LECCION 2: LAS NORMAS JURIDICO-PENALES (2017)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura DERECHO PENAL
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 09/06/2017
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LAS NORMAS JURÍDICO-PENALES CONCEPTO DE NORMA JURIDICO-PENAL. ENUNCIADOS LEGALES Y NORMAS Los textos legales, o enunciados legales, constituyen e vehículo de expresión de las normas legales, a cuya case pertenecen las normas jurídico-penales. En este aspecto, el enunciado legal es un conjunto de símbolos lingüísticos que conviene diferenciar del mensaje prescriptivo que transmite, único que constituye la norma jurídica.
Por una parte, no todo enunciado legal expresa una norma jurídica completa, y por otra, un enunciado legal puede servir de base a más de una norma jurídica. Esto es lo que sucede en los preceptos especiales del CPenal, cada uno de los cuales sirve de base a 2 clases de normas: una dirigida al juez, obligándole a imponer una pena en caso de que se cometa el delito de que se trate, y otra dirigida al ciudadano, prohibiéndole la comisión del delito. Ésta es la norma primaria, y la primera la norma secundaria.
NORMAS PRIMARIAS Y NORMAS SECUNDARIAS Al señalar una pena para el homicidio, por ejemplo, el legislador pretende algo más que informar y castigar: pretende prohibir, bajo la amenaza de la pena, el homicidio. Por tanto, el enunciado legal que castiga un hecho con una pena ha de interpretarse, pues, como forma de comunicación de dos normas distintas: de una norma prohibitiva dirigida al ciudadano, llamada norma primaria, y de una que obliga a castigar dirigida al juez, llamado norma secundaria.
La existencia de la norma primaria no se deriva del texto legal, que solo se refiere a la norma secundaria. En este aspecto, decir que si solo existiera la norma secundaria, el delito no sería infracción alguna, puesto que aquella no prohíbe el hecho al ciudadano, sino que se dirige al juez.
La existencia de las normas primarias como correlación de las secundarias, en Derecho Penal constituye, por otra parte, un presupuesto de toda teoría del delito, pues toda elaboración dogmática arranca de la consideración del delito como infracción de una norma, lo que supone que se opone a una norma dirigida al ciudadano.
Aunque partimos de la admisión de que el delincuente infringe una norma que s ele dirige y de que ésta es distinta de la que establece la pena, cabe afirmar que tal norma, establecida al mismo tiempo que la pena, es una norma jurídicopenal porque se halla apoyada por la amenaza de una pena. Pero no debe hablarse, pues, de una función meramente “sancionatoria” del Derecho Penal, pues es preferible afirmar que éste se manifiesta a través de los preceptos penales en dos direcciones: prohibiendo los delitos y castigándolos a través de una regulación unitaria. Esto no significa que todos los elementos de la norma secundaria, que condicionan la pena, deban afectar a la norma primaria.
El Derecho vigente viene a confirmar el planteamiento aquí admitido cuando habla de “infracción penal”. Si el ciudadano solo puede infringir la norma primaria, única que se le dirige, estas expresiones indican que se concibe a la norma primaria como norma penal.
ESTRUCTURA DE LAS NORMAS PENALES: La estructura de las normas jurídico-penales se halla constituida por 2 elementos: un supuesto de hecho, y una consecuencia jurídica. Se piensa en las normas que establecen la pena o la medida de seguridad (normas secundarias). En ellas, la conducta delictiva constituye, en efecto, el supuesto de hecho y el deber de imponer la pena o la medida de seguridad es su consecuencia jurídica.
Menos evidente es la estructura de las normas primarias. Éstas no suelen formularse hipotéticamente, sino de forma condicionada: “no matarás”; “no robarás”… Aunque también resultan aplicables a una serie de supuestos u tienen una consecuencia jurídica que es el deber de hacer u omitir algo.
PROPOSICIONES JURÍDICO-PENALES PENALES EN BLANCO” INCOMPLETAS Y “LEYES Ni el supuesto de hecho ni la consecuencia jurídica de las normas penales se hallan expresados de forma completa en ningún precepto del CPenal, es decir, todas as disposiciones del CPenal aparecen como proposiciones incompletas.
No obstante, los preceptos penales principales (los de la parte especial) suelen determinar completamente los elementos más específicos de la correspondiente conducta delictiva y señalan una pena determinada.
Por otro lado, se habla de “leyes penales en blanco” para referirse a ciertos preceptos penales principales que contienen la pena pero no consignan íntegramente los elementos específicos del supuesto de hecho, puesto que el legislador se remite a otras disposiciones legales del mismo o inferior rango. Es decir, excepcionalmente no expresan completamente los elementos específicos del supuesto de hecho de la norma secundaria, sino que remiten a otro u otros preceptos o autoridades para que completen la determinación de aquellos elementos. La utilización de leyes penales en blanco supone una vulneración del principio de legalidad en derecho penal. El principio de legalidad implica que no habrá delito sin ley que así lo establezca. Nuestro Código Penal, en aplicación de este principio, establece en su artículo 10 CP que "son delitos las acciones u omisiones, dolosas o imprudentes, penadas por la ley".
Concepto en cualquier caso, distinto a la Ley Penal en blanco, es el de las disposiciones que precisan el supuesto de hecho y remiten a otro lugar la fijación de la consecuencia jurídica. Aunque confiar la determinación de la pena a una disposición administrativa, de rango inferior al requerido para las normas penales, no constituye un procedimiento atento a las garantías constitucionales.
Debe entenderse que solo el Parlamento puede decidir algo tan grave como la precisa determinación de una pena.
NORMAS DE VALORACIÓN Y NORMAS DE DETERMINACIÓN Una norma sería solo de valoración si se limitase a expresar un juicio de valor, positivo o negativo, sin imponer ningún imperativo concreto dirigido a su destinatario. (Pero valorar no es todavía normar). Una norma de determinación es, en cambio, la expresión de un mandato o prohibición que trata, a modo imperativo o directivo, de determinar la conducta de su destinatario.
Así, el precepto que castiga el homicidio establecería según el cual que “el homicidio, por tanto, es contrario al Derecho Penal”. Ello no implicaría ningún imperativo dirigido a los ciudadanos para que no mataran. Entendidas por el contrario como normas de determinación, las normas primarias expresarían la prohibición de realizar a conducta penada.
Las normas penales, tanto las primarias como las secundarias, deben entender, pues, ante todo como expresión de un imperativo. Las normas primarias están destinadas a influir en el proceso de motivación del ciudadano, prohibiéndole delinquir. Las normas secundarias refuerzan esa motivación mediante la amenaza de la pena.
No obstante, es correcto partir de que las normas penales, aunque imperativas, presuponen determinadas valoraciones, y no solo la concreta valoración negativa de las conductas prohibidas por las normas, sino también otras más generales, como la valoración positiva de los bienes jurídico-penales, la consideración de que no es licito imponer normas penales a los enfermos mentales, menores u otras personas que no pueden ser motivadas por dichas normas, la valoración de que el ser humano es el único destinatario legítimo de las mismas. Por lo tanto, las valoraciones jurídico-penales no solo dan lugar a normas, sino también a los Principios Generales del Derecho Penal.
La concepción imperativa de las normas penales posee consecuencias fundamentales en la función de la pena y la teoría del delito. Si se admite la esencia imperativa de la norma dirigida al ciudadano, será más coherente asignar al Derecho Penal, y por tanto a la pena, la función de prevención de delitos, que una función meramente retributiva. Ello ha de servir de base para la teoría del delito.
Es decir, quien entienda la norma primaria como imperativo, atribuirá a la norma la función de motivar en contra del delito, esto es, la función de prevención de delitos. En cambio, quien vea en la función valorativa el carácter esencial de la norma primaria, llevara al primer plano la función de valoración retributiva.
También la Teoría del Delito resulta afectada por la concepción imperativa de las normas primarias. Un imperativo solo tiene sentido si puede ser recibido por su destinatario.
Pero también ha de tener consecuencias fundamentales el hecho de que las normas primarias y los principios jurídico-penales presupongan valoraciones por parte del Derecho Penal. La función preventiva de las normas que imponen penas ha de ser limitada por los valores a cuya protección sirven.
Así, solo podrán considerarse penalmente antijurídicos ataques a bienes valorados por el Derecho Penal. La valoración del ser humano como el único destinatario legítimo de normas penales y la consideración de que motivadas normalmente constituyen el fundamento del principio de culpabilidad o de imputación personal.
Respecto a las normas relativas a medidas de seguridad, la cuestión de su naturaleza imperativa se plantea en términos distinto. Los preceptos que establecen medidas de seguridad no transmiten “normas primarias” específicas dirigidas a los ciudadanos. La peligrosidad no es una conducta que se pueda prohibir, sino un “estado del sujeto” en sí mismo no prohibirle. Los imperativos no pueden referirse al modo de ser, sino al de actuar. Los preceptos que establecen las medidas de seguridad solamente contienen la norma dirigida al juez ordenándole la imposición de dicha medida a los sujetos peligrosos, de modo que esta norma sí tiene ahora carácter imperativo.
No obsta a este carácter imperativo el hecho de que el juez disfrute de un amplio margen de discrecionalidad para decidir la imposición de una medida de seguridad. No puede confundirse esta discrecionalidad con la arbitrariedad o la ausencia de toda vinculación imperativa. La discrecionalidad supone que se confía al juez la decisión de “cuándo concurren los presupuestos legales de una medida de seguridad”, presupuestos cuya concurrencia no es evidente ni discutible, y también el juez puede elegir en su caso entre varias medidas posibles. Aun así, toda actuación judicial discrecional ha de considerarse reglada por ciertos principios jurídicos vinculantes. En ello se diferencia de la arbitrariedad.
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