TEMA 3 - Actividad prestacional y actividad económica (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Actividad de las Administraciones
Año del apunte 2014
Páginas 10
Fecha de subida 30/03/2015
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Actividad de las Administraciones Tema 3 – Actividad prestacional y actividad económica   TEMA 3 - Actividad prestacional y la actividad económica 1.
HISTORIA Este tema está dedicado a la intervención pública en las actividades económicas, las formas de las que se sirve la AP en relación a las actividades de los ciudadanos; en definitiva, el cómo y el porqué de esa intervención pública en las actividades económicas.
En primer lugar, la AP interviene en las actividades económicas porque, si las actividades económicas son socialmente importantes, ésta no puede permanecer ajena. Cuanto más importante sea algo desde el punto de vista social (interés general) más importante o necesaria será la intervención por parte de la AP. Dado que las actividades económicas son relevantes para el interés general, a la AP no le puede resultar ajeno cómo se desarrollan estas actividades económicas y no le resulta ajeno porque el legislador así lo desea. La AP no tiene capacidad propia a estos efectos; es el legislador quien determina cómo de importante es una actividad y cuáles son los medios de los que se tiene que servir la AP para satisfacer ese interés general. Desde esta perspectiva, podemos entender que a lo largo del tiempo ha cambiado ese interés que tiene la AP respecto de la actividad económica y los instrumentos de los que se sirve la AP.
El interés general ha ido cambiando en función de las siguientes variables: -­‐ Evolución de la tecnología o la ciencia.
-­‐ La valoración que hacen los ciudadanos respecto las necesidades, los cambios sociales respecto a cuáles son las necesidades sociales.
-­‐ La determinación de las actividades económicas por parte de los ciudadanos.
La noción de servicio público sólo puede entenderse adecuadamente desde una perspectiva histórica: a) A lo largo de la historia de los Estados europeos, y hasta la época del absolutismo, la organización que hoy conocemos como AP reducía su actividad a funciones puramente coactivas, de limitación de las conductas de los sujetos privados: actividad de policía.
b) En los siglos XVII y XVIII, como consecuencia de las doctrinas económicas del mercantilismo y de la filosofía iluminista, los Estados comenzaron a poner en práctica políticas de incentivación de la actividad empresarial de los particulares: actividades de fomento.
c) A partir del siglo XIX, el Estado empieza a ser también una organización productora de bienes y servicios destinados a los ciudadanos.
Antes del sistema constitucional Antes del sistema constitucional, todos los Estados europeos llevaban a cabo actividades que hoy se califican como servicios públicos. Sin embargo estas actividades se llevaban a cabo con un espíritu más limitado y coactivo que servicial (servía más a las necesidades de la monarquía que a los súbditos). Además, eran servicios uti universi, es decir, para servir a necesidades abstractas de la comunidad política más que a personas concretas.
1 Actividad de las Administraciones Tema 3 – Actividad prestacional y actividad económica   Siglos XIX y XX: Aparición de los servicios públicos A partir de la implantación del régimen liberal, los Estados europeos comenzaron a llevar a cabo servicios públicos uti singuli (destinados a prestar utilidad a personas concretas y determinadas), sin prejuicio de su utilidad social genérica.
El Estado asume la prestación de servicios asistenciales (beneficencia, sanidad y educación), crea grandes infraestructuras que constituyen la base física de otros tantos servicios (obras hidráulicas como canales o embalses, puentes y ferrocarriles, telégrafo, servicio telefónico y electricidad) y realiza actividades empresariales (gestión directa de empresas mercantiles y actividades de producción y distribución de bienes y servicios) en muchos casos por necesidad tras la Primera Guerra Mundial.
El servicio público debe definirse tanto en base a criterios materiales como formales: • Criterios materiales: Deben ser considerados servicios públicos exclusivamente aquellas actividades cuya finalidad sea prestar una utilidad necesaria para el normal desenvolvimiento de la vida social, ya se considere ésta en su conjunto (servicios públicos uti universi) o sus miembros individualmente (servicios públicos uti singuli).
• Criterios formales: El dato básico es que el Estado asuma el deber y la responsabilidad de garantizar su prestación regular y correcta a los ciudadanos, bien realizándola por sí misma o asegurando su realización por terceros. Los servicios públicos pueden prestarse por la AP de forma exclusiva y excluyente o permitir la colaboración de personas o empresas privadas.
El legislador ha habilitado a la AP de unos instrumentos para que ésta pueda llevar a cabo las actividades económicas o cuales sean necesarias para garantizar el servicio al interés general que le exige el artículo 103 CE.
Ha habido una notable evolución respecto a los medios que el legislador le dispensa a la AP para que pueda llevar a cabo ese servicio al interés general. El cambio es apreciable ya que hasta los años 70 del siglo pasado, en la cultura continental europea, se consideraba que la AP se tenía que servir del medio de la propiedad si existía un interés general en relación con una actividad económica. Consideraban que no había una manera mejor de proteger al interés general en una actividad económica que excluyendo a los particulares para que fuera la AP la titular de dicha actividad (monopolio público, estatal).
El servicio público es de titularidad pública puesto que satisface una necesidad pública. El Estado es propietario y nadie puede llevar a cabo esa actividad salvo que el Estado lo permita o consienta.
Paralelamente a esta técnica (la del servicio público) se le sumaba otra técnica que era la de la empresa pública. En esta modalidad, no hay reserva de la titularidad pero si compite con las empresas porque se entiende que sólo así (con esa presencia pública) se pueden garantizar ciertos objetivos de interés general.
Quién más contribuyó a la formación de un sector público poderosísimo fue el régimen de Franco. Esos dos instrumentos (servicio público y empresa pública) que servían teóricamente a loables objetivos, en la 2 Actividad de las Administraciones Tema 3 – Actividad prestacional y actividad económica   práctica no era cierto que sirviesen a dichos objetivos: ni el servicio público era capaz de garantizar la calidad e igualdad en el disfrute, ni la empresa pública era capaz de competir en el mercado.
Con los años se puede afirmar que son fuente de ineficiencia, de derroche y de corrupción. No se necesita ni del servicio público ni de la empresa pública para poder dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos que el legislador ha calificado como relevantes, que presentan un interés público relevante.
El modelo de economía de mercado anglosajón o liberal supone que el Estado es mal empresario de modo que el Estado no debe ser empresario y se basa en el capitalismo o la economía de mercado. En EEUU ni ha existido el servicio público ni la empresa pública ha tenido la relevancia que ha tenido en Europa; sólo existía un control intenso por parte de la AP (policía). En EEUU el Estado tiene un papel de policía ya que no es empresario, excepto en el sector militar. Ese es el modelo que ha triunfado por ahora; el Estado no puede ser empresario sino que sólo se dedica a ordenar el funcionamiento del mercado pero sin intervenir en el propio mercado. No ha existido el servicio público pero han existido las “public utilities” que son ciertas actividades que por su relevancia pública y por su situación de monopolio, no existe una titularidad pública porque nunca ha existido, pero si un control intenso de su actividad por parte de la AP. Sí que existen algunas empresas públicas en el ámbito federal que son un supuesto excepcional. En el ámbito de la administración federal civil, no hay servicio público, no hay una actividad que el gobierno federal se reserve para él, ni tampoco empresas públicas (excepto éstas empresas residuales históricas).
El Estado policía es el modelo que ha triunfado, su misión es ordenar el cómo funciona el mercado pero sin intervenir en el mercado mismo. El estado no es empresario, el estado es policía y como todo policía debe dedicarse a ordenar respecto a las reglas preestablecidas, pero no pude decir a los que participan en el mercado lo que deben hacer en el tráfico mercantil.
Actualmente el Estado goza de una serie de instrumentos de ordenación de los que carecía antes de la crisis del servicio público de 1930. Además hoy el Estado tiene que ser consciente de que su ordenación se proyecta sobre los derechos y libertades de aquellos que concurren en el mercado de modo que es un policía de la libertad y por eso el Estado no puede ordenar lo que quiera, porque debe proteger la libertad de los que participan en el mercado que puede estar incluso constitucionalizada.
2. MARCO CONSTITUCIONAL Las Constituciones tienen que plasmar las ideas más relevantes del interés que el Estado debe tener sobre las actividades económicas y algunas indicaciones respecto de los medios. Respecto los medios, las constituciones suelen ser bastante vagas porque los medios son cambiantes: antes se consideraba necesario el monopolio o publicatio, hoy en día se ha visto que no es necesario.
Las constituciones relatan cuales son los objetivos que se han de perseguir y tanto el TUE como la CE siguen esta pauta. En el art 3.3 TUE: “La UE obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.
Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico”.
3 Actividad de las Administraciones Tema 3 – Actividad prestacional y actividad económica   El Estado tiene que garantizar a todos los ciudadanos un bienestar mínimo respecto del disfrute de ciertos servicios que se consideran esenciales como por ejemplo la educación, la sanidad y la cobertura de las necesidades de las personas en caso de desempleo y vejez. En resumen, el Estado social es responsable del bienestar colectivo. Ese modelo de Estado que recoge la CE (Estado social) ya no requiere el monopolio público ya que es posible garantizar el Estado del bienestar juntamente con la economía de mercado. Esta unión se denomina economía social de mercado altamente competitiva.
El artículo 119 TFUE complementa el artículo donde ya se establece taxativamente que la política de los Estados debe ser respetuosa con el principio de economía de mercado abierta y de libre competencia. El Estado no puede perturbar el comportamiento del mercado y, además, ha de garantizar que actúa de forma libre y abierta.
Art. 119 TFUE: “Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, la acción de los Estados miembros y de la Unión incluirá, en las condiciones previstas en los Tratados, la adopción de una política económica que se basará en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos comunes, y que se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia”.
Para combinar el servicio público con la economía de mercado se establecen los servicios de interés económico general (art. 14 TFUE).
Art. 14 TFUE: “Sin perjuicio del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea y de los artículos 93, 106 y 107 del presente Tratado, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Unión y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los Tratados, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán dichos principios y condiciones mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, sin perjuicio de la competencia que incumbe a los Estados miembros, dentro del respeto a los Tratados, para prestar, encargar y financiar dichos servicios”.
Para combinar la economía de mercado con el servicio público se crea ésta figura. El servicio público dentro de la UE tiene mucha trascendencia en algunos Estados. Si los Estados se dedicasen con libertad a declarar cualquier actividad como servicio público, la UE no sería posible porque no habría mercado porque cada Estado preservaría su propio mercado en detrimento de un mercado común. De modo que se necesita un control sobre la declaración por parte de los Estados de los servicios públicos.
En resumen, el TUE determina la utopía de la economía social de mercado altamente competitiva.
La CE de 1978 soporta una herencia de la dictadura franquista con un poder muy potente del sector público heredero de la figura paternalista de la dictadura. Existía y existe una cultura muy potente de lo público. Esa cultura se refleja en la CE y no ha sido eliminada.
4 Actividad de las Administraciones Tema 3 – Actividad prestacional y actividad económica   La CE pone énfasis en: -­‐ El Estado social y democrático de derecho (art. 1 CE) -­‐ La libertad y la igualdad.
-­‐ La libertad de empresa y principios de la política social y económica: La propiedad y la empresa están vinculadas con el interés general y con la función social que significa que el contenido del derecho reconocido en el art. 33 CE está definido teniendo en cuenta el parámetro del interés general. De modo que el titular de la propiedad tiene facultades pero también debe soportar la imposición de deberes y obligaciones que le impone el legislador fruto del interés público con el que la propiedad y la libertad de empresa están indisolublemente unidas. El cómo se concreta esa función es cambiante y variable y depende de las prioridades ideológicas.
3. MERCADO: LIBERTAD Y COMPETENCIA En este tema hablamos de actividades que tienen trascendencia económica: actividad prestacional y la actividad económica. La AP interviene en la actividad económica de los titulares y en otras es la AP la titular.
No es lo mismo saber cómo la AP es titular de actividades económicas de cómo afecta en la actividad económica de la cual no es titular.
Cuando hablamos del modelo de economía social de mercado altamente competitiva (que está en el TUE) debemos saber el rol del Estado, y por lo tanto, el rol del Derecho. Esto plantea la relación entre el mercado y el Derecho. No hay mercado sin Derecho. Cuanto más complejo sea el mercado, más necesario es el Derecho. El Derecho tiene en el mercado dos funciones principales: -­‐ Función constituyente: Establece los pilares fundamentales del mercado, de modo que permite que el mercado sea posible.
-­‐ Función reguladora: El Derecho introduce restricciones, prohibiciones u obligaciones para evitar que el mercado se desenvuelva en contra de ciertos objetivos de interés general. Por ejemplo: no hay un mercado de la droga. El Derecho crea el mercado (no hay mercado sin derecho de propiedad, por ejemplo).
Hablar del mercado nos exige hablar de 2 instituciones básicas: la libertad de empresa y la competencia.
-­‐ La libertad de empresa: Está consagrada en el artículo 38 de la CE que habla de la libertad de empresa relacionada con la función social (cultura jurídico-política de lo público). Se entiende que tanto la propiedad como la libertad de empresa sirven al interés propio del titular y al interés general.
El legislador, cuando regula este derecho, no sólo tiene que preservar las facultades que sirven al interés privado del particular, sino que además tiene que traducir el interés general mediante la definición de deberes que el titular de la libertad debe soportar. Esta combinación es problemática porque si los deberes pesan mucho, las facultades se reducen y viceversa. Si se rompe el equilibrio entre el interés privado y el interés público se pueden derivar consecuencias hacia los ciudadanos o hacia el interés general. La libertad de empresa tiene dos dimensiones: 5 Actividad de las Administraciones Tema 3 – Actividad prestacional y actividad económica   o Individual: La libertad para comenzar a desarrollar y finalizar actividades económicas. Las restricciones que soporta deben ajustarse a los principios que enumera la constitución, es decir el test de la proporcionalidad que da lugar a la regla de la adecuación, la de la necesidad y la proporcionalidad en sí (que no vaya más allá de lo necesario).
o -­‐ Institucional: Establece el marco de la economía de mercado.
La competencia: El mercado es una competición donde una serie de jugadores juegan para obtener el máximo beneficio posible. Para los partidarios del Estado social las reglas deben decidir cómo tienen que jugar los agentes. En cambio, los liberales consideran que tienen que existir unas reglas de funcionamiento del mercado y cada agente actúa libremente. El mercado está formado por sujetos, actores, empresas que compiten para ganar. Esa competencia para que permita alcanzar la distribución eficiente de los recursos debe ser una competencia libre y leal. La lealtad se refiere a que no es lícito engañar a los otros actores.
La defensa de la competencia está regulada en la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y establece prohibiciones de ciertas conductas que se consideran contrarias a la libertad y a la lealtad de la competencia. Esas conductas son: o Conductas colusorias: Aquellas conductas que impiden, restringen o falsean la competencia. Art.1 de Ley 15/2007: o Abuso de posición dominante: Los ganadores tienen tendencia natural a abusar de su condición para evitar que nadie le pueda quitar su posición de ganador. El monopolio incurre, normalmente, en abusos. El abuso de posición por monopolio tiene sentido en mercados poco dinámicos. Art. 2 Ley 15/2007: o Actos desleales: Los actos de confusión, engaño, denigración, comparación… envenenan la competencia. Art. 3 Ley 15/2007: Existen también organizaciones de defensa de la competencia tanto en ámbito estatal (Comisión Nacional de la Competencia) como en ámbito autonómico (Tribunal Català de Defensa de la Competència) 4. FUNCIONES DE LA AP RESPECTO AL MERCADO Las funciones que despliega la AP respecto del mercado son: o La defensa de la competencia.
o La función de intervención del mercado: Esta función de la AP existe para evitar que el mercado se desenvuelva de modo contrario al interés público o para facilitar que el mercado pueda desarrollarse conforme al interés público. La AP vela por una asignación eficiente de los recursos y para eso intenta corregir los fallos del mercado (monopolios naturales, externalidades y el déficit de información).
En la gestión de las actividades económicas de las que es titular la AP se debe distinguir entre el servicio público y el servicio privado.
6 Actividad de las Administraciones Tema 3 – Actividad prestacional y actividad económica   -­‐ Servicio privado: Actividad titularidad de la AP donde el beneficiario es la AP. Por ejemplo, son jurídicamente distintas las actividades de recogida de residuos (monopolio jurídico) y las actividades de limpieza de los edificios municipales. La primera es un servicio público, del que disfrutan todos los vecinos. La segunda es, en cambio, un servicio privado de la Administración que sólo lo disfruta la propia Administración.
-­‐ Servicio público: Servicio para el público. Servicio que se presta para el beneficio de los ciudadanos.
Aquella actividad donde la AP es dueña de la propiedad en régimen de monopolio (excluye a todos los demás). Éste sería el servicio público en sentido estricto. No obstante, puede haber actividades de la AP que no se lleven a cabo en régimen de monopolio cuando el Estado lo permite por medio de la concesión. Una ley tiene que determinar la titularidad estatal de una actividad (publificación). La actividad (o prestación) sólo puede desarrollarse –en el caso de los particulares- por obra de un título concesional otorgado por la AP. Hay 2 tipos de gestión: o Directa: Es la propia AP titular de la actividad la que la gestiona. Sólo hay gestión propia cuando se trate de una sociedad en cuyo capital sea exclusiva o mayoritaria la participación de la Administración o de un Ente público de la misma. No es posible encomendar a sociedades de capital público (exclusivo o mayoritario) la gestión de servicios que conlleven ejercicio de poderes dotados de autotutela, ejercicio de autoridad pública.
Modalidades según la organización de la AP que gestiona la actividad: • Gestión a través de la misma organización de la Administración titular: Ejerce sin intermediarios y de modo exclusivo todos los poderes de decisión y gestión, realizando el servicio mediante funcionarios de plantilla. Ejemplo: biblioteca municipal.
• Gestión mediante un organismo autónomo: Se encomienda a ese órgano la prestación del servicio dotándole de una cierta diferenciación formal, independencia funcional e incluso un pequeño nivel de autonomía financiera. Ejemplo: escuela pública.
• Gestión a través de sociedad mercantil, cuyo capital pertenece íntegramente a la Administración titular de la actividad: Es una forma de gestión a través de un ente instrumental.
o Indirecta: Un tercero se interpone. Es la forma más usual de gestión porque cuanto más complejo sea el servicio prestado más conveniente es que la AP gestione esa actividad a través de un tercero distinto a su organización. Los servicios susceptibles a contratación han de tener, por necesidad, un contenido económico que los haga susceptibles de explotación por empresarios particulares. No se pueden contratar la gestión de servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
La relación entre la AP y el gestor se articula alrededor del contrato de gestión de servicios públicos que está regulado en los artículos 275 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
7 Actividad de las Administraciones Tema 3 – Actividad prestacional y actividad económica   Artículo 275.1 LCSP: “La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”.
El contrato de gestión de servicio público admite varias modalidades (artículo 277 LCSP): • Concesión: El tercero a quien contrata la AP (el empresario) gestiona el servicio a su riesgo y ventura, de modo que el tercero es el responsable del éxito o el fracaso en la prestación del servicio. Se pretende que el contrato de concesión establezca un marco de relaciones que sirvan de incentivo al concesionario para que preste un mejor servicio. En teoría, las reglas pretenden hacer que el concesionario esté lo suficientemente incentivado para la mejor prestación del servicio. El supuesto de la concesión es el más usual, los demás son bastante extraordinarios. La concesión se caracteriza por un acto en virtud del cual la Administración transfiere a un particular la facultad de realizar una determinada actividad que, por pertenecer a la titularidad de la Administración, no formaba parte del patrimonio jurídico de aquél.
• Gestión interesada: La AP y el interesado participan en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato. Puede suceder dos cosas: que la Administración establece y regula el servicio y confía su gestión a una empresa privada, a la que interesa en los resultados de la explotación retribuyéndole con un porcentaje de los beneficios; o que el particular sea gestor del servicio y garantice a la Administración unos beneficios o ingresos mínimos derivados del desarrollo de la actividad.
• Concierto con persona natural o jurídica: Si hay un empresario que realiza una actividad parecida a aquella que es titularidad de la AP, la AP contrata a éste para que lleve a cabo esta actividad. El concierto puede celebrarse con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.
Así pues, tanto en el concierto como en la concesión, el gestor privado es el que pone a disposición del servicio un personal y unas instalaciones, a cambio de un precio. El límite de tiempo del concierto son 8 años, salvo autorización o prórroga del Gobierno. El concierto tiene su mayor nivel de utilización en el sector de los servicios asistenciales, especialmente en la sanidad.
• Sociedad de economía mixta: Hay una empresa cuyo capital está repartido entre la Administración, por sí o por medio de una entidad pública, y uno o varios empresarios (ya sean personas físicas o jurídicas). Es la única forma contractual en la que la asociación entre el ente público y el particular da lugar a una persona jurídica diferente de ambos. La participación administrativa debe ser minoritaria o al 50%, sino sería una sociedad instrumental.
El más frecuente es el de la concesión porque es el que permite a la AP distanciarse de la gestión. La AP es el dueño pero no tiene una implicación en cómo se gestiona. El tercero 8 Actividad de las Administraciones Tema 3 – Actividad prestacional y actividad económica   (el contratista) tiene que realizar y prestar el servicio de acuerdo con el contrato y dentro de los plazos establecidos en el mismo (art. 279 LCSP). Ahora bien, la AP no se desentiende de la prestación del servicio y la AP sigue controlando cómo se presta el servicio. La Administración conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate.
⇒ Obligaciones del contratista (artículo 280 LCSP): • Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.
• Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior.
• Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.
• ⇒ Respetar el principio de no discriminación cuando celebre contratos de suministro.
Derechos del contratista: El contratista gestiona el servicio a cambio de unas contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.
Las contraprestaciones económicas pactadas serán revisadas, en su caso, en la forma establecida en el contrato (el contratista no es libre para fijar la tarifa del servicio). Así pues, los derechos del contratista son: • Percibir las contraprestaciones económicas previstas en el contrato y obtener la revisión de las mismas en los términos que el propio contrato establezca.
• Exigir de la AP la compensación correspondiente por los daños generados por las modificaciones que ésta introduzca en el régimen financiero del contracto.
⇒ Poderes de la Administración: La AP en ningún caso se desentiende de la actividad porque es su servicio; es de su titularidad. De modo que la AP conserva los atributos propios de la titularidad y los poderes asociados a la misma.
• Poder del policía: Asegurar que el contratista no incumple el contrato, de modo que se garantiza el buen orden del servicio.
• Poder de modificación del contrato: La AP podría modificar el contrato cuando concurran razones de interés público que así lo justifiquen, incluidas las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.
o Cuando afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio económico.
9 Actividad de las Administraciones Tema 3 – Actividad prestacional y actividad económica   o • Si no tienen trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a indemnización.
Poder para aprobar las tarifas de precios que el contratista está autorizado a percibir de los usuarios, así como modificarlas.
• Poder de intervenir la prestación del servicio en caso de incumplimiento del contratista.
• Poder de suprimir el servicio por razones de interés público, así como acordar su rescate: el rescate es el poder de rescisión unilateral del contrato por parte de la AP. La AP, en ambos casos deberá indemnizar al contratista.
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