Derecho Concursal - Tema 3 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura Derecho Mercantil
Año del apunte 2013
Páginas 15
Fecha de subida 06/10/2014
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Los efectos de la declaración de concurso

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TEMA 3: LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO 3.1. Los efectos del concurso sobre el deudor 3.1.1. Los efectos del concurso sobre el deudor Desde el punto de vista de los efectos del concurso para el deudor, interesa tener en cuenta que, en principio, el concurso no se nos presenta como una situación que vaya a incidir automáticamente en la actividad del deudor (el deudor está llamado a continuar con su actividad). El concurso no es obstáculo para que el deudor pueda continuar con su actividad, cualquiera que vaya a ser la solución del concurso.
Además, los efectos del concurso sobre el deudor están despojados de cualquier idea sancionadora à no se concibe como una respuesta de sanción al deudor. Sólo si se abre la calificación y se llega a la conclusión de que hay culpabilidad entonces habrá sanción pero no prejuzgamos.
Los efectos del concurso se construyen directamente conectados con el tipo de concurso del que estamos hablando à La incidencia del concurso sobre la capacidad de actuación del deudor es menor si el deudor solicita el concurso y estamos en un concurso voluntario que si lo ha solicitado el acreedor y es un concurso necesario.
Ø Si el concurso es voluntario, las facultades del deudor únicamente quedan INTERVENIDAS (el deudor conserva sus facultades de administración y disposición pero va a necesitar la autorización de la administración del concurso).
Ø Si el concurso es necesario, la administración concursal SUSTITUYE al deudor (no tiene facultades de administración y disposición sino que estas facultades corresponden a la administración concursal).
Estas reglas se nos presentan con flexibilidad porque el juez del concurso puede modificarlos, podría declarar la intervención para un concurso necesario y la sustitución para un concurso voluntario.
Es importante ver cuales son los efectos de infringir estas restricciones (qué ocurre si el deudor realiza un acto sin autorización o a pesar de la sustitución de la administración concursal) à la infracción de esas restricciones da lugar a la posible anulación que sólo podrá ser pretendida por la administración concursal (es la única legitimada).
La DECLARACIÓN DEL CONCURSO de acreedores limita (interviene o suspende) el ejercicio de las facultades patrimoniales del concursado (art. 40 LC), le impone deberes específicos de colaboración con los órganos concursales que pueden desembocar en una limitación de alguno de sus derechos fundamentales (arts. 41 y 42 LC), y constituye prohibición de contratar con la Administración Pública.
Además, la declaración de concurso de la persona natural origina un especial derecho de alimentos con cargo a la masa activa, a favor tanto del concursado como de las personas sobre las que el propio concursado tuviera el deber legal de prestarlos (art. 47 LC), y la facultad del cónyuge de solicitar la disolución de la sociedad legal de gananciales (art. 77.2 LC). La declaración de concurso de la persona jurídica NO constituye causa de disolución, pero produce algunos efectos específicos sobre sus órganos y sobre sus socios (arts. 48 y siguientes LC).
Con la APROBACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO, la limitación de las facultades patrimoniales derivada de la declaración de concurso se substituye por las limitaciones o prohibiciones que se establezcan en el propio convenio, y lo mismo ocurre con los efectos específicos sobre la persona natural y la jurídica, aunque se mantienen los deberes de colaboración del concursado (arts. 133.2 y 137 LC).
Por su parte, la resolución judicial de apertura de la FASE DE LIQUIDACIÓN traerá consigo, si no se hubieran producido con anterioridad, la suspensión de las facultades patrimoniales del concursado, la extinción del derecho de alimentos (excepto si es imprescindible para la atención de necesidades mínimas) y la disolución de la persona jurídica (art. 145 LC).
Por último, cuando se forme la sección de CALIFICACIÓN, la sentencia firme de concurso culpable determinará: • • • La inhabilitación del concursado o, en caso de persona jurídica, la de sus administradores, liquidadores o apoderados generales para administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante un período de 2 a 15 años (arts. 172.2.2º LC).
Producirá efectos patrimoniales sobre las “personas afectadas” por la calificación y los cómplices (art. 172.2.3º y 4º LC).
Y podrá determinar la denominada “responsabilidad concursal” de administradores, liquidadores y apoderados generales de personas jurídicas por el déficit que resultara en caso de liquidación (art. 172 bis LC).
3.1.2. La limitación de las facultades patrimoniales La declaración de concurso origina una limitación de las facultades de administración y disposición del concursado sobre los bienes de la masa activa, que se concreta en la intervención o en la suspensión de su ejercicio (art. 40 LC).
La Ley opta por una configuración flexible de la materia, de manera que la declaración de concurso no producirá siempre los mismos efectos patrimoniales: o En unos casos el concursado quedará solo sometido a INTERVENCIÓN, lo que supone que el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre las bienes de la masa activa quedará sometido a la autorización o conformidad de la administración concursal.
o Mientras que en otros se producirá la SUSPENSIÓN del ejercicio de las facultades de administración y disposición de los bienes integrantes de la masa activa, lo que supone que el deudor será substituido por la administración concursal, a quien corresponderá el ejercicio de tales facultades.
La decisión de intervenir o de suspender se hace depender, en principio, de la solicitud de declaración de concurso à si el concurso fuera voluntario, el deudor quedará sometido a intervención y si se trata de concurso necesario, quedará suspendido en el ejercicio de las facultades de administración y de disposición de la masa activa.
!! Ahora bien, el juez podrá alterar la regla legal y acordar la suspensión en el caso de concurso voluntario y la mera intervención en caso de concurso necesario, sea en el propio auto de declaración de concurso (recogiendo en la motivación los riesgos que se pretenden evitar y las ventajas que se quieran obtener) o con posterioridad, a solicitud de la administración concursal y oído el concursado.
Cualquiera que sea la limitación establecida, la declaración de concurso NO interrumpirá el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor, aunque el juez podrá acordar su cese o el cierre de los establecimientos, explotaciones y oficinas (art. 44 LC).
Durante el concurso, el ejercicio de la actividad corresponderá a la administración concursal en caso de suspensión y al propio concursado en caso de intervención. En caso de intervención, para facilitar la continuación de la actividad, la administración concursal puede conceder al concursado una autorización general para realizar aquellos actos u operaciones propios de la actividad.
Las cuentas continuaran haciéndose con la periodicidad y, en su caso, dentro de los plazos previstos y con el mismo contenido, finalidad y normas de redacción de los diversos documentos que la integran, aunque se prevé una regulación especial de la formación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la declaración de concurso (arts. 46.1-III y 75.1.2º-II LC).
En fin, el juez del concurso puede acordar la revocación del nombramiento del auditor de cuentas de la persona jurídica deudora y el nombramiento de otro para la verificación de las cuentas anuales (art. 46.2 LC).
Los actos realizados por el deudor en contravención de la limitación patrimonial serán ANULABLES, de modo que podrán quedar sin efecto o ser confirmados si resultaran favorables (art. 40.7 LC). Los actos sólo podrán ser anulados a instancia de la administración concursal.
Los acreedores y la contraparte del concursado sólo podrán requerir de la administración concursal que se pronuncie sobre el ejercicio de la correspondiente acción o de la convalidación o confirmación del acto.
La acción de anulación caducará transcurrido 1 MES desde la fecha del requerimiento hecho a la administración concursal sin que esta hubiera contestado y, en cualquier caso, con la conclusión del concurso.
La limitación de las facultades patrimoniales del concursado tiene un claro reflejo procesal (arts. 51.2 y 3 y 54 LC): - En caso de suspensión, el concursado será SUSTITUIDO en los procesos pendientes por la administración concursal, a quien se atribuye igualmente legitimación para el ejercicio durante el concurso de acciones del concursado de naturaleza patrimonial.
- Y en caso de intervención, el concursado conservará su legitimación para actuar en los juicios declarativos pendientes, pero necesitará la CONFORMIDAD de la administración concursal para interponer demandas o recursos que puedan afectar a su patrimonio.
3.1.3. Los deberes de colaboración y la limitación de los derechos y libertades fundamentales Los efectos de la declaración de concurso se completan con la imposición al concursado (o a sus administradores si es una persona jurídica) de deberes generales de comparecencia, de colaboración y de información con el juez del concurso y con la administración concursal (art. 42 LC).
El incumplimiento de estos deberes se sanciona, en caso de formación de la sección de calificación, con la presunción de dolo o culpa grave en la eventual agravación de la insolvencia, lo que determinará, salvo prueba en contrario, la calificación del concurso como culpable (art. 165.2º LC).
Además, la incomparecencia puede ser motivo para que el juez ordene el arresto domiciliario, previa audiencia del Ministerio Fiscal.
Al lado de estos deberes generales, el concursado tiene el deber específico de poner a disposición de la administración concursal los libros de contabilidad y los libros corporativos, así como los documentos de relevancia patrimonial relativos a su profesión o empresa (art. 45).
Para asegurar el cumplimiento de estos deberes, el juez puede acordar la limitación de alguno de los derechos y libertades fundamentales del concursado. La finalidad perseguida con esta limitación es facilitar el desarrollo del concurso como procedimiento dirigido a la satisfacción de los acreedores, de manera que las medidas limitativas sólo pueden acordarse cuando sean imprescindibles para conseguir dicho objetivo y con los requisitos y límites marcados por la doctrina del TC y teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los deberes de colaboración.
Podrán ver limitados sus derechos fundamentales tanto las personas naturales como las personas jurídicas, aunque existen limitaciones que sólo pueden afectar a las primeras (como por ejemplo el arresto domiciliario o el deber de residencia).
En caso de concurso de una persona jurídica, la limitación podrá acordarse también respecto de todos o algunos de sus administradores o liquidadores.
Medidas que pueden decretarse: - La primera medida es la intervención de las comunicaciones, que constituye una limitación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. El respeto del derecho fundamental exige la garantía del secreto de los contenidos que sean ajenos al interés del concurso y que la medida no se adopte con una finalidad puramente especulativa.
- La segunda limitación posible es el establecimiento de un deber de residencia, que puede desembocar incluso en el arresto domiciliario. Estas medidas pretenden garantizar la disponibilidad de las personas a favor de la administración concursal y del juez del concurso.
Por lo tanto, se trata de medidas de naturaleza esencialmente cautelar, que no serán necesarias en buena parte de los casos porque con el actual desarrollo de los medios de comunicación puede conseguirse el mismo resultado sin tener que obligar al concursado a permanecer en una determinada población.
- Finalmente, el juez puede autorizar la entrada y el registro domiciliarios cuando los sujetos afectados nieguen su consentimiento, restricción que deberá basarse en indicios racionales de la existencia de documentos de interés para el concurso que no hayan sido aportados.
3.1.4. Los efectos sobre la persona jurídica La declaración de concurso de una persona jurídica no produce su extinción y ni tampoco obliga a su disolución y liquidación.
En consecuencia, la persona jurídica concursada mantiene la misma estructura orgánica que tenia antes de la declaración de concurso, sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición: o En caso de intervención, la actuación de los órganos queda sometida a la autorización o conformidad de la administración concursal.
o Y en caso de suspensión, las facultades patrimoniales pasaran a la administración concursal, correspondiendo a los órganos de la persona jurídica la competencia para llevar a cabo aquellos actos que la ley permita realizar al concursado, así como el cumplimiento de los deberes que le son legalmente impuestos por el concurso (art. 48 LC).
La limitación de las facultades patrimoniales de la persona jurídica afecta tanto a la junta general como a los administradores, si bien se especifica que los acuerdos de la junta que puedan tener contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso NO serán eficaces sin la autorización o confirmación de la administración concursal (art. 48.2-II LC).
Se especifican las facultades de los administradores, que continuarán con la representación de la entidad dentro del concurso (art. 48.3 LC), reiterándose que: o En caso de suspensión, las facultades de administración y disposición propias de los administradores pasaran a la administración concursal.
o Mientras que en caso de intervención, tales facultades continuarán siendo ejercitadas por los administradores, con la supervisión de la administración concursal, a quien corresponderá autorizar o confirmar los actos de administración y disposición, y se establece que los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán afectados por la suspensión o la intervención de las facultades patrimoniales.
Por otro lado, si el cargo de administrador de la persona jurídica fuera RETRIBUIDO, el juez del concurso podrá acordar que deje de serlo o reducir el importe de la retribución, a la vista del contenido y la complejidad de las funciones de administración y del patrimonio de la concursada (art.
48.4 LC), y podrá atribuirse a la administración concursal, siempre que se encuentren afectados los intereses patrimoniales de la persona jurídica concursada, el ejercicio de los derechos políticos que correspondan a ésta en otras entidades (art. 48.5 LC).
Merece especial atención el régimen durante el concurso de la acción de responsabilidad que corresponde a la persona jurídica contra sus administradores, liquidadores y auditores por los daños causados a la misma (la denominada “acción social de responsabilidad”), para cuyo ejercicio queda legitimada exclusivamente la administración concursal (art. 48 quater LC), así como la posibilidad de que el juez del concurso ordene el embargo de bienes y derechos de los administradores y de los apoderados generales como medida cautelar especial respecto de la condena que, en caso de formación de la sección de calificación como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, podrá recaer sobre los causantes de la calificación del concurso como culpable, consistente en la cobertura del déficit que resulte de la liquidación (art. 48. ter.2 LC).
La declaración de concurso de la persona jurídica tampoco modificará los derechos y obligaciones de los socios. Cuando estuviese pendiente la obligación de aportar, la competencia para la reclamación se atribuye en exclusiva a la administración concursal, que podrá realizarla con independencia de que se acuerde la suspensión o la intervención de las facultades patrimoniales de la sociedad concursada, cualquiera que sea el plazo fijado en la escritura o en los estatutos y en el momento y la cuantía que estime conveniente (art. 48 bis.2 LC).
Esta solución se extiende a los créditos de la sociedad por prestaciones accesorias de los socios que estuviesen pendientes de cumplimiento en el momento de la declaración de concurso.
Finalmente, la LC ha rechazado la figura tradicional de la extensión del concurso, de manera que el concurso de una sociedad colectiva o comanditaria o de una agrupación de interés económico NO conllevará el de los socios que sean personal, ilimitada y solidariamente responsables de las deudas sociales, sin perjuicio de que, cuando concurran los presupuestos exigidos en cada caso, pueda ser declarado el concurso de uno o varios socios responsables de las deudas sociales, que tendrá la consideración de concurso conexo con el de la sociedad.
Durante el concurso se modifica el régimen de la responsabilidad de los socios por las deudas sociales (art. 48. bis.1 LC), ya que la acción de reclamación deberá ejercitarse por la administración concursal.
3.2. Los efectos del concurso sobre los acreedores 3.2.1. Efectos sobre las acciones declarativas Los efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores se centran en el principio de igualdad, que se traduce en una modificación del ejercicio de las acciones individuales declarativas y en una paralización de las ejecuciones, sustituidas por la agresión colectiva del patrimonio del deudor, y en la formación de la masa pasiva, en la que se integran de derecho todos los acreedores del deudor anteriores a la declaración de concurso (art. 49.1 LC).
Una vez DECLARADO EL CONCURSO, los acreedores podrán ejercitar acciones declarativas individuales con trascendencia patrimonial frente al concursado, pero deberán hacerlo ante el juez del concurso (arts. 50 y 8.1 LC).
Ello implica que los jueces del orden civil ante quienes se interponga una demanda de la que deba conocer el juez del concurso tienen el deber de abstención, aunque los jueces y tribunales de los ordenes contencioso-administrativo y penal continúan siendo competentes.
No obstante, NO se admitirán a trámite las demandas en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución o la acción que se reconoce a los que pusieren su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra (art. 50.2 y 3 LC).
Finalmente, deberán ejercitarse ante el juez del concurso las acciones colectivas de extinción, modificación y suspensión de contratos de trabajo, así como las acciones individuales sobre suspensión o extinción de contratos de alta dirección, mientras que para el conocimiento de todas las demás acciones de carácter social continuaran siendo competentes los jueces del orden jurisdiccional social.
Si en el momento de la declaración de concurso estuvieran entabladas frente al concursado acciones declarativas, como regla general continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal hasta la firmeza de la sentencia, la cual vinculará al juez del concurso, que le dará el tratamiento concursal que corresponda (art. 53 LC).
No obstante, EXCEPCIONALMENTE, los juicios por reclamación de daños y perjuicios a la persona jurídica concursada contra sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, y contra los auditores, se acumularán de oficio al concurso, cuando se encuentren en 1ª instancia y aún no haya finalizado el acto de juicio o la vista.
Tal acumulación supone que continuaran su tramitación ante el juez del concurso, pero por los trámites del procedimiento por el que ya vinieran sustanciándose (art. 51.1 LC).
Por excepción a esta regla general (los juicios declarativos pendientes continúan hasta la sentencia), se establece la SUSPENSIÓN de 2 grupos de procedimientos declarativos pendientes: - - Aquellos en los que se hubieran ejercitado acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes que les incumben en caso de concurrencia de causa de liquidación (art. 51 bis.1 LC).
Y aquellos en los que se hubiera ejercido la acción correspondiente al subcontratista contra el dueño de la obra (art. 51 bis.2 LC).
Por otra parte, el hecho de que el procedimiento en tramitación continúe de forma independiente ante el mismo tribunal hasta la firmeza de la sentencia no significa que el concurso no produzca efectos. Estos efectos se producirán en función de si se ha decretado la intervención o la sustitución de la facultades patrimoniales del deudor: o En caso de intervención, el deudor conservará su capacidad para actuar en juicio, aunque necesitará la autorización de la administración concursal para desistir, allanarse y transigir.
o En caso de suspensión, la administración concursal sustituirá al concursado en los procedimientos judiciales en trámite, aunque necesitará la autorización del juez del concurso para desistir, allanarse y transigir.
La sustitución no impedirá que el deudor mantenga su propia representación y defensa separadas.
Como consecuencia de esos efectos del concurso sobre las acciones declarativas, la Ley dispone que: Ø Desde la declaración de concurso y hasta su conclusión, quedará interrumpida la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración (art. 60.1 LC).
No obstante, esta interrupción de la prescripción respecto del deudor no perjudicará a los demás deudores solidarios, así como tampoco a sus fiadores y avalistas (art. 60.2 LC).
Ø También quedara interrumpida (art. 60.3 LC) la prescripción de las acciones contra socios, administradores, liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora, y la prescripción de las acciones cuyo ejercicio queda legalmente suspendido durante el concurso (las ejercidas contra los administradores de la sociedad por incumplimiento de los deberes que le son impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución, y contra el dueño de la obra por parte del subcontratista).
En todo caso, el cómputo del plazo volverá a iniciarse nuevamente, en su caso, en el momento de la conclusión del concurso (art. 60.4 LC).
Por último, se establece una norma aplicable a los procedimientos arbitrales à ni los pactos de mediación ni los convenios arbitrales suscritos por el concursado se verán afectados por la declaración de concurso, aunque cuando el juez considere que dichos pactos o convenios suponen un perjuicio para la tramitación del procedimiento podrá acordar la suspensión de sus efectos.
En cuanto a los procedimientos arbitrales que estén en tramitación en el momento de la declaración de concurso, continuarán hasta la firmeza del laudo y de acuerdo con las medidas de suspensión o intervención del deudor decretadas por el juez (art. 52 LC).
El laudo firme dictado antes o después de la apertura del procedimiento vinculará al juez del concurso, el cual le dará el tratamiento concursal que corresponda (art. 53 LC).
Finalmente, hay que destacar que la declaración de concurso NO afecta a los créditos que disfruten de GARANTÍA PERSONAL, cuyos titulares podrán ejercitar su acción contra los fiadores y contra los obligados solidarios.
Esos derechos subsistirán plenamente incluso en caso de convenio cuando los acreedores no voten a favor de la propuesta que resulte ser aprobada, sometiéndose en otro caso al régimen común (art. 135 LC).
3.2.2. Los efectos sobre las ejecuciones Declarado el concurso de acreedores, NO pueden iniciarse ejecuciones singulares y tampoco seguirse apremios contra el patrimonio del deudor, y además quedaran en suspenso las ejecuciones que se encuentren en tramitación (art. 55.1-II LC).
Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con los juicios declarativos, aquí la regla general es que la declaración de concurso SUSPENDE la posibilidad de ejecución respecto a los juicios ejecutivos que estuvieran pendientes.
De acuerdo con ello, el juez (a petición de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores afectados), podrá acordar el levantamiento y cancelación de embargos (que no sean administrativos), cuando su mantenimiento dificulte gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado (art. 55.3 LC).
Sin embargo, esa paralización de ejecuciones no es completa ya que, en principio, podrán continuar hasta la aprobación del plan de liquidación las actuaciones administrativas y las laborales iniciadas antes de la declaración de concurso, siempre que los bienes afectados NO sean necesarios para la continuación de la actividad (art. 55.1-II LC).
Además, los acreedores con GARANTÍA REAL reciben un tratamiento especial à ya que podrán iniciar o continuar la ejecución o realización forzosa de la garantía cuando ésta recaiga sobre bienes NO afectos al ejercicio de la actividad profesional o empresarial (art. 56 LC).
!! Cuando la garantía recaiga sobre bienes afectos, la facultad de iniciar la ejecución queda paralizada y la ejecución iniciada con anterioridad queda en suspenso hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte a esa cuestión o transcurra 1 AÑO desde la declaración de concurso sin que se haya producido la liquidación (art. 56.1-I LC).
La paralización de la ejecución también puede afectar a 3 tipos de acciones (art. 56.1-II LC): • Las acciones dirigidas a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles.
• Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la propiedad, • Y las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento que lleve aparejada ejecución.
El periodo de suspensión o paralización se inicia desde que existe constancia en el correspondiente procedimiento de la declaración de concurso, aunque ya se hubieran publicado los anuncios de subasta del bien o derecho, y sólo se alzará cuando el incorpore el testimonio de la resolución del juez del concurso declarando que los bienes o derechos no están afectos o no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 56.2 LC).
A estos efectos, corresponde al juez del concurso determinar en todo caso si un bien del concursado se encuentra o no afecto a su actividad o resulta necesario para la continuidad (art. 56.5 LC).
Durante el periodo de paralización o de suspensión de las ejecuciones, la administración concursal podrá optar por satisfacer a dichos acreedores con cargo a la masa, evitando así la posterior realización de los bienes y derechos afectos (art. 155.2 LC).
Transcurrido el periodo de paralización o de suspensión, el acreedor podrá iniciar o continuar la ejecución ante el juez del concurso, !! a menos que se hubiera abierto la fase de liquidación, en cuyo caso el bien afecto quedará sometido a la ejecución colectiva.
Finalmente, cuando haya de procederse a la enajenación de bienes y derechos objeto de la garantía real, el juez podrá autorizar la enajenación con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, de manera que ese crédito quedará excluido de la masa pasiva (art. 155.3 LC).
La especialidad es aun mayor en relación con los titulares de créditos PRIVILEGIADOS sobre buques y aeronaves (art. 76.3 LC) à los titulares de estos créditos podrán separar esos bienes de la masa activa del concurso mediante el ejercicio de las correspondientes acciones que tengan reconocidas en su legislación especifica (estas acciones deberán ejercitarse por el procedimiento correspondiente – extra-concursal).
Si de la ejecución extra-concursal resultara remanente a favor del concursado, se integrará en la masa activa.
!! No obstante, si la ejecución separada no se ha iniciado en el plazo de 1 AÑO desde la fecha de declaración de concurso, ya no podrá efectuarse y la clasificación de los créditos se hará conforme a la Ley Concursal.
3.2.3. Los efectos sobre los créditos en particular La declaración de concurso también produce efectos específicos sobre los créditos contra el concursado: - - Por una parte, deja de operar la compensación (1), dejan de devengarse intereses (2) y se suspende el ejercicio del derecho de retención (3) sobre bienes y derechos integrados en la masa activa.
Por otra, es necesario establecer reglas de tratamiento de determinados créditos (4).
(1) Sobre la cuestión relativa a si los créditos contra el concursado se compensan o no con los créditos que pueda tener éste contra sus acreedores, la LC dispone (art. 58 LC) que, declarado el concurso, NO procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración, sin perjuicio de lo que resulte de los concursos internacionales, de acuerdo con la norma que rija el crédito recíproco del concursado (art. 205 LC).
La ley aclara que cuando se den los requisitos de compensabilidad antes de la declaración de concurso procederá la compensación, aunque la resolución judicial o el acto administrativo que la declare se haya dictado con posterioridad a ese momento.
La prohibición de compensación en el concurso, que se basa en la necesidad de mantener el principio de indisponibilidad de los bienes de la masa activa, en el respeto al principio de igualdad de trato y en la propia regulación general de la compensación, tiene sentido cuando el crédito y la deuda proceden de relaciones jurídicas distintas.
Por el contrario, cuando se trata de créditos y deudas nacidos de una misma relación jurídica, ha de admitirse la compensación, de modo que la parte in bonis no estará obligada a realizar su prestación a favor de la masa.
!! En todo caso, quedan fuera de este régimen prohibitivo los acuerdos de compensación concluidos en los mercados financieros, así como los sistemas de pago y liquidación de valores.
(2) También es importante mencionar el problema de la suspensión del devengo de los intereses de los créditos durante el concurso à La regla general es que, desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales.
Sin embargo, existen 2 importantes excepciones: ü ü La suspensión no afecta a los créditos con garantía real, que seguirán devengando intereses aunque sólo hasta donde alcance la respectiva garantía.
Y la suspensión tampoco afecta a los créditos salariales, que devengarán intereses conforme al interés legal del dinero, si bien estos intereses tendrán la consideración de créditos subordinados.
La suspensión del devengo de intereses de los restantes créditos no tiene carácter definitivo, porque deudor y acreedores podrán pactar su pago total o parcial en un convenio que no implique quita de los créditos, y porque, en caso de liquidación, si después del pago de la totalidad de los créditos concursales resulta remanente, habrán de satisfacerse los intereses suspendidos.
(3) En cuanto al derecho de retención, la ley concursal somete el derecho de retención al concurso y supedita los intereses del retentor a los intereses del procedimiento (excepto que los bienes y derechos objeto de retención no formen parte de la masa activa, en cuyo caso el derecho de retención se puede ejercer sin limitación).
En consecuencia, se suspende durante el concurso el ejercicio del derecho de retención, a menos que se trate de retenciones impuestas por la legislación administrativa, tributaria, laboral y de seguridad social.
La suspensión se traducirá en la pérdida definitiva del derecho de retención si el bien o derecho correspondiente fuera enajenado dentro del procedimiento concursal o si el retentor hubiera sido íntegramente satisfecho dentro del concurso.
Si en el momento de la conclusión del concurso tales bienes y derechos no se hubieran enajenado y permanecieran en poder del deudor, se restituirán al titular del derecho de retención cuyo crédito no haya sido íntegramente satisfecho.
3.2.4. Reglas especiales de tratamiento de determinados créditos concursales (4) La declaración de concurso obliga a fijar algunas reglas de tratamiento de los créditos en diferentes supuestos: Ø En primer lugar, en el concurso de acreedores todos los créditos se computan en dinero y se expresarán en moneda de curso legal (art. 88 LC).
Se trata únicamente de una cuantificación del pasivo, de manera que los créditos ni se convierten en dinero ni se modifican. La conversión de los créditos en dinero y el vencimiento anticipado sólo se producirá en caso de que se abra la fase de liquidación (art. 146 LC), pero las consecuencias de la regla del computo dinerario son importantes como medida de los derechos de los acreedores en el concurso: • • • Los créditos expresados en otra moneda se computarán en la de curso legal según el tipo de cambio oficial a la fecha de la declaración de concurso.
Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias o prestaciones dinerarias determinadas por referencia a un bien distinto del dinero se computarán por el valor de las prestaciones o del bien en la fecha de declaración de concurso.
Y los créditos que tuvieran por objeto prestaciones dinerarias futuras se computaran por su valor a la fecha de la declaración de concurso, efectuándose la actualización conforme al tipo de interés legal vigente en ese momento.
Ø En segundo lugar, se fijan normas especiales para el tratamiento en el concurso de los créditos sometidos a CONDICIÓN: Los créditos sometidos a condición RESOLUTORIA, serán tratados en el concurso como créditos puros o no condicionados, de manera que disfrutaran de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y cualificación en tanto no se cumpla la condición (art. 87.1 LC).
Por lo tanto, esos créditos tienen derecho a participar en el concurso y, en consecuencia, habrán de ser satisfechos, a menos que se produzca con anterioridad el cumplimiento de la condición.
Si la condición resolutoria se verifica después del pago, el acreedor tendrá que devolver a la masa las cantidades cobradas, sin perjuicio, además, de la responsabilidad en que dicho acreedor hubiera podido incurrir frente a la masa o frente a los acreedores (art. 87.1 in fine LC).
Para asegurar la devolución de las cantidades percibidas, cuando el juez del concurso estime probable el cumplimiento de la condición, podrá (a petición de parte) acordar la constitución de una garantía (art. 87.4 LC).
Los créditos sometidos a condición SUSPENSIVA, a los que se equiparan los “créditos litigiosos”, serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores en el concurso pero con los derechos concursales de adhesión, de voto y de cobro en suspenso (art. 87.3 LC).
Por tanto, dichos créditos no deberán ser pagados, a menos que se verifique la condición.
Cuando el juez del concurso estime probable ese cumplimiento podrá (a petición del acreedor) ordenar que se constituyan provisiones con cargo a la masa activa del concurso (art. 87.4 LC). Si el crédito contingente no llegara a confirmarse, esas provisiones se utilizaran para pagar al resto de acreedores.
3.3. Los efectos del concurso sobre los contratos 3.3.1. Los efectos sobre los contratos pendientes La LC dispone 3 grupos de normas dirigidas a establecer los efectos del concurso sobre los contratos: - - Por un lado, las normas de alcance general que regulan los efectos del concurso sobre los contratos que hubiera concluido el deudor (arts. 61 a 63 LC).
Por otro, aquellas normas que establecen una regulación particular para los contratos de trabajo, contratos de personal de alta dirección y contratos con administraciones públicas (arts. 64, 65, 66 y 67 LC).
Y por último, las disposiciones que prevén la rehabilitación de contratos de crédito, de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado y la enervación del desahucio en arrendamientos urbanos (arts. 68, 69 y 70 LC).
Cuando el deudor haya concluido contratos con anterioridad a la declaración de concurso, es necesario conciliar los intereses del concurso con los del contratante in bonis. El problema surge en relación con aquellos contratos bilaterales que en el momento de la declaración de concurso se encuentren pendientes de cumplimiento, total o parcial, por las 2 partes contratantes.
o Por un lado, frente al cumplimiento íntegro del contratante no concursado, el concurso sólo podría cumplir conforme al convenio o de acuerdo con la liquidación.
o Por otro, si se admite la vigencia dentro del procedimiento de los mecanismos de defensa a favor del contratante cumplidor frente al incumplimiento de la contraparte en los contratos con obligaciones recíprocas (la excepción de contrato no cumplido y la resolución por incumplimiento), el contratante in bonis tendría un tratamiento preferente dentro del procedimiento, que le permitiría negarse a cumplir o liberarse de su obligación, resolviendo un contrato que podría ser necesario para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor.
Pues bien, el tratamiento del contrato en el concurso se hace depender de si está pendiente de cumplimiento sólo por una parte (el concursado o el no concursado, denominado parte in bonis) o por las 2 partes: Ø Así, cuando el contrato sólo esta pendiente de cumplimiento por UNA parte, se aplican las normas concursales generales (art. 61.1 LC).
o Si quien ha cumplido íntegramente su prestación fuera la parte in bonis, sencillamente existe una deuda del concursado, es decir, un crédito concursal como cualquier otro, que deberá ser reconocido, clasificado y, en su caso, satisfecho dentro del concurso, sea en la fase de convenio o sea en la fase de liquidación.
o Por el contrario, si quien ha cumplido íntegramente su prestación fuera el propio concursado, existirá a su favor un crédito, que se integrará en la masa activa para ser cobrado como cualquier otro crédito del concursado.
• En caso de suspensión, corresponde a la administración concursal la legitimación para el ejercicio de las acciones dirigidas a exigir el cumplimiento o la resolución del contrato.
• Mientras que en caso de intervención, el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, aunque necesitará la conformidad de la administración concursal para interponer demandas o recursos que puedan afectar a su patrimonio.
Una situación semejante a la del contrato pendiente de cumplimiento sólo por una parte se da con los contratos unilaterales, en los que sólo hay obligación a cargo de uno de los contratantes à el crédito correspondiente se integrará en la masa pasiva cuando la obligación sea del concursado y se integrará en la masa activa cuando la obligación sea a cargo de la parte in bonis.
Ø El conflicto de intereses entre el concursado y el contratante in bonis en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por las DOS partes se intenta resolver con una regla de vigencia del contrato, que tiene 2 manifestaciones: o Por un lado, se prohíben (se tendrán por no puestas) aquellas clausulas contractuales que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes (art. 61.3 LC).
o Por otro lado, la declaración de concurso no afectará a tales contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes, de modo que los contratantes seguirán vinculados por el contrato y deberán cumplir las obligaciones comprometidas conforme a lo acordado realizándose con cargo a la masa las prestaciones a que estuviera obligado el concursado (art. 61.2-I LC), a menos que el contratante in bonis sea sancionado con la conversión de su crédito en subordinado por obstaculizar de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso (art. 92.7º LC).
Ahora bien, la regla de vigencia del contrato CEDE ante el interés del concurso, de manera que la administración concursal (en caso de suspensión) y el concursado (en caso de intervención) podrán solicitar del juez la resolución de los contratos en interés del concurso, imputándose a la masa las restituciones e indemnizaciones que procedan (art. 61.2-II LC).
Cuando el contrato continúe, la declaración de concurso NO afectará a la facultad de las partes de resolverlo en caso de incumplimiento de cualquiera de ellas que se produzca durante el concurso, o incluso que se hubiera producido con anterioridad en el caso de contratos de tracto sucesivo (art.
62.1 LC).
No obstante, de nuevo en interés del concurso, a pesar de que exista causa de resolución, el juez podrá acordar el cumplimiento de los contratos, considerándose como créditos CONTRA LA MASA las prestaciones correspondientes al concursado (art. 62.3 LC), a menos que el contratante obstaculizara de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del concurso, en cuyo caso será sancionado con la calificación de esos créditos como subordinados (art. 92.7º LC).
Finalmente, la LC mantiene la vigencia de las soluciones específicas previstas para algunos contratos en particular (art. 63 LC) al disponer que las reglas generales que se establecen para los contratos con obligaciones recíprocas no afectaran al ejercicio de la facultad de denuncia unilateral del contrato que proceda conforme a la ley, o a la aplicación de las leyes que dispongan o expresamente permitan pactar la extinción del contrato en los casos de situaciones concursales o de liquidación administrativa de las partes.
3.3.2. La rehabilitación de los contratos La declaración de concurso puede producir efectos sobre contratos que en ese momento ya se encontrasen en vías de extinción o incluso extinguidos, ya que se concede a la administración concursal la facultad de proceder a su rehabilitación en interés del concurso, asumiendo la masa todos los pagos que correspondan al concursado (arts. 68 a 70 LC).
También es posible sancionar al contratante que obstaculizara de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso con la calificación de sus créditos como subordinados (art. 92.7º LC).
Podrán rehabilitarse los contratos DE CRÉDITO a favor del concursado, (i) cuando se hubiese producido el vencimiento anticipado por impago de cuotas o de intereses dentro de los 3 MESES anteriores a la declaración de concurso y (ii) no se hubiesen iniciado ya acciones en reclamación de pago contra el deudor o contra algún garante (art. 8 LC).
También podrán rehabilitarse los contratos de adquisición de bienes con precio aplazado que se hubieran resuelto dentro de los 3 MESES anteriores a la declaración de concurso, a menos que el transmitente hubiese iniciado ya acciones de resolución o de restitución del bien transmitido o hubiese recuperado la posesión material del bien o hubiese realizado actos dispositivos sobre el mismo a favor de tercero (art. 69 LC).
Y, finalmente, podrá enervarse la acción de desahucio ejercitada antes de la declaración de concurso y rehabilitar el correspondiente contrato de arrendamiento hasta el momento mismo de practicarse el efectivo lanzamiento (art. 70 LC).
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