Delits de protección a los acreedores (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura Derecho Penal Económico
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 18/06/2017
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Frustración a la ejecución: Alzamiento de bienes
Insolvencias punibles

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Delitos de protección a los acreedores Hasta el año 2015 hablábamos de delitos de insolvencias punibles, decíamos que eran un género de delitos y que había dos especies de este delito: alzamientos de bienes y concursos punibles. No hemos cambiado nada más que la denominación en esencia, si que se han introducido delitos que no existían antes. Pero lo que antes eran delitos de alzamiento de bienes hoy están en la frustración de la ejecución y dentro de los delitos de insolvencias punibles están los concursos punibles (quiebras, bancarrotas, …).
Los elementos comunes de estas figuras básicas: se caracterizan porque el sujeto activo lleva a cabo conductas sobre bienes de su propio patrimonio. El autor hace algo sobre su patrimonio con finalidad de perjudicar a su acreedor. Por lo tanto, son delitos especiales: autor de estos delitos no va a poder ser cualquiera, tendrá que existir siempre una relación obligacional entre autor y deudor, una deuda. Si yo no debo nada a nadie puedo hacer con mi patrimonio lo que quiera. En el ámbito de las insolvencias punibles además se da un elemento adicional, hablamos de llevar a cabo actos sobre el patrimonio en un procedimiento concursal. Son delitos que guardan una relación directa con una declaración de concurso.
Que entendemos por el concurso: El art. 2.2 y 2.3 dan una definición de situación de concurso actual o inminente. Problemas en que existe previsión de poder seguir atendiendo a las obligaciones.
Artículo 2 Presupuesto objetivo 2. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
3. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.
Es un derecho que tutela a los acreedores ordinarios, no preferente, con la finalidad de que se reparta el patrimonio que haya y se cobre de una forma más o menos proporcionada.El concurso puede ser fortuito, culpable o imprudente. Tradicionalmente en la calificación era el momento en el que el juez mercantil o concursal si consideraba que el concurso era culpable deducía testimonio a la jurisdicción penal. La nueva denominación de delitos de insolvencia punible el único requisito para abrir el proceso penal es la declaración de concurso, es decir el auto de admisión, donde hay una primera declaración que es el auto inicial. A partir de ese momento el procedimiento concursal puede ir paralelo al procedimiento penal. Incluso podría suceder que el proceso penal acabase antes que el concursal.
Delitos de frustración a de la ejecución (257 – 258bis) Alzamientos de bienes: lo decimos en plural porque el CP tiene varias figuras específicas de alzamiento de bienes: • En el art. 257.1.1 CP encontramos el alzamiento propio.
• En el art. 257.1.2 tenemos el alzamiento impropio o procesal.
No son distintos, de hecho, un sector considerable de jurisprudencia del TS dice que el pero que el segundo es una descripción normativa de lo que la doctrina jurisprudencial venia denominando. No son elementos anómalos o antagónicos. Hay muchas sentencias que consideran que en el propio cabía todo esto.
Alzamiento propio: cometen delito de alzamiento de bienes los que se alcen con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. Alzarse significa ocultar, una donación, con una finalidad. Cualquier conducta realizada sobre el patrimonio del deudor con la finalidad de perjudicar a sus acreedores y que tenga como consecuencia la creación de un estado de insolvencia, total o parcial, real o ficticia; jurisprudencia unánime de la Sala 2 TS desde hace décadas. Siempre ha dicho que el resultado de este delito es crear esta situación de insolvencia. Pero el TS trata en plano de igualdad conductas muy distintas: • Un estado de insolvencia total es que no puedo pagar.
• Un estado de insolvencia parcial es que no puedo pagar a todos.
• Un supuesto de insolvencia real es que efectivamente esos bienes ya no los tengo.
• Un supuesto de insolvencia ficticia es que hago ver que no los tengo.
Por lo tanto, el TS dice: este delito se acaba consumando con la mera situación de peligro para el patrimonio del acreedor, da igual que acabe cobrando, lo importante es que el sujeto activo haga actos que creen esta situación. Castigare igual al que efectivamente se despatrimonializa como al que ha creado una pantalla de ficción para hacer ver que no. Lo realmente determinante para este delito no es que no cobre el acreedor, lo importante es que, el autor, llevando a cabo estas conductas, afecta en las posibilidades de cobro que tiene el acreedor. Es decir, se está protegiendo el sistema crediticio genéricamente considerado. Se condenan conductas que afectan a la posibilidad de acabar ejecutando bienes.
Alzamiento impropio: los que con igual finalidad hagan actos sobre su patrimonio con la finalidad de dilatar, impedir o dificultar la eficacia en la ejecución de un procedimiento judicial o extrajudicial iniciado o de previsible iniciación. Por lo tanto, el legislador lo que nos dice es que este delito castiga aquellos casos en que alguien saca un bien de su patrimonio y lo que acaba haciendo es dilatar la eficacia del procedimiento que al que lo impide.
Se podría concebir una tentativa: persona que va al notario para hacer una donación y el notario se da cuenta de algo raro y finalmente no se firma. Pero en la práctica va a ser prácticamente imposible. Pero es el problema de los delitos de peligro, que estructuralmente ya son delitos de tentativa de lesión.
Es un delito que comete un deudor: si me debe dinero y saca su coche de su patrimonio como me entere le pongo una querella, porque está dilatando o dificultando que yo cobre. Yo no puedo saber los bienes que tiene, pero sí que puedo saber los bienes que están en el registro, por tanto, el principal ámbito de actuación será en cuanto a los bienes que consten en el registro. Vender un bien por sí mismo no es delito, delito sería una venta por debajo del mercado. El problema de los delitos de peligro es que se requiere que el peligro sea real. Determinadas conductas anómalas no son sinónimo de conductas peligrosas. Tendremos que ver las concretas circunstancias en las que se efectúa el negocio. Serán anómalas las operaciones de desconfiguración patrimonial en fechas muy próximas al requerimiento del abogado contrario, etc. Evidencian la idea de que no existe una finalidad objetivamente razonable, poner el piso a nombre de su primo cuando le requieren a que pague. ¿Porque hacerlo en ese momento? No es una defraudación porque no se oculta nada, se intenta crear una apariencia falsa.
En muchos casos la existencia del delito trata por pasar de simular una condición de acreedor al que beneficio. Alguien comparece con un tercero (amigo) ante notario y reconocen una deuda y la pagan.
Ambas partes reconocen una deuda y que en pago de la deuda me da su casa. Aquí se está haciendo un negocio claramente fraudulento de alzamiento de bienes, pero la lógica del delincuente es crear una apariencia de acreedor. El tercero será un cooperador necesario, sabe que está creando una situación de apariencia que no es real. La jurisprudencia en estos casos dice que si paga a un acreedor que lo es no hay delito, pero tendrá que probar la preexistencia del crédito.
El art. 258 es una verdadera novedad del 2015 y es un delito que nace para tratar de imponer obligaciones con trascendencia penal a todos los ejecutados en el marco de un procedimiento judicial. El problema es que en situaciones normales una persona gana un procedimiento y tengo una sentencia que condena, para cobrarla una vez acaba el procedimiento ordinario preceptivo si no me paga tendré que ir a ejecutarla. Interpondré una demanda ejecutiva y el juez le dirá al ejecutado que bienes tiene, page voluntariamente o desígneme bienes, o sino hare averiguación patrimonial.
Cuando el ejecutado recibía esta diligencia para embargarle no decía nada y callaba. Si no hay notificación personal no hay requerimiento con lo cual no hay ningún incumplimiento porque nadie me ha notificado. Pero eso ha acabado! La LEC dice que se requerirá al ejecutado con apercibimiento: si no me dice nada y usted se obstina podrá cometer un delito de desobediencia.
El art. 258 CP nos habla de delito doloso y antecedentes penales, cuando el deudor requerido para ello deje de facilitar la relación de bienes. Hay una obligación que genera responsabilidad penal: si yo como juez ejecutante le requiero para que designe bienes habrá delito si no me contesta, me contesta con una relación de bienes falsa.
Pero el 258.1.2 habla de presunción legal: la relación de bienes se considerar incompleta cuando el deudor disfrute de bienes de terceros y no aporte justificación del derecho que le ampara. Le decimos que designe bienes y dice que no tiene nada, pero ¿y su casa? ¿Y su coche? Esto obliga a las acusaciones particulares a efectuar labores de investigación suficientes del nivel de vida que lleva el acusado. Si no da razón de esta forma de vida se presume que en su declaración de bienes es incompleta. Si dice que no tiene nada y vive como un marajá, presunción incompleta.
En el 258.3 nos dice que si antes de que se descubra el carácter mendaz o incompleto se presente una declaración de bienes veraz o completa. Es una condición de perseguibilidad que pretende que, si finalmente se restablece la situación, se hace una declaración bien hecha de bienes y se paga la deuda, el delito no será perseguible. Da la posibilidad de que esto va en serio, pero tiene que ser antes que la autoridad o funcionario descubran el carácter mendaz o incompleto. Si un juez de lo civil se da cuenta de una declaración mendaz deduce testimonio y manda a la penal, por lo tanto, antes de que el juez mande el expediente a la jurisdicción penal.
Insolvencias punibles (259 – 261bis) En el art. 259.1 se establecen 9 casos en que si concurren habrá delito. La ventaja es que el 9 es residual, que sirve como criterio interpretativo y es producto de la reforma. Es la bomba, porque los mercantilistas no saben que con la reforma del 2015 a partir de un determinado momento el administrador de una sociedad tiene deberes no solo ad intra para con sus accionistas sino ad extra para con sus acreedores, deberes que le pueden llevar a la cárcel. El art. 259.1.9 nos dice que realice actividades que constituyan una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos. Es decir, Sr administrador de sociedad de capital, si se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente como lleve a cabo conductas consideradas en desatención de derechos de sus acreedores se podrá considerar una conducta delictiva. Se castiga el delito doloso, pero por ejemplo en el 259.1.3 vemos que puede ser cometido por imprudencia. Es uno de los poquísimos delitos que puede ser generados por imprudencia, junto con el delito de blanqueo de capitales.
- Concursos punibles o también denominados banca rotas: Favorecimiento ilícito de acreedores: la vulneración de la pars conditio creditorum como regla no es delito, desde el punto de vista mercantil otra cosa es que el creditor preferente pueda anular ese negocio.
El art. 260 contempla los casos de favorecimiento ilícito de acreedores. El presupuesto es favorecer a un acreedor real que lo es. Si favorezco a un falso acreedor estaré ante un delito de alzamiento. Cobrar un crédito no exigible o establecer una garantía a la que no tenía derecho. El primer supuesto castiga únicamente aquellos casos de pago a un acreedor cuando lo que hago es facilitar una garantía a la que no tenía derecho o pagar un crédito que todavía no era exigible. Ej. Yo tenía un crédito ordinario y otorgo una hipoteca. Lo que pretendo es proteger este bien y que no vaya al concurso. Aquí el acreedor es real y el delito solo existe con una situación de insolvencia actual o inminente porque en ese momento tengo que plantearme la solicitud de concurso voluntario o necesario. La esencia del delito es: tendría que ir al concurso para beneficiar homogéneamente a todos los acreedores y beneficio solo a un acreedor de manera que perjudico a los otros.
Tiene que ser una insolvencia inminente en términos del 2.2 y 2.3.
En el 260.2 en que ya se encuentra en situación de concurso y se paga a un acreedor que lo es, pero en el marco de un procedimiento concursal sus facultades están suspendidas o revocadas, todo el control de patrimonio tiene que estar en manos de autoridad judicial y administrador concursal.
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