Derecho a la vida (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Constitucional II
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 23/12/2014
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Derecho a la vida.
Configuración constitucional El derecho a la vida, art.15 Ce, supone el derecho de toda persona a existir. Dicha existencia, en el marco de un estado social y democrático, debería hacer referencia a una existencia digna y no a una mera subsistencia biológica. La vulneración de dicho derecho supone una negación radical del resto de derechos.
De esta manera del derecho a la vida se derivan obligaciones tanto respecto de los poderes públicos como de los particular4s, siendo relevantes las obligaciones prestacionales por parte del Estado, y no solo de abstención o negativas. A partir del art.
15 CE el Estado asume, como en el resto de derechos, 3 tipos de obligaciones igualmente importantes: 1.
Deber de respeto en la actuación de todos sus agentes.
2.
Deber de protección, tanto frente a agresiones por parte de particulares, como frente a las que una persona pueda infringirse a sí misma.
3.
Deber de promoción de una vida digna.
Titularidad El derecho a la vida es titularidad de todo ser humano, sin distinción. La controversia radica en determinar en qué momento empieza la vida humana, momento a partir del cual deviene titular del derecho a la vida.
Como puede intuirse, se trata de la discusión sobre la extensión del derecho a la vida a los seres concebidos aún no nacidos (nasciturus). Al respeto, aparecen dos intereses o bienes en juego: el bien jurídico de la libre disposición, por parte de la mujer embarazada, de su propio cuerpo, frente al bien jurídico de la futura existencia de un ser humano independiente tras el desarrollo y nacimiento del embrión o feto en gestación. El debate halla dos posiciones: Quienes consideran que el embrión, pese alojarse en el seno materno, posee una entidad como titula del derecho de la vida. Por otro lado, quienes consideran que el embrión o feto no es una vida ajena a la de la mujer gestante sino que forma parte de ella hasta el momento del nacimiento, en el que comienza la existencia de un nuevo ser humano, titular, y no antes.
1 El TC ha resuelto con claridad el alcance de la titularidad de derecho al entender que la noción de todos contenida en el art. 15 CE no amplía el derecho a la vida al nasciturus sino que, como en otros preceptos que recogen derechos, se refiere a todas las personas, esto es, a seres humanos ya nacidos. La vida en formación no es, en consecuencia, parte del derecho amparado en el art. 15 CE. Así se ratificó en la STC 53/1985, sobre el recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley de despenalización del aborto de 1985. De esta jurisprudencia se deriva que, en el sistema español actual, el aborto no forma parte del derecho de la gestante a disponer de su propio cuerpo; es más, en principio se encuentra penalmente perseguido aunque existan determinadas causas tasadas en la despenalización. Ello no impide el que, dentro de los parámetros constitucionales, el legislador pueda optar por otros modelos más permisivos para el derecho a disponer sobre el propio cuerpo y el derecho a la intimidad.
Contenido y límites La libertad como valor superior del ordenamiento jurídico (art.1.1 CE), junto con el principio de dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, podrían ser el fundamento constitucional de la consideración de que el derecho a la vida incorpora también su vertiente negativa, el derecho a no vivir. El TC ha sido categórico al señalar que el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que se incluya el derecho a la propia muerte.
La vida como derecho subjetivo de la persona cede paso, a su dimensión objetiva, es decir, a su comprensión como bien constitucional cuya protección se impone incluso a la voluntad del propio titular.
Los límites a la libre disposición de la vida son visibles en otros ámbitos, como el referido a la obligación del Estado de proteger la vida de las personas que se hallan bajo su custodia. Cuestión distinta es la de si el art- 15 CE comprende el derecho a una finalización digna de la vida, a una muerte digna. Se trata así de poder plantear la cuestión de si es constitucionalmente legítima la eutanasia. La respuesta pudiera ser afirmativa, de nuevo por la conjugación del artículo 15 de la CE con el artículo 10.1 CE.
Pero se hace necesario entrar en alguna matización. En primer lugar por eutanasia no se debe entender la consumación voluntaria de la muerte en cualquier circunstancia sino únicamente aquella consumación voluntaria que se produce dentro del proceso de una enfermedad o discapacidad incurables con el fin de evitar los sufrimientos y el 2 consiguiente procesos de degradación personal. Cuando se trata de una enfermedad que, a falta de tratamiento médico, lleva a la muerte, la suspensión de dicho tratamiento conlleva un supuesto de eutanasia pasiva. Aquí pueden darse dos situaciones: la primera, cuando la persona afectada se encuentra consciente y puede ejercer el derecho a aceptar o rechazar el tratamiento médico. La segunda, si el paciente no puede expresar su voluntad y no lo han dicho con anterioridad, caso que deberían ser sus familiares más allegados quienes asuman la responsabilidad.
Mayores dudas plantean los supuestos en que la muerte solo pueda producirse si es provocada directamente por terceros, eutanasia activa. Desde un punto constitucional, ni parece defendible la existencia de un deber de conservación de la vida de la voluntad de la persona afectada o en su caso, de sus personas más allegadas.
Pena de muerte La consideración de la vida no solo como derecho subjetivo sino como valor constitucional superior se confirma con la prohibición de la pena de muerte que solo conoce la excepción de que sea admitida por el legislador en tiempos de guerra.
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