Tema 2 La actividad jurisdiccional en la ejecución (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad de Valencia (UV)
Grado Criminología - 3º curso
Asignatura Derecho procesal penal II
Año del apunte 2012
Páginas 8
Fecha de subida 28/01/2015
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Lección 10. La actividad jurisdiccional en la ejecución Una vez que la sentencia es firme y no es objeto de impugnación ordinaria, sólo es ejecutable si es condenatoria. Por tanto, todas las sentencias absolutorias no son ejecutables.
Ejecutar es hacer que se cumpla la sentencia en sus propios términos.
1. Órgano competente funcionalmente a) Competencia funcional: • Procesos por delito: En el ordinario por delitos más graves y el abreviado por delitos menos graves la ejecución de la sentencia corresponde al órgano jurisdiccional que hubiera dictado la sentencia que sea firme.
Pero la sentencia dictada a continuación de la de casación por la Sala II del TS, se ejecutará por el tribunal que hubiera pronunciado la sentencia casada Si el tribunal competente funcionalmente para la ejecución no puede realizar por sí todas las diligencias necesarias para la ejecución, comisionará para su práctica al Juez de Paz de donde deban realizarse.
• Procesos por faltas: La ejecución corresponde al órgano jurisdiccional que hubiera conocido de la primera instancia. Es decir el juzgado de instrucción.
Para llevar a cabo la ejecución hay unos órganos que son mixtos, administrativos y jurisdiccionales, que son los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
2. El Juez de Vigilancia Penitenciaria Tiene como misión la organización y actividad jurisdiccional dentro de la prisión.
Configuración orgánica: La norma general es que en cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, haya uno o varios JVP. Podrán establecerse JVP que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma, también podrán crearse JVP cuya jurisdicción no se extienda a toda la provincia (arts. 94.3 LOPJ y 3.2 LODPJ). Orgánicamente, el cargo de JVP será compatible con el desempeño de un órgano del y orden jurisdiccional penal (art. 94.4 LOPJ).
Todos sus actos son ahora recurribles en reforma, apelación y queja.
1) Reforma: Cabe este remedio contra todos los autos, es previo a la apelación.
2) Apelación: Hay dos posibilidades: • • Cabe este recurso contra las resoluciones del JVP en materia de ejecución de penas, excepto cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resoluciones administrativas que no se refieran a la clasificación del penado.
Cabe apelación también contra las resoluciones del JVP relativas al régimen penitenciario y demás materias no comprendidas en el número anterior, siempre que no se hayan dictado resolviendo recurso de apelación contra resolución administrativa.
3) Queja: Siempre que en los dos casos anteriores se deniegue admisión del recurso de apelación cabe el de queja.
4) Cuando la materia no permite la recurribilidad por la vía jurisdiccional penal, cabrá siempre recurso por la vía contencioso- administrativa.
Las atribuciones y funciones del JVP han sido reguladas con detalle por la legislación penitenciaria. El art. 94.1 LOPJ confirma en general la disposición del art. 76 LGP, pues el JVP tendrá las funciones jurisdiccionales previstas en la LGP 3. INCIDENTES DE LA EJECUCIÓN Con motivo de la ejecución de sentencias penales de condena pueden surgir cinco tipos de incidentes: A) Suspensión de condena Se regula en el CP. La ejecución de la pena privativa de libertad puede quedar en suspenso, cuyo fin principal es evitar la cárcel por delitos menores, facilitando la rehabilitación del delincuente, cuando tenga una duración breve y la menor peligrosidad criminal del condenado lo aconseje, de acuerdo con resolución motivada del órgano jurisdiccional sentenciador.
a) Presupuestos: • Que se trate de un delincuente primario, condenado a pena privativa de libertad no superior a 2 años.
• Que haya satisfecho las responsabilidades civiles (art. 81).
La suspensión es decretada, previa audiencia de las partes, por el órgano jurisdiccional sentenciador, atendidas las circunstancias personales del condenado, las características del hecho y la duración de la pena (art. 80.2), una vez ha quedado firme la sentencia (art. 82, Pero ahora es facultad discrecional judicial (de «podrán» habla la ley), y no consecuencia de un mandato legal, afectando exclusivamente a la pena, y nunca a la responsabilidad civil.
b) Plazo: • La suspensión dura de 2 a 5 arios, para las penas privativas de libertad inferiores a 2 años, • y de 3 meses a 1 año para las penas leves (art. 80.2).
c) Efectos y revocación: Si el sujeto no delinque en ese plazo, sin que exista anotación alguna antecedentes penales, aunque sí inscripción particular en el Registro de Penados y Rebeldes.
Si el sujeto delinque, se revoca la suspensión. Revocada la suspensión, se cumple la pena impuesta.
d) Suspensiones especiales: El CP de 1995 prevé tres casos particulares de «probation”, • El condenado sea enfermo terminal • Sujeto drogodependiente • Si se ha solicitado el indulto y se da alguna de las circunstancias del art. 4.4.
e) Puede producirse una suspensión parcial del resto de la pena por cumplir, tenga la duración que tenga, cuando el autor del hecho haya sido condenado a una medida de seguridad y a una pena y haya cumplido la primera, si el de la segunda pusiera en peligro los avances conseguidos (art. 99), pero no a la inversa, es decir, si el cumplimiento de la medida fuera posterior al de la pena, dada la literalidad del precepto.
f) Es reo habitual el que hubiera cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a 5 años, y haya sido condenado por ellos.
B) Sustitución de la pena privativa de libertad El 1.1 del CP de 1995 permite la sustitución de las penas breves privativas de libertad de hasta 1 año de duración, por localización permanente o multa, o trabajos en beneficio de la comunidad, también con el fin de evitar la cárcel por delitos bagatela, que haría imposible por su duración la rehabilitación por esta vía del delincuente.
La sustitución se acuerda por el órgano jurisdiccional en la propia sentencia o en un auto posterior, previa audiencia de las partes al respecto, y en todo caso antes de dar inicio a la ejecución, atendiéndose a: o las circunstancias personales del condenado, o la naturaleza del hecho, o su conducta y, en particular, o el esfuerzo para reparar el daño causado, o siempre que no se trate de reo habitual Nunca se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras (art. 88.4). En el supuesto de quebrantarse o incumplirse en todo o en parte la pena, se ejecuta la pena de prisión impuesta inicialmente, abonando el tiempo cumplido en su caso.
C) Revisión de títulos ejecutivos para el cumplimiento de penas impuestas por delitos conexos.
El art. 76 CP dicta normas para determinar la penalidad de delitos en concurso real. Tales disposiciones pueden tenerse en cuenta previamente a la sentencia, siempre que por conexión se hubieran acumulado los enjuiciamientos de todos los hechos punibles cometidos.
Pero si ello no ha ocurrido así, habiéndose seguido diversos procesos separados, hay que proceder a la revisión de los títulos ejecutivos.
Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno sólo, el órgano jurisdiccional que hubiera dictado la última sentencia, de oficio, a instancia del MF o del condenado, procederá a fijar el límite de cumplimiento de las penas impuestas hoy conforme al apartado primero del art. 76 CP (que fija el límite máximo de 30 años).
D) Suspensión de la ejecución por trastorno mental del condenado Por carecer de sentido la ejecución de la pena de prisión cuando el condenado cae en estado de trastorno mental, al ser imposible poder cumplir los fines previstos en el art. 25.2 CE, regula la LECRIM en sus arts. Tendente a acreditar si el condenado sufre efectivamente el trastorno mental, y, en caso afirmativo, a proceder a suspender la ejecución y determinar los efectos de la misma.
E) Suspensión de la ejecución por admisión a trámite del recurso de amparo El último incidente de la ejecución que se puede producir es debido a que, en determinados casos, el Tribunal Constitucional suspende la ejecución de la sentencia firme de condena al admitir a trámite el recurso de amparo.
Según su propia doctrina, son requisitos para ello, básicamente, que la ejecución de la resolución cause un perjuicio tal que haga perder al amparo su finalidad, además de la irreparabilidad para los derechos fundamentales del condenado que implicaría la ejecución, tomando como baremos la gravedad de los hechos imputados, el bien jurídico protegido, su trascendencia social, la duración de la pena impuesta y el tiempo que reste de cumplimiento de la misma, si bien el criterio general debe ser la no suspensión.
4. TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN A) Causa normal El cumplimiento completo de la pena es la única causa normal de terminación. Se requiere la aprobación de la libertad definitiva por el tribunal sentenciador.
B) Causas anormales Muerte del condenado: Prescripción de la pena o medida: Las penas impuestas por sentencia firme prescriben entre el año y los 25 años.
El tiempo de prescripción de la pena se computa desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de condena, si ésta hubiera comenzado a cumplirse.
Indulto: Esta medida de gracia, fundada en el art. 62, i) CE y en el art. 18.3 LOPJ, es una de las causas de extinción de la responsabilidad criminal que trata del CP de 1995 en su art. 130, que ya no prevé la amnistía (art. 112-3.° CP de 1973), pues es la propia ley de amnistía, en el hipotético caso de que se pueda aprobar, que borra tanto la pena como el delito, la que contendrá las disposiciones pertinentes al respecto, ni el indulto general, al estar prohibido por la Constitución.
Perdón del ofendido: En los delitos semipúblicos, por ejemplo, una injuria, donde no son perseguibles de oficio: De acuerdo con el art. 130-4.2, la responsabilidad criminal se extingue por el perdón de ofendido, cuando la ley así lo prevea y no en general o en cualquier otro caso, estableciéndose tres requisitos: o El perdón ha de ser siempre expreso, nunca presunto.
o o El perdón se ha de otorgar para que sea eficaz antes de iniciarse la ejecución de la pena impuesta, facilitándose la audiencia de ofendido á comunicar á órgano jurisdiccional sentenciador a éste.
El perdón otorgado por el representante legal puede ser rechazado por el órgano jurisdiccional, oído á Ministerio Fiscal, en los delitos o faltas contra menores o incapacitados, por entender á Juez o Tribunal que á perdón no es sincero o es interesado perjudicialmente para el representado o no procede dada la naturaleza de los hechos, teniendo en cuenta que antes de rechazarlo debe ser oído nuevamente el representante de menor o incapaz.
Anulación de la sentencia firme de condena mediante el proceso de revisión, por extinción de la condena por declaración de inconstitucional de una ley, o por otorgamiento de amparo constitucional: Si te condenan por un artículo del Cp que luego se decreta inconstitucional y si te han condenado en un procedimiento que se han vulnerado los derechos jurisdiccionales y se ha recurrido en amparo y te dan la razón, se exime de responsabilidad criminal los dos casos.
5. LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD (213) A) Principios De acuerdo con el art. 25.2 CE, las penas privativas de libertad (y las medidas de seguridad) deben ejecutarse teniendo como metas a reeducación y reinserción social del condenado, gozando éste de todos los derechos fundamentales reconocidos por la norma fundamental, salvo aquéllos que, como el de libertad, puedan verse limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria (v. arts. 4 y 5 Rto. LGP).
Particularmente se le reconocen el derecho al trabajo remunerado, incluida la afiliación a la seguridad social, el derecho de acceso a la cultura y el derecho al desarrollo íntegro de su personalidad.
B) Actos preparatorios de la ejecución Al órgano jurisdiccional le corresponde, antes de iniciarse el cumplimiento de la pena privativa de libertad: 1. Adoptar las medidas necesarias para el ingreso del condenado en el establecimiento penitenciario que corresponda, contando a estos efectos con la colaboración de las autoridades administrativas penitenciarias (art. 990, II LECRIM). El ingreso se realizará mediante la correspondiente orden o mandamiento (art. 15.1 Rto. LGP).
2. Aunque no se diga ahora tampoco claramente, según lo indica el órgano jurisdiccional sentenciador deberá remitir al director del establecimiento penitenciario copia de la sentencia firme (en cuyo fallo se expresa la cantidad de arios, meses y días a cumplir por el condenado), y la liquidación de la condena (que practica el secretario judicial, en donde se expresa la determinación do supra, concreta de la duración de la pena impuesta, previa deducción en su caso del tiempo de prisión provisional pasado y la fijación de los términos inicial y final de cumplimiento).
3. En caso de delitos conexos, téngase en cuenta la disposición del art. 988, III LECRIM (analizada antes al estudiar el correspondiente incidente de la ejecución).
C) Supuestos a) Pena de prisión: Los principios básicos de la ejecución de pena de prisión antedichos se contienen, además de en el art. 25.2 CE, en el art. 36 CP de 1995, en la Ley Penitenciaria y en Reglamento Penitenciario de 1996, de acuerdo con la remisión que efectúa el propio art. 36, que por cierto como se refiere a beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena y parece que no haya ninguno al haberse suprimido, como sabemos, la redención de penas por el trabajo, se tiene que estar remitiendo indirectamente a la influencia que pueda tener la buena conducta, el trabajo, etc., para acordar la libertad condicional (v. arts. 90 y 91), o a las posibilidades previstas en los arts. 202 a 206 Rto. LGP, pueden acabar en un indulto particular.
Lo primero que hay que observar es que se potencia por el Reglamento Penitenciario de 1996 el sistema progresivo de cumplimiento de la pena privativa de libertad, denominado de individualización científica (mencionado por el art. 84 CP de 1973, pero curiosamente ahora no por el art. 36 CP de 1995), que es la cuestión básica de la ejecución para lograr el cumplimiento de aquellos principios, que sigue dividido en cuatro grados (art. 74 Rto.LGP).
---1. Primer grado o de régimen cerrado, que se redefine, para penados de peligrosidad extrema o inadaptados, y preventivos en estos casos (arts. 89 a 95 Rto.LGP); 2. Segundo grado o de régimen ordinario, para penados distintos a los anteriores, detenidos y presos provisionales (arts. 76 a 79 Rto.LGP); 3. Tercer grado o de régimen abierto, para penados que puedan continuar el tratamiento en régimen de semilibertad (arts. 80 a 88 Rto.LGP); y 4. Cuarto grado o de libertad condicional. El último tramo del cumplimiento de las penas privativas de libertad corresponde a la libertad condicional, que se concede a los penados siempre que concurran los siguientes presupuestos: Que se encuentren en tercer grado penitenciario, que hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena, y que hayan observado buena y favorable a la reinserción social.
Satisfecho la responsabilidad civil del delito.
-----La determinación del grado, primero o segundo (excepcionalmente, el tercero), aplicable se fija en la fase previa de clasificación del interno, tras la necesaria observación del mismo (arts.
100 a 109 Rto.LGP), estableciéndose el paso de uno a otro de manera no rígida, de acuerdo con los preceptos citados.
Los establecimientos penitenciarios se clasifican en establecimientos de preventivos, establecimientos de cumplimiento de penas, y establecimientos especiales (centros hospitalarios, centros psiquiátricos y centros de rehabilitación social.
Competente para acordarla es el JVP, una vez desarrollado el expediente regulado en los arts.
194, 195 y 198 a 200 Rto. LGP, quien puede imponer algunas de las reglas de conducta de las previstas en el art. 105 (art. 90.2). El período de libertad condicional dura todo el tiempo que falte al sujeto para cumplir su condena, revocándose en caso de que el condenado vuelva a delinquir o inobserve las reglas de conducta impuestas (arts. 93 CP y 201 Rto. LGP).
b) Localización permanente: La ejecución la localización permanente, sustituyó en 2003 al arresto de fin de semana; bien sea pena principal, bien sustitutiva de la pena de prisión corta. Saber plazos. Se puede dotar a los condenados con una pulsera. Aquellos que no tienen medios como pulseras, porque no hay recursos, la localización permanente se realiza en un centro penitenciario.
6. LA EJECUCIÓN DE LA PENA PECUNIARIA La ejecución de la pena de multa se regula en los arts. 50 a 53 CP, que presenta la novedad de acogerse al sistema de días-multa, por ser el más justo, se dice, al tener en consideración principalmente los ingresos y posibilidades económicas del condenado, aunque es algo complejo. Es fraccional, es decir, que se puede pagar a plazos por si la situación del reo es mala.
La extensión mínima de la pena de multa será de 10 días, y la máxima de 2 años, salvo que sea sustitutiva de otra pena, en cuyo caso se aplicará el art. 88. La extensión del tiempo se fija atendiendo a las reglas generales de aplicación de las penas (art. 50.5).
La cuota diaria tendrá un mínimo de 1,20 euros., y un máximo de 400 euros., entendiéndose a efectos de cómputo que los meses tienen una duración de 30 días y los años de 360. La fijación concreta está en función no de las reglas generales, como el tiempo, sino de la capacidad económica del condenado, dependiendo del arbitrio judicial, que deberá ser motivado en la sentencia, en la que se fijará exactamente el importe de la cuota en función de las circunstancias económicas del condenado y también personales, el tiempo y forma de pago, pudiéndose reducir en caso de venir el condenado a peor fortuna. Pero hay que tener en cuenta que cuando el CP así lo determine, la multa puede fijarse en función del daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo, pudiendo los tribunales recorrer toda la extensión en que la Ley permita imponerlas (la llamada multa proporcional).
No satisfaciendo el importe de la multa el condenado, voluntariamente o por haber quedado frustrada la ejecución (vía de apremio – embargo de las cosas-), entra en juego la posibilidad de localización permanente, a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, aunque también puede cumplirse en régimen de trabajos en beneficio de la comunidad, con el consentimiento del condenado, a razón de un día de privación de libertad equivalente a una jornada de trabajo.
LA EJECUCIÓN DE LOS RESTANTES TIPOS DE PENA En cuanto a las penas privativas de derechos, enumeradas en el art. 39, hay que estar a los arts. 41 a 49 CP de 1995, teniendo en cuenta la escala de gravedad del art. 33, y las duraciones respectivas establecidas en el art. 40. (Todas las inhabilitaciones….). Se comunica siempre al órgano del que pertenece el funcionario u otro condenado. En los casos de inhabilitaciones de patrias potestades se anotan en el registro civil. En caso de conducir, se realiza la entrega del carnet en el juzgado. De no hacerlo, se cuenta como si lo hubiera hecho.
LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS ACCESORIAS La ejecución de las penas accesorias se realiza conforme a lo visto en las penas privativas de derechos, pero deben tenerse en cuenta las reglas fijadas en los arts. 54 a 57 CP, en las que se pretende una imposición, como ocurría con el CP de 1973, menos automática de las mismas.
LA EJECUCIÓN DEL CONTENIDO CIVIL DE LA SENTENCIA La estimación en la sentencia firme de la pretensión civil acumulada (restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio) se somete, en cuanto al régimen de ejecución, a las disposiciones previstas en la LEC (arts. 536 y 614 LECRIM), concretamente, a las normas sobre ejecución de obligaciones de dar cosa mueble genérica o específica, y a las normas sobre ejecución de obligaciones pecuniarias, con las particularidades que puede introducir en esta materia el art. 112 CP.
La regla general es atender primero al cumplimiento voluntario por parte del condenado de la sentencia, entregando o devolviendo la cosa, o pagando la indemnización fijada, procediéndose a la ejecución en caso contrario por las normas antedichas, sin necesidad de escrito de parte instando el inicio de la ejecución. Existen ello no obstante determinadas particularidades: 1. En el proceso ordinario, las tercerías de dominio o de mejor derecho que puedan suscitarse, se sustanciarán y decidirán con base en la LEC (art. 996 LECRIM).
2. Específicamente en los procesos abreviados, dado que es posible que en la sentencia no se haya fijado la cuantía exacta de la indemnización, sino únicamente los criterios generales para determinarla, se arbitra como en el proceso civil un incidente de liquidación, ya en ejecución de sentencia y a instancia de parte, en el que el órgano jurisdiccional resuelve tras la práctica de la prueba y la audiencia de las partes. El auto que fije la cuantía de la responsabilidad civil es apelable sólo si lo ha dictado el JPe.
3. En el juicio de faltas se siguen los trámites del juicio verbal civil, siendo posible igualmente el incidente de liquidación de sentencias. Hay que estar, por tanto, a la LEC y normas concordantes.
4. El CP de 1995 establece además dos normas particulares relativas a la ejecución de la responsabilidad civil. El primer grupo atiende al pago en sentido estricto de la misma, el segundo a la influencia de la suspensión de la ejecución de la pena en esta materia.
Desde la LO 7/1988, y para todos los procesos penales, se permite la ejecución provisional de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil, conforme a lo establecido en la LEC (art. 989 LECRIM).
El resto de contenidos civiles posibles de la sentencia penal que no constituyen responsabilidad civil ni penas pecuniarias, es decir, las costas y las multas disciplinarias, se ejecutan ante el incumplimiento voluntario por parte del condenado por la vía de apremio, Por tanto, por las normas previstas para la ejecución de obligaciones pecuniarias teniendo el cuenta el orden de prelación para su pago establecido por el art 126 CP.
LAS MEDIDAS CAUTELARES: CONCEPTO (219) NO ENTRA EN TEORIA Se establecen en la fase de instrucción en el procedimiento ordinario y abreviado.
En las faltas directamente en la vista oral Todo responsable penal lo es también en materia civil.
CONTRA CUALQUIER DENEGACIÓN SIEMPRE CABE QUEJA.
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