Tema 5 Derecho Procesal (2015)

Resumen Español
Universidad Universidad de Alicante (UA)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Introducción al derecho procesal
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 31/03/2016
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Lección 5. Juez legal o predeterminado por Ley I.
CONCEPTO El principio del Juez legal o natural ha sido elevado por nuestra Constitución al rango de derecho fundamental, en el artículo 24.2, si bien no coincide exactamente con la expresión histórica de juez natural, como “juez de las proximidades”.
Así, lo que deriva del principio indicado es un derecho al “juez ordinario predeterminado por la ley”, más amplio en ocasiones y reducido en otras que el principio sobre el que se asienta.
El derecho al Juez legal es una garantía más de la Jurisdicción y de los órganos que la integran tendente a asegurar la independencia e imparcialidad de estos últimos.
*Consecuencia lógica de su declaración es la prohibición, también constitucional, de los tribunales ad hoc o Tribunales de excepción para juzgar un caso específico.
El Derecho al Juez Legal o predeterminado por la ley debe analizarse desde dos vertientes:  Una POSITIVA se refiere al derecho fundamental que se recoge en el ART. 24.2 CE  Otra NEGATIVA hace referencia a la prohibición de los Tribunales de Excepción y se encuentra recogido en el ART. 17.6 CE II.
EL DERECHO AL JUEZ LEGAL. VERTIENTE P OSITIVA A. DELIMITACIÓN Conviene efectuar algunas matizaciones con el fin de identificar correctamente el derecho y delimitar su ámbito de operatividad.
En primer lugar, ha de destacarse que el mismo solo es reclamable de los órganos que integran la Jurisdicción, no siendo, aplicable a la regulación, constitución y competencia de los órganos administrativos. No es ni deseable ni exigible la independencia de la Administración Pública y de sus actuaciones cuando se resuelve peticiones de los administrados. Sería absurdo reclamar el derecho al juez legal para e procedimiento administrativo.
En segundo lugar, es escenario matizar la extensión y naturaleza del derecho a juez legal. De la lectura del art. 24.2 de la CE y del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se puede afirmar que no estamos en presencia del clásico derecho al Juez natural. Muy al contrario, el Tribunal Constitucional ha perfilado este derecho como un Derecho de configuración legal que tiene la pretensión de evitar la creación o existencia de órganos judiciales de excepción, exigiéndose así una predeterminación legal y general tanto de los Juzgados y Tribunales, cuanto de su competencia, en el bien entendido de que el legislador, atendiéndose a este requisito podrá establecerlos en atención a las razones que estime aconsejables.
El interés protegido por este derecho es el aseguramiento de la independencia y la imparcialidad de los Jueces y Magistrados, y desde esta concreta óptica, no otro más general, ha de analizarse.
De la doctrina del TC se puede extraer las siguientes notas que vienen a configurar la naturaleza y fines del derecho al juez legal y que constituyen su fundamento: 1. Necesidad de mantenimiento de la <<neutralidad>> judicial, evitando la concurrencia de cualquier otro interés en el asunto que no sea el de la correcta administración de la justicia. (propio del juez ordinario) 2. Evitación de toda manipulación en los órganos jurisdiccionales o en la Constitución, por cualquier vía mediante la creación de Tribunales de excepción o incidiendo con fines espurios en la constitución de los existentes.
3. Libre determinación por el legislador de los Juzgados y Tribunales que constituyen la organización judicial , con los solos limites que exige la independencia del Poder y de los Juzgados y Tribunales.
Es evidente que la configuración otorgada por el Tc a este derecho fundamental, alejándolo del clásico derecho al juez natural, autoriza actuaciones del Poder Legislativo que pueden resultar cuanto menos excesivamente discrecionales y afectar a la imparcialidad, pues ésta se puede ver seriamente atacada ante tribunales creados al margen de criterios estrictamente objetivos, principalmente cuando se trate de órganos de compasiones muy reducida y con una competencia materialmente reducida a asuntos económicos o políticos trascendentes.
B. CONTENIDO Sentada la naturaleza del derecho estudiando y el ámbito en el que opera y como derecho de configuración legal, su desarrollo se a hecho atendiendo a las diversas situaciones que se han producido y aun hoy se van generando. El TC ha ido perfilándolo y lo sigue haciendo en esa labor de adecuación del art. 24.2 de la CE al caso concreto que es la propia del recurso de amparo.
Según múltiples resoluciones del TC el derecho al juez legal tiene el siguiente contenido:  ÓRGANOS JUDICIALES DEBEN SER CREADOS POR LEY ORGÁNICA. En concreto, los órganos jurisdiccionales han de ser creados por la LOPJ. El régimen orgánico y procesal de dichos Juzgados y Tribunales ha de ser tal que excluya la posibilidad de calificarlos como de excepción, y la LOPJ ha de establecer, aunque sea genéricamente, el ámbito de conocimiento de cada órgano judicial, aunque posteriormente la ley lo concrete.
 PREEXISTENCIA DE CRITERIOS GENERALES DE ATRIBUCIÓN COMPETENCIAL, cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer del caso, garantizando la inexistencia de Jueces ad hoc.
 EXISTENCIA DE NORMAS OBJETIVAS Y PREDETERMINADAS DE REPARTO DE ASUNTOS ENTRE LOS DIVERSOS JUZGADOS Y SECCIONES DE UNA LOCALIDAD. Sólo puede afectar al derecho al juez legal la falta de razonabilidad de las normas de reparto, no su infracción en un caso.
 IMPOSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN ARBITRARIA DE LA COMPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES DANDO ENTRADA EN ELLOS A SUJETOS A LOS CUALES NO CORRESPONDE.
Los procedimientos de designación han de garantizar la independencia e imparcialidad de Jueces y Magistrados.
 ASEGURAR LA IDONEIDAD DE CADA JUEZ EN RELACIÓN CON LOS ASUNTOS QUE CONOCE. Esa idoneidad se mide por las condiciones de ecuanimidad, rectitud, desinterés y neutralidad. Si el Juez encargado de la causa tiene manifiesto interés en el objeto de la misma, las partes pueden alegar los correspondientes motivos de recusación.
 NO CONSTITUYEN INFRACCIONES AL DERECHO AL JUEZ LEGAL: 1. La atribución de competencias a la Jurisdicción militar en el “ámbito estrictamente castrense” 2. La existencia de la Audiencia Nacional prevista en la LOPJ, estando su competencia predeterminada por Ley (art. 62 y ss LOPJ). La competencia penal de la AN es excesiva, carece de justificación clara, y es susceptible de manipulaciones por el Poder Ejecutivo. Se impone una reforma que lleve a su supresión o a la exclusión de toda competencia excepto terrorismo.
3. Los Jueces sustitutos, de provisión temporal, y los Magistrados suplentes. El derecho al juez legal no exige que los Jueces lo sean de carrera o funcionarios, siempre que la Ley prevea las condiciones de acceso. Tampoco los Jueces de Paz o la creación de la Justicia de proximidad infringen el derecho.
4. Los aforamientos, si responden a la necesidad de asegurar la independencia y libertad en el ejercicio de poderes1; y las reglas especiales de competencia, si son necesarias para la protección de funciones de interés colectivo, y siempre que no supongan un obstáculo para la punición de los sujetos privilegiados.
PROHIBICIÓN DE LOS TRIBUNALES DE EXCEPCIÓN (VERTIENTE NEGATIVA ) III.
Según GIMENO SENDRA, los Tribunales de excepción son aquellos Tribunales creados para el enjuiciamiento de un caso concreto o los que son resultantes de una modificación orgánica o funcional inadmisible en la composición o constitución de los ya existentes.
La Audiencia Nacional es puesta en duda (excepto en lo relativo al terrorismo) pues nació al amparo de un Decreto-ley y es heredera directa del Tribunal de Orden Público, y aunque ello no es suficiente para calificarla de “excepcional”, sí lo es para pensar que su origen tiene relación con el interés del Estado en concentrar en un tribunal muy centralizado los asuntos que afectan a sectores sociales influyentes.
En España, de acuerdo con EL ART. 117.6 CE, los tribunales de excepción están prohibidos. Dicho debate sobre la Audiencia Nacional duró hasta 1990 cuando el Tribunal Constitucional dijo que no lo era en la STC 56/1990 DE 29 DE MARZO, por dos razones:  El derecho al juez legal no excluye la posibilidad de establecer reglas especiales de competencia en la distribución de asuntos entre los órganos judiciales.
 La AN no se opone al art. 152.1 de la Constitución –hecho que alegaba el recurso del Gobierno Vasco- pues la exigencia de que las sucesivas instancias procesales se agoten ante los TSJ de cada Comunidad Autónoma sólo se aplica a los casos en que el órgano que conoció en primera instancia radica en la propia CA, lo cual no sucede con las materias competencia de la Audiencia A esta STC formuló un voto particular GIMENO, que alegó el carácter excepcional de la Audiencia Nacional y su oposición al 152.1 con base en que el juez legal debe ser el del locus delicti, equiparándolo al derecho al juez natural, por lo que no caben reglas especiales de competencia al margen de este criterio.
La doctrina que inspira este voto particular tiene la legítima pretensión de instaurar un derecho al juez legal equiparado al juez natural, pues dejar en manos del legislador la posibilidad de eludir ese principio y el 152.1 por la simple vía de conferir la primera instancia a un tribunal ajeno a la CA deja la puerta abierta a todo tipo de manipulaciones en órganos escasamente imparciales e independientes.
1 El enjuiciamiento de los delitos comunes no debería, a nuestro juicio, verse limitado por el aforamiento, pues éste sólo debería dispensarse ante actos que tuvieran relación directa con la función parlamentaria.
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