TEMA 6 La enseñanza (2011)

Apunte Español
Universidad Universidad de Burgos
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho eclesiástico del estado
Año del apunte 2011
Páginas 31
Fecha de subida 20/06/2017
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TEMA 6: LA ENSEÑANZA.(PÁG 157) 1 . LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
En nuestra constitución se dedica un artículo completo o a tras arrollar el sistema educativo en España, este artículo es el 27 CE.
Se tratan de uno de los preceptos más polémicos de la misma: precisamente, es uno de los extremos por causa de los cuales estuvo a punto de quebrarse el complicado consenso constitucional.
La educación era una de las clásicas “cuestiones mixtas” de las en relaciones Iglesia-Estado. (Una de las materias en las que se precisaba la cooperación de ambas entidades para lograr su correcta implantación en la sociedad) El momento en que se negocie la norma fundamental, a los constituyentes se les hace patente que el estado no puede por sí solo cubrir la demanda docente en España: necesitan de la colaboración de la iniciativa privada, iniciativa que se encontraba prácticamente en las manos de la iglesia católica.
Se sabe que la enseñanza nunca fue un negocio rentable, y que si se invierten y ya es por razones ajenas al lucro empresarial: hay otros motivos, que son de proselitismo religioso o de adoctrinamiento social con determinada filosofía religiosa subyacente; negarlo sería desconocer la realidad de nuestro país.
La importancia del sistema educativo de la sociedad es esencial, pues te la educación que entremos a los niños del, obtendremos el esquema del ciudadano de mañana. La libertad enseñanza es la más auténtica “libertad de libertades” Porque inicia confluyen dos más simples y los más complejos principios de la democracia. Incluso se puede decir que observando el modelo educativo generación, se deduce el nivel real que se ha logrado democracia en ella.
Comencemos por diferenciar los dos conceptos que enuncia el art. 27.1 CE “ todos tienen el derecho la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza” a) Enseñanza: transmisión de conocimientos y datos objetivos, científicos, técnicos, históricos o filosóficos.
b) Educación: transmisión de un sistema de valores, de un modo de comportamiento. Educación conlleva necesariamente, una visión completa, global, enteran, del mundo de la villa.
A partir de esta distinción, tenemos que separar los dos enunciados del art. 27.1 CE, que hacen referencia cuestiones radicalmente diferentes, a pesar de que estén unidas por fumar parte de una misma realidad, la educativa.
A) “Todos tienen el derecho a la educación”.
En primer lugar hay que dejar claro que con la palabra “todos”, se refiere a todas las personas, con independencia de que se trate de españoles con extranjeros residentes en España.
En el momento de redacción del precepto, se planteó la necesidad de añadir a la expresión “todos tienen derecho educación”, la obligación específica de los poderes públicos de garantizar este derecho de forma efectiva, llegándose en a la conclusión de que no es preciso esa cláusula de tal guisa, porque es evidente que el estado está obligado a garantizar que las condiciones sean las propicias para posibilitar el disfrute real de cualquier derecho fundamental del ciudadano.
A partir las afirmaciones como la anterior, surge el convencimiento de que estamos ante un derecho prestación al sino sólo ante un mero en derecho de libertad. En realidad, se trata de un derecho que, como afirmó el TC (STC 86/1985 de 10 de julio) jpg, frente al ciudadano, actua como un derecho de libertad, mientras frente al estado, obliga como derecho prestación, cuyo contenido mínimo y modo de hacerse efectivo se relacionan en los demás epígrafes del 27 CE.
Y es importante hacer la distinción que se acaba de realizar, porque el derecho a la educación no vincula en su sentido prestación al a los particulares, sino solamente a los poderes públicos; de otro modo, se darían la absurda consecuencia de que, por ejemplo, cualquier empresario se viese obligado, no sólo respetar, sino fomentar eficientemente la educación de todas aquellas personas laboralmente a su cargo.
En distintas sería que de algún modo el empresario impidiese o dificultase gravemente de el acceso a la educación de los trabajadores, lo que sea resultaría atentatorio contra la constitución.
Establecido el derecho genérico de todos al educación, hay que fijar la atención en cuál sea el objeto de dicha educación, cuestión que concretan el art. 27.2 CE. Este precepto dicte en: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Aunque el citado art. Pueda parecer una mera proclamación retórica, no lo es si se analiza un poco en profundidad; obsérvese que establecen que lo que se persigue en los centros docentes (la educación), debe tener como referente último necesario el intento de formar alumno como persona integral, es decir, no sólo con conocimientos objetivos, sino con valores éticos y con pautas de comportamiento, cuyo fundamento esencial se hallan los principios establecidos a lo largo de nuestra constitución.
No se trata sólo de respetar estos valores, sino de inculcarlos al alumno de forma efectiva, lo que ya de por s cuestionaría la constitucionalidad de aquellas escuelas que diverjan en algún modo que lo que dicta la constitución.
En realidad el art. 27.2 CE, actúa como cláusula ante contención del sistema educativo, pues toda la educación deben encaminarse hacia el contenido que el establece, que no hace otra cosa que bloquear cualquier iniciativa educativa no tendente a la formación integral de la persona o que traspasase los límites de los principios que rigen nuestra sociedad, que son los que se encuentran en la norma.
B) “ Se reconoce la libertad de enseñanza.” En la génesis constitucional se puso de manifiesto que con el reconocimiento genérico de la libertad enseñanza era suficiente: todo lo demás que dice el art. 27 CE no resulta preciso, puesto que sólo hubiera hecho falta interpretar correctamente al este derecho, cuyo contenido dicha comporta todo lo demás. Es más, lo que se incluye en el resto el art. Se puede considerar que son precisiones al auténtico contenido de una más extensa libertad enseñanza.
La expresión “libertad enseñanza” incorpora por sí sola, al igual que lo hacía en “derecho al educación”, un contenido igualitario autónomo, sin que sea preciso acudir al artículo 14 CE para una completa interpretación en este sentido. Es evidente que, sea la libertad enseñanza no se ofrecen condiciones de igualdad ante la ley, se vacía en sí misma de contenido. Libertad sin igualdad y equivaldría a falsa libertad.
En cuanto al contenido esencial de derecho fundamental a la libertad enseñanza, se han dado varias aproximaciones: fusionando las, encontraremos cual es realmente dicho contenido esencial: 1) Tal como nos ilustró, los debates preparatorios de la constitución, el senador socialista, Sr. García Navarro, la libertad enseñanza por ser un triple sentido: a) La libertad de elección del tipo de educación, que permite a los Padres o responsable legal de los menores, O a los alumnos mayores de edad.
b) La libertad de cátedra, que pertenece a los profesores.
c) El derecho a que se respeten las propias convicciones, que pertenece al alumno A partir de este contenido mínimo, existen toda una serie de derechos derivados de la libertad de de enseñanza, que llevaron a grandes polémicas en su momento, y con las que no todos constituyentes estuvieron siempre de acuerdo; esos “otros derechos” son: -el derecho de creación de centros docentes -el derecho de dirección de los centros docentes la iniciativa privada -el derecho de establecimiento de un ideario educativo propio en los centros privados.
-el derecho de elección del profesorado en los propios centros -… 2) La sentencia STC 5/1981 de 13 de febrero, aclaró que la libertad enseñanza en debe entenderse como una proyección de otros valores libertades, y muy en especial de la libertad de expresión y la libertad religiosa y ideológica; reconoce la libertad enseñanza, derecho, supone extender la en tres direcciones: a) El derecho de creación de centros docentes b) La libertad de cátedra c) La libertad de elección de los Padres de la formación religiosa o moral que quieren para sus hijos; se trata de lastres extensiones es presa mente de conocidos en la constitución española.
Lo anterior no significa, y León dice la propia sentencia, que no suponga un listado de nummerus clausus de contenido esencial de la libertad enseñanza; ella misma enumera otros conceptos igualmente incluidos en este derecho fundamental, como: -el derecho a la imposición indeterminada y diario -el derecho de los alumnos a que se respeten sus propias ideologías -el derecho los Padres a la elección del tipo educación que quieren para sus hijos -el pluralismo ideológico interno que debe regir en el interior de los centros… 3) Se puede configurar el contenido esencial de la libertad de enseñanza a partir de los datos que se acaban de dar, como la expresión de cuadro ¿? 4? Derechos del igual rango fundamental, que proceden de ella: a) La libertad de cátedra ante el profesorado b) Los distintos derechos de elección de los Padres c) El derecho de los alumnos a que se respeten sus convicciones y su integridad personal (no sólo física, sino psicológica y moral) d) El derecho de creación de centros docentes (que incluye la posibilidad de dotarlos con un carácter o ideario propio) Entre estos derechos, que al provenir directamente la libertad de enseñanza, poseen un idéntico rango constitucional, hay que establecer ciertas limitaciones en aras de lograr la más equilibrada coordinación posible entre sí, la STC 77 / 1985 de 27 de Junio concreto alguna de estas acotaciones, a las que se puede añadir otras: a) Aunque la ley no lo diga expresamente, tanto los asesores, como los Padres y los alumnos, tan obligados a respetar el ideario educativo impuesto por el titular del centro, y eso es así por director imperio constitucional.
b) El hecho de que la ley no establezca limitaciones a los derechos de los titulares, profesores, alumnos y Padres, no los convierte en ilimitados, pues lo están por la norma suprema en el siguiente sentido: 1º ) dos derecho de lectura se limitan por la propia naturaleza de los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa, y muy en especial por la libertad de cátedra y poder derechos de elección de los Padres (tanto del tipo de educación como de la formación religiosa moral).
2º) los derechos del profesor se limitan con el respeto que debe tener en todo momento respecto a las convicciones de sus alumnos, así como por el respeto a la elección realizada por los Padres y por el derecho establecer un ideario del titular del centro.
3º) los derechos de los Padres quedan acotados por su propia voluntad, al haber escogido un determinado centro para sus hijos, lo que les impone que no pueden pretender que en los centros se lleven a cabo actividades contables al ideario educativo.
4º) los derechos de los alumnos en tanto en cuanto sean menores de edad, quedan vinculados por las decisiones de sus Padres a la hora de escoger centro como por el ideal establecido por el colegio, y por la respetuosa libertad de cátedra del profesorado.
1.1 Marco general y jurisprudencia del tribunal constitucional.
El tema de la enseñanza se dirige principalmente por el art. 27 CE como cúspide del sistema. A este artículo, han hecho referencia y han dotado de apartado hermenéutico multitud de sentencias del tribunal constitucional, que estaría fuera de lugar enunciar en su totalidad.
Lo que sea debe quedar claro es que hay dos sentencias realmente importantes, en las que se encuentra la solución de la mayoría de las cuestiones que plantean el tema de la enseñanza esta sentencias son: - SSTC 5/1981 de 13 de febrero.
SSTC 77/1985 de 27 de junio.
La primera; fue la solución a un recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores socialistas, contra diversos preceptos de la Ley Orgánica reguladora del Estatuto de los Centros Escolares (LOECE) , que fue en la ley planificada sistema educativo de la U.C.D.
La segunda; resolvió el recurso previo de inconstitucionalidad contra el proyecto de la LODE, promovido por un grupo de diputados populares.
La normativa orgánica que rigen este sistema educativo actual sede compone: A) Ley Orgánica 5/1985 de 3 de Julio, reguladora del derecho a la educación (LODE) B) Ley Orgánica 1/1990, 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) C) Ley Orgánica 9/1995 de 20 de Noviembre rey la Participación, la evolución y el gobierno de los centros docentes.
D) Ley Orgánica 6/2001 21 de diciembre de Universidades (LOU) E) Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre de calidad de la educación (LOCE) Aunque pareció en su momento que la LOGSE, derogada a la LOE, no era cierto, puesto que una y otra se complementaban en su práctica totalidad. Lo que ocurre es que tratan sobre problemas diferentes de una misma realidad: Mientras que la LODE modular ejercicio del derecho reputación, como reza su enunciado, la LOGSE transforma sistema educativo a nivel técnico, sin tocar el desarrollo de derechos fundamentales.
Para terminar de complicar la cuestión, se promulga en el 2002 la Ley de Calidad que, sociológicamente será considerada como un nuevo sistema que derogada a las 2 anteriores, pero que no sólo mantiene vigente buena parte de las leyes orgánicas mencionadas (LODE, LOGSE y La Ley de Participación), sino que tampoco rompe con el sistema educativo (LOGSE) (como se hizo esta con el anterior modelo de EGB); en realidad, lo que hace es ajustarlo en los extremos que el gobierno entiende que no han funcionado de forma correcta, eso si, detallando bastante más los contenidos del sistema educativo, lo que provocado resultado supuestos: -por un lado, un efecto o visto por muchos como positivo, que es la mayor homogeneidad nacional de los niveles educativos, que redunda en una mayor igualdad en la exigencia y contenidos de todos los españoles escolares.
-por otro lado, una consecuencia que las comunidades autónomas denuncian con energía, que la reducción de sus competencias a la hora de configurar el sistema sus territorios, lo que han llevado al planteamiento de varias cuestiones de constitucionalidad ante el TC, ya admitidas a trámite y, pero aún no resueltas.
El encaje de las 4 leyes orgánicas nos obliga en la actualidad a tener que hacer un gran esfuerzo de sistematización a la hora de conocer y estudiar la normativa aplicable a cada problema concreto, al aquí habrá que añadir la correspondiente adaptación autonómica que se haga en cada caso y lugar.
Y aparte de lo que es normativa unilateral del estado, tenemos la pactada, que se concreta en el acuerdo de 3 de enero de 1979 entre España y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales y en los tres Acuerdos de cooperación con la FERECE, FCI, CIE, en sus respectivos artículos 10.
Por si lo anterior no fuese suficiente, al poco tiempo de promulgarse la LOCE se sucede en un inesperado cambio de signo público del gobierno que provocarán que, al cierre de esta edición no se sepa exactamente qué va a suceder con toda esta regulación a orgánica, por las promesas electorales augurarían que en principio la LOCE debería ser derogada su totalidad, mientras en alguna de las primeras informaciones de intenciones públicas afirman que se mantendrán ciertas mejoras técnicas de la misma, eliminándose del resto.
2- CONCRECIÓN DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA ( Aspectos constitucionales de la libertad enseñanza) 2.1 Libertad de Cátedra La libertad de cátedra es una de las más claras manifestaciones la libertad enseñanza; sólo hay que considerar a esta última desde el punto de vista antecesor, para tener abonado el campo del derecho del que vamos a tratar.
Ello no obstante, la libertad de cátedra no se incluyó en el art. 27 CE, referido todo él a la enseñanza, sino que se incluyó en el art. 20.1. C) , en L que se establecen las modalidades la libertad de expresión.
En realidad, de la precisión corporal este derecho ni en ese ni en ningún otro y lugar, porque con era genérico reconocimiento a libertad de enseñanza el art. 27.1 CE ya era más que suficiente: quedaba igualmente erigido como derecho fundamental.
La libertad de cátedra, o libertad enseñanza de César, de la facultad que ostenta todo docente a transmitir sus conocimientos como considere oportuno, con independencia de que provengan como uno, de su propia labor investigadora. Es un derecho el particular frente al estado.
El contenido de libertad de cátedra queda bastante patente en la STC 5/1981 de 13 de febrero: en ella se sostiene que existen ciertos factores que los que depende directamente la modulación concreta de este derecho; dichos factores van en dos direcciones: -la naturaleza pública o privada del centro en la que nos encontremos -el nivel educativo en el que se imparten la enseñanza.
A) en los centros públicos de cualquier nivel, será un doble contenido a la libertad de cátedra: 1. Contenido negativo: el Profesor se puede negar a seguir una determinada orientación ideológica o filosófica impuesta por el estado. Se puede decir que son inconstitucionales las llamadas “doctrinas oficiales”.
2. Contenido positivo: el Profesor puede exponer libremente sus ideas sobre los temas objeto de estudio, siempre que lo haga de forma objetiva, científica y seria. Aquí es donde entra en juego el segundo factor, decir, que cuanto mayor sea nivel de enseñanza, mayores serán el grado de libertad que tendrá docente a la hora de exponer; sensu contrario, cuanto menor se habla de educativo, al existir mayor planificación estatal, menor amplitud tendrá la libertad de cátedra Este es el sistema que se plantea para lograr el mayor grado posible de neutralidad ideológica en los centros públicos, muy en especial en los niveles inferiores, en las que los alumnos son fuertemente influenciables por sus maestros.
En aras del pluralismo, la libertad ideológica y religiosa y la aconfesionalidad del estado, así como por respeto a la opción realizada por los Padres a recoger determinado centro, no se permite adoctrinar a la infancia en uno u otro sentido.
B ) en cambio, en los centros privados, hay que contar, es factores, pues en todo lo anterior sl unir la posible existencia de un ideario educativo del centro. Por eso también hay que diferenciar entre los puntos de vista: 1. Frente al estado, la libertad de enseñanza el Profesor es idéntica a la que ostentar cualquier docente de un centro público, pues de otro modo se vulneraría el principio de igualdad.
2. Pero frente al titular del centro, no puede ocurrir lo mismo, porque le enseñante ha decidido voluntariamente, y por vía contractual, una parte en de su libertad de cátedra, aquella que iría en contra del ideario educativo de la institución, públicamente establecido por sus daños.
En este último punto está claro para el TC que este certamen te constitucional vender derechos por propia voluntad: es el mismo Profesor el que cede y restringe su libertad a cambio de alcohol que en, al docente, le resulta más rentable, nos referimos al sueldo.
Cuando él firmó un el contrato con un centro privado han dotado de “carácter propio”, ya era consciente de que no podría ir en contra de él respaldándose de su libertad de cátedra.
Desde luego, eso no significa que el Profesor se tenga de convertir en apologeta del ideario educativo que propugna el centro de que se trate, pero sí que debe evitar los choques frontales con él, desempeñando su labor con rigor, seriedad y cientificidad.
El poder del ideario es tan fuerte que el titular puede llegar a romper unilateralmente la relación contractual con el Profesor, sea éste y las entrar en conflicto con él en sus explicaciones con sus actividades vitales con trascendencia pública. Esto se justifica fácilmente porque, si con algo se predica, es con el ejemplo y, más daño puede hacer a un sistema filosófico la ruptura ante sus axiomas en los hechos de la vida privada, que el exacerbado seguimiento de las mismas, con menos palabras a las horas de clase. Es así, no perdemos la perspectiva de que las actitudes vitales, en todo caso, debe ser notorias y evidentes y tienen que poder incidir en la labor legislativa del centro de forma contraria al ideario preestablecido públicamente.
Considerar esto de otro modo, pondría en peligro dos de los derechos fundamentales que dimanan directamente la libertad enseñanza, como son tanto en el que estamos seleccionando, el derecho de los titulares establecer un ideario educativo en sus propios centros, como los derechos de elección de los Padres, que han escogido esa y no otra institución, confiados en que allí se inculcará a sus hijos un determinado sistema de valores, que es el que configura el proyecto educativo hecho público por ellos.
2.2 Los derechos de elección de los Padres.
Se considera que los Padres ostentan varios derechos de elección educativa, aunque la constitución sólo haya recogido expresamente uno de ellos; de todos modos, a partir del análisis de los debates preparatorios del art.
27 CE, ya se deduce que innecesarios incorporarlos todos, puesto que de uno u otro modo, se ven igualmente reconocidos. Es curioso analizar dichas discusiones, entorno las varias enmiendas al texto del artículo 27 CE, en las que se solicita que se incluyen en la norma fundamental todas las variantes de los derechos de elección, lo voy a ser que, en el futuro, de falla la memoria legislador y no le parezca tan claro que las trece modalidades electivas derivan de la libertad enseñanza reconocida en el art. 27.1 CE. Los distintos tipos de derecho selección que ostentan los Padres son: a) Derecho de elección de centro docente.
b) Derecho de elección del tipo de educación.
c) Derecho de elección de la formación religiosa moral Veamos cada uno por separado: a) El derecho de elección de los Padres del centro docente La mayoría de los constituyentes consideran que carecerían de toda coherencia reconocer una libertad de enseñanza que no incluye la libertad de elección de centro docente, de entre la variedad de centros que ofrezca sistema. Que pocos y de permitir que se enseñan libremente sino se consiente que se escojan, por parte de los Padres, los centros docentes creados, sean públicos o privados.
Esta opinión la sábana la STC 51/1981 de 13 de febrero que reconoce que, aunque no lo diga expresamente la constitución, estamos ante un derecho fundamental autonómico derivado del art. 27.1 CE y por ello susceptible de ser alegado por cualquier ciudadano.
En cuanto a los límites de este derecho la sentencia 195/1989 de 27 de noviembre, estableció que una de las cortapisas necesarias de la facultad paterna de elección del centro docente es la que deriva de la propia opción realizada ; es decir, que una vez los Padres han escogido cierta escuela, pública o privada, lo que no pueden pretender es modificar sus axiomas o sus métodos, por mucho que y la mayoría democrática de ellos este acuerdo con el cambio. Hay que ser coherente con las propias decisiones que atenerse las consecuencias de lo que uno mismo ha escogido para su hijo.
b) el derecho de elección de los Padres del tipo de educación La justificación que se da en las discusiones parlamentarias a la innecesaridad de haber incorporado expresamente este derecho en el texto del artículo 27 CE gira en el sentido de que, una vez admitido la libertad enseñanza genérica incluye la libertad de elección de centro docente, es evidente que a la vez que y se realiza la opción por un centro, se esté realizando también ladrón tipo de educación, pues cada institución contará con un determinado sistema pedagógico que se escogerá a la vez que se elige la escuela.
No obstante, aunque la mayoría parlamentaria estuvo de acuerdo en este punto, hubo sectores que desconfiaban de futuras generaciones de gobiernos, planteándose incluso que, si no ser reconocida expresamente el derecho de elección del tipo educación, se podrían llegar a la creación de la tímida “escuela única”; de este modo, aun existiendo la posibilidad teórica ante elección de centro, de podo sirve escoger en lugar físico en donde se llevará a cabo la enseñanza, si el modelo educativo es, idéntico para todos.
Con respecto al derecho que estamos analizando se han planteado cierto problema en el tribunal constitucional que y es interesante comentar; la cuestión gira en torno a un recurso de amparo presentado por un Padre que pretendía que se le reconociese la exigencia de sus derechos fundamentales a la elección de centro, para su hijo, por razones lingüísticas, derecho que deriva directamente del art. 27.1 CE.
El tribunal constitucional sostiene que tal derecho elección no es extraíble del propio artículo, ni del resto de del articulado del 27 CE, ni de ninguno de los tratados internacionales ratificados por España; es más, recuerda que el propio tribunal europeo de derechos humanos (TEDH) afirmó en una antes sentencias que, sí se aceptase la fuerza vinculante dicho derecho, todo ciudadano podría exigir que a sus hijos se les impartiese la enseñanza en cada una de las lenguas entre sus estados, con independencia de en qué país se encontrasen Ponte, y eso, por sentido común, es inviable. Sólo podría hacerse de un derecho ante “opción lingüística” si lo crease la ley.
Así, en su dimensión prestación al, el derecho de “opción lingüística” serían un derecho de creación e ilegal Ponte, en su dimensión de libertad, desde el momento en que se reconoce el derecho de elección del tipo de educación, éste se puede concretar en función de los criterios que los Padres estimen oportunos, pero sin perder nunca la perspectiva de que se trata de una simple manifestación del derecho de elección del tipo de educación, porque en de opción lingüística no es un derecho autónomo.
Si la política educativa de momento o lo considera conveniente, ofrecerá una o varias posibilidades pero, opte por lo que opté, mientras que se trate de las lenguas oficiales en ese territorio, no se puede considerar ni discriminatorio ni inconstitucional.
Aparte de eso, y por coherencia con el argumento anterior, la efectiva elección de uno u otro centro, sea en función de preferencia lingüísticas o de otra índole, no supone, en ningún caso, que la administración deba sufragar el coste suplementario que suponga la elección personal paterna (En este caso, se reclamaba que, como la única escuela la que la totalidad de la enseñanza se impartían en valenciano se encontraba muy lejos del domicilio ante el recurrente, la administración educativa debía sufragar el coste medio de transporte para que se puedes hacer efectivo el derecho de elección lingüística).
Siguiendo con el no problema, pero desde otro punto de vista, en la sentencia STC 137 / 1986 a colación de cierta problemática competencial entre el Estado de la Comunidad Autónoma Vasca, y frente a la duda de si el vascuence resultado aún no un vehículo inconstitucional de enseñanza, el alto tribunal dijo que, ante este momento en que una lengua es co-oficial de una Comunidad autónoma, no puede concebirse que resulte vehículo inconstitucional de enseñanza, aunque se use sólo esa lengua en el centro o en cuestión, y no la otra cooficial; el TC dictaminar que no se puede hablar de discriminación en tanto en cuanto se respeten, de un lado, las demás modalidades lingüísticas, y de otro, la libertad de creación de centros, y siempre que se garantice a todos los ciudadanos el derecho de elección de escuela con libertad real, es decir, en igualdad de condiciones.
c) El derecho de elección de los Padres de la formación religiosa que le sean para sus hijos En este caso, al ser el único de nuestros derechos de elección recogido en el art. 27 CE, no puede caber duda alguna acerca de si nuestro sistema lo cogen o.
No obstante, como se refleja en el sentencia STC 5/1981 de 13 de febrero, aunque el artículo 27.3 CE no lo hubiese incorporado, serían de idéntica exigibilidad constitucional, sínodo partida genérico artículo 27.1 CE.
En los debates preparatorios de la constitución se llega a la conclusión, de que los Padres pueden exigir que se forme a sus hijos en una determinada religión por ellos escogida, sean los entes públicos o sea en los centros privados.
Y eso, según los constituyentes es una obligación prestacional que asuma el estado frente a los ciudadanos. Ello se deriva, además, que, la enseñanza religiosa no pueda comportar coste suplementario uno para los Padres que las cojan para sus hijos.
Al cuestionar deseen este derecho reconocido en el art. 27.3 CE, el TC reafirma lo que se han comentado art en el párrafo anterior, cuando dice que se trata de un derecho fundamental que todo ciudadano, susceptible de ser recabado tanto en centros públicos, centros privados.
En los centros públicos, nos recuerda que, aunque la directriz que en debe regir es la neutralidad ideológica, eso no significa que se entera permitir el derecho libertad de cátedra en sentido filosófico que a cada preso le parezca oportuno: no tiene sentido que la neutralidad se obtenga a partir de la casual coincidencia en un mismo centro de ideologías polarizadas y contrapuestas que se anulen entre sí.
A lo que debe entenderse con los colegios estatales es a que las explicaciones de las disciplinas estén exentas de ideología alguna, dejando esta para el profesorado expresamente encargado de eso por los padres. Son los progenitores y nadie más que ellos, los que deben decidir libremente que formación religiosa o moral se quieren dar a sus hijos, a partir de una información pública, seriedad y suficiente.
El profesorado cuyo cometido sea e inculcar determinadas filosofías morales o convicciones religiosas, no puede ser cualquier docente: debe tratarse de personas expresan mente preparados para llevar a cabo el adoctrinamiento en cuestión.
En cambio, las escuelas privadas , Aunque el derecho de elección de la formación religiosa moral sigue existiendo, posee la cortapisa en del ideario educativo un decente: se titulará establecido un determinado proyecto educativo con el que fuese contraria a la filosofía moral o religiosa que después se hicieran, escuela privada no vendría obligado a impartirla, porque los derechos de los Padres auto limitan por su propia voluntad, es decir, aparte de la propia elección realizada.
d) Otros derechos generales de los Padres incorporados por la ley Aparte de lo que es el desarrollo de los derechos de elección de los Padres, que forman parte el contenido esencial del derecho fundamental de libertad enseñanza, está después en diversos derechos que han concretado la LOCE en su artículo 3; me refiero a aquellos, como primeros responsables del educación de sus hijos, les corresponde: a) Adoptar las medidas necesarias o solicitar ayudas para que sus hijos cursan regularmente la educación obligatoria b) Estimularles para desempeñar las actividades escolares que le sean encomendadas.
c) Respetar y hacer respetar las normas del centro d) Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.
A la vez, y en su relación con sus hijos, los Padres ostentan las siguientes derechos: a) b) c) d) A la libre elección de centro A que reciban una educación con las máximas garantías de calidad Al que reciban la formación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones A ser informados periódicamente entre su progreso en el aprendizaje y de su integración socioeducativa.
e) A ser oídos ante cualquier decisión académica o de orientación profesional f) A participar en el control y gestión del centro los términos legales.
g) Además, los Padres tienen garantizada la libertad de asociación en el ámbito educativo; a tal fin, en cada centro se podrán crear asociaciones de Padres o tutores, que podrán utilizar los locales del centro para las actividades que desean propias; las asociaciones de Padres a asumirá las siguientes finalidades: 1- Asistir a los Padres o tutores de aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos 2- colaborar en las actividades educativas de los centros 3- Promover la participación de los Padres en la gestión del centro 2.3 El derecho de los alumnos a que respeten sus convicciones religiosas De entre las derivaciones directas de la libertad enseñanza, el derecho de los alumnos la que se respeten sus convicciones religiosas ha sido el menos comentado y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia. En realidad, la única referencia expresa que de él hallamos es la cita que hace el senador SR. García Navarro, cuando simplemente enuncia lastres manifestaciones principales de la libertad que la enseñanza.
La razón de todo esto, debe residir en que no es un derecho educativo autónomo, aunque se considere como tal, sino es una expresión de la libertad ideológica y religiosa sí mismas, aplicadas al campo de la enseñanza.
Pero con independencia de su autonomía como derecho fundamental, no hay quien restarle importancia, pues hay una impresión de que la preocupación por desarrollar los derechos educativos, nos está haciendo olvidar cuales el heredero destinatario del sistema constitucional que se está tratando de establecer.
Probablemente, como en el mundo no puede acudir a los tribunales, sea por razones de madurez intelectual, sea por su edad, sea por temor a las represalias, no nos hemos molestado en concretar el que debería ser el principal punto de referencia libertad de enseñanza.
Quizá la respuesta al contenido de este derecho, nos venga dada a partir de realizar una tras por acción, a los centros docentes, de lo que completo antes significados de las libertades religiosa e ideológica, al todo sentido negativo de dichas libertades.
De esta manera, se acuerda al derecho al alumno a que se respeten sus propias convicciones en los siguientes extremos: a) Imposibilidad de realizar ataques directos contra las creencias de los alumnos, siempre que él no partan de datos científicos, series y objetivos, y por medio de palabras la partida actitudes. O b) Prohibición de obligar a los alumnos a declarar sobre sus propias convicciones religiosas c) Creación del adecuado ambiente de mucho respeto entre los alumnos inspirado en el principio del pluralismo ideológico.
Los principales límites de este derecho provienen del desarrollo de los derechos de los demás inaplicable los, que determinan en el momento en que se deja de garantizar el contenido esencial del que estamos tratando, cuya base descansan en especial consideración que merecen las convicciones del alumno.
La fuerza de este derecho del alumno reside en que en que actuó como el principal dique en de contención con el que se enfrentan los derechos de los otros miembros de la comunidad educativa: gracias a él, por poner un ejemplo significativo, se acotada libertad de cátedra en los centros públicos de enseñanza superior, que de otro modo sería casi absoluta.
Al igual que ocurriría con los derechos de los Padres, también los alumnos, aparte de lo que es el desarrollo estrictamente constitucional de su libertad de enseñanza, han sido tenidas en cuenta en la redacción de la LOCe en su art 2, al tratar entre sus derechos obligaciones legales; en ese sentido, se parte de unas premisas iniciales para después concretar a los derechos y deberes. Estas premisas iniciales son: a) Tienen iguales derechos con independencia de su edad y nivel educativo.
b) Tienen el derecho y el deber de conocer la constitución española y su respectivo estatuto de autonomía.
c) Tienen derecho a qué es un dedicación y esfuerzo se han valorado ser reconocidos con objetividad y a recibir orientación educativa y profesional.
En cuanto los derechos básicos dos alumnos se establecen en la ley los siguientes: a) b) c) d) e) A recibir una educación integral que colabore en el pleno desarrollo de su personalidad.
A que se respeten su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y morales Aquí se respete su integridad física o moral y su dignidad personal A recibir ayudas de apoyos que compensen sus carencias y desventajas A participar en el funcionamiento y la vida escolar Finalmente, y como ningún miembro de la comunidad educativa por sí solo prerrogativas sin obligaciones, se configuran como deberes básicos del alumno: a) El estudio, que se concreta en: 1. Participar en las actividades formativas 2. Seguir las directrices del profesorado 3. Asistir a clase con puntualidad 4. Participar en la mejora de la convivencia escolar, respetando derecho sus compañeros a la educación. De b) El respeto de la libertad de conciencia y de las convicciones religiosas y morales de los demás miembros de la comunidad.
c) El respeto de las normas de organización, de convivencia y de disciplina d) el buen uso y la conservación de las instalaciones y material didáctico de centro.
2.4 El derecho de creación de centros docentes Derecho que se encuentra en el art. 27.6 “ se reconoce las personas físicas o jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales” Lo primero que debe quedar claro es qué se entiende por “centro docente”; al no especificar se da más en el precepto, significa que se están dando en libertad para dirigir instituciones educativas de cualquier nivel, sean de en preescolar, primaria, secundaria, formación profesional, información especial o enseñanza superior. Una afirmación tan simple y tan asumida la actualidad, llegó largas discusiones políticas, por los parlamentarios de izquierda se rasgan las vestiduras sólo de pensar que iba a existir la posibilidad de crear Universidades Privadas sin ni siquiera una Ley de Cortes que les diera el visto bueno.
Esta polémica hoy quedan muy superada.
Encontró al contenido especial del derecho de creación de centros docentes, se podría hacer un listado de las facultades que incluye, pero siempre quedaría incompleto, pues quedarían fuera situaciones que, no se nos ha ocurrido en corporal, son situaciones imprevistas.
1) Como base para comprender el alcance del concierto, se puede realizar la equiparación inicial con la libertad de empresa, pues se mueve en unas cotas similares, sólo que el derecho creación de centros educativos poseen un plus, porque de otro modo, no sería, como es, un derecho fundamental autonómo.
2) A partir del reconocimiento de la libertad de creación de centros, se debe, en entender que dicha facultad conlleva el derecho a la dirección de los centros creados. En verdad, no tendría ningún sentido formal escuelas con unos principios, intereses ideologías concretas, para que más adelante fuesen otras personas, las que en los dirigiese en con base en sus propias tendencias, echándose por tierra las motivaciones que impulsaron a los titulares a fundar ese centro concreto.
Es más, según como dice la sentencia, el derecho de elección de los centros, es la prolongación del propio acto fundacional Si no se incorporase el derecho a la dirección estaríamos frente al modo más sencilla de instaurar la “escuela única” en España, que para la institución contra la que se luchaba cuando se decidió reconocer en nuestro país el derecho de creación privada de nuestros centros educativos.
La escuela única, O uniformidad ideológica educativa, es contraria al pluralismo que indica nuestro sistema: tal como están las cosas, no se podría imponer, a menos que se formas el art. 27 CE.
En otro orden de cosas, el derecho de elección de centro, supone que el titular siempre fuese en tienen la decisión última de las cuestiones de trascendencia que afecten a su centro. Aunque exista un órganos participativos de Padres, alumnos y profesores, el poder final debe permanecer en última instancia en que las manos de su legítimo dueño: el titular 3) Quizá la más clara manifestación de que no estamos ante una mera variante entre la libertad de empresa se encuentre en la facultad del titular del centro de establecer un determinado ideario educativo.
Dicho ideario es el proyecto específico que la constitución quiere llevar a cabo través del proceso de aprendizaje. Puede incluir cualquier extremo que titular considere oportuno: ideología, creencia religiosa, métodos pedagógicos, cuestiones lingüísticas, caracteres deportivos conducidos… Los límites en los que se mueve el ideario, son los mismos que tiene el propio derecho de creación.
La administración educativa está legitimada para constatar que el ideario educativo del centro se ajusta los preceptos constitucionales del art. 27.2 ce, siempre que no realice un control de oportunidad, sino de estricta legalidad constitucional.
4) Los titulares de los centros ostentan la facultad de escoger al profesorado, llegando incluso a tener el suficiente poder como para despedir legalmente, por voluntad unilateral, aquel docente que, de forma fehaciente, resulte probado que atacado directa, notoria y públicamente el ideario educativo, con sus palabras, obras o actores vitales.
Entrando ya en el tema de los límites, nos dice que el derecho de creación de centros docentes a iniciativa privada, será acotado por tres días que son: a) Se tiene que equiparar a la parcela en la que oscila la libertad de expresión, establecida en el art. 20.4 CE, cuyo contenido esencial se encuentra: - Por un lado, en el respeto debido a los derechos fundamentales y a la legislación que los desarrolle.
- Y por otro lado por la exigencia de protección a la juventud de la infancia b) Otro de los límites restablecer el propio artículo 27.6 CE, al encuadrar la actuación “dentro del respeto a los principios constitucionales” que, en el fondo viene a ser lo mismo que establece el artículo 27.5 CE, en cuanto al objeto que debe tener el derecho a la educación.
c) Finalmente, y por coherencia con el artículo 27.5 CE, el derecho de creación se ve subordinado a la programación General de la enseñanza han realizado de forma igualitaria para todo el estado.
A estos límites se deben añadir, los que en deriven de la propia naturaleza ante los derechos, igualmente fundamentales, de los demás miembros de la comunidad educativa.
3.- LA FINANCIACIÓN DEL ESTADO.
3.1 CONCRECIÓN DEL SISTEMA ACTUAL A. Configuración del sistema educativo: en la Ley de Calidad de la Educación, se establece el siguiente esquema toca tipo General: a) Educación Preescolar: de 0 a 3 años, es voluntaria b) Enseñanzas escolares de régimen General: 1º Educación infantil : de 3 a 6 años; dura tres cursos y es voluntaria.
2º Educación Primaria: de 6 a 12 años,: comprende en seis cursos y es obligatoria. Al final habrá una evaluación General de diagnóstico (sin carácter académico).
3º Educación Secundaria: se divide en : a) Obligatoria: de 12 a 16 años: serán 4 cursos obligatorios. Al final habrá una evaluación general de diagnóstico. (Sin carácter académico). Superadas todas las alturas, conduce al título de Grado en Educación Secundaria Obligatoria; si no se superó algunas, ha certificado de escolaridad.
b) Bachillerato: De 16-18 años. Son dos cursos voluntarios. Se accede a partir del Título de Graduado en Educación secundaria Obligatoria. La evolución positiva de todas asignaturas del bachillerato conduce:  Título del Bahiller  Certificado académico.
c) Formación Profesional de grado medio: de 16-18 años,, se realizan en dos cursos voluntarios. Se accede a partir del título de Graduado en Educación Secundaría Obligatoria o a través de la superación de una prueba de acceso. Conduce a la titulación de Técnico.
d) Formación profesional de grado superior: desde los 18 años. Es voluntaria. Se accede a partir del Título de Bachiller. O de una prueba o de la FP de grado medio. Se obtiene la titulación de Técnico superior.
4º Enseñanza universitaria: desde los 18 años. Es voluntaria. Se accede a partir del Título de Bachiller.
Conduce a los títulos de diplomado, Licenciado, arquitecto técnico, arquitecto superior, ingeniero técnico, ingeniero superior conductor.
Aparte de esto, hallamos: - la Formación de alumnos con necesidades educativas específicas (extranjeros, supermercados y con discapacidades físicas, psíquicas, psicológicas o sensoriales) La formación de personas adultas Las enseñanzas oficiales de idiomas Las enseñanzas artísticas (música, en tanto, artes plásticas, y diseño) Para hablar de la financiación de la enseñanza, además de conocer cuáles organización educativa, hay que comenzar por separar del contenido que se encuentran los artículos 27.4 Y 27.9 ce. Cuyo tratamiento podrá ser de aplicación a cualquier evento a sistema educativo que se establezca B. Contenido del artículo 27.4 CE.
“ la enseñanza básica es obligatoria y gratuita” Uno de los principales problemas que plantea este apartado, en el momento de su redacción, fue la dificultad de concretar qué niveles educativos que se considerarían básicos para catalogar hasta donde alcanza la acción del estado de hacer que la enseñanza sean gratuita totalmente.
Esto se declara con la Ley de Calidad, que establecen cuales serán considerados como niveles gratuitos, si bien, por primera vez en nuestro sistema, no coincide en conoce estrictamente Obligatorios.
En ese sentido, actualmente la enseñanza básica es la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, es decir desde los 6 a los 16 años.
La educación infantil también es gratuita, pero es voluntaria y va desde los 3 años a los 6.
Respecto a esta última, hay que decir que hasta la entrada en vigor de la actual ley, era voluntaria pero no gratuito, lo que significa que y, en el momento de redactar este texto, aún no se haya hecho efectiva la eventual gratuita y fracción a nivel nacional que los colegios privados, si bien algunas comunidades autónomas ya se venía haciendo.
No ha sido sucedido otra cosa que la actriz los constituyentes esperaban que ocurriera: ellos decían que acabaría siendo legislador que te fijas en cada momento hasta donde alcanza la obligatoriedad de la enseñanza, l dato preciso ante el que se deduciría que niveles educativos mínimo serían gratuitos por mor de la constitución.
Otra de las cuestiones que surgen los debates parlamentarios es el acuerdo en existente entre los constituyentes en el hecho de que el art.27.4 CE gratuita la enseñanza en cualquier centro, sea público o privado; es decir, que todo Padre pueda reclamar que en se sociales, por parte del estado, el coste total del educación de sus hijos, allá donde ellos hayan recogido que se les imparta.
Aunque ésa será la línea marcada por la interpretación auténtica de esta constitución, hay una sentencia STS 86/1985, que le ha dado un sentido contrario la cuestión: Se sostiene que en este artículo 27.4 CE no se debe entender como un derecho que los Padres ostentan a la gratuidad de la enseñanza en cualquier centro de su elección (público o privado): los poderes públicos ofrecerán la instrucción gratuita en sus propias escuelas por las privadas subvencionadas con capital público (son las escuelas concertadas).
Si los particulares escogen un centro diferente a estos, no existirá obligación estatal alguna de cubrir los gastos resultantes.
Me parece una decisión lógica, pues el dinero público, no es ilimitado, los escasos recursos con los que se cuentan, se deben repartir con criterios coherentes y objetivos, sin atender a las preferencias por los caprichos de los particulares. Mientras la libertad de elección de centros quede garantizada y el Estado asuma la demanda gratuita de enseñanza, los Padres no pueden decidir que se sufragar en opciones no previstas por la oferta pública.
En la misma sentencia, el TC concreta que el derecho de todos al educación posee un doble contenido, el de libertad y en prestación al. La principal manifestación de la vertiente prestación al, la hallamos en la oferta gratuita que éstas deben hacer escuelas de niveles obligatorios: eso, claro está, en el caso de que los Padres quieran acogerse a esta opción. (pues son libres de pagar por educación de sus hijos, si así lo desean, y se lo pueden permitir).
Esto no significa que el estado sólo tenga que garantizar la enseñanza básica gratuita, sino que es lo minimo que la norma fundamental le impone: si los medios presupuestarios lo permiten, se pueden decidir ayudar a otros niveles educativos, como está ocurriendo la actualidad pero eso es una cuestión de decisión puramente política.
Hay otra sentencia 77/1985 donde se dice que el hecho de que el art. 27.4 establezca la ayuda económica a los centros privados enseñanza obligatoria, no significa que el estado sólo puede subvencionar a ese tipo de escuelas; lo único que quiere decir es que este apartado de la constitución se refiere a los centros docentes que imparten niveles básicos y que, si los poderes públicos consideran pertinente cooperar con los demás grados educativos, lo pueden hacer por otras vías, que no son constitucionalmente imperativas como ésta, sino que provienen de la voluntad legislativa.
En esa última sentencia citada, se realizará un comentario al artículo 51.2 de la LODE, que establece que las actividades extraescolares, complementarias o de servicios que brinden de los centros privados subvencionados no pondrán tener carácter lucrativo; el TC, ante la cuestión, afirman que se trata de un requisito acorde a nuestra Norma Fundamental, pues carecerían de toda lógica que el estado este cubriendo el nivel docente primario, asegurando su gratuidad para cumplir con en directo mandato constitucional, mientras, por el otro lado, los titulares están obteniendo un beneficio empresarial por medio de las actividades secundarias que, aunque contribuyen a la formación del alumno, no son necesariamente su educación básica.
Eso no significa que no se pueda instar a los Padres al pago de cierta cantidad para el sostenimiento de dichas actividades (deberán tener, el carácter voluntario), siempre que en se asegure que el centro no están logrando así ganancia alguna. En esas mismas escuelas concertadas si son posee las actividades lucrativas, pero en los niveles educativos no sometidas al régimen de conciertos.
C. El contenido del art. 27.9 ce.
Este artículo dice “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”.
De este apartado de este artículo, fue quizá el más debatido, y por ello uno de los más polémicos de la constitución.
En la discusión parlamentaria se produjo una paradoja, producida por causa del ambiente de absoluta desconfianza que reinaba entre los constituyentes.
La interpretación del texto un giraba en torno a dos visiones contrapuestas: 1) Un sector ideológico sostuvo que se estaba aquí constitucionalizando un sistema de ayuda obligatoria en todos los centros privados que lo soliciten.
2) Otro sector ideológico quería que, no sólo en la postura anterior no es deducible el texto, sino que, lo que subyace en él es el otorgamiento constitucional de unas facultades arbitrarias al gobierno del momento para subvencionar, uno, a los centros que le parezca políticamente oportuno.
Lo absurdo entre este asunto o es que la primera postura (1º) resulta ser la opinión del bloque de izquierda, pues se deriva del temor que ellos tenían a que se estableciese, lo contrario a lo que ellos eran deseable. Lo mismo ocurría con el grupo político de derechas, quien querían ver en el art. Lo contrario de lo que sustentar y en en función de sus propios postulados.
La sentencia STS 86/1985 de 10 de Julio aclara, la interpretación que finalmente se tiene que hacer al artículo 27.9, al precisar que no estamos ante un derecho prestación, sino que se trata de un derecho de creación legal: mientras no exista una ley que establezca los requisitos para que los centros privados sean subvencionados, los titulares no podrán hacer valer su derecho a la financiación pública.
Eso sí, una vez que se haya fijado por ley, la administración está obligada a otorgar las subvenciones aquellos centros que cumplan establecido.
En lo que sí se manifestaban de acuerdo todos los constituyentes es en que la escuela privada, de momento, era imprescindible, pues cubría la necesidad de escolarización de un importante grupo de niños que la escuela pública aún no podía asumir.
De ahí que, tanto la derecha como la izquierda, considera es oportuna lo cooperación económica estatal con los centros privados.
Donde ya no hubo tanto consenso, fue el ala volante determinar que debe ocurrir en el hipotético momento en que la escuela pública pueda cubrir por sí sola la totalidad de demanda educativa gratuita.
La izquierda, afirmaba que, entonces, desaparecer a la propia justificación de la subvención pública, mientras que la derecha consideraban que se tiene que continuar cooperando siempre con la escuela privada, en aras de la verdadera existencia del sistema y de libre elección escolar, que lo que establece en esta constitución.
La conclusión que se extrae la lectura de los debates parlamentarios, es que no se ha erigido un sistema de ayuda obligatoria, aunque tampoco en uno de colaboración arbitraria, que igualmente iría en contra del espíritu que inspiró, en su momento, a la norma suprema.
No obstante, en este caso, si se ha seguido el criterio que marcaron los constituyentes en la sentencia STS 86/1985, se dice que el art. 27.9 CE ni está vacío de contenido, ni se trata de un derecho fundamental.
El legislador se haya limitado por ciertas bases, como no ves la ideal de que la financiación debe realizarse a partir de baremos objetivos y coherentes, que no dilapidan el escaso erario público.
En el mismo sentido, la sentencia añade que los únicos límites que encuentran el desarrollo legislativo, vienen dados por los demás apartados del artículo 27 CE, por el sometimiento un debido al principio de igualdad de las ayudas financieras, y por las orientaciones que la norma suprema establece para gasto público o General.
En las discusiones parlamentarias, también se concreto o que la subvención puede dirigida a cualquier centro educativo de cualquier nivel, incluso superior, sólo que primero habrá que cubrir la educación obligatoria, como imponía el art. 27.4 CE. Para pasar después a financiar el resto de enseñanza.
Para determinar con el comentario antes artículo, hay que recordar que la sentencia la 77/1985 dijo algo de bastante relevancia: se sostuvo que es acorde a la constitución que legisladora acote los derechos del titular del centro se quiere percibir subvenciones: mientras respete el contenido esencial del derecho creación de centros docentes del art.27.6 CE, no hay problema alguno. En el fondo titular es libre de escoger si prefiere mayor amplitud de sus derechos o se opta por la financiación pública.
D ) la tipología de centros docentes: En nuestro actual sistema, pueden existir diversos tipos de centros, denominados de uno u otro modo de atención a dos variables: quien ostente su titularidad y el sistema de financiación que poseen.
Los centros pueden ser: 1) Centros públicos: Aquellos cuyo titular es un poder público (la administración, estatal, autonómica o municipal). Los hay de cualquier nivel.
2) Centros privados aquellos cuyo titular es una persona (física o jurídica) privada.
Una de las características más importantes de ese tipo de centros es que su titular puede establecer un carácter propio (o ideario) sobre el que se asienta el proyecto educativo que pretende desarrollar.
Tanto el proyecto educativo como el ideario deberán ser conocidos y respetados por todos miembros de la comunidad su cartilla.
A su vez los centros privados pueden ser: a) Estrictamente privados: Será autofinancian: los Padres sufragan todos los gastos.
b) Centros concertados o totalmente sostenidos con fondos públicos en los niveles obligatorios y/o gratuitos: Actualmente es son obligatoria y gratuita la educación primaria en educación secundaria obligatoria; y es voluntaria pero gratuita la educación infantil. Los conciertos son pactos celebrados por razón de oportunidad entre administraciones y las escuelas que cumplan determinados requisitos legales.
c) Centros privados subvencionados, o parcialmente sostenidos con fondos públicos en los niveles no obligatorios ni gratuitos: Actualmente no es obligatoria ni la educación preescolar, ni el bachillerato, ni la formación profesional de grado medio, la formación profesional de grado superior. Tampoco es obligatoria, aunque sea gratuita la educación infantil. La subvención también sucia través de un pacto como la anterior.
E ) Aplicación de los principios al sistema actual: Es mejor establecer cual es el esquema constitucional aplicable al sistema educativo, puesto que siempre seguirá vigente, aunque éste cambie, come dicho ya ha ocurrido al pasarse de modelo que existían en un momento de promulgación de la constitución (EGB, BUP, COU) al que estableció la LOGSE, o al que ahora mismo existe a partir de la LOCE (que modifique completa al anterior de la LODE y LOGSE). Al actual sistema de esta aplicación del contenido expuesto para cada uno de los dos apartados de la normativa fundamental analizados, en el siguiente sentido: 1) Educación preescolar: (de 0 -3) - Exclusiva aplicación del artículo 27.9 CE: al no resultar niveles obligatorios, no es preceptiva son gratuidad, si bien existe una tendencia política autorizar las subvenciones, así como un compromiso legislativo a forzar a las distintas administraciones públicas a ofrecer suficientes plazas a la sociedad que las demanda, sean públicas, sean privadas, de pago total o parcial o incluso gratuitas.
2) Educación infantil: (3 -6) - Aplicación del artículo 27.4 CE: esta etapa no fuma parte la educación obligatoria, es a lo cual, resulta gratuita por mandato legal, a partir de la LOCE (si los Padres lo desean). Los centros públicos, en principio, deberían satisfacer la demanda.
- Aplicación del artículo 27.9 CE: en los centros privados “que reúnan los requisitos que la ley establezca” se podrá concretar la educación infantil con la administración. Este nivel, aun no siendo obligatorio es prioritario, por el compromiso estatal de garantizar las plazas gratuitas que la sociedad demande; ello supone que, no habiendo suficientes plazas en los centros públicos, le tenga que recurrir a los centros privados para hacer efectivo el derecho.
3) Educación primaria: (6-12) - Aplicación del artículo 27.4 CE: al ser esta etapa parte de educación básica y obligatoria, resulta gratuita (si los Padres quieren hacer efectivo ese derecho).
- Aplicación del artículo 27.9 CE: los centros privados que reúnan los requisitos legales eran ayudados por el estado. Esta ayuda es prioritaria sobre la de cualquier nivel no obligatorio, incluso sobre educación infantil que, es voluntaria.
4) Educación secundaria y formación profesional - En la educación secundaria obligatoria: (12-16) 1º) aplicación del artículo 27.4 CE: también este nivel es obligatorio por ello gratuito.
2º) aplicación del artículo 27.9 CE: si se reúnen los requisitos legales, ser percibida la idea estatal; también en este caso es paritaria sobre los niveles no obligatorios.
- En el bachillerato en la formación profesional de grado medio (16-18) 1º) sólo es aplicable el art. 27.9 CE: como derecho de creación legal, si no hay ley que lo desarrolle, no se pueda reclamar por los particulares.
5) Formación profesional de grado superior y universitaria: ( a partir de 18) - De nuevo sólo es aplicable el art.27.9 CE, si una ley lo establecido en el sistema educativo.
3.2 LOS CENTROS CONCERTADOS.
Tal como dice el art. 64 de la LOCE los centros concertados son aquellos: “centros privados sostenidos con fondos públicos” Que, sin perder su naturaleza jurídica de centros privados (por no recibirían estatal se convierten en públicos), prestan un servicio de interés público en educación, impartiendo las enseñanzas declaradas gratuitas (art 75.1 LOCE). Podrán acogerse al régimen de conciertos todos aquellos centros que, haciendo lo solicitado, cumplan determinados requisitos legales.
El concierto, en todo caso, establecerán los derechos obligaciones a las que se comprometen de forma recíproca el centro privado el administración educativa en cuanto a “régimen económico, en duración, prorrogar y extinción del mismo, número de unidades escolares concertadas y demás condiciones de impartición de la enseñanza” (art 75.3 LOCE) Asimismo, podrán afectar a varios centros, siempre que pertenezcan a un mismo titular (art. 75.4 LOCE).
Si el estado no pudiese cubrir toda la dotación económica que la enseñanza privada reclama, se dará preferencia a los conciertos con las escuelas que tengan ciertas características (art. 75.5 LOCE): a) b) c) d) e) Las que impartan enseñanza básica.
Las que satisfagan necesidades de escolarización Las que atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables.
Las que realicen experiencias de interés pedagógico para sistema educativo.
Las que, cumpliendo algo del anterior, sean centros cuyo funcionamiento resulte en régimen de cooperativa.
Una vez se logra firmar el acuerdo con el estado surge una serie de derechos obligaciones para centro privado: A) Derechos de los centros concertados: a) Derecho a la financiación estatal en las condiciones fijadas en el concierto. En la LODE se estableció un sistema de financiación por “modelos económicos por unidad escolar”, manteniendo en la LOCE, en el que se diferenciará a entre las cantidades correspondientes a salarios del personal docente del centro, las de los “otros gastos” ordinarios de administración, servicio y mantenimiento de las instalaciones y las del pago del personal docente en concepto de antigüedad, sustituciones y función directa (art. 76.4 LOCE) y serán abonados directamente por la administración, como pago delegado en nombre del titular, que es el auténtico empleador en la relación laboral (art. 76.5 LOCE) b) Asimilación del centro concertado a las fundaciones benéfico-docentes, en cuanto a beneficios fiscales (art. 50 LODE) c) Derecho de centro a definir su carácter propio (art. 73 LOCE), siempre que las prácticas confesionales resultan voluntarias y que se respete la libertad de conciencia de los alumnos B) Obligaciones de los centros concertados a) Gratuidad de la enseñanza en los niveles subvencionados (art 51 LODE) Si la administración sufragar los gastos es para lograr que los Padres no tengan que pagar la educación de los hijos; por lógica, aun vez, las actividades docentes complementarias, ni las extraescolares, ni los servicios escolares podrán tener carácter lucrativo, teniendo que ser todas ellas voluntarias y estando las complementarias y las extraescolares fuera del horario lectivo.
b) Sometimiento a los criterios de admisión de los centros públicos (art 72 LOCE) Que fijará la administración educativa en función de “ una adecuada programación de los puestos escolares gratuitos que garantice la efectividad del derecho la educación del derecho la libre elección de centro” De no existir suficiente número de plazas en el centro, se considerarán prioritarios: 1) 2) 3) 4) 5) 6) La renta per cápita de la unidad familiar La proximidad del domicilio La existencia de hermanos matriculados en el centro La concurrencia de discapacidad en el alumno, sus Padres o Hermanos.
La condición legal de familia numerosa La concurrencia de enfermedad crónica que exija una dieta, seguimiento o tratamiento especial que determina la salud del alumno 7) La proveniencia de niveles educativos inferiores en el propio centro 8) Para las enseñanzas obligatorias, se podrán considerar el expediente académico.
En todo caso, buscará la equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidades específicas. En el supuesto, bastante habitual, de que en un mismo centro se impartan más de un nivel sostenido con fondos públicos, el proceso de admisión se realizará al comienzo de la oferta educativa gratuita. En ningún caso podrá haber discriminación es en la admisión por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o de nacimiento.
c) Establecimiento de ciertas normas mínimas de organización interna del centro: Así, según el artículo 54 LODE, modificado por la disposición final 1º.3 LOCE, los centros concertados deberán tener órganos unipersonales (director y los que establezca, además el reglamento de régimen interno de la escuela) y órganos colegiados (el consejo escolar, el claustro de profesores y los que quieran crear desde el reglamento de régimen interno del centro).
C) Órganos de los centros concertados Ya se ha dicho que la ley establece los órganos mínimos que todo centro privado financiado con fondos públicos debe tener, a los que hay que añadir los que previa su reglamento de régimen interior. En ese sentido, tenemos: a) ÓRGANOS UNIPERSONALES: 1 . Director (art 54.2 y 59 LODE, modificados por las D.F 1ª.3 y 7 de la LOCE): Será designado por tres años, o cesado, a través del acuerdo entre el titular del centro y del consejo escolar (por mayoría absoluta) Sus facultades mínimas (a las que sumarán las que, les otorgue el reglamento de régimen interior del centro), son las siguientes: a) Dirigir y coordinar todas las actividades educativas el centro b) Ejercer la jefatura del personal docente c) Convocar y presidir los actos académicos y reuniones de todos los órganos colegiados d) Visar las certificaciones y documentos del centro e) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados f) Resolver los asuntos graves en materia de disciplina de los alumnos.
g) Seleccionar el profesorado junto con el titular 2 . Otros que establece el reglamento de régimen interior decente: Algunos ejemplos habituales podrían ser: - el subdirector (con las funciones que deben de ley de el director, O lados de él en su ausencia), el jefe de estudios (que dirige y coordinar conjunto del trabajo escolar en una etapa educativa) - Los coordinadores de ciclo (que colaboran con el director en la orientación y coordinación de la actividad educativa del equipo de profesores de un ciclo o nivel) El coordinador de pastoral (responsable de la promoción y animación de la acción evangelizadora propia en del ideario del centro) El administrador (responsable en de la acción económica El secretario (custodio del archivo documental en los aspectos académicos) Los autores de cada curso (profesores responsables de cada curso que velan por la aplicación del proyecto curricular y que deben atender a la formación integral de cada niño, siguiendo en su proceso de aprendizaje y maduración persona) b) ÓRGANOS COLEGIADOS: 1. El consejo escolar.
(ART. 56, 57 58 LODE, modificados por la disposición final 1ª.4, 5 Y 6 de la LOCE) Es un órgano colegiado que se renovará cada dos años por mitades o cuando se produzcan vacantes.
Lo forman: a) el director b) 3 representantes designados por el título del centro c) 4 representantes elegidos por los profesores d) 4 representantes elegidos por el colectivo de profesores y/o tutores de los alumnos, uno de ellos, directamente designado por la asociación de Padres más representativa.
e) 2 representantes de los alumnos (a partir de 3º de la ESO) f) un representante del personal de administración y servicios g) en aquellos centros que se ofrezcan aulas especializadas, también habrá un representante del personal de atención educativa complementaria h) en los centros que se imparta formación profesional específica, se podrá incorporar un representante del mundo de la empresa (designado por las organizaciones empresariales).
i) podrán asistir a las deliberaciones cuando sean convocados (con voz pero sin voto) los demás órganos unipersonales del centro j) los alumnos participarán en las deliberaciones y decisiones.
Las funciones que tiene atribuidas son: a) Intervenir (por mayoría absoluta) en la designación y cese del director.
b) Participar en la designación y despido del profesorado, bien estableciendo los criterios de selección (siempre basados en el mérito y la capacidad), habían pronunciado se positivamente (por mayoría absoluta) acerca del cese.
c) Garantiza cumplimiento los criterios legales entre admisión de alumnos d) Aprobar el presupuesto anual del centro que propone el titular acerca de los fondos públicos y cantidades autorizadas, así como la rendición de cuentas anual e) Informar la programación General anual del centro, aprobada por el equipo directivo f) Participar en aplicación de la línea pedagógica del centro y elaborar las directrices para la realización de actividades escolares complementarias, extraescolares y servicios escolares.
g) Proponer a la administración la autorización para percibir cantidades de los Padres por la realización de actividades escolares complementarias.
h) Aprobar las cantidades a percibir por los Padres (a propuesta ante el titular) en concepto de actividades extraescolares y servicios escolares.
i) Establecer los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportivas, recreativas y asistenciales.
j) Establecer relaciones de cooperación con otros centros k) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro propuesto por el titular l) Supervisar la marcha General del centro en los aspectos administrativos en docentes 2. EL claustro de profesores Es imprescindible que exista, pero no queda patente en la ley cual tiene que ser su composición y funciones, por lo que tenemos que acudir al reglamento de régimen interior del centro para conocerlas.
En General, se trata de un órgano con funciones pedagógicas, que es convocado y presidido por el director informado por la totalidad de profesores que prestan sus servicios en la escuela.
3. De otros que establezca el reglamento de régimen interior del centro En ese sentido, algunos de los órganos colegiados que suelen existir en los centros concertados son: a) El equipo directivo (asesora, exige y se corresponsabiliza con el director del funcionamiento del centro impulsar la acción educativa global) b) El equipo de tutores (supervisar y evalúan el proceso de formación integral de los alumnos y procura los servicios psicopedagógicos necesarios) c) El equipo docente de ciclo (asegura la coherencia y complementariedad en la acción docente realizada en cada ciclo) d) El equipo pastoral (responsable en de la programación y realización de los aspectos de la acción educativa que se relacionan directamente con el ideario religioso establecido) D) Posibles causas de rescisión del concierto Si el titular incumple será demente y deforman reiterada las obligaciones que le fija la LODE, eso daría lugar a la rescisión unilateral, por parte de la administración educativa, el concierto con el firmado.
Se ocurriese, la administración vendría obligado a adoptar las medidas necesarias para escolarizar a los alumnos en régimen gratuito o en otros centros.
Los incumplimientos graves que coman reiterados, daría lugar a la rescisión, se encuentra en el art. 62 LODE: a) Cobrar por las enseñanzas objeto de concierto b) Cobrar por las actividades complementarias, extraescolares o de servicio sin autorización administrativa.
c) Infringir las normas de participación de la comunidad educativa d) Infringir los criterios de admisión de alumnos e) Utilizar un procedimiento de selección y despido del profesorado diferente del marcado en la propia LODE o por las sentencias judiciales.
f) Presionado derechos fundamentales de los artículos 16 y 20 CE g) Violar cualquier otra obligación establecida legalmente en la LODE o en el propio concierto.
3.3 ESPECIAL REFERECNIA A LA FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA.
Tal como dije al tratar el art.27.3 ce en los temas anteriores, consideró que el derecho fundamental a halle establecido resulta una garantía prestación al que el estado está llamado a sufragar, es decir, que cualquier Padre pueda exigir que a sus hijos le sean impartida en condiciones de en gratuidad educación religiosa que escoja.
Eso es así, en cualesquiera de los centros sostenidos con fondos públicos, sean del propio estado, sean privados concertados (sea el hecho de ofrecer la no colisionan frontalmente con su ideario educativo).
Lo que no se puede reclamar es que la formación religiosa sea gratuita las escuelas privadas no subvencionadas, porque no es coherente sufragar lo menos cuanto no se está cubriendo lo más (que es la educación General sí misma).
Existen diversos modos de hacer efectiva la financiación de la educación religiosa en los centros sostenidos con fondos públicos: a) Que sea el estado el que pague directamente el sueldo al Profesor de religión b) Que el estado entre a la autoridad religiosa de lugar un tanto alcanzado en pago del profesorado en General c) Que la propia confesión religiosa han de ser, por voluntad unilateral, asumir el coste de su formación religiosa las escuelas Lo que debe quedar claro es que la cantidad máxima que perciba el profesorado de una confesión determinada, en concepto de pago por la formación religiosa escolar en centros públicos o privados subvencionados, se puede convertir en el paradigma extensivo de lo que pueden llegar a reclamar las demás confesiones si concurren las mismas circunstancias.
Finalmente, hay que decir que es un criterio acorde con la constitución que el estado prefiera contratar a un Profesor de religión que ya forma parte del claustro del colegio en cuestión (impartiendo otras materias) pues el coste que supone resulta menor.
Eso, siempre que el docente este suficientemente cualificado para ello, haya sido aceptado tanto por administración educativa como por la concesión de la que se trate, y que además, no haya sido obligado por nadie a impartir la formación religiosa.
4.- EL ACUERDO CON LA SANTA SEDE SOBRE ENSEÑANZA Y ASUNTOS CULTURALES. (la enseñanza religiosa) 4.1 El respeto a los valores de la ética cristiana.
el artículo 1.2 del acuerdo entre España y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales, dice textualmente “ en todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos serán respetuosa con los valores de la ética cristiana”.
Esto se puede interpretar en varias direcciones: a) La primera de ellas, es la conservación de que, a partir de este texto, la iglesia ha conseguido que se imponga un soterrado sistema público de enseñanza confesional, orientada en sentido cristiano.
Sostener esto me parece incorrecto especialmente se observa el comienzo de este mismo art., Que dice: “ a la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetara el derecho de los Padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar”.
Esto es incorrecto o y partimos de dos razonamientos: 1) Difícilmente puede encajar un sistema escolar público confesional con el príncipe libertad religiosa en el ámbito educativo, que en dice lo contrario, es decir, la neutralidad ideológica en la escuela estatal.
2) Es un sistema confesional cristiana público con el derecho de elección paterna de la formación religiosa o moral que se quiere para los hijos. Sí no existe un elenco de posibilidades, cuya compatibilidad con enseñanza integral pase por la neutralidad ideológica de las demás disciplinas, no se puede decir que se está ofreciendo al derecho de elección de forma efectiva.
b) Otra forma de interpretar el precepto es considerar que a partir de él, se imponen obligaciones trata de ofrecer educación cristiana a quien lo desee.
Aunque esa obligación pública existe, lo cierto es que la deriva de este precepto, sino del art. 27.3 CE. Pero eso, tampoco ésta se puede considerar que se la forma de entender el art.I.2 AEAC.
c) Finalmente, se puede sostener que el precepto dicte, lo que seduce de su literalidad es decir, las escuelas públicas puedan ofrecer la enseñanza de forma que no colisionan directa y frontalmente con los valores de la ética cristiana.
Se trata de dar a la expresión un contenido negativo ante “la ofensa” a las convicciones cristianas, tendrá sentido positivo que se daban antes del Acuerdo de 1979, en el que la inspiración educativa ser fundaban en los dogmas de la iglesia católica.
Pero aún a este interpretación, se le puede buscar más de una justificación última, más que una explicación del por qué estas y plasmada esta asociación en el acuerdo.
1) Se puede pensar que la consideración con la mayoría sociológica católica imponen que se respeten escuela pública la valoración ética que mayor peso poseen la sociedad, aunque decir esto se podría considerar como una forma de confesionalidad sociológica solapada, a todas luces contra el principio de aconfesionalidad que inspira nuestro sistema.
2) O también es susceptible que el respeto de los valores cristianos se deba al hecho de estar en un sistema pluralista de libertad religiosa.
En este sentido, igual atención merece eran los principios cristianos como los de cualquier otra religión, sólo que aquí, al estar ante el acuerdo con la Santa Sede, es lógico que ella se preocupen de sus axiomas, dejando que cada confesión défienda los suyos.
Pienso que esta tercera forma de interpretar el art. I.2 del acuerdo es la más adecuado de las expuestas.
4.2. La enseñanza religiosa en General A lo largo de la LOCE vamos encontrando el desarrollo de los distintos niveles educativos de los que se componen las enseñanzas escolares: en todos ellos, excepto en el nivel de educación infantil (no obligatorio), se incorpora como área de conocimiento obligatorio en la ante “ Sociedad, Cultura y Religiión”.
De este modo, en dichas disciplinas serán de recepción obligatoria durante la educación primaria (art 16.2 LOCE), la educación secundaria obligatoria (23.1 LOCE) (donde además se dará ética) y el bachillerato (35.5 LOCE) Este área o asignatura, comprenden dos opciones de obligatoria la oferta por los docentes, de las que, necesariamente se tiene que escoger una: a) La opción confesional: Los Padres O, los alumnos pueden escoger la enseñanza de cualquiera de las confesiones que posea acuerdo de cooperación con España, ajustándose, respecto de su contenido, profesorado, libros y sistema pedagógico a lo que en ellos se haya establecido sobre el particular.
Los profesores que, no siendo a la vez funcionarios docentes impartan esta enseñanza en los centros públicos “lo harán en régimen de contratación laboral, de duración determinada y coincide con el curso escolar, a tiempo completo o parcial” Sus retribuciones se equipararon a la de los profesores interinos del mismo nivel educativo.
b) La acción no confesional: poco se dice sobre ella, salvo que su contenido será fijado por el gobierno como enseñanzas comunes.
4.3. La enseñanza de la religión católica en los centros docentes públicos La base de la intervención de la iglesia católica en enseñanza pública se extrae del art 27.3 CE, donde se garantiza el derecho los Padres a elegir la formación religiosa moral que se tenga que dar a sus hijos, así como en el reconocimiento expreso que hacer la LOCE en su artículo 3c.
Reconocido ese derecho, la iglesia se hayan legitimada para exigir que su concretar formación pueda ser reclamada por cualquier Padre en cualquier centro público o privado.
Me voy a centrar en las escuelas públicas, que son las que con brazos directos de los poderes públicos, tienen que hacer efectivo el derecho de prestación al que el estado está obligado.
Las características de la formación religiosa católica los centros públicos de acuerdo con el acuerdo con la Santa Sede sobre enseñanza son las siguientes: 1) Equiparación de la asignatura de religión a las demás disciplinas fundamentales: (art II.1): en los niveles de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria y FP (en el acuerdo se refiere al anterior nomenclatura educativa: preescolar EGB; BUP; F.P) el problema ante esta equiparación es que no se aclara, en el texto, en qué aspectos se dará, ni cuáles son esas demás disciplinas fundamentales.
2) Obligación de la oferta religiosa católica: Para que se pueda llevar a cabo la elección paterna en todos los centros educativos (art II.1 y 2). No específicas y sólo es en los públicos o también en los privados, y dentro de estos últimos, sin los enteramente privados cual los subvencionados; qué o quién debe entender que se ofrecerán en todo las instituciones públicas y en activadas subvencionadas en las que la asignatura de religión católica no colisionan con el carácter propio.
De ahí que, al comenzar a denunciar las características, sería dicho que nos referimos a los centros públicos.
3) Voluntariedad de la elección paterna: (art II. 2) los alumnos no pueden ser obligados a recibir la asignatura de religión católica; además, hay que garantizar que el hecho de recibirla, uno, no suponga discriminación alguna para ellos en el conjunto de la actividad escolar (art II.3). De aquí parte el hecho de que generalmente se ofrezcan otras alternativas a la recepción de la asignatura.
4) Voluntariedad de impartición por parte del profesorado: (art III.3) ningún Profesor puede ser obligado a impartir formación católica. Asimismo, nadie estará obligado a recibir la enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las escuelas universitarias de formación del profesorado (art. IV) 5) Designación del profesorado de religión católica: (art III) cada año, la autoridad académica establecer profesorado, de entre aquellos que proponga el ordinario diocesano, refiriéndose a los docentes que sean profesores de los niveles educativos en los que les enseñarán. Este profesorado, que pertenece a todos los efectos al claustro de profesores del respectivo centro, se somete al mismo en régimen disciplinario General que en los demás (art. IV).
Hay que decir que esto no siempre se ha llevado a la práctica, pues, por ejemplo, la actualidad, no se permite un docente que sólo en parte a la asignatura de religión al acceso el cargo de director del centro, con lo que poca equiparación a los demás se le están dando.
6) Contenido del asignatura de religión: Lo fijará la jerarquía eclesiástica (art VI), así como los libros de texto o y el material didáctico a utilizar.
7) La retribución del profesorado: Se pacta la ante la administración central y la conferencia episcopal española (art VII) actualmente, se rige por un convenio firmado al efecto, vigente a través de la O. de 9 de abril de 1999.
8) En los centros superiores públicos: Se podrán organizar cursos actividades religiosas utilizando los locales y medios de los mismos (art. V) 4.4. La creación de centros docentes por parte la iglesia católica Recordaremos que el art.27.6 CE ofrecía las personas físicas y jurídicas la posibilidad de elegir centros docentes de cualquier nivel educativo, derecho que lleva aparejada tanto la posterior dirección del centro, como la imposición de un determinado ideario educativo, dentro de cuyo contenido en se puede incorporar la inspiración ideológica de la enseñanza en una tendencia religiosa determinada.
La iglesia católica, en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, no ha hecho más que hacerse eco de esta facultad, de la forma más amplia posible, manifestando así su intención de hacer efectivo el derecho que le otorga la constitución.
Se va analizar por separado los dos grandes tipos de centros docentes que se concreta en el acuerdo, cuyos fundamentos constitucionales son algo diferentes: 1º) los centros docentes de la iglesia que impartían estudios “civiles”.
Su sustrato constitucional encontramos en la libertad enseñanza que poseen los particulares, especialmente en una de las más directas manifestaciones: El derecho de creación de centros docentes.
La iglesia, como un particular más, lo hace efectivo, garantizando además que el derecho de elección de los Padres tenga un contenido real: es la manera más clara de crear la caución escolar confesional católica.
Hay dos artículos que se refieren a esto: a) Art IX: “ los centros docentes del nivel no universitario, cualquiera que sea su grado y especialidad, establecidos lo que establezcan por la iglesia, se acomodan a la legislación que se pero muere con carácter General, en cuanto al modo de ejercer sus actividades” b) Art X: “ las universidades, colegios universitarios, escuelas universitarias y otros centros universitarios que se establezcan por la iglesia católica, se acomodaron a la legislación que se promulgue con carácter General, en cuanto al monto de ejercer estas actividades” Parece que quede asegurado que la iglesia católica no posee beneficios especiales ni frente a otras confesiones ni frente a otros particulares. Si se quiere que sustenta sus estudios son reconocidos por el estado, deberá someterse a la legislación común educativa, como cualquier otro particular.
2º) la los centros de ciencias agarradas: Lo primero que hay que decir es que aunque pueda parecer que su fundamento constitucional se haya simplemente la libertad enseñanza, en realidad, su base está la libertad religiosa, pues más que en de educación se está hablando de adoctrinamiento en religioso, de formación de futuros ministros de culto.
Hay dos preceptos que aluden a estos centros, que son: a) Art VIII: “ la iglesia católica puede establecer seminarios menores, diócesis y religiones, cuyo carácter específico será respetado por el estado” b) Art XI: “ la iglesia, a tenor de su propio derecho conserva su autonomía para establecer universidades, facultades, institutos superiores y otros centros de ciencias eclesiásticas para la formación de sacerdotes, religiosos y seglares”.
Entre los artículos se extrae la posibilidad de la iglesia han de crear tres tipos de centros: 1. Seminarios menores: (art VIII) Son aquellos centros en los que se imparten los primeros años de la carrera sacerdotal. En ellos ofrece “una peculiar formación religiosa junto con la enseñanza humanística científica”, similar esta última a la que recibiría cualquier joven de la misma le región para acceder a los estudios superiores civiles.
2. Seminarios mayores (art XI “ otros centros de ciencias eclesiásticas”) Son aquellos centros donde los comunes reciben “tanto la conveniente formación espiritual como la que se adecua para el cumplimiento ante los deberes propios del sacerdocio… Durante todo el tiempo de la formación o, por lo menos durante cuatro años” 3. Universidades, facultades el instituto superiores: (art XI) Donde se impartan estudios universitarios sobre ciencias eclesiásticas. En los centros debe estar erigidos canónicamente. Su titulación es eclesiástica.
Los estudios a ser realizados podrán tener validez civil si se someten a la normativa común, tanto a nivel constitucional, como de planificación educativa,, y dándose en los grados académicos alcanzados, como si se tratase de centros docentes privados no eclesiásticos, en tanto en cuanto a unos y otros contenidos coincidan.
Sólo si de hacer un par de salvedades: a) Para los seminarios menores: No se les exigirán (como resulta obligatoria en el resto de escuelas primarias y secundarias), ni número mínimo de matrícula escolar, ni la admisión de alumnos en fundación del área geográfica de procedencia O el domicilio familiar.
b) Para los niveles universitarios: Para la convalidación de los estudios y el reconocimiento en defectos civiles a las titulaciones, se tendrá que estar a la legislación específica que para ello se promulgue por parte del estado.
Como criterios final, aplicable a los alumnos de todo los centros docentes (de cualquier lado y especialidad), que dados por la iglesia, serán de disciplinas civiles o eclesiásticas, el art.XIII que “tendrán derecho a recibir subvenciones, pecas, en beneficios fiscales y otras ayudas que el estado torno a centros no estatales que los estudiantes de tales centros, de acuerdo con régimen de igualdad de oportunidades”.
5.- CONCRECCIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA EN LOS ACUERDOS CON LAS CONFESIONES RELIGIOSAS NO CATÓLICAS (La enseñanza de la religión de las demás confesiones) Si valoramos los mismos extremos a los que se ha hecho referencia en el resto es tema respecto a la iglesia católica, ésta debemos lo siguiente: a) El respeto a los valores éticos de la respectiva confesión: No existen los acuerdos con la FEREDE; FCI; CIE alusión similar alguna, pero no resulta la necesaria expresión, pues no se puede atacar ninguna condición religiosa, por el respeto que merecen todas por sí mismas.
Eso es algo que deriva de la propia libertad enseñanza, relacionada con la libertad ideológica.
Una vez más, hay que recordar la necesidad de que la enseñanza pública sea neutral, para que se lleve a cabo el auténtico respeto de todas las creencias.
b) La enseñanza de la religión evangélica, judía islámica en los centros docentes públicos: Por extensión, también hay que entender que se ostentan iguales derechos en los centros privados concertados donde su impartición no colisiones con el carácter propio.
En este caso sí que se desarrollan poco más la cuestión.
1) Se garantiza el derecho los Padres a elegir la religión evangélica, judía islámica en todo los centros docentes públicos o privados concertados (siempre que, en los segundos, eso no suponga ataque al carácter propio) en los niveles educación infantil, primaria y secundaria (art.10.1) 2) El procesado será designado por la concesión de la que se trate (art. 10.2). Nada se dice sobre su retribución, probablemente porque no se personó lo suficiente. Es en la actualidad cuando se está intentando hacer valer este extremo, tratando de quedar equiparados a sus homónimos católicos.
Si el gobierno no se hace eco ante estas peticiones no estoy muy segura de que no se atente frontalmente contra el principio de igualdad religiosa, máxime habiéndose publicado por O. de 11 de enero de 1996 los currículos de enseñanza religiosa islámica para educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, así, a través de la conclusión del convenio sobre designación y régimen económico de los profesores de religión islámica (resolución de 23 de abril de 1996), en donde resulta evidente que el estado sufragará los gastos de pesos enseñantes en escuelas públicas transfiriendo en tanto o alzado anual a la comisión islámica de España en pago de los servicios prestados efectivamente. Igual normativas este para las comunidades evangélicas 3) Los centros facilitarán los locales adecuados para que se pueda explicar esta asignatura (art. 10.4) 4) Los contenidos en los libros de texto, los de exterminar a la propia confesión religiosa (art 10.3) aunque serán revisados por la administración educativa.
5) Los centros públicos de estudios superiores se podrán llevar a cabo actividades o cursos religiosos, utilizando sus locales e instalaciones (art.10.5) Como se ve, se han seguido bastante el mismo criterio que rigió en el acuerdo con la Santa Sede sobre enseñanza, sólo que pariendo un par de cuestiones que, probablemente, resulten ser las más trascendentales: la consideración del asignatura de religión como fundamental y el aspecto o retributivo.
Aunque se han intentado salvar la inconstitucionalidad, diciendo que el sistema no es discriminatorio, porque ni las circunstancias son las mismas, y se exigido por parte las confesiones la equiparación, no tengo nada claro que no estemos vulnerando el espíritu del principio de igualdad, pues es evidente que, aunque la entidad casuística sea imposible, los hechos en sí son iguales.
c) La creación de centros docentes propios: En el art. 10.6 de los tres acuerdos de cooperación se concretan el derecho constitucional de estas confesiones a la creación de centros docentes de cualquier nivel educativo (educación infantil, primaria, secundaria o universitaria), sometiéndose a la legislación General sobre la materia.
Como sede, resultados el mismo al que sigo con la iglesia católica, pero sin necesidad de tanta concreción.
FIN  ...