PRACTICA 2 COMPARADO (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura COMPARADO PRACTICA 2
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 12/10/2014
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Philip Morris vs Williams TAMARA USACH MUÑOZ DERECHO COMPARADO DR. ENDRIUS COCCIOLO UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI 15-11-2012 0 El caso Philip Morris vs Williams se inicia en 1997 con la demanda presentada por la Sra. Mayola Williams -viuda del Sr. Jesse Williams- contra Philip Morris -dueña de la industria tabaquera Marlboro- ante un Tribunal de Oregón. Representada por Robert S.
Peck1, la demandante solicitó una indemnización por daños compensatorios y cien millones de dólares en concepto de daños punitivos por el fallecimiento de su cónyuge a causa de un cáncer de pulmón, alegando fraude, responsabilidad estricta del producto y la conducta de Philip Morris como causante de un daño relevante a todo el condado de Multnomah, Así mismo también reconocía el conocimiento de las advertencias que contenían los propios paquetes de cigarrillos2. Por el contrario, la demandada, defendida por Andrew L. Frey3, alegaba que las indemnizaciones por daños punitivos no se podían cuantificar en base a daños causados a terceros ajenos al pleito.
El juez dictó a favor de la Sra. Mayola Williams e instruyó al jurado para que fijara la cuantía de la indemnización, estableciendo un límite máximo de 100 millones de dólares. De este modo, el jurado condenó a Philip Morris a pagar una indemnización de 821.485,80 dólares por daños compensatorios y 79,5 millones de dólares por daños punitivos, alegando fraude y engaño a los consumidores. Sin embargo, la jueza del distrito -Anna J. Brown- redujo la cuantía de las indemnizaciones de conformidad con una ley del Estado de Oregón4 a 500.000 dólares por daños compensatorios y a 32 millones por daños punitivos, a causa de resultarle ésta excesiva.
Ambas partes decidieron recurrir en apelación, y en 2002 el Tribunal de Apelaciones de Oregón sentenció a favor de la actora confirmando la cuantía que había concedido previamente el jurado de 79,5 millones de dólares en concepto de daños punitivos. Ante tales circunstancias, Philip Morris decidió recurrir ante el Tribunal Supremo de Oregón, pero ante el rechazo de su petición5, prosiguió al año siguiente a recurrir ante el 1 2 S. Peck, Robert. Letrado del Center for Constitutional Litigation, Washington.
Desde 1965 a raíz de la Federal Cigarette Labeling and Advertising Act se obligaba a insertar en cada cajetilla una advertencia de sus efectos perjudiciales, como Caution: cigarette smoking may be hazardous to your health.
3 4 L. Frey, Andrew. Letrado del despacho Mayer, Brown, Rowe & Maw, LLP Ley del Estado de Oregón que limita los daños no patrimoniales al importe máximo de 500.000 dólares (ORS 18.560(1), reformada por la ORS 31.710 (2003) 5 Williams v. Philip Morris, 335 Ore. 142 (Or. 2002) 1 Tribunal Supremo Federal basándose en la resolución del caso State Farm vs Campbell6. Este estimó el recurso de Philip Morris y devolvió las actuaciones al Tribunal de Apelaciones para que resolviera el caso de conformidad con los criterios de esta nueva doctrina. En 2004 el Tribunal dictó sentencia conforme a la indemnización sancionatoria de 79,5 millones de dólares concedida por el jurado, pero Philip Morris prosiguió recurriendo ante el Tribunal Supremo de Oregón, el cual confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones7 entendiendo que el caso era una de las excepciones en las que no se aplicaba la ratio sugerida por State Farm.
A pesar de tantas negativas Philip Morris no se dio por vencido y volvió a solicitar el certiorari al Tribunal Supremo Federal de EE.UU, el cual dictó Sentencia8 en 2007 mediante una reñida votación de 4 votos contra 5, considerando que la decisión recurrida vulneraba el Due Process of Law establecido en la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense9, devolviendo de nuevo las actuaciones al Tribunal de Oregón para que confirmase la cuantía de los daños punitivos en base al State Farm y esta nueva sentencia.
Cuanto a los 4 magistrados restantes, emitieron su propia dissent opinion: Stevens distinguió entre daños compensatorios y punitivos, asimilando estos últimos a una eficacia preventiva y defendiendo que los daños a terceros ajenos al pleito no se debían tener en cuenta para cuantificar la indemnización por los daño punitivos; Ginsburg alegó que tener en cuenta el daño a terceros estaba permitido pero sancionarlo no, fijando que el objetivo de los daños punitivos es sancionar; y por último, Scalia y Thomas se adhirieron al voto particular de Ginsburg, añadiendo en un escrito annexo que la Constitución no limitaba el importe de los daños punitivos y por tanto tampoco debía hacerlo un Tribunal. En este punto se presentaron 24 amicus brief10, una docena a 6 7 8 9 Philip Morris USA Inc. v. Williams, 540 US 801 (U.S. 2003) Williams v. Philip Morris, 340 Ore. 35 (Or. 2006) Philip Morris USA Inc. v. Williams, 549 US_ (2007) Dispone que nadie puede ser privado de su propiedad sin el procedimiento legal debido.
10 Informes jurídicos que terceros ajenos al pleito presentan ante el Tribunal con el fin de colaborar y ayudar a decidir un asunto.
2 favor de cada parte litigante donde destacaron Mitchell Polinsky y Steven Shavell11, profesores como Keith N. Hylton y Kenneth G. Dau-Schmidt12, la Automobile American Association13 o Richard A. Posner14.
El Tribunal Supremo o Corte Suprema de los EEUU (en inglés, Supreme Court of the United States) fue fundada en 1789 en Washington D.C. y establecida en la Constitución como instancia suprema. Encabezando el poder judicial americano, puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes llegando a derogarlas (federales y/o estatales) así como actos de los poderes ejecutivos, o bien llevar a cabo revisiones judiciales. Sus decisiones se toman como precedente (binding precedent) siendo de obligado cumplimiento para el resto de tribunales. Está compuesto por nueve jueces, de ellos un presidente15 y el resto asociados16; nombrados y confirmados por éste bajo autorización del Senado durante un período de tiempo indeterminado. Esto es, únicamente pudiendo ser destituidos del cargo a través de un impeachment17 o mediante propia renuncia.
Tras escuchar los argumentos de los casos, los jueces proceden a realizar una votación en la que cada uno cuenta con un único voto, de modo que cuando coincida una mayoría de cinco ésta se constituirá como opinion de la Corte. Por norma general la escribirá quien decida el juez más veterano -exceptuando el caso que el presidente estuviere entre dicha mayoría- y posteriormente se procede a su publicación mediante sentencia.
11 Catedráticos de Law and Economics de Stanford y Harvard que consideran que el TS debería rechazar cualquier consideración sobre que los daños punitivos pueden estar justificados por su situación financiera 12 Informe de 15 de septiembre de 2006 en apoyo de la Sra. Mayola Williams donde fijaron, entre otros aspectos, que es económicamente eficiente tener en cuenta el daño a terceros distintos del demandante.
13 14 Análisis de la 14ª enmienda y de las razones económicas por las que debía revocarse la decisión del TS de Oregón.
Catedrático de la universidad de Chicago que consideraba que imponer límites a los daños punitivos era un “disparate” y por ello convalidó una indemnización sancionatoria con una ratio de 37.2 a 1 sobre los daños compensatorios (en relación con el caso BMW vs Gore) 15 16 Chief justice: John G. Roberts Associate justices: Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Samuel Alito, Sonia Sotomayor, Elena Kagan.
17 Figura del derecho anglosajón mediante la cual se puede procesar a un alto cargo público (destitución e inhabilitación para funciones similares). El Parlamento o Congreso debe aprobar el procesamiento.
3 Cuanto a los jueces que no están conformes con el acuerdo también han de redactar su opinión disidente a pesar de no constituir un precedente legal, ya que resultan de gran importancia en las futuras revisiones de jurisprudencia para cambiar de línea argumental. En el derecho procesal español contamos con una institución jurídica equivalente que se denomina voto particular o divergente, en los casos en que hay votos que discrepan con la mayoría de un órgano colegiado. En este punto hay que distinguir entre los votos disidentes o discrepantes que se centran en la decisión final, y los votos concurrentes que, por el contrario, se basan únicamente en la argumentación.
Los votos particulares actúan en el ámbito de la jurisprudencia y las decisiones judiciales, estableciendo ciertos requisitos para su emisión: que el Tribunal dicte sentencia y que haya algún voto motivado que discrepe con la mayoría (resultando necesario establecerlo de forma escrita). Cuanto a sus efectos, dichos votos no tienen ninguna validez en la sentencia, ya que igual que en el modelo americano éstos únicamente se usan a largo plazo para defender otra posible línea jurisprudencial. Sin embargo, al tratarse de votos muy fundamentados terminan por adquirir una fuerza considerable afectando la doctrina posterior.
Cuanto a los daños punitivos, son una institución del common law británico que actúan a modo de pena privada imponiéndose en un proceso civil al causante con dolo o negligencia, por un importe muy superior al de la indemnización compensatoria.
Padecen limitaciones ya que sirven de castigo ejemplarizante para los condenados que han cometido abusos y engloban una multitud de conceptos: costas del pleito, honorarios del letrado, etc. Por ello resulta extraño que se concedan y en ocasiones lleguen a transigirse. No deben confundirse con los daños compensatorios, los cuales se utilizan para restaurar a la persona q fue perjudicada a la posición donde estaba antes de que ocurriera el incidente perjudicial, substituyendo lo que ha perdido o las perdidas asociadas a la inhabilidad de usar un articulo.
Cabe remarcar que resultan inadmisibles e incompatibles con los ordenamientos jurídicos europeos puesto que en el civil law los jueces pueden condenar a indemnizaciones compensatorias por el daño causado pero nunca imponer y/o cobrar 4 sanciones pecuniarias. Sin embargo, no es menos cierto que se han encontrado casos en España18, Alemania y Francia que en cierto modo se asemejan al modelo estadounidense, dejando dicha situación poco clara y confusa.
Personalmente estoy a favor de las indemnizaciones por daños punitivos puesto que mediante ellas puede establecerse justicia, evitando que los ciudadanos queden a merced de las grandes empresas. En ocasiones las conductas dolosas o gravemente negligentes de algunos empresarios provocan situaciones inapropiadas, desmedidas o injustificables, en buscar únicamente su propio beneficio y menospreciar los derechos de terceros, la seguridad o el medio ambiente, entre otros muchos. De este modo puede reflejarse la desaprobación social existente frente a estas actuaciones de mala fe, imponiéndose los daños punitivos como castigo ejemplarizante, ya sea para frenar otros posibles abusos o para advertir a los que tienen que tomar precauciones.
Si dicha institución tuviera cabida en nuestro ordenamiento jurídico podría utilizarse, por ejemplo, para sancionar conductas como la de la empresa Diviertt S.L. que organizó la fiesta de Halloween celebrada en el recinto Madrid Arena y que terminó con cuatro jóvenes fallecidas. Por pensar únicamente en su propio beneficio, permitió la entrada de un número superior de personas a las máximas legales ya que de este modo obtenía un interés superior en cada entrada vendida, así como la minimización del número de ambulancias y del personal de seguridad. De esta manera, si se impusiera a la empresa causante una indemnización por daños punitivos, tal vez posteriormente se pensaría dos veces desafiar la seguridad y la vida de miles de personas para obtener un mayor margen de beneficio, optando por cumplir las medidas de control legalmente establecidas.
18 En relación con la Stc 20/1992 de 14 de febrero, la Stc 134/1999 de 22 de septiembre y la Stc 59/1997 de 18 de marzo, así como el art. 123 TRLGSS en relación con las prestaciones a las que tiene derecho un trabajador por accidente laboral o enfermedad profesional.
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