Tema 16. Delitos contra la Ad. pública (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 3º curso
Asignatura Derecho penal (Clasificación del delito)
Año del apunte 2015
Páginas 11
Fecha de subida 14/03/2016
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Derecho penal TEMA 16. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I.
CUESTIONES GENERALES 1. El bien jurídico protegido El bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de la Administración pública, su capacidad de prestar servicios.
No se protege a la Administración con mayúscula, esto es, como organización, sino a la administración en sentido funcional, como instrumento al servicio de los ciudadanos.
2. Los conceptos de “autoridad” y “funcionario” Delitos especiales en los que la condición de autor se restringe a quienes posean la cualidad de «autoridad» o la de «funcionario».
Quien es autoridad, al mismo tiempo es funcionario, si bien lo contrario no es cierto Concepto penal de funcionario  dos únicos elementos  el modo de acceso a la función: ha de ser por elección, disposición jurídica o nombramiento de autoridad competente  la amplia noción de «participación en funciones públicas» El concepto penal de funcionario incluye tanto los funcionarios interinos, como el personal laboral y a quienes trabajan en la llamada «Administración institucional», esto es, entidades públicas independientes.
II.
LA PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA (art. 404 CP) Artículo 404 A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
Tres aspectos de este tipo penal merecen especial atención: 1. El concepto de “resolución” Resolución: cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio y que afecte a los derechos de los administrados o a la colectividad en general.
El acto puede dictarse «de forma expresa o tácita, escrita u oral» Decisiones intermedias o de informe  La doctrina ha entendido que la solución más correcta es considerar que un informe no es una resolución y, por lo tanto, que quien lo emite no puede ser reputado 1 Derecho penal autor del delito de prevaricación, sin que esto excluya su eventual responsabilidad como partícipe. También la jurisprudencia ha afirmado que los informes no pueden integrar el elemento típico «resolución».
2. La “ arbitrariedad” de la resolución y el conocimiento de su “injusticia” Una resolución es arbitraria cuando no puede justificarse de forma convincente con los materiales normativos (disposiciones jurídicas y técnicas de interpretación) aceptados por tal ordenamiento.
El problema viene dado porque, junto a la alusión a la “resolución arbitraria”, el art. 404 también hace referencia a la necesidad de que el sujeto dicte la resolución «a sabiendas de su injusticia». La opinión mayoritaria en la doctrina y en la jurisprudencia entiende que, a los efectos del arto 404 CP, las nociones de arbitrariedad e injusticia han de ser consideradas equivalentes.
Arbitrariedad 3 aspectos: a) La absoluta falta de competencia de quien toma la resolución, excepto cuando ésta sea tolerada por los superiores b) La infracción de las más elementales normas procedimentales.
c) Que el fondo de la resolución implique una contradicción «patente y grosera» con el ordenamiento jurídico. Para que se dé este supuesto de arbitrariedad se ha de estar ante una resolución que ni siquiera superficialmente pueda justificarse por medio de los instrumentos normativos admitidos por el ordenamiento jurídico.
Sólo se prevé la comisión dolosa. Debe tratarse de dolo directo.
Tradicionalmente se había venido entendiendo que la ausencia de conocimiento de la injusticia de la resolución por parte de quien resolvía determinaba la atipicidad por falta de dolo. La STS 222/2010, sin embargo, afirma que la ausencia de conocimiento de la injusticia no excluye la tipicidad (el dolo), sino la culpabilidad 3. La prevaricación en comisión por comisión La jurisprudencia ha venido admitiendo esta posibilidad.
III. EL COHECHO (arts. 419-427 CP) El objetivo de estas disposiciones es preservar el buen funcionamiento de la Administración mediante la evitación de la influencia del interés privado en el ejercicio de las funciones públicas, preservando su imparcialidad.
Tipos:  Cohecho activo: comportamiento del particular que lleva a cabo el soborno o acepta la exigencia del funcionario.
 Cohecho pasivo: comportamiento del funcionario que solicita o acepta la dádiva o promesa, cohecho pasivo.
2 Derecho penal Los adjetivos «activo» y «pasivo» no tienen que ver con la conducta (pedir, aceptar), sino con la condición del autor.
El Código utiliza cinco expresiones para referirse a los medios a través de los cuales puede cometerse el cohecho: dádiva, favor, retribución de cualquier clase, ofrecimiento y promesa.
 Dádiva, favor, retribución de cualquier clase Tradicionalmente se entendía que ésta debía consistir en un bien o una prestación económicamente evaluable. En la actualidad, se admite como dádiva otro tipo de contraprestaciones  Ofrecimiento, promesa.
Se diferencian sólo por el momento en el que se procederá a la entrega de la dádiva o el cumplimiento del favor (presente en el ofrecimiento, futuro en la promesa).
1. Cohecho pasivo (funcionarios) Distintas modalidades de cohecho pasivo: a) Artículo 419  Modalidad más grave La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.
Delito de mera actividad que se consuma con la solicitud o aceptación, sin que sea necesario que la otra parte acepte la solicitud u oferta ni que se comience a realizar la conducta ilícita ulterior.
Si la conducta llevada a cabo, omitida o retrasada es delictiva, su pena se sumará a la del cohecho.
b) Artículo 420 La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años.
Regalos de cortesía  TS: admite la posibilidad de exclusión de la tipicidad por adecuación social.
c) Art. 422  Cohecho pasivo en atención al cargo o función La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.
El funcionario o autoridad no lleva a cabo ni promete realizar ningún acto, ni legal ni ilegal, sino que simplemente recibe la dádiva o favor en atención al cargo o función que detenta.
3 Derecho penal 2. Cohecho pasivo “subsiguiente” Artículo 421 Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán también cuando la dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos.
El funcionario, después de haber adoptado la decisión, solicita o recibe dádiva o favor por haberlo hecho.
3. Cohecho activo (particulares) Artículo 424 1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.
2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a ellos les correspondan.
3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá al particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que representare la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de cinco a diez años.
Reverso simétrico de los artículos que recogen los cohechos pasivos: el particular que ofrezca o entregue dádiva al funcionario será castigado con la misma pena de prisión y multa que le correspondería a éste.
El bien jurídico es el mismo en todos los cohechos (el buen funcionamiento de la Administración), pero en el caso del cohecho activo se concreta en «el respeto que se debe a la función pública por quien no la está ejerciendo en el asunto de que se trate».
(Completar leyendo págs. 370-371) 4. Disposiciones especiales Artículo 425  Rebaja de la pena Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de prisión de seis meses a un año.
Artículo 426  Exención de pena Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que 4 Derecho penal tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos.
IV. MALVERSACIÓN (arts. 432-435 CP) Conductas de administración ilícita de bienes y efectos públicos  doble ataque al buen funcionamiento de la Administración pública:  Se pone en entredicho que se esté sirviendo con objetividad los intereses generales;  Se produce un daño al patrimonio con el que se sufraga la actividad pública.
STS: «El bien jurídico atacado por el delito de malversación son los caudales públicos que están encomendados a las autoridades y funcionarios públicos para atender a necesidades del bien común».
1. Malversación por parte de autoridades y funcionarios Caudal o efecto público: cualquier bien o valor realizable económicamente que pertenece a la Administración.
Se pretende que no queden impunes aquellos casos en los que el funcionario recibe el dinero o efecto para ingresado en las arcas públicas pero no lo hace Artículo 432 1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.
3. AGRAVACIÓN DE LA PENA  Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes: a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros.
Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
Los caudales o efectos públicos ha de tenerlos a su cargo el funcionario «por razón de sus funciones».
 Doctrina mayoritaria  interpretación estricta  Jurisprudencia  menos estricta, requisito interpretado de modo flexible El Tribunal Supremo afirmó que basta con que de hecho se tenga tal administración, aunque ello se deba a una situación derivada de la costumbre o práctica propia de la estructura administrativa de que se trate.
Eje vertebrador: distinción entre conductas de administración desleal y conductas de apropiación indebida.
5 Derecho penal En los casos en los que se da a los caudales públicos una aplicación que no sea la prevista en la partida presupuestaria o en la autorización del gasto la jurisprudencia ha venido entendiendo que estamos ante un ilícito administrativo pero no penal.
Artículo 433  Rebaja de la pena Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros.
Artículo 434  Nueva cláusula premial Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Capítulo hubiere reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público, o hubiera colaborado activamente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados.
2. Malversación llevada a cabo por particulares Artículo 435 Las disposiciones de este capítulo son extensivas: 1º) A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas.
2º) A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos.
3º) A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.
4º) A los administradores concursales, con relación a la masa concursal o los intereses económicos de los acreedores. En particular, se considerarán afectados los intereses de los acreedores cuando de manera dolosa se alterara el orden de pagos de los créditos establecido en la ley.
No se exige que los bienes sean públicos. Y, si no se trata de bienes públicos, es evidente que su «malversación» no puede poner en peligro la capacidad económica de la Administración. La jurisprudencia ha insistido de forma reiterada en que la aceptación del cargo “debe estar precedida de una instrucción suficiente sobre las obligaciones y responsabilidades que contrae (…)”. La insuficiencia de tal instrucción conlleva la impunidad V.
OTROS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1. Infidelidad en la custodia de documentos (arts. 413-416 CP) Artículo 413 La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.
6 Derecho penal La expresión «a sabiendas» excluye el dolo eventual. El delito se consuma con la realización de la conducta de sustracción, destrucción u ocultación, no siendo preciso que exista daño efectivo para la causa pública ni un motivo ulterior.
«Ocultación»: cuando la situación de los documentos «sea desconocida por quienes tengan legítimo acceso a los mismos y su descubrimiento requiere operaciones de búsqueda que por el tiempo y despliegue de esfuerzos que conllevan implicaren, por sí mismo, una perturbación del servicio público».
Artículo 414 1. A la autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso, y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
2. El particular que destruyere o inutilizare los medios a que se refiere el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de seis a dieciocho meses.
Artículo 415 La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo anterior que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos* cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
*Cuando haya una declaración específica de secreto por el órgano competente Artículo 416 Serán castigados con las penas de prisión o multa inmediatamente inferiores a las respectivamente señaladas en los tres artículos anteriores los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del Gobierno o de las autoridades o funcionarios públicos a quienes hayan sido confiados por razón de su cargo, que incurran en las conductas descritas en los mismos.
2. Revelación de secretos e informaciones (art. 417 CP) Artículo 417 1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones* de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.
*Informaciones: hechos conocidos en atención al oficio o cargo u oficio «aunque no hayan recibido la calificación formal de secretos, ya que por su propia naturaleza el funcionario está obligado a no revelar».
El daño a la causa pública no tiene por qué ser económico, sino que puede venir determinado por la producción «de un estado general de alarma y de desconfianza ante los servicios del Estado».
Este delito es de resultado, consistiendo éste en el perjuicio para la causa pública.
7 Derecho penal Quedan fuera de la tipicidad los perjuicios menores para la causa pública, que deben ser objeto de sanción administrativa.
2.
Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
3. Uso indebido de información privilegiada (art. 418 CP) Artículo 418 El particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de uno a tres años. Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a seis años y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de seis a diez años.
El beneficio obtenido ha de ser económicamente evaluable La STS 1194/2004 afirma que estamos ante «el reverso» de la conducta prevista para el funcionario en el arto 417 CP, y que «solamente sería impune si el particular se limita a recibir u obtener la información para sí mismo sin hacer uso de ella». Sin embargo, algunas resoluciones exigen que la información se obtenga de un modo ilícito.
4. “Tráfico” de influencias (arts. 428-430 CP) Tráfico de influencias: conductas consistentes en el aprovechamiento, por funcionarios o particulares, de su influencia sobre funcionarios, para conseguir de éstos una resolución con fines de enriquecimiento, propio o ajeno.
Se ha de pretender una resolución, si bien no se exige que sea injusta, y tampoco, en el tipo básico, que llegue a dictarse. En caso de que la resolución sea delictiva o injusta estaremos además ante un delito de prevaricación y, en su caso, de malversación, en concurso medial con el de tráfico de influencias.
Artículo 428 El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.
Influencia (TS): «predominio o fuerza moral» «idónea y con entidad para alterar el proceso de valoración y ponderación de intereses», no bastando con «meras sugerencias y expresiones de deseos».
No cabe la omisión.
8 Derecho penal Además de influencia ha de existir prevalimiento de las facultades del cargo o de alguna relación personal (parentesco, afectividad, amistad o incluso compañerismo político) o jerárquica.
Artículo 429 El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.
Artículo 430 Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los dos artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. Si el delito fuere cometido por autoridad o funcionario público se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cuatro años.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Oferta de influencias  Se trata de un delito de mera actividad y para la consumación del delito no es necesario que finalmente se dicte una resolución favorable, y tampoco que se haya llevado a cabo la gestión prometida.
5. Desobediencia y denegación de auxilio (arts. 410-412 CP) Principios rectores de la Administración: jerarquía y coordinación.
Artículo 410 1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Jurisprudencia  3 requisitos: a) un mandato «expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta»; b) que la orden haya sido claramente notificada al obligado; c) que éste la desobedezca «abiertamente».
La palabra abiertamente «ha de interpretarse, según constante jurisprudencia, no en el sentido literal de que la negativa haya de expresarse de manera contundente y explícita empleando frases o realizando actos que no ofrezcan dudas sobre la actitud desobediente, sino que también puede existir cuando se adopte una reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al 9 Derecho penal mandato, es decir, cuando sin oponerse o negar el mismo tampoco realice la actividad mínima necesaria para llevarlo a cabo» El cumplimiento posterior de la orden no exime de responsabilidad (si bien puede tener efectos atenuatorios, vía art. 21.5. a CP).
2.
Exclusión de la responsabilidad criminal  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.
El interés público también se ve perjudicado cuando los funcionarios siguen órdenes ilegales, pero para paliar los daños se efectúa una doble restricción: a) Respecto de los requisitos «formales», la orden ha de caer dentro de la competencia de quien la dicta y cumplir las exigencias de forma legalmente establecidas; b) Respecto de los requisitos materiales, la orden no puede oponerse crasamente (manifiesta, clara y terminantemente) al ordenamiento jurídico material.
Artículo 411 La autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que aquéllos hubieren desaprobado la suspensión, incurrirá en las penas de multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
La pena es más elevada que la que corresponde para el caso de “mera” negativa a obedecer, puesto que en este caso hay una doble negativa a obedecer.
Artículo 412  Denegación de auxilio 1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
2.
Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años.
No es preciso que la autoridad requirente sea superior jerárquico en sentido estricto: basta con que el requerido esté legalmente obligado a obedecer.
3.
La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.
El auxilio requerido ha de estar comprendido dentro de las obligaciones del cargo y que ha de tenerse en cuenta las posibilidades de auxilio en el caso concreto.
Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.
10 Derecho penal En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la pena de multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
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