos privados, el demandante tiene completa libertad para fijar lo que pide.
2º. Determina la causa de pedir: que son siempre hechos, acontecimientos de la vida que suceden en un momento en el tiempo y que tienen trascendencia jurídica. Esos hechos han de ser aportados en todo caso por el demandante.
2) La determinación del objeto del debate: el demandado puede limitarse a negar los hechos afirmados por el demandante, pero también puede afirmar hechos que sirvan de fundamentación a su resistencia y petición de absolución. Los hechos afirmados por el demandado sirven para: 1º. Ampliar los términos del debate.
2º. Completar lo que debe decidirse en la sentencia.
Todos los hechos tienen que ser aportados al proceso por las partes. El juez no puede delimitar ni el objeto del proceso, ni el objeto del debate y tampoco hacer cualquier aportación de hechos.
3) El tema de prueba: lo que debe probarse en un proceso concreto para que el juez declare la consecuencia jurídica pedida por la parte. El tema de prueba son: 1º. Los hechos afirmados por una o por otra parte.
2º. Los hechos controvertidos.
B) La determinación del derecho aplicable: el deber del juez es el de conocer el Derecho y el de aplicar en el caso concreto que juzga la norma adecuada. Las normas existen o no independientemente de que las partes las aduzcan y la conformidad entre ellas no pueda crearlas. Cuando se trata de procesos relativos a asuntos de escasa entidad económica, en los que no se exige la intervención de abogado, las leyes permiten la presentación de demandas y de contestaciones a la demanda sin fundamentación jurídica, y esto sólo es posible porque esa fundamentación no añade nada a la norma que legalmente corresponda. En este sentido el art. 218.1, II, LEC dispone que el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir fijada por las partes, “resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes”.
C) La aportación de la prueba: el principio de aportación significa que los hechos controvertidos, (los afirmados por una parte y negados por la otra), han de ser probados por las partes sobre las que debe recaer una doble carga: 1º. De las partes debe partir la iniciativa para que en el proceso llegue a practicarse prueba, no debiendo el tribunal decretar de oficio la necesidad de prueba.
2º. Los únicos medios de prueba que deben practicarse son los propuestos por las partes, sin que se atribuyan poderes probatorios al tribunal.
6. LAS REGLAS DETERMINANTES DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.
Estas reglas hacen referencia a la eficacia de los medios de prueba para fijar la certeza de las alegaciones de hecho realizadas en el proceso. Para determinar esa eficacia dos son los sistemas posibles: A) Valoración legal: en la actualidad lo más correcto sería distinguir dos fundamentos de la prueba legal: 1) su razón de ser sería, unas veces, la disposición del objeto del proceso por las partes (interrogatorio de la parte y documentos privados reconocidos) y 2) otras veces la razón se encontraría en la seguridad jurídica (documentos públicos).
B) Valoración libre: las reglas de valoración desaparecieron primero en el proceso penal.
Prueba libre o libre valoración no significa apreciación arbitraria o discrecional. El sistema español del proceso civil, no ha respondido en los últimos tiempos a un único sistema, habiendo combinado la prueba legal (interrogatorio de la parte y documentos) y la prueba racional o libre (todos los demás medios de prueba), dando lugar a un sistema que puede denominarse mixto. Existen pues, medios de valoración legal, en los que predomina un criterio de seguridad jurídica.
7. LOS PROCESOS CIVILES NO DISPOSITIVOS.
Existe otro proceso civil, el llamado no dispositivo que encuentra su origen en la existencia de normas civiles de ius cogens 1de normas imperativas, no disponibles por los particulares.
Hay que atender a la existencia de normas que configuran situaciones jurídicas, en las que lo determinante no es la autonomía de la voluntad de los particulares, sino la aplicación en sus exactos términos de esas normas imperativas.
El problema básico de los procesos no dispositivos es que no existe un único proceso de esta naturaleza. Dado que la publicización incide con diversa intensidad en las varias parcelas del Derecho civil, no puede decirse como consecuencia que todos los procesos que versan sobre esas varias materias quedan sujetos a unos mismos principios.
A) Determinación concreta de la legitimación: la legitimación ordinaria en el proceso civil, radica simplemente en la afirmación por el actor de su titularidad de un derecho subjetivo y en la imputación al demandado de la titularidad de la obligación. En las relaciones materiales dispositivas la ley no puede descender a precisar quiénes están legitimados activa o pasivamente, sino que esta legitimación se tiene cuando existan las afirmaciones de titularidad del demandante y frente a un demandado concreto.
1 Normas que no admiten no la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo.
Cuando se trata de las materias reguladas de modo imperativo, lo normal es que sea la ley la que determine de modo concreto quienes quedan legitimados para pedir la actuación del Derecho objetivo en el caso concreto, sin que tenga siempre que afirmarse la titularidad de derecho subjetivo alguno, que muy bien puede no existir.
B) El Ministerio Fiscal como parte: la vigencia de los principios dispositivo y de aportación de parte cuando al Ministerio Fiscal se le convierte en parte. El fiscal tiene todos los poderes inherentes a la condición de parte, es decir, podrá aportar hechos al proceso y proponer concretos de prueba.
El proceso se configura según los principios dispositivo y de aportación de parte, aunque sea sólo de modo formal, pues al juez no se le aumentan las facultades. El juez sigue siendo el tercero imparcial que actúa el derecho objetivo en el caso concreto dentro del ámbito delimitado por las partes, pero al ser el Fiscal parte si procedimentalmente las cosas pueden seguir pareciendo iguales, procesalmente ha sufrido una completa transformación, pues los poderes dispositivos de los particulares han quedado muy mermados.
C) Exclusión de la terminación anormal: si en algunos casos (el juicio por incapacidad) no puede existir acto de disposición alguno del objeto del proceso, en otros esa disposición es en parte posible (proceso de divorcio).
D) No admisión de hechos: en los procesos no dispositivos no habrá lugar a cuestionarse el valor de la admisión de los hechos por las partes, dado que el Ministerio Fiscal, teniendo la condición de parte, no habrá admitido los hechos afirmados por las otras, con lo que los habrá convertido en controvertidos.
La regla general de la que debe partirse es la de que la consecuencia jurídica prevista en la norma sólo podrá declararse por el juez si se ha probado la concurrencia del supuesto fáctico correspondiente.
Si un documento privado reconocido legalmente por las partes tuviera entre ellas valor de hacer prueba, incluso de las declaraciones que en él se hubiesen hecho, se estaría propiciando la disposición por las partes de la consecuencia jurídica prevista en la norma de ius cogens, por cuanto podrían imponerle al juez la existencia del supuesto fáctico previsto en le norma.
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