9: El Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de las Confesiones Religiosas (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Derecho y Factor Religioso
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 29/07/2017
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Tema 9

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Tema 9: El Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de las Confesiones Religiosas 1. El Patrimonio Histórico: la Protección Constitucional y las Leyes de Desarrollo.
El régimen legal por el que se regula el patrimonio histórico son la Constitución y las leyes de desarrollo.
La Constitución regula en el artículo 20.1.b el derecho fundamental a la producción y creación artística, científica y técnica. El artículo 44 protege el derecho de todos los ciudadanos a gozar y disfrutar de esas creaciones, y por último el artículo 46 proclama que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural de los pueblos de España, con independencia del régimen jurídico o de la titularidad de los bienes. Termina este artículo estableciendo que la ley penal sancionará cualquier atentado contra el patrimonio.
De la relación que se da en estos tres artículos podemos establecer los dos principios básicos del patrimonio histórico español: - Asegurar la protección y fomentar la cultura.
- Velar para que el patrimonio esté al servicio de la colectividad.
Una vez analizados los principios básicos, la propia constitución distribuye las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio histórico.
Concretamente, el artículo 148 recoge las competencias que las Comunidades Autónomas pueden asumir, y entre otras nos interesa estacar las siguientes: - Las Comunidades Autónomas tienen competencia en museos y bibliotecas de interés para cada una de las Comunidades.
- Tienen competencia en el patrimonio monumental de interés para la Comunidad.
- También tienen competencia en el fomento de la cultura.
Sin embargo, siempre actuará como límite el artículo 149 de la constitución, que establece las competencias exclusivas del Estado. Destacamos las siguientes: - La garantía de igualdad entre todos los españoles.
- La defensa del patrimonio histórico español, en especial contra la exportación y la expoliación.
- Se reserva al Estado la titularidad de los museos, archivos y bibliotecas, sin perjuicio de que la gestión se lleve a cabo por las Comunidades Autónomas.
La Ley del Patrimonio Histórico Español (1985), de acuerdo al mandato del artículo 46 de la Constitución, desarrolla el régimen jurídico de protección, así como la colaboración de los poderes públicos en materia de patrimonio histórico. Esta ley clasifica los bienes que forman parte del patrimonio histórico-artístico, y en función de la clasificación la protección será diferente. La clasificación que realiza es la siguiente: - Distingue entre bienes muebles e inmuebles.
- Diferencia entre bienes de interés relevante y de interés menos relevante.
En consecuencia, en función del interés o valor artístico, histórico o cultural del bien, se determinará el tipo de protección.
Por último, nos interesa señalar que la Ley del Patrimonio protege a todos los bienes que forman parte el patrimonio histórico, artístico y cultural sin importar la propiedad de los mismos y con independencia de que su titularidad sea pública o privada. Esto quiere decir que esta ley por un lado permite dentro del patrimonio histórico los bienes de particulares, y que por otro lado considera a las confesiones religiosas como titulares de bienes que forman parte del patrimonio histórico.
La Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía (2007) expresamente recoge cuál es su objeto, pues dice textualmente: ‘’el objeto es establecer un régimen jurídico del patrimonio histórico de Andalucía con el fin de garantizar su protección, conservación y difusión. Así mismo, se deberá buscar el enriquecimiento y asegurar la transmisión a las generaciones futuras’’. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución, a la Comunidad Autónoma andaluza le corresponde la competencia exclusiva sobre el patrimonio andaluz, sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado o de la cooperación con otras administraciones.
2. La Propiedad de los Bienes que Conforman el Patrimonio Histórico.
Como hemos dicho y por aplicación directa del artículo 33 de la Constitución, el patrimonio nacional está formado tanto por los bienes de titularidad pública como por los que están en manos de particulares. La ley establece y exige una serie de limitaciones para garantizar el patrimonio histórico, la pregunta es si cabe esa limitación cuando se trata de bienes de propiedad privada. Para dar respuesta a esto se debe tener en cuenta que el derecho de propiedad privada referido a los bienes que forman parte del patrimonio histórico debe analizarse desde una doble perspectiva: por un lado en relación al derecho de propiedad y por otro a la función social de ese bien.
De acuerdo a esta distinción, la propiedad privada queda siempre garantizada, por lo que la titularidad del bien no admite discusión. Pero en atención al calor cultural del bien, adquiere una naturaleza pública y, en consecuencia, en virtud de esa naturaleza pública el bien puede ser objeto de limitaciones. Estas limitaciones son: - Obligatoriedad de conservación y custodia.
- Posibilidad de expropiación.
- Enajenación o cesión de los bienes.
- Obligatoriedad de establecer unos planes urbanísticos para la protección de los conjuntos históricos.
- Prohibición de exportación de los bienes. Respecto a esta prohibición existen dos excepciones: · La autorización de salida temporal.
· La posibilidad de permuta de bienes por parte del Estado.
Junto a estas limitaciones existe una protección penal. Dice el Código Penal que será delito la expoliación de bienes integrantes del patrimonio histórico nacional, cualquiera que sea su naturaleza o calificación.
Junto a todas estas medidas que son limitadoras, la Ley del Patrimonio establece medidas de fomento que ayudan y facilitan la conservación y protección de los bienes. Estas medidas pueden ser directas (créditos o subvenciones públicas) o indirectas (desgravaciones fiscales o exenciones).
3. El Patrimonio Cultural de las Confesiones Religiosas.
En la Iglesia Católica, el tema se regula en los acuerdos del año 79. Concretamente, en ellos la Iglesia católica se obligaba a poner en servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y cultural, y el Estado se comprometía a proteger y respetar ese patrimonio.
En base a los acuerdos, en el año 1980 se crea una comisión mixta que establece los criterios en relación a los bienes de titularidad eclesiástica que forman parte del patrimonio español. El criterio fundamental es el siguiente: se acuerda la primacía del carácter religioso sobre el interés cultural, si bien se deberá siempre conservar y proteger el bien.
En base a lo establecido en la comisión mixta, la Iglesia católica tiene limitado el poder de disposición de los bienes en el sentido de que no los puede transmitir ni ceder a otros particulares previo título oneroso.
Por último, señalar que la Iglesia Católica ha firmado acuerdos con las diversas Comunidades Autónomas en función de las competencias que cada una de ellas tienen.
En relación a las confesiones minoritarias, solo en los acuerdos firmados con la Comunidad Israelita y con la Comunidad Musulmana se regula la materia del patrimonio cultural. Se establece que ambas confesiones se comprometen a la conservación y fomento del patrimonio y a ponerlo al servicio de la sociedad. Así, se realizará un catálogo del patrimonio de cada una de ellas, y para la gestión de los mismos se crearán patronatos, fundaciones o instituciones de carácter cultural.
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