Seminario 9 derecho del menor (2017)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura DERECHO DEL MENOR
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 01/08/2017
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TEMA 9: PROTECCIÓN DEL MENOR EN SITUACIONES DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES.
RESUMEN SENTENCIA: La sentencia elegida es la sentencia del Tribunal Supremo 96/2015 de 16 de febrero en la que el tribunal da un paso más respecto a lo que ya había establecido en cuanto a los hechos a tener en cuenta para establecer el régimen de custodia de los menores.
El resumen de los hechos es el siguiente: Entre un matrimonio se produce una demanda de divorcio mediante la cual el Juzgado de primera instancia concedió la custodia del hijo menor de edad del matrimonio a la madre, Justa, estableciendo un régimen de visitas para el padre generoso y flexible, fijando fines de semana alternos y el miércoles desde que salga del colegio hasta que vuelva el jueves.
El padre, Camilo, interpuso recurso de apelación, el cual fue desestimado por la Audiencia Provincial de Sevilla considerando que había una gran tensión entre la pareja y que la custodia compartida no sería solución al problema.
El tribunal supremo considera que, aunque los padres tengan mala relación personal, no basta con alegar esto como obstáculo para establecer la custodia compartida, sino que esta mala relación tendrá que acreditarse.
Resultaría lógico pensar que entre dos cónyuges separados hay mala relación, ya que, si no la ruptura del vínculo o la separación no se habría producido nunca, pero no es suficiente con manifestarlo, sino que hay que demostrarlo acreditándolo. Para el tribunal las razones que la Audiencia Provincial de Sevilla pone de manifiesto para no considerar la custodia compartida como opción, “no es un fundamento suficiente para entender que la relación entre los padres sea de tal enfrentamiento que imposibilite un cauce de diálogo”.
Para concluir, el TS dice que es normal que las posturas de los progenitores sean contrarias, ya que además no han llegado a un acuerdo, pero esto no es un impedimento para la custodia compartida, solo se requiere “una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor”.
CUESTIONES: - Criterios legales y jurisprudenciales para determinar el régimen de custodia más acorde con el interés superior del menor, y en particular para decidir cuándo procede acordar la custodia compartida.
La custodia compartida puede establecerse de mutuo acuerdo entre los progenitores o por solicitud de uno de ellos. El Tribunal Supremo en su sentencia 257/2013, de 29 de abril, estableció que eran necesarios los siguientes requisitos para adoptar la medida de guarda conjunta:  El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales.
    El resultado de los informes que legalmente se hayan exigido.
El número de hijos.
Los deseos manifestados por los menores.
La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales.
 Cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven.
 También se tendrá en cuenta que ambos progenitores dispongan de un horario laboral que les permita el cuidado del menor o que requieran de terceras personas para su cuidado.
- Hechos que pueden tenerse en cuenta para acordar la decisión más favorable al interés superior del menor en estos casos de crisis de pareja, y cómo pueden acreditarse.
Lo importante es que la guarda y custodia conjunta sea lo más beneficioso para el menor, es decir, ha de primar el principio de protección del interés del menor. Y teniendo como base este principio, y según lo establecido por la sentencia 257/2013, de 29 de abril del Tribunal Supremo, los hechos que habrán de tenerse en cuenta son los citados anteriormente.
- Cómo puede acordarse que se ejerza el derecho de visitas para que se respete el interés superior del menor.
En primer lugar, señalaré que el derecho de visitas es un derecho que es tanto del progenitor no custodio como del hijo contribuyendo a desarrollar la personalidad afectiva de cada uno. Está regulado en el artículo 94 CC poniéndolo en relación con los artículos 160 y 161 del mismo código y tiene como finalidad cubrir las necesidades afectivas y educacionales de los menores.
Es, por tanto, un derecho básico del niño, y así lo refleja el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Existe la posibilidad de que se limite o suspenda este derecho de visitas en caso de que no sea favorable para el interés del menor.
- Medidas de protección que pueden acordarse en situaciones de riesgo para el menor como consecuencia del ejercicio de la patria potestad.
El artículo 172 Código Civil y el artículo 18 LOPJM, en la misma línea, relativo a la guardia y acogimiento de menores, establece que cuando la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Considerando como situación de desamparo: “La que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.” Continua diciendo: “La Entidad Pública y el Ministerio Fiscal podrán promover, si procediere, la privación de la patria potestad y la remoción de la tutela.” Por lo que las medidas de protección que podrán adoptarse son: la privación de la patria potestad y la remoción de la tutela.
- Obligación de alimentos a favor de los hijos menores en situaciones de crisis de los progenitores.
Cuando los hijos menores quedan bajo la guarda y custodia de uno de los progenitores, como consecuencia de la ruptura del vínculo matrimonial, el otro tiene la obligación de prestar alimentos para sustentar a sus hijos. La pensión de alimentos a favor de los hijos cubre las necesidades de los mismos relativas a gastos de sustento, habitación, asistencia médica, educación, etc. (gastos previsibles), pero también pueden darse otros tipos de gastos extraordinarios, los cuales son imprevisibles y requieren el consentimiento de ambos cónyuges o autorización judicial.
El artículo 90 CC regula la obligación de alimentos en los casos en los que los progenitores llegan a un acuerdo. Establece en su apartado d) que “el convenio regulador deberá contener al menos la contribución a las cargas del matrimonio y alimentos”.
El artículo 91 CC regula la obligación de alimentos cuando es el juez el que la fija, establece lo siguiente: “En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna.” El derecho de obligación de alimentos que tienen los hijos es distinto en función de si son mayores o menores de edad, en este caso, Manuel es menor de edad. En el caso de hijos menores de edad el derecho a alimentos forma parte del conjunto de deberes del progenitor, vinculados a la patria potestad.
¿Cuándo surge la obligación del pago de los alimentos? En el caso que regula el artículo 90 CC, es decir, si los padres han llegado a un acuerdo y han suscrito el Convenio regulador, éste será eficaz desde su firma. Si no han suscrito el Convenio, según la Sentencia número 746/2013 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, sección 1ª) de 4 de diciembre, deberá aplicarse a la reclamación de alimentos por hijos menores de edad, situaciones de crisis de matrimonio o de la pareja no casada lo establecido en el art. 148.1 CC que recoge lo siguiente: “En caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda.” Por último, decir que, en caso de que el progenitor obligado al pago de la obligación de alimentos no tenga capacidad económica, esto no le excluye de la obligación, aunque si puede modificar y reducir la cantidad que está obligado a pagar.
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