Derecho Constitucional I - El sistema de protección de los derechos y libertades (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional I
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 23/04/2016
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Tema 8. El sistema de protección de los derechos y libertades

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adeb TEMA 8 EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES 1. RASGOS GENERALES Desde un punto de vista teórico, sería posible establecer una doble concepción de las garantías constitucionales: - En un sentido amplio: serían aquellos principios, instituciones o situaciones subjetivas garantizadoras de la idea de libertad.
En un sentido más restringido: se produce una diferenciación entre las garantías y los derechos fundamentales que pasan a constituir el contenido de aquéllas.
También hay que tener en cuenta que el significado de las garantías constitucionales ha ido pareja a las propias transformaciones experimentadas en el proceso de conceptualización de los derechos, y en suma en el propio proceso de transformación del Estado contemporáneo.
1.- El estado liberal no pareció sentir la necesidad de establecer un determinado sistema de protección de los derechos. La propia configuración de los mismos desde su inspiración iusnaturalista que los concebía como derechos anteriores a toda organización política hasta su propio significado como límites absolutos al propio poder estatal, parecían elementos garantizadores más que suficientes.
2.- Sin embargo, cuando empezaron a cuestionarse los planteamientos liberales, esta idea cambió y cada conquista revolucionaria alcanzada va a ser dotada de todo un sistema de garantías, a fin de evitar que nuevas conquistas revolucionarias, que de por sí suponen un proceso de ruptura con el modelo anterior, puedan alterar su significado.
Esta noción de garantías constitucionales no va ser suficiente para poder hablar de la efectividad plena de los derechos fundamentales.
Así junto a ellas es necesario un adecuado sistema de garantías jurisdiccionales e institucionales, y la existencia de determinados factores de orden social, económico o cultural, que no impida o dificulte el ejercicio de estos derechos.
2. GARANTÍAS GENÉRICAS 1. La aplicación directa de los derechos: (art. 53.1CE): Del significado de este artículo pueden determinarse varias cuestiones: •Determinados derechos, pueden no ser considerados como derechos fundamentales, por carecer del amparo constitucional.
a) La vinculación de los derechos a todos los poderes públicos, parece reiterar lo establecido art. 9.1, sin embargo se justifica como un sistema de protección, pues sólo se reitera en cuanto a la vinculación de los poderes públicos, no de la ciudadanía. Distinta intensidad de esta vinculación de los poderes públicos según se trate de unos derechos o de otros. De los principios rectores el grado de vinculación se reduce a “informar la legislación positiva, la práctica judicial…” b) En segundo lugar la aplicación directa de los derechos y del principio de reserva de ley. Es decir que no necesitan ser desarrollados legislativamente para que puedan ser aplicables, esto no significa que se prohíba el desarrollo legislativo de los derechos, 1 adeb que a parte de las remisiones a la Ley efectuadas en diferentes preceptos del Título I, el art. 53.1 permite esta posibilidad, aunque estableciendo una serie de garantías, pues el desarrollo legislativo de un derecho o libertad significa necesariamente una limitación o restricción a su ejercicio.
Estas garantías vienen determinadas por la reserva material de ley orgánica.
2. El contenido esencial de los derechos: El art. 53.1 establece que el desarrollo de los derechos solo puede establecerse por ley, la cual deberá respetar en todo caso el contenido esencial de los mismos, que aparece así concebido como una garantía más de su ejercicio.
El contenido esencial, según el Tribunal Constitucional será la noción de “intereses jurídicamente protegidos” “es aquella parte del contenido de un derecho, sin la cual este pierde su peculiaridad, aquella parte del contenido que es inevitablemente necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacción de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga” 3. GARANTÍAS JURISDICCIONALES Son las garantías constitucionales propiamente dichas y las que mayor protección real pueden prestar a los derechos. Hoy día parece comúnmente admitidos que sean los Tribunales Superiores de Justicia los encargados de salvaguardar los derechos de la persona y, especialmente, los órganos jurisdiccionales ordinarios, que al fin y al cabo son los que se encuentran más cercanos a la ciudadanía.
Nuestra Constitución acepta este planteamiento general, efectuando una distinción según se trate de unos derechos o de otros:  Procedimiento ordinario: los derechos reconocidos en la sección I del capítulo II.
 Con la salvedad del capítulo III, los principios rectores que no pueden ser alegados directamente ante la jurisdicción ordinaria, no tienen, la consideración de derechos subjetivos, salvo lo que dispongan las leyes que lo desarrollan.
 Art. 53.2 CE. (principios sumariedad y preferencia).
Recurso de amparo: Es el instrumento procesal más importante de defensa ante el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. En cuanto tal, cumple una doble misión: 1. Sirve como remedio último interno de protección de los derechos del ciudadano.
2. Tiene una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de instrumento de interpretación de los derechos fundamentales.
Objeto El recurso de amparo, según lo establecido por el art. 53.2 CE, protege de cualquier acto de los poderes públicos que atente contra los derechos consagrados en los preceptos siguientes:  Art. 14 CE: principio de igualdad.
2 adeb  Sección Primera del Capítulo II del Título Primero CE, es decir, derechos fundamentales y libertades públicas de los arts. 15 a 29 CE.
 Derecho a la objeción de conciencia (art. 30.2CE).
En consecuencia, ningún derecho no reconocido en los arts. 14 a 30 CE puede fomentar un recurso de amparo.
Órganos legitimados Están legitimados para interponer el recurso de amparo (arts. 162.1 CE y 46.1 LOTC):  Cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
 El Defensor del Pueblo.
 El Ministerio Fiscal.
4. GARANTÍAS EXTRAJUDICIALES El Defensor del Pueblo (art. 54 CE) •Aparece como garantía de los derechos comprendidos en el Título I.
•Órgano auxiliar de las Cortes Generales •Designación por 3/5 de ambas Cámaras, por un mandato de 5 años •Informe anual para las Cortes sobre su actividad •Puede interponer Recurso de Inconstitucionalidad (art. 162.1.a CE) y de amparo •Puede acudir al mismo toda persona física o jurídica con interés legítimo.
•Funciones: •Control de la actividad de la Administración •Salvaguarda de los derechos de las personas 5. SUSPENSIÓN DE DERECHOS Regulada en los arts. 55.1 y 116 CE y en LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
•Limitación o suspensión del ejercicio de determinados derechos •Modificación del esquema habitual de distribución de funciones entre los poderes del estado •Debe ser estrictamente transitorio e interpretarse de manera restrictiva •El uso de los poderes excepcionales ha de ser proporcional •La distinción entre las tres situaciones excepcionales previstas radica en la naturaleza de la crisis SUSPENSIÓN DE DERECHOS: ESTADO DE ALARMA Se va a producir en 4 supuestos: 3 adeb  Catástrofes  Calamidades o desgracias públicas  Crisis sanitarias  Paralización de servicios públicos esenciales cuando no se pueden garantizar o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
La declaración corresponde al Gobierno mediante un Decreto adoptado en Consejo de Ministros, bien a iniciativa propia o del Presidente de la CA afectada.
Plazo: 15 días. Podrá prorrogarse con autorización del Congreso de los Diputados.
Concentración de todo el personal de las Administraciones Públicas bajo la dirección del Gobierno o del Presidente de la CA por delegación de aquél.
Limitaciones:  Circulación de personas  Requisamiento de bienes; ocupación de locales  Limitación del uso de servicios y del consumo de artículos de primera necesidad  Intervención de empresas SUSPENSIÓN DE DERECHOS: ESTADO DE EXCEPCIÓN Crisis que generan alteraciones graves del orden público.
La iniciativa corresponde al Gobierno, que deberá solicitar autorización del Congreso. Decreto del Consejo de Ministros.
Plazo: 30 días, prorrogables por otros 30.
Suspensión de los siguientes derechos:  Las garantías de la libertad y seguridad del art. 17 CE: se amplía el plazo de detención a 10 días.
 Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones  Libertad de residencia y circulación  Libertades de expresión e información  Derechos de reunión y manifestación  Derechos de huelga y conflicto colectivo  Régimen jurídico especial para los extranjeros SUSPENSIÓN DE DERECHOS: ESTADO DE SITIO Su finalidad es reaccionar frente a crisis que implican un atentado directo contra la identidad misma del Estado y su ordenamiento.
Conexión con la situación de “guerra”.
Lo declara el Congreso por mayoría absoluta de sus miembros a propuesta del Gobierno.
4 adeb Las mismas medidas que en los estados de alarma y excepción. Sólo se añade la posibilidad de suspender las garantías del detenido previstas en el art.17 CE (información de sus derechos y asistencia letrada).
Militarización de la actuación del poder público, siempre bajo la dirección del Gobierno (bandos, conductas delictivas según el Código de Justicia Militar).
LA SUSPENSIÓN INDIVIDUALIZADA DE DERECHOS Art. 55.2 CE: investigación de actuaciones de bandas armadas o elementos terroristas.
Derechos que se suspenden: •Plazo máximo de detención preventiva (art. 17.2 CE) •Inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) •Secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) Garantías: Intervención judicial y control parlamentario.
Su abuso o utilización injustificada producirá responsabilidad penal.
Ley de Enjuiciamiento Criminal 5 ...

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