Tema 3. (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Dret Processal
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 16/02/2015
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DERECHO PROCESAL: TEMA 3. LA JUSTICIA ESTATAL El estado se ha encargado de organizar un sistema público de resolución de conflictos, como oferta de base para todos los ciudadanos. El modelo es complejo y está minuciosamente regulado.
1. EL PODER JUDICIAL: El atribuir el sistema de solución de conflictos al Poder Judicial exige el establecimiento de una infraestructura estable. Tanto la Constitución (artículos 117.1 (la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio del Rey), 117.2, 117.3, 118 y 119) como la Ley Orgánica del Poder Judicial recogen los elementos de este soporte organizativo. El sistema judicial se apoya en unos organismos específicos que se denominan tribunales de justicia. Como se dicta en el artículo 117.3 de la Constitución Española, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Al mismo tiempo se dotan estos organismos de un personal especializado, que pueda ocuparse de la gestión de los litigios en sus diversos aspectos.
El poder judicial goza de exclusividad en cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional. Esta es la función típica que compete a los tribunales, frente a las funciones típicas del poder legislativo y del poder ejecutivo. Podría hablarse de monopolio pero no es exacto, por un lado no puede olvidarse que la función jurisdiccional es independiente del sujeto que la ejerce en un momento determinado. Y además, también debemos tener en cuenta que existen otros métodos o medios de resolución de litigios que no implican la obligatoriedad de ir a los tribunales, que son los métodos ADR. Esta alternativa es totalmente legítima. Por otra parte, el ámbito del poder judicial no agota las necesidades de tutela jurídica. Fuera del Poder Judicial y vinculado exclusivamente a la norma fundamental se encuentra el Tribunal Constitucional, que se encarga de comprobar en última instancia la aplicación de las garantías del propio sistema procesal. Ahora bien, la exclusividad también tiene una contrapartida negativa: el Poder Judicial sólo ejerce la función jurisdiccional y no otras, como recuerda expresamente el artículo 117.4 de la Constitución.
El poder judicial tiene una serie de características:  La justicia emana del pueblo: no puede perderse de vista la razón de ser de la justicia, ni su origen en el propio ciudadano, que somete una parte de su libertad individual al sistema. La Constitución Española no lo ha olvidado.
 La justicia se administra en nombre del rey: esta previsión es conforme con nuestro modelo de estructura estatal, que está presidido por la Corona.
 La justicia se administra por jueces: se especifica la institución que asume el ejercicio de la jurisdicción y se alude al personal que la sirve. El poder judicial no es la justicia, sólo la administra. Debe rendir cuentas al resto de componentes del sistema y, sobre todo, al ciudadano.
 El poder judicial está concebido como un poder del Estado: el poder judicial administra justicia frente a los cometidos del poder legislativo (legislar) y del poder ejecutivo (gobernar). Además, el poder judicial es depositario de la fuerza jurídica, pero también de la fuera física que antes residía en la autotutela.
El poder judicial, sobre el papel, es independiente, en la práctica normalmente también. Es un poder totalmente aparte del legislativo y el ejecutivo, estos dos no pueden darle órdenes y tampoco depende de ellos, sólo está sometido a la Constitución y a la ley. El esquema de división de poderes es también un límite para el poder judicial, ya que se excluye su intervención en los ámbitos legislativo y ejecutivo. La misma independencia se comunica a cada uno de los jueces integrantes del Poder Judicial, cuando se hallan en el ejercicio de sus funciones. Y esta independencia se traduce también como una forma de autogobierno. El órgano que asume tal cometido es el Consejo General del Poder Judicial. Pero aun existiendo un órgano de autogobierno, éste no implica sometimiento a la jerarquía en lo que respecta al ejercicio de la función jurisdiccional. Los jueces siguen conservando su independencia individual.
2. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: Dado el rango constitucional que tiene el Poder Judicial en la estructura del Estado, es consecuente que se le reconozca la capacidad de autogobernarse, siempre dentro del equilibrio propio del sistema. El órgano específico de gobierno en este caso es el Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 Constitución Española), que es único para todo el territorio nacional. La atribución de autogobierno se concreta por la ley en cuanto a su extensión y límites.
El que escoge a los miembros del poder judicial, que se forman en el Consejo General del Poder Judicial es el senado, pero esto no significa que todos los miembros del poder judicial tengan que ser afines al partido político mayoritario del senado, ya que los períodos temporales de escoger los miembros de cada uno son diferentes.
El consejo general del Poder Judicial está integrado por el presidente del tribunal supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre jueces de todas las categorías judiciales, en los términos establecidos en la ley orgánica: cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Resumen: el consejo general está formado por 20 personas:  12 miembros son jueces o magistrados o 6 miembros son escogidos por el congreso (si hay la aprobación de 3/5 partes) o 6 miembros son escogidos por el senado (si hay la aprobación de 3/5 de partes)  8 miembros son juristas Funciones del Consejo General del Poder Judicial:  Propone los nombramientos de la mayoría de los cargos judiciales de rango superior.
 Controla las situaciones administrativas del personal judicial y los méritos de cada uno, en relación con los concursos de promoción.
 Ejerce la responsabilidad disciplinaria sobre el personal judicial, por ejemplo, si un juez ha cometido una falta como sería la afiliación a un partido político mientras está realizando su cargo como juez, el consejo general le sanciona.
 Informa, sin carácter vinculante, los proyectos de ley que afectan a la justicia.
 Elabora la memoria anual sobre el funcionamiento de la justicia.
 Dicta reglamentos sobre su personal, organización y funcionamiento.
3. JURISDICCIÓN ORDINARIA: Durante mucho tiempo coexistieron una pluralidad de jurisdicciones dentro del Poder Judicial, frecuentemente había conflictos entre unas y otras. La aspiración por acabar con esta situación se materializó en su plenitud con la creación de la Constitución Española de 1978, que proclama, en el artículo 117.5 que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales.
La historia de la unificación está ligada a las jurisdicciones especiales y en su relación con la jurisdicción ordinaria. Ha existido una tendencia a sustraer asuntos de un determinado orden al conocimiento de los tribunales ordinarios, por diversas razones ocasionales. Pero también dentro de esta jurisdicción ordinaria, se distinguen diversos órdenes jurisdiccionales:  Orden jurisdiccional civil: materias propias de este orden jurisdiccional son todas las relativas a la esfera privada del ciudadano en sentido amplio, pero también por ejemplo, todo el derecho mercantil. Además el orden civil tiene la vis attractiva (capacidad de atracción), de cualquier materia que no figure expresamente atribuida a otro órgano jurisdiccional.
   Orden penal: este órgano jurisdiccional tiene atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de aquellos que pertenezcan a la jurisdicción militar.
Orden contencioso-administrativo: los del orden contencioso-administrativo conocen de actos de la administración sujetos al derecho administrativo y con las disposiciones generales de rango inferior a la ley o decretos legislativos. También conocen de los recursos contra la inactividad de la administración, contra sus actuaciones materiales que constituyen vía de hecho y de las pretensiones que se deducen en relación con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y del personal a su servicio.
Orden social: conocen de las pretensiones que se promueven dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de seguridad social, o contra el Estado.
3. JURISDICCIONES ESPECIALES: Además también hay jurisdicciones especiales que se construyen en oposición a la jurisdicción ordinaria. En casos en qué por ejemplo se tiene desconfianza a los tribunales ordinarios, se piensa que no están suficientemente especializados, se piensa que son demasiado lentos… se crean unos tribunales especiales, cuya actuación, al cabo del tiempo, acaba por incidir en los mismos defectos que se pretendía corregir e incluso perdura cuando las circunstancias especiales que han necesitado su creación ya no existen. Se suelen crear en casos de revolución, guerra o posguerra. Actualmente las jurisdicciones especiales están prohibidas ya que no son independientes del poder legislativo y ejecutivo. Pero actualmente existen 3 tribunales especiales permitidos en el estado español, estos tribunales tienen mucha autoridad, ya que la gente, decida lo que decida, lo acata obligatoriamente:  La Jurisdicción militar: en el ámbito estrictamente castrense, trata sobre hechos tipificados como delitos militares por el código penal militar, o en los supuestos estados de sitio, de acuerdo con la declaración de dicho estado y la ley orgánica que lo regula.
 El tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana: actúa en cuestiones civiles relativas a dicha materia, con características verdaderamente singulares.
 El Consejo de los Hombres Buenos de Murcia: se le reconoce carácter de tribunal consuetudinario (de la conducta de las personas) y tradicional.
4. CONFLICTOS ENTRE JURISDICCIONES ORDINARIAS: El equilibrio que propugna el esquema de la división de poderes del Estado y el hecho de que el poder judicial sea uno de ellos no excluye que puedan existir controversias sobre quién es llamado a desempeñar el papel de protagonista en un caso determinado. Por otro lado, la existencia de diversos órdenes jurisdiccionales en el ámbito de la jurisdicción ordinaria y la subsistencia de algunas jurisdicciones especiales provocan interrogantes al tratar de deslindar los límites de actuación de cada una de ellas. Se pueden distinguir 3 tipos de problemas:  Conflictos de jurisdicción 38-41 LOPJ: se producen en caso de colisión entre un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional, entre los diversos sectores de la jurisdicción ordinaria, y entre la jurisdicción ordinaria y las especiales o entre éstas entre sí. Es decir, se produce cuando una determinada materia no sabemos si es competencia de la jurisdicción ordinaria o de una jurisdicción especial o bien la administración. Puede ser positivo o negativo, según que dichos órganos se empeñen ambos en el conocimiento de un asunto, o bien declinen ambos el conocimiento del mismo. Ejemplo: un soldado comete un delito y no se sabe si tiene que ser juzgado por una jurisdicción ordinaria o la militar. Si fuera positivo tanto la jurisdicción ordinaria como la militar le dirían que es competencia suya, si fuera negativo ambos le dirían que es competencia del otro.
 Conflicto de competencia 42-50-LOPJ: denominación que se aplica a los conflictos que se producen entre dos tribunales de un mismo orden jurisdiccional, reclamando el cumplimiento de una norma de competencia. Es decir, se produce cuando dos tribunales ordinarios dicen que ambos son competentes respecto a un asunto o bien que ninguno lo es. Ejemplo: he demandado un error médico contra la administración, el tribunal civil me dice que tengo que ir al contencioso-administrativo y al revés. El contencioso-administrativo me dice que es competencia del civil. Puede ser positivo o negativo, en función de si los dos afirman su competencia o bien la niegan.
 Cuestión de competencia 51, 52 LOPJ: terminología aplicable a los diversos supuestos de colisión entre dos organismos administrativos. Es decir, es cuando dos órganos de un mismo órgano jurisdiccional afirman o niegan su competencia respecto a un asunto. La única diferencia que hay con el conflicto de competencia es que en la cuestión de competencia es un problema entre dos órganos pertenecientes a la misma jurisdicción ordinaria. Para resolver el conflicto, decide el Tribunal Superior de Justicia.
En los dos primeros supuestos, la ley regula el establecimiento de una sala especial en el Tribunal Superior Jurisdiccional. Sin embargo, en la cuestión de competencia, decide el órgano superior común. En el caso de que se trate de dos casos de la misma comunidad autónoma decide el Tribunal Superior de Justicia y si ocurre en diferentes comunidades autónomas decide el Tribunal Supremo.
Estos conceptos dogmáticos no aparecen rigurosamente aplicados por nuestra legislación positiva. En el momento actual, el punto de partida es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé las siguientes situaciones posibles:  Conflictos de jurisdicción entre los tribunales y la administración y entre aquéllos y la jurisdicción militar (arts. 38 a 41 LOPJ).
 Conflictos de competencia entre tribunales de distinto orden jurisdiccional (arts. 42 a 50 LOPJ).
 Cuestiones de competencia entre tribunales de un mismo orden jurisdiccional (arts. 51 y 52 LOPJ).
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