Tema 7. El Estado de las Autonomías. (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Organización Constitucional del Estado
Profesor J.R.R.D..
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 15/10/2017
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EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS TEMA 7. EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS La forma territorial del Estado. La autonomía de nacionalidades y regiones.
La configuración constitucional de la autonomía responde a cuatro características básicas: La autonomía como derecho: el principio dispositivo La autonomía es un derecho que, como tal, podía ejercitarse o no. A día de hoy podemos afirmar que las distintas nacionalidades y regiones españolas han ejercitado ese derecho a través de la aprobación de los respectivos Estatutos de Autonomía. Es importante destacar esta generalización del fenómeno autonómico, que ha alcanzado a todo el territorio nacional, configurado hoy por diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas.
La concreción de cuáles eran los límites de las distintas nacionalidades y regiones era otro de los problemas a los que se enfrentaba el constituyente. Éste no optó por dibujar el mapa autonómico de España, sino que se limitó a ofrecer en el art. 143.1 CE una serie de criterios para determinar cuáles eran las nacionalidades y regiones: «provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica».
El contenido político de la autonomía El Tribunal Constitucional ha definido las Comunidades Autónomas como corporaciones públicas de base territorial y de naturaleza política. Fundamentalmente, comporta la capacidad del titular de la autonomía de trazar y ejecutar una política propia sobre aquellas materias que caen en el ámbito de su autogobierno, contando para ello con potestades legislativas. En este sentido se ha definido la autonomía de nacionalidades y regiones como una capacidad de autogobierno que configura a la Comunidad Autónoma como una instancia de decisión política, como un centro de gobierno con capacidad para dirigir políticamente la comunidad que se asienta en su ámbito territorial, gestionando, según dichas orientaciones, sus intereses propios, a través de políticas propias que pueden ser distintas de las de otras instancias.
La autonomía como poder limitado Como ya se indicó, el concepto mismo de autonomía supone la existencia de unos poderes limitados, ya que la autonomía se incardina dentro de la unidad. Dichos límites son de dos tipos. Debe señalarse, no obstante, que la Constitución sólo establece el marco competencial y, en consecuencia, los límites de las competencias que las Comunidades pueden asumir a través de sus Estatutos de Autonomía.
Junto a estos límites competenciales, encontramos en segundo lugar otras barreras que la norma suprema impone y que se derivan de la idea de unidad. Se articulan bajo los principios generales de unidad del Estado y autonomía de las nacionalidades y regiones. Ahora bien, estos principios no sólo limitan la acción de las Comunidades Autónomas, sino también la de los poderes centrales del Estado.
1 EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS El contenido no necesariamente homogéneo de la autonomía La cuarta característica de la autonomía de nacionalidades y regiones es su carácter no necesariamente homogéneo. Esta característica responde a tres motivos.
En primer lugar, la propia Constitución diferenció dos tipos de Comunidades Autónomas según el grado de autonomía que podían asumir en un primer momento de establecimiento del Estado de las Autonomías.
En segundo lugar, la falta de homogeneidad en el contenido de la autonomía deriva también del principio dispositivo que la inspira.
En tercer lugar, existen determinadas circunstancias que introducen particularidades en ciertas Comunidades; lenguas propias, derechos históricos, estructura insular, etc.
La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
El Estado de las Autonomías aparece como el resultado del reconocimiento de la variedad de los pueblos de España y de la voluntad de proteger sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Por ello, la Constitución establece en su art. 143, como principio general, la presencia de las «características históricas, culturales y económicas comunes» y la «entidad regional histórica» como fundamento y justificación de la autonomía política. Las Comunidades Autónomas son, pues, entidades históricas y culturales con entidad propia. Pero la garantía de esa entidad requiere la habilitación de una serie de técnicas jurídicas garantistas, imprescindibles para que la voluntad constitucional no quede en una mera expresión de buenas intenciones. Esas técnicas han venido a incluirse en el Título VIII de la Constitución, y son esencialmente de dos tipos. Por una parte, la asunción por las Comunidades Autónomas de un conjunto de poderes, y por otra, el complementario establecimiento de un sistema institucional propio encargado de ejercer esos poderes y competencias.
La instrumentación jurídica de ese reparto es considerablemente compleja y no puede contenerse en una o unas pocas normas. Al contrario, como elementos de ese conjunto jurídico regulador, pueden destacarse las normas constitucionales relativas al reparto competencial, las sentencias del Tribunal Constitucional en la resolución de conflictos competenciales, las leyes estatales relativas a la delegación y transferencia competencial y a la fijación de bases, los Reales Decretos de transferencia de funciones y servicios y los Estatutos de Autonomía.
2 EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Los Estatutos de Autonomía.
Definido por el art. 147 CE como «la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma», son el instrumento normativo que hace efectivo el derecho a la autonomía. El Estatuto de Autonomía tiene como objetivo servir de sustento fundamental a la creación, organización y atribución de competencias para la Comunidad Autónoma, y en esta triple dimensión se mueve su contenido mínimo y necesario.
El Estatuto de Autonomía es una norma jurídica sui generis, puesto que posee una doble dimensión: es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y, a la vez, forma parte del ordenamiento jurídico estatal.
La doble naturaleza de las normas estatales y autonómicas que los Estatutos de Autonomía poseen se refleja tanto en los procedimientos para su elaboración como en los de reforma; ello explica que estos procedimientos sean de cierta complejidad y que, además, los Estatutos tengan un claro componente consensual, es decir, son, en parte, normas pactadas.
En el momento de elaborarse la Constitución se previeron tipos básicos de regímenes autonómicos según pudiera accederse o no al máximo de autonomía de forma inmediata. Ello trajo como una de sus consecuencias el que se establecieran también dos tipos básicos de procedimiento para ejercer el derecho a la autonomía: el sistema ordinario, para quienes accedieran a la autonomía por la vía lenta, y el extraordinario, para quienes lo hicieran a través de la vía rápida. Pero, a su vez, dentro de cada uno de esos procedimientos se introdujeron ciertas reglas especiales atendiendo a particularidades de algunos territorios.
La Constitución añade que las reformas de los Estatutos de Autonomía se remitan a las Cortes Generales para su aprobación mediante ley orgánica. La doble dimensión autonómica y estatal del Estatuto de Autonomía se proyecta también en la iniciativa de reforma, puesto que parte de los Estatutos reconocen esa iniciativa tanto a órganos autonómicos como estatales.
El Estatuto de Autonomía de Canarias. Las instituciones autónomas de Canarias. Los Cabildos como instituciones autónomas.
Canarias accedió a la Autonomía por ejercicio del derecho constitucionalizado en el art. 143 CE. Fue objeto del ejercicio de transferencias adicionales en el momento de aprobación del Estatuto lo que posibilitó que desde un primer momento Canarias contase con un techo de competencial análogo a las CC.AA. que accedieron por la vía del art. 151 CE.
El Estatuto de Autonomía de Canarias en cuyo proyecto intervinieron a lo largo de 1981 la Asamblea de Consejeros de las dos Mancomunidades Provinciales interinsulares y los diputados y senadores de Canarias fue aprobado por el Congreso y 3 EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS el Senado en el verano de 198 y promulgado por ley orgánica 10/1982, de 10 de agosto.
Canarias quedaba así constituida como autonomía política y además el ansia por formar parte de las Comunidades que en aquel momento se consideraban de Autonomía plena frente a las de autonomía menor obtuvo una especia de tercera vía a través del art.
150.2 CE que posibilitó, por transferencias adicionales, alcanzar niveles competenciales en buena medida equiparable a los de las Comunidades que transitaron la vía del art.
151 CE.
Canarias tiene una identidad histórica cierta pero su autoafirmación nacional es en buena medida una declaración vacía, pues se trata de un principio que tiene escaso alcance jurídico. Desde luego Canarias no se sitúa entre las que puedan pensarse en clave étnica y, tampoco siendo rigurosos propiamente como cívica, sino como cultural y sociológica. Probablemente es el aspecto de unidad, como ejes de toda afirmación de nacionalidad, donde se puedan encontrar elementos de los que inferir consecuencias jurídicas desde la conciencia del <<ser>>, por un legado histórico, que se afronta desde una afirmación de un principio de solidaridad.
La triple paridad del sistema electoral de Canarias significa un número igual de diputados en cada una de las dos provincias. Se trata de una formulación sólo explicable desde la comprensión histórica de un Archipiélago fragmentado y enquistado en seculares luchas por el poder entre las islas capitalinas.
Otra reforma del Estatuto de Canarias de 1996, a todas luces relevante, es sin duda la redefinición funcional e institucional de las administraciones de Canarias, afirmándose que la C.A. podrá ejercer sus funciones directamente o bien por delegación a los Cabildos y ayuntamientos. De esta forma, les corresponde a los cabildos además de las funciones reconocidas como propias, las que le transfiera o delegue la C.A.
De conformidad con las directrices generales que impulsan la iniciación del proceso autonómico, las instituciones provisionales de autogobierno de las Islas Canarias comienzan su andadura a partir del Decreto-Ley 9/1978, de 17 de marzo. No obstante, el importante cambio en la política autonómica que se produce en los partidos mayoritarios, así como la LO 2/1980, detienen el impulso, cuando ya se había remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Estatuto, de modo que éste se devuelve para su tramitación de conformidad con las previsiones y consecuencias del art. 143 CE.
Merece destacarse como segundo hito en la configuración actual de Estatuto de Canarias la reforma que trae consigo la LO 4/1996, reforma largamente esperada, cuyos trabajos preparatorios surgen en 1991, lograda al fin a merced de un amplio consenso que se puede cifrar en su aprobación por todos los grupos de la Cámara.
Del Título Preliminar resaltaremos, dentro de su artículo 1, la afirmación de la <<nacionalidad>>, en una redacción idéntica a la empleada en el Estatuto de Andalucía, introducida por última reforma estatuaria, subrayando <<el marco de la unidad de la Nación española>> su encaje en la Constitución y en el transcendente principio de solidaridad consagrado en el art. 138 CE.
4 EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Las modificaciones introducidas en el Título Primero del Estatuto de Canarias por la reforma de 1996 son importantes en cuanto al número de artículos afectados. El nuevo artículo 8, que abre el Título, proclama que los poderes de la C.A. <<se ejercen a través el Parlamentos, Gobierno y de su Presidente>>. El apartado 2 introduce la regulación específica de las islas como elementos de la organización territorial de la C.A.
cuyas competencias serán ejercidas por los Cabildos, órganos de gobierno, administración y representación de cada isla.
1. El Parlamento. De conformidad con el sistema político que tanto la CE como el Estatuto de Canarias diseñan, el Parlamento encabeza las instituciones de la C.A. Tratándose del órgano representativo por excelencia, descansa en normas electorales, que se iluminan al considerar el elemento básico de la circunscripción insular.
La potestad autonormativa de la Cámara se ha plasmado en diferentes textos. El primer reglamento de 1983, que incorpora un debate de primera lectura, la modalidad del debate general sobre el estado de la Comunidad, al tiempo que completa los mecanismos de control del Gobierno. La reforma estatutaria de 1996 crea en la cámara una Comisión General de Cabildos Insulares, con funciones consultivas e informativas que recuerda la de C.A.
del Senado.
Por fin, el Diputado del Común, comisionado parlamentario, en funciones similares a las del Defensor del Pueblo, con el que se coordina, es regulado por L. 1/1985. Con similar conexión en la Cámara, y respaldo ya en el Estatuto de Canarias tras la última reforma, se regula la Audiencia de Cuenta de Canarias, fijando sus funciones y sus relaciones con el Tribunal de Cuentas del Estado, con remisión a la legislación de la C.A. en cuanto a su organización y funcionamiento.
2. Gobierno y Administración. Por lo que respecta al ejecutivo autonómico, se siguen a grandes rasgos las pautas comunes conocidas. La reforma de elección del <<Presidente del Gobierno de Canaria>>, sus facultades en orden al nombramiento y cese del <<Vicepresidente y de los demás miembros del Gobierno>>, tanto como aquellas que le corresponden en las relaciones institucionales con la Asamblea en un sistema parlamentario, diluyen cualquier sospecha de configuración singular, al tiempo que afirman su fuerte liderazgo, tal vez sólo reducido en la práctica política por el sistema de partidos y necesidad de coaliciones.
Los instrumentos de Control parlamentario para hacer efectiva la responsabilidad política consagrada en el artículo 19.1, se hallan presentes en el Estatuto de Canarias como en el Reglamento parlamentario. La potestad facultativa de disolución anticipada del Parlamento por el Presidente no se incluyó en la Propuesta de Reforma del Estatuto, ni alcanzó a éste en el texto de las Cortes de 1996.
5 EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Con ello enlazamos con las normas autonómicas relativas a la Administración pública. La L. 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, deroga las regulaciones anteriores incompatibles con su contenido. Los Cabildos están compuestos por Consejeros insulares elegidos en cada isa por sufragio universal, directo y secreto, y en urna independiente de la destinada a los Concejales. Su consideración de instituciones de la C.A.
tiene reflejo en sus competencias, a contar con lo previsto en el Estatuto de Canarias y la <<Ley de Cabildos>> Los órganos asesores del Gobierno y la Administración han recibido respaldo normativo estatutario tras la reforma de 1996. El Consejo Económico Social de Canarias, como órgano asesor del Gobierno, si bien con cierta autonomía funcional, es creado por la L. 8/1990, sustituida por la L. 1/1992.
3. Administración de Justicia. La estrecha competencia autonómica en este ámbito es atendida por Leyes preexistentes o por las que fijan a demarcación de nuevas circunscripciones judiciales en Gran Canaria y Tenerife y la capitalidad de los partidos judiciales. Se incluye también la posibilidad por parte de la C.A. de aportar medios y recursos propios a los Juzgados y Tribunales de Canarias.
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