Tema 8 procesal penal (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho procesal penal
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 23/06/2017
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Tema 8: Las medidas cautelares.
Todo es provisional tanto las diligencias del sospechoso como las de hallazgo de pruebas, etc.
Tienen lugar en la fase de investigación. El tercer grupo de materias tienen que ver con las medidas cautelares. Estas tienen una serie de presupuestos y que están encaminadas a asegurar una posible sentencia de condena en el futuro. Los mismos fundamentos procesales que teníamos en el caso de las medidas cautelares del proceso civil serian de habilitación al proceso penal adaptadas a los derechos que se están debatiendo y a las necesidades del desarrollo penal. En el proceso penal la afirmación de que se trata de asegurar la sentencia condenatoria, pero también se garantiza la presencia física del acusado durante las sesiones del juicio oral.
Hay que saber cuándo se puede celebrar el juicio sin la presencia física del acusado.
En el proceso penal nos movemos con dos tipos dependiendo de los tipos de acciones que hay (penal y civil): 1. Carácter personal: tienen que ver con la situación personal del investigado. Tienden a asegurar la ejecución de la condena futura y que el sujeto se encuentre presente en las sesiones del juicio oral. Los presupuestos generales de estas medidas cautelares son: 1.1. Deben concurrir los indicios criminales de probabilidad del buen derecho o fumus boni iuris: cuanto más evidente que ha cometido el delito, más probabilidad de que se apruebe.
1.2. Riesgos de transcurso de tiempo o periculum in mora: riesgo de fuga, antecedentes penales, condiciones laborales, su arraigo… Nos dan una idea del riesgo que existe por el trascurso del tiempo.
1.3. Resolución judicial: las medidas cautelares se adoptan por juez en la fase de investigación. Es difícil que se adopte en el juicio oral. En todo caso, la resolución judicial tomará la forma de auto y determinará la adopción de la medida cautelar.
2. De carácter real: garantizan el futuro cumplimiento de una condena de responsabilidad civil. Se siguen los presupuestos del proceso civil. VER AÑO ANTERIOR.
Características: 1. Provisionalidad: cuando se dicta sentencia finalizan o pueden finalizar si desaparecen los presupuestos que dieron lugar a la misma. Están sometidas a modificación según la gravedad, depende de las circunstancias de cómo se vaya realizando el proceso.
2. Instrumentalidad: el tipo de medida cautelar va en función del tipo de pena que se vaya a pedir. También será diferente si el acusado es una persona física o una persona jurídica.
3. Proporcionalidad: dependiendo de la gravedad del hecho delictivo se pueden adoptar unas medidas cautelares o no. Por ejemplo, para un delito leve no se puede pedir prisión provisional.
Las medidas cautelares siempre se han de justificar. El objeto de esta parte es diferente del objeto principal. Para justificarla hay que explicar todo esto que puede estar alejado del proceso principal.
Las distintas medidas cautelares son: 1. La detención.
La detención se encuentra recogida en los arts 489 a 501 LECrim. No es una medida cautelar en sentido estricto, pero es una cuasi cautelar. La detención es una actuación que tiene lugar durante la fase de investigación y que condiciona la continuación del proceso. Es una medida que tiene consecuencias en el proceso penal y que puede ser adoptada por varios sujetos. En todo caso, le es de aplicación el principio de proporcionalidad, es decir, puede haber detención siempre que estemos investigando, sospechando, juzgado, delitos graves, no delitos leves (art.
495 LECrim). Por ejemplo, no se puede detener por llevarse un ordenador. Esta idea de proporcionalidad la tiene que manejar el sujeto que detiene. Los órganos de la detención son fundamentalmente: 1. La policía judicial: tiene obligación de detener siempre y cuando aprecie que se ha cometido un hecho delictivo (art. 492 LECrim).
2. El juez: detención judicial que se materializa mediante la policía judicial. La orden sale del juez. Tras detenerlo se pone a disposición judicial.
3. Por particulares: cada uno de nosotros está habilitado para detener a alguien (art. 490 LECrim). Tiene que haber una serie de evidencia de que se comete un hecho delictivo para que no se cometa en una detención ilegal. El ciudadano no puede ponerse a investigar. El ciudadano cuando detiene lo que hace es entregar el detenido a la policía lo que hace que comience la investigación policial.
Cuando el inicio es enteramente policial tiene habilitado ciertas resquicios y puede interrogar al detenido. Estas facultades vienen por la materia que tiene de seguridad ciudadana. El momento de la detención, nuestro ordenamiento es determinante para que entre otras cosas aparezca el derecho de defensa. El art. 520 LECrim recoge todo el estatuto jurídico del detenido (SABERSELO) y todas las manifestaciones del derecho de defensa en el momento que surge la detención. Estos derechos no solo recoge el derecho al abogado, sino que tiene más manifestaciones. Los derechos del detenido son: 1. De información: a conocer los hechos por los cuales se les detiene. Además, se ha introducido la novedad de que ha de ser por escrito.
2. Acceso a la información que obra en el juzgado o en la policía en relación con dichos hechos.
3. Designación de abogados: de confianza en principio y si no, a uno de oficio.
4. Guardar silencio, no contestar y no declarar contra sí mismo: no tiene obligación de declararse culpable.
5. Entrevista reservada con el abogado: incluso antes del interrogatorio.
6. Notificar a un familiar o persona de su confianza el hecho y lugar de la detención.
7. Interprete: si no conoce la lengua.
8. Asistencia médica.
Si se prescinde de alguno de estos derechos podríamos encontramos ante una detención ilegal. Además, está información tiene que facilitarse por escrito en la llegada a la comisaría. La consecuencia de no cumplir estos derechos conllevaría al habeas corpus. El que detiene tiene una obligación de informar.
Existen también unos plazos máximos de detención, transcurridos los cuales la detención se convierte en ilegal y da lugar al habeas corpus. Este plazo máximo es el de 72 horas. Ahora bien, el sujeto detenido tiene que pasar inmediatamente a disposición judicial o ser puesto en libertad, pero en ningún caso traspasar las 72 horas. Por tanto, hay que fijar la hora de detención y agilizar los trámites de designación del abogado, etc. En el tema del terrorismo, los plazos se prolongan dos días y pueden tener abogado, pero con fianza ya que no hay comunicación, además, el abogado será de oficio. En los delitos contra la seguridad del tráfico, aquí se puede prescindir de la designación del abogado. Además, se ha de informar al consulado del país que sea el terrorista.
La detención termina con la puesta a disposición judicial del detenido o la puesta en libertad.
2. La prisión provisional.
La prisión provisional se recoge en los arts. 502 a 519 LECrim y es la medida cautelar más grave que se puede adoptar. Esta implica limitar la libertad de una persona y deben concurrir determinados presupuestos que se regulan en el art. 503 LECrim. Los criterios generales se encuentran en el art. 502 apartados 2 y 3 LECrim y son: 1. Debe ser objetivamente necesaria: se debe justificar absolutamente que un sujeto debe ir a un centro penitenciario porque concurren las circunstancias del art. 503 LECrim.
2. Se tienen en cuenta las circunstancias personales del investigado, el hecho y la entidad de la pena: si tiene o no trabajo, su vida familiar, peligro de fuga… Los presupuestos son concurrentes y se establecen en el art. 503 LECrm: 1. El hecho delictivo por el que se le está investigado lleva aparejado una pena de prisión superior a dos años: este requisito puede ser prescindible pesto que si el sujeto tiene antecedentes penales pueden ser incluso por una pena inferior a 2 años.
2. Hay motivos bastantes para creer responsable criminalmente a ese sujeto: indicios racionales de criminalidad.
3. Tiene que concurrir alguno de estos fines, además de estos dos anteriores fijos: 3.1. Que haya riesgo de fuga: por la naturaleza del delito, la gravedad de la pena o la situación familiar, laboral o económica.
3.2. Que haya riesgo de ocultación o destrucción de las fuentes de pruebas.
3.3. Que haya riesgos de reincidencia sobre la víctima.
Este art. 503 LECrim es fundamental.
Hay plazos máximos de la pena de prisión provisional dependiendo de la pena del delito (art.
504 LECrim). El tiempo es el imprescindible: 1. En delitos de pena de prisión menor a 3 años: puede durar hasta un año con la posibilidad de establecer 6 meses de prórroga.
2. En delitos de pena de prisión superior a 3 años: la provisional no puede durar más de dos con la posibilidad de un año de prórroga.
3. Para evitar la ocultación de piezas de convicción: 6 meses.
4. Posibilidad de volver si incumple las obligaciones de comparecencia.
Existe un procedimiento para adoptar esta medida cautelar y se establece en el art. 505 LErim.
La prisión provisional solo se puede adoptar a instancia de parte por el Ministerio Fiscal o por la acusación particular. Ante estas peticiones, hay una comparecencia ante el juez de instrucción en el plazo de 72 horas del Ministerio Fiscal, los acusadores y del investigado.
También puede tener lugar de oficio por razones de urgencia. Este será el juez que será el que decida si concurren estos presupuestos o no. Hay posibilidad de que tengan lugar alegaciones y prácticas de pruebas. Una vez realizado todo esto, en caso de que se dicte auto de prisión, se podrá recurrir en apelación según el art. 507 LECrim.
La medida terminara, incluso de oficio, si desaparecen las circunstancias que la motivaron.
Existe la prisión provisional incomunicada, pero no puede durar más de 5 días.
Excepcionalmente podrá durar 5 días más en los casos de determinados delitos.
3. Libertad provisional.
La libertad provisional se regula en los arts. 528 a 544 LECriim e implica una limitación en la libertad ambulatoria del sujeto. Se adopta cuando se investiga un delito y aparece un sujeto como presunto responsable del mismo. Puede ser con fianza, el depósito de una cantidad de dinero para evitar la libertad provisiona, o sin fianza, cuando se entiende una situación especialmente gravosa. La fianza para eludir la prisión provisional es diferente de la que hay que prestar como medida cautelar de carácter real o patrimonial. La cuantía de la fianza para eludir la prisión provisional vendrá determinada por criterios que obedecen a la capacidad económica del sujeto. La cuantía ha de ser suficientemente elevada como para que el individuo investigado le compele a permanecer disponible para el tribunal. Por ejemplo, si mi patrimonio es de 1000 euros, una fianza de esta cantidad me hará quedarme disponible; si mi patrimonio es de billones de euros, una fianza de 1000 no será nada y no tendré por qué quedarme. Ha de hacer no eludir la acción de la justicia. Además, el destino de la fianza es el Estado.
El investigado realiza comparecencias con mayor o menor prioridad en base a las circunstancias. Siempre ha de estar disponible.
Esta medida ha de proponerse a instancia de parte. Una vez empezado el procedimiento, el juez puede modificar estas medidas en beneficio del investigado, lo que no puede empeorar la medida. En caso de empeorar, esto debe ser instado por alguna de las partes. Si el juez aprecia que el sujeto colabora, está presente…de oficio puede mejorar las condiciones y contenidos de la libertad provisional. El auto de adopción de libertad provisional puede ser recurrible en apelación y ser revisado por el órgano superior.
4. Otras medidas cautelares.
Otras medidas cautelares son: 1. La privación del permiso de conducir: se adopta cuando el delito tiene que ver con el tráfico.
2. Suspensión de cargo público: hasta que se resuelva la responsabilidad penal o no.
3. Secuestro de publicaciones y prohibición de difusión: en delitos de calumnias, injurias… 4. Clausura temporal del establecimiento, suspensión de actividad o intervención judicial: para personas jurídicas.
5. Medidas de protección u orden de protección.
La última medida de carácter personal es la orden de protección y se recoge en los arts. 544 bis y ter LECrim. Se estableció en el Estatuto de protección de la Victima de 2015 y es un paquete de medidas que se adoptan en el caso de supuestos de violencia de género para proteger a la víctima. Tienen que ver o contener una prohibición de residir en un lugar determinado, orden de alejamiento respecto de la víctima, prohibición de acudir a determinados lugares próximos a la víctima, protección de menores e incapaces (art. 544 quinquies LECrmi), etc.
Suelen ser medidas que se adaptan a las circunstancias personales, profesionales y familiares de la víctima y del agresor. En caso de incumplimiento, es posible que se dicte un auto de prisión provisional. Por ejemplo, si se incumple la orden de alejamiento, se ha de adoptar una medida más grave. El estatuto de la víctima establece un catálogo de situaciones y medidas que se pueden adoptar para evitar la victimización secundaria que ponga en peligro la integridad física o patrimonial de la víctima en situaciones de reincidencia. Estos supuestos son: 1. Indicios fundados de que se ha cometido o se pueda cometer delito contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual o la seguridad: de personas que tienen cualquier tipo de relación con el agresor.
2. Situación objetiva del riesgo.
Se puede pedir tanto de oficio, a instancia de la víctima, a instancia de parientes o incluso del Ministerio Fiscal. Deber ser cualificado denunciar en el caso de asistentes sociales o facultativos médicos.
Se celebra una comparecencia para adoptar esta orden de protección incluso evitando el contacto visual entre la víctima y el agresor. También se puede prohibir el contacto con la victima por medios tecnológicos.
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